Una “política de estado” departamental que está dando sus frutos

Puede decirse sin temor a equívocos que históricamente Paysandú ha existido a partir del río Uruguay y que la historia de este solar ha sido una interrelación permanente con el Paterno –de ahí el apodo–, primero como asentamiento de caseríos, y luego creciendo a partir de la actividad portuaria como enlace casi exclusivo con la región. Sin embrago, con el paso del tiempo, la mejor conectividad carretera, el decaimiento del transporte fluvial de pasajeros y mercaderías, ante los nuevos tiempos, en alguna medida se perdió esta interdependencia extrema con el río, por lo menos desde el punto de vista de la conexión física.

Pero la ciudad ha seguido asomada al río, y numerosas familias y establecimientos han nacido y crecido como tales a la vera del río Uruguay, aún cuando en ocasiones el paterno se salía de su cauce e inundaba extensas zonas habitadas.

Pero sin dudas, la gran crecida del año 1959, la mayor que se haya registrado en el bajo río Uruguay, con una altura que sobrepasó los once metros sobre el cero frente al puerto de Paysandú, ha marcado a fuego el escenario costero de nuestra ciudad, por las implicancias socioeconómicas que ha tenido, y porque incluso en aquella oportunidad, se trató además de una crecida de sorprendente rapidez de desplazamiento, que además encontró crecidos todos los ríos y arroyos de una vasta región ante aquellas intensas precipitaciones de marzo-abril de ese año, dejó sin energía eléctrica a casi todo el país y sin agua potable a Paysandú, que a su vez quedó aislada por carretera con el resto del país.

La magnitud y la velocidad del desborde fue tal, que incluso anegó los depósitos portuarios de trigo y se sufrió transitoriamente desabastecimiento de pan blanco, por lo que debió apelarse a la mezcla con harina de sorgo para la molienda y posterior elaboración.

Decíamos un antes y un después, porque ante la magnitud de la catástrofe, gran parte de los sanduceros que habían crecido junto al río, optaron por no volver a sus lugares de origen –los que podían, naturalmente– y se construyeron barrios para desalojados por las crecidas, como los Purificación 3 (P3), el Purificación 1 (P1), entre otros, aunque igualmente, ante una dura problemática social, miles de familias permanecieron en zonas inundables, a menudo en viviendas precarias, y que debían desocupar en cada creciente, aún en las moderadas.

Felizmente, primero tímidamente, pero luego con convencimiento, y lo que es mucho mejor, con una continuidad que se ha dado en prácticamente todas las administraciones departamentales de gobierno, de todos los partidos, se ha consensuado la necesidad de que los dramas no se reeditaran en cada salida de madre del río Uruguay, y es así que además de los realojos de cientos de familias de zonas inundables hacia otras áreas de la ciudad, se han establecido normas, con fijación de cotas mínimas para construcción, de forma de minimizar las consecuencias de cada crecida en el tejido social ciudadano, además de demandarse recursos importantes para la atención de los damnificados en cada oportunidad en que las aguas anegaban zonas habitadas.

Señalábamos la importancia que tiene el dar continuidad a estas políticas, lo que ha hecho cada administración municipal con mayor o menor énfasis, pero a la vez en forma paralela, resistir la presión que significa el hecho de que por cada familia que es realojada, hay dos o tres que aspiran a asentarse en el mismo sitio inundable de la anterior, esperando naturalmente que desde el Estado, es decir con el dinero de todos los contribuyentes, se les provea una solución, reeditando una y otra vez el problema.

Ergo, la decisión de crear una especie de policía de la costa para detectar y evitar la instalación de nuevas viviendas precarias en la margen inundable, ha sido una decisión plausible, de forma de que los avances del río fueron generando menos desalojos en cada creciente.

En pocas décadas, pero no sin sensible inversión, se han incorporado barrios de realojados prácticamente en cada administración, porque a los barrios “P” siguieron entre otros el barrio Río Uruguay, la regularización del Curupí, más recientemente otros como La Chapita, y ahora en proceso los de la zona del Antena 35. Pero cuando no se hizo lo que se debía hacer, se permitió que se crearan nuevos asentamientos en zonas prohibidas, como el barrio Bajo Curupí, demandando a la vez fuertes inversiones en nuevas urbanización y servicios, que han quedado a la vez en zonas sensibles a las salidas de cauce del río.

Es decir que con errores y aciertos, con mayor o menor énfasis en alguna administración que en otra, gradualmente se ha podido ir quitando entidad a las consecuencias de las recurrentes inundaciones del río Uruguay, con el agregado de que tras la construcción de la represa de Salto Grande, con el manejo de los caudales desde el complejo hidroeléctrico se ha podido recortar los picos máximos de las crecidas, aunque no se puede hacer magia ni hacer desaparecer las aguas. El recorte de los picos es posible siempre y cuando las ondas de crecida se produzcan cada cierto tiempo entre una y otra, durante el cual los caudales se mantengan en niveles manejables y que dé tiempo a la represa para bajar lo suficiente el nivel de lago.

Una prueba de los avances en la problemática en cuanto a su repercusión, surge del hecho de que por ejemplo con el río a solo 20 centímetros de alcanzar los ocho metros, y con unos dos mil desplazados, se requiere mucho menos aportes en alimentos y otros apoyos para los damnificados que en épocas incluso cercanas, cuando se debía hacer mucho mayor despliegue en materia de brindar refugio y ayuda canalizada hacia las familias desalojadas. Actualmente son sólo 31 los evacuados que se encuentran en refugios –Liceo 1 y Santa Elena–, y poco más de 190 quienes reciben almuerzos y meriendas.

Lo que deja como reflexión de que se está por el buen camino en esta materia, de que las acciones deben tener continuidad para resultar realmente efectivas, y que es necesario un control y una fiscalización permanente en la franja costera, cuando se instrumentan los planes de realojos, para evitar nuevos asentamientos que harían perder gran parte de los esfuerzos que se han desarrollado hasta ahora en pos de respuestas valederas ante el problema.