Uruguay ha demostrado que tiene capacidad suficiente para integrar un sistema mundial de investigación sobre el cáncer. Sin embargo, no ocurre por trabas burocráticas que seguramente el próximo domingo 4 de febrero, la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica pondrá sobre la mesa.
Los números son oficiales y están publicados por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer: anualmente se diagnostican 17.000 casos nuevos y cada año mueren 8.000 personas por causa de una enfermedad oncológica. Es la segunda causa más frecuente –una de cada cuatro personas–, luego de las patologías cardiovasculares. Uno de cada tres uruguayos va a desarrollar algún tipo de cáncer a lo largo de su vida.
La mitad de esas muertes corresponden a cáncer de mama, de próstata, de pulmón y colorrectal. En el caso del cáncer de pulmón, el 91 por ciento de los casos en el país, se diagnostican en estadíos avanzados. En el de próstata, unos 600 hombres mueren anualmente con un promedio anual de unos 1.500 casos. Y el de mama, es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en Uruguay, con 700 fallecidas al año.
O aún más claro: todos los días 5 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y, también todos los días, 2 mueren por esta causa. En tanto estadísticamente hablando 1 de cada 10 desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida.
En el total de la población y, en cuanto a la mortalidad, el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar con más de 1.300 muertes al año, seguido por el cáncer colorrectal y el de mama.
Sin embargo, hay otros con menor visibilidad e igual de complejos. Por ejemplo, todos los días se diagnostican nueve casos de cáncer de piel y esa es la razón de la insistencia de los dermatólogos en regular el uso de las camas solares, además del acceso a los protectores solares y la instrumentación de una campaña que favorezca su uso.
Con este escenario, el país puede generar conocimiento, participar en nuevos tratamientos e integrar un sistema mundial de investigación. La Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica considera que Uruguay está relegado al ostracismo por razones burocráticas, basadas en un decreto del año 2019. La citada normativa establece un máximo de 60 días de evaluación para la aprobación de un estudio clínico. En otros países, la normativa indica que ese lapso no puede superar las seis semanas. Por eso, en Uruguay los tiempos administrativos son barreras que impiden avalar la participación de los pacientes en ensayos clínicos. Según cálculos de Uruguay XXI, la participación del país en las investigaciones científicas permitirían obtener unos 24 millones de dólares, de los cuales 16 millones de dólares quedarían en las instituciones de salud.
Esos números forman parte del documento denominado “Caracterización y propuesta de mejora para la investigación clínica en Uruguay”, publicado en 2014 pero con estimaciones a diez años. Los médicos especialistas consideran que el cálculo es modesto porque se puede ampliar a una mayor participación de instituciones. Y, en cualquier caso, toman el ejemplo del camino elegido por otros países.
El Fondo Nacional de Recursos brinda desde el año 2005 una gran variedad de medicamentos de alto costo cuya lista es actualizada permanentemente, con la incorporación de nuevos fármacos. No obstante, existen otras técnicas de diagnósticos y tratamientos que se encuentran fuera de esta cobertura.
Y si a ese aspecto se suma que el paciente de hoy está informado y “formado” sobre lo que ocurre en el mundo entero en materia de tratamientos contra el cáncer a través de Internet, seguramente recurrirá a una demanda contra el Estado con la interposición de un recurso de amparo.
O como lo define claramente la presidenta de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica, Dra. Laura Vera: “Cada vez que vamos a un congreso es como si abriéramos las ventanas del Uruguay y miramos pasar un tren de lejos. El año que viene o el otro vamos a abrir la ventana y ni siquiera lo vamos a ver pasar. Estamos quedando en el ostracismo de la ciencia”.
Incluso, coexisten otras dificultades que aún no encuentran una solución. Estaba previsto que en octubre de 2023 entrara en funcionamiento la normativa que establece 15 minutos de atención en el consultorio por paciente, pospuesto desde el año 2020 por la pandemia de COVID-19. La sociedad científica estima que es poco el tiempo vigente para analizar la historia clínica de un paciente y hablar sobre la probabilidad de la vida y la muerte, al menos en Oncología.
El Fondo Nacional de Recursos y el acceso universal en la atención a la salud son una fortaleza del sistema uruguayo, a pesar de sus falencias. Pero hay tratamientos que no son accesibles al cien por ciento de la población y eso se vuelve una inequidad. Y si antes se hablaba de algunos tipos de cáncer con una escasa sobrevida, hoy con los avances científicos, es posible establecer controles a largo plazo.
Tal como lo considera la sociedad médica, se puede hablar de una política de salud pública si se rehabilita a un paciente con la totalidad de las especialidades médicas.
Sin embargo, las novedades en tratamientos y uso de fármacos llegan años después al país, por permanecer ajeno a la investigación global. Por eso, el país se encuentra en el ostracismo y mantiene una barrera de acceso a los derechos fundamentales del paciente de resolver la forma de tratamiento.
Ocurre que la investigación clínica impacta hasta en el desarrollo económico de los países y hay decenas de ejemplos. Impacta en el desarrollo de los recursos humanos con alta especialización y resultan atractivos a las inversiones en investigación clínica auspicada. Pero no hay una actualización de las normativas y, por eso, no está en un nivel competitivo en la región. A pesar de la existencia de un muy buen nivel de investigadores en el país.
