Mes: noviembre 2023

A partir de la investigación de sonados casos, sobre todo los relacionados con episodios de índole sexual, violencia de género, explotación de menores, corrupción en diversas formas, han quedado expuestas situaciones relacionadas con la investigación, en las que la actuación de la fiscalía ha quedado en tela de juicio en determinados detalles que pueden catalogarse por lo menos como chocantes ante la opinión pública, y que indican que en el ámbito de la Justicia existe una contaminación que poco y nada tiene que ver con la idea de la imparcialidad y administración de “justicia” como tal, por cuanto hay de por medio subjetividades, ideologías y conflictos de intereses que revelan una amplia gama de grises.
Así, en este contexto, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación administrativa en la sede a cargo de Alicia Ghione, la fiscal del caso Penadés. El objetivo, según se informó en un comunicado, es esclarecer hechos vinculados a “presuntos mensajes de chat” entre la fiscal y las víctimas o terceros del Caso Penadés divulgados el domingo de noche en Canal 4. También, añade el texto “se determinarán eventuales responsabilidades”.
El domingo, en el programa Santo y Seña de Canal 4, el periodista Ignacio Álvarez aventuró que Ghione “va a ser relevada” del caso Penadés y eventualmente sancionada por un vínculo al parecer “confianzudo” con las víctimas presuntas del exlegislador. Según capturas de WhatsApp que mostró, la fiscal compartió con una de las víctimas su impresión de que una “logia” –que no reveló– estaría involucrada en el caso y, además, sospechas de que podría haber teléfonos “pinchados ilegalmente”, eventualmente los de los denunciantes.
Sin embargo, el fiscal Juan Gómez decidió mantener a la fiscal en el caso, pero a la vez la oficina a cargo de Gómez accedió a la solicitud de Ghione de, “por razones de decoro o delicadeza”, abstenerse en otra causa, bajo su estudio, que tiene a Álvarez como imputado por la emisión en su programa de radio de una grabación de contenido sexual sin el consentimiento de la víctima. El periodista relató el domingo que la fiscal le había enviado por medio de Jonathan Mastropierro (una de las víctimas del caso Penadés, que a su vez cuenta con antecedentes penales por estafa) un mensaje en el que le pedía que no contactara a ninguna víctima y a la vez que recordaba que ella estaba a cargo de la investigación que él tiene pendiente por la difusión de ese video, vinculado a la denuncia por una presunta violación grupal en el barrio Cordón.
Paralelamente, se incorporó recientemente un elemento de carácter gremial, por cuanto el gremio de fiscales respaldó a Ghione y recordó que las personas que pueden filtrar datos no son solo fiscales, sino que desde policías hasta abogados acceden a las carpetas investigativas.
Precisamente la Asociación de Magistrados y Fiscales del Uruguay (AMFU) emitió un comunicado en el que brinda apoyo al equipo fiscal de Delitos Sexuales de 6° Turno a cargo de Alicia Ghione. “Nuestro total apoyo a las colegas Alicia Ghione, María José Brisco, Mariana Betancourt y Fluvia Fravretto (…) en virtud del trabajo realizado en la causa conocida como ‘caso Penadés’ y sus derivaciones”, indica el texto.
Sobre las filtraciones que han habido en el proceso de la causa, el gremio de fiscales reparó en que son varios los actores que acceden a las carpetas investigativas. “Funcionarios de la Policía, víctimas, imputados y abogados. Rechazamos enfáticamente que se señale directamente a los fiscales por las eventuales filtraciones existentes”, agrega el comunicado.
Los fiscales agremiados aseguraron que en caso de tener información sobre que un magistrado esté filtrando datos, se debe “presentar la denuncia y las evidencias correspondientes”.
“Recordamos que los fiscales son los más perjudicados por el impacto negativo de las filtraciones en el desarrollo de las causas”, finaliza el texto.
Bueno, sí y no, porque eso de los “impactos negativos” varía de acuerdo al tenor de las “filtraciones”, que, precisamente, por ser filtraciones, no van por regla general a todo contexto de lo que se investiga, sino que aparecen como selectivas, o dirigidas a perjudicar o beneficiar a tal o cual involucrado o sospechoso, donde claramente se trata es de operaciones mediáticas, promovidas por alguien que tiene interés especial en desviar la atención o llevar agua hacia su molino, por lo que hay que hilar muy fino, en el caso del ciudadano común, para desentrañar con bases fundamentadas hacia donde apunta lo que se revela, eventualmente el por qué, y hasta donde son más o menos elementos reales los que se dan a conocer, por cuanto cada uno revela la parte que le conviene y deja para atrás aquello que lo puede comprometer.
Viene a cuento, a propósito de estas alternativas, conocer la opinión del Dr. Germán Aller, abogado penalista y catedrático de Derecho Penal en la UdelaR, criminólogo, al comentar el rol de los fiscales y en particular el de la fiscal Ghione en el caso que nos ocupa, en el programa radial En Perspectiva. Señala entre otros conceptos que “naturalmente que en el programa no está todo, y no se puede hacer afirmaciones absolutas, pero sí, la forma de conexión de la señora fiscal con las personas denunciantes, testigos, presuntas o posibles víctimas, me parece que está totalmente fuera de contexto, porque es un integrante del ministerio público”, además de que “no se puede tener ese nivel de confianza”, y que “me parece bien que haya una investigación”.
A juicio de Aller, en este vínculo “lo que corresponde es un trato obviamente humano, sensible ante la situación, que no pueden plantearse de ninguna forma a ninguna persona en este caso que sea potencial víctima, o en otros casos, porque además puede haber un giro y la que parece víctima no termine siéndolo. Del fiscal esperamos ponderación, esperamos ecuanimidad, aunque sea parte”, en tanto destaca que si bien están del mismo lado, “en todo caso se coadyuvan, pero socios no son”. “El fiscal no necesariamente tiene que creerle a la víctima”, “porque incluso no sabe si es víctima”, o “un rol de víctima provisoria, o de un testigo obviamente muy calificado, en el sentido de que puede ser o cumplir una función del testigo de cargo, pero en todo caso supeditado a una valoración objetiva, no solo subjetiva, sobre lo que hay que hacer frente a las declaraciones o las pruebas que presente la víctima”, son otras de las reflexiones del jurista.
“Por lo tanto el fiscal tiene que mantener cierta distancia lógica, porque aunque sea parte, eso no quita que al ser una persona que actúa por el Estado, no podemos pretender que sea una subjetividad voluntarista, porque me cae bien una persona o porque me cae mal lo que solicita la acusación. Al contrario, tiene que ser la primera garantía de derecho en el momento en que decide investigar, porque si no puede investigar cualquier cosa, lo que se le ocurra, y no es así; tiene que haber ciertos fundamentos con aspectos objetivos”.
Este es precisamente el punto, las garantías que tiene que dar la justicia, aunque después el caso pase a la consideración del juez. Porque este es un aspecto que queda en cuestión cuando el fiscal se embandera en un todo con la o las presuntas víctimas en un marco de confianza y respaldo que aparece como excesivo, con una carga de subjetividad que quiérase o no puede incidir en la causa cuando pase a veredicto del juez.
Lo que es mucho peor aún, cuando las “filtraciones” de parte interesada, al mediatizarse, enlodan tanto a presuntas víctimas como a presuntos victimarios, y se monta un show que termina relativizando garantías y contamina todo lo que lo rodea, generando un mar de opiniones y dudas respecto al accionar de la justicia.