“Los asesinos de patos seguirán amparados en un decreto claramente ilegal”, expresa la declaración a través de la cual la organización ambientalista Coendú dio a conocer el rechazo judicial a un recurso de amparo por el que se pretendía evitar la renovación automática del decreto 104/2000. Esta norma “habilita la caza de varias especies, entre ellas tres especies de patos (picazo, cara blanca y maicero)”, indicó en la declaración la oenegé, que ya presentó la apelación correspondiente.
“Como ya hemos hecho público y denunciado, la caza en Uruguay es ilegal, ya que el Estado la ha decretado sin cumplir con la normativa (Ley 9.481 y Dec.164/996) que determina que para cazar determinada especie (y por ende salir de la prohibición general de caza) debe existir un ‘fundado informe técnico’, algo inexistente para 18 de las 21 especies pasibles de caza en Uruguay”, manifestó la organización civil.
El recursos presentado aludía “únicamente a las tres especies de patos” mencionadas, y se hizo al amparo de un informe técnico de fecha marzo 2022, que “concluye que debe suspenderse la caza de patos por un mínimo de 5 años”. El grupo ambientalista agregó que pudieron acceder al contenido de este informe “vía ley de acceso a la información pública, más de un año después, permaneciendo ‘oculto’ todo ese tiempo”, situación que atribuyen a “la voluntad del Estado de permitir la caza de patos, contra la ley, atendiendo de esta forma intereses particulares de una minoría selecta, sobre el interés general y prioritario de conservación de la naturaleza”.
Acerca del motivo por el cual se rechazó el recurso por parte del Juzgado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de 3er. turno, se indicó que se debe a que está pendiente de contestación un recurso administrativo ante el Ministerio de Ambiente “se encuentra abierta esta vía, no agotándose (requisito para el amparo)”. Al respecto afirman que la cartera no ha respondido otro recurso anterior, interpuesto en el año 2020, razón por la que especulan que “quizás la ‘no respuesta’ es una estrategia de su antiambientalismo, por lo cual seguramente no responderá tampoco este, dejando la causa abierta”, y evitando así que se dé curso a estas acciones de amparo. Ante ello sostienen que “seguiremos trabajando como siempre, apostando a visibilizar todas las acciones perjudiciales para la conservación de nuestra flora y fauna nativa, sean estas realizadas directamente por el Estado o permitidas por este, mediante decretos y resoluciones, algunos con validez legal, otros como los referentes a la caza, de notoria y clara ilegalidad”.
