(Por Horacio R. Brum)
Durante la primera década del regreso a la democracia, las clases dirigente y empresarial chilena se empeñaron en proyectar al exterior la imagen de un país donde la transición desde la dictadura había sido en armonía y en el que no existían los males característicos de América Latina, como la corrupción. Sin embargo, hasta su muerte en 2006, el general Pinochet y unas fuerzas armadas poco dispuestas a reconocer los atropellos que habían cometido mostraron las imperfecciones de esa transición. Con la llegada del siglo XXI, que trajo una mayor apertura en la libertad de información y en el interés de los medios de mostrar el país tal cual es (porque antes no se profundizaba en las informaciones conflictivas, para “cuidar la democracia”), se vio que Chile no es una excepción regional, menos aún en lo que a corrupción se refiere. Así fueron quedando al descubierto numerosos casos de fraude, cometidos por empresas y particulares, en ámbitos tan variados como la Bolsa, las compañías inmobiliarias o las ventas a crédito de las tiendas, en las cuales se estafaba a los clientes aumentando los intereses sin su conocimiento. También en las Fuerzas Armadas y la policía hubo colusiones de oficiales y funcionarios para falsificar operaciones de compras de suministros y servicios.
Entre 2014 y 2018, el “caso Penta” y el “caso SQM” mostraron los entretejidos de amistades y complicidades que disimulaban la corrupción existente entre los empresarios y los políticos. La defraudación de impuestos se utilizaba para financiar campañas políticas de todos los colores, en tanto que mediante el uso de información reservada se hacían fortunas en la Bolsa, de las cuales también se pasaban recursos a la política. La opinión pública se escandalizó no sólo por los hechos, sino también por el escaso o nulo castigo de los delitos. Los dos principales responsables del “caso Penta” –uno de ellos, amigo íntimo del presidente-empresario Sebastián Piñera–, fueron condenados a seis meses de clases de ética, por haber estafado al Fisco en varios cientos de millones de dólares. En cuanto al “caso SQM”, el dueño de esa empresa de minería no metálica y exyerno de Pinochet salió del paso con el pago de una multa y la obligación de hacer unas donaciones para beneficencia; también se libró de un juicio por una estafa bursátil y actualmente, ya retirado del directorio de SQM, continúa especulando con acciones.
Hasta ahora, no se había descubierto en gran escala una práctica que casi forma parte de la idiosincrasia latinoamericana: la coima, pero a mediados del mes pasado el Centro de Investigación Periodística (Ciper), un equipo de periodistas independientes de suma confiabilidad, divulgó la grabación de una reunión de abogados y empresarios confabulándose para coimear a funcionarios de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII). La operación tenía el propósito de bloquear las investigaciones por operaciones irregulares que esas entidades estaban realizando a una corredora de Bolsa y a la compañía de compra de deudas Factop.
Al parecer, el cerebro de dicha operación era Luis Hermosilla, uno de los abogados más connotados de Chile, quien tiene numerosos vínculos políticos. En un lenguaje muy poco jurídico, Hermosilla dice en la grabación: “¿Cuál es la primera huevada que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevada, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un huevón al que le debemos, en este minuto, diez millones de pesos” (alrededor de 12.000 dólares).
Otra voz que se oye es la del dueño de la empresa investigada, quien en tono de broma cuenta cómo repartió antes varias coimas, en tanto que una abogada asistente, exfuncionaria del ministerio de Educación del segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuenta que fue víctima de un robo callejero y concluye, indignada: “¡Yo encuentro que este país ya se volvió cualquier huevada!”
El abogado Hermosilla habla de crear una “caja negra” para pagar las coimas, cuyo balance podrían ser unos 120.000 dólares. No obstante, hace una advertencia: “Aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esta huevada es delito”. Irónicamente, después de la difusión de esas palabras el profesional emitió un comunicado en el cual sostuvo que una grabación obtenida clandestinamente no tiene validez ante la justicia, y se declaró víctima de una “operación oscura, manejada en los subterráneos del poder”, que compromete “el estado de derecho”.
El gobierno reaccionó con rapidez; varios funcionarios del SII fueron separados de sus cargos, se está realizando una investigación interna y hay denuncias judiciales. También la CMF ha tomado medidas drásticas y en cuanto a los abogados, el Colegio de los profesionales se apresta a sancionar a Hermosilla y a la colega que participó en la reunión. Esta última fue quien grabó clandestinamente las conversaciones y el caso se va pareciendo a una “venganza de ladrones”, porque, como ella lo expresa en el audio, la firma del empresario coimero había perjudicado los intereses de una compañía de su marido, usando el nombre de la misma para falsificar facturas.
Luis Hermosilla es un ejemplo de cómo se comportan y vinculan los grupos de poder del país. Hijo de un abogado de renombre, en su juventud fue miembro del partido Comunista, pero en la escuela de derecho de la Universidad Católica –la formadora tradicional de las élites de derecha–, entabló amistad con otros apóstatas de la izquierda, que integraban el círculo de Jaime Guzmán, miembro del Opus Dei e ideólogo de la dictadura militar. Su amigo íntimo y más tarde socio en el bufete fue Andrés Chadwick, un duro de la derecha que integró los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Durante cuatro décadas, Hermosilla compartió con Chadwick uno de los estudios más prestigiados y tomó casos sin distinciones políticas ni éticas. Representó a víctimas de la dictadura y de la guerrilla de izquierda, a dos de los abusadores sexuales más notorios y al jefe de los asesores del presidente Gabriel Boric. Además, fue decano de la facultad de Derecho de una importante universidad privada, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Fútbol e integró uno de los organismos del gobierno del presidente Piñera que tenía el cometido de poner fin a la violencia indigenista en el sur. En los círculos del poder de Chile, como dijo alguna vez a este corresponsal un amigo y periodista veterano, “nadie es lo que parece, y quien lo parece, no lo es…”
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Se realiza el próximo miércoles 6 de diciembre a partir de las 16, en las instalaciones de la Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni (Eemac) de Facultad de Agronomía en Paysandú, la primera jornada de producción ovina de pequeña escala.