Luego de la comparecencia del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, a la comisión permanente del Parlamento –cuyas repercusiones subsisten–, hay una lista de secretarios de Estado que deberán asistir ante el llamado del cuerpo legislativo efectuado por propios y ajenos. Febrero será un mes de intensa actividad, antes del fin del receso parlamentario porque al mes siguiente comenzarán las renuncias de integrantes del Poder Ejecutivo para pasar a ocupar sus lugares en el Poder Legislativo y empezar las campañas electorales.
El oficialismo buscará comparar su gestión con la anterior frenteamplista y exponer supuestas irregularidades ocurridas en períodos pasados.
Algunos actores serán claves por el perfil y experiencia política. El ministro de Transporte y Obras Pública José Luis Falero, ocupaba un cargo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) cuando pasó a encargarse de la secretaría de Estado. Durante su gestión, demostró dinamismo en proyectos ya delineados por el gobierno nacional y otros que integraban un proceso de inversiones desde el período anterior. Como el Ferrocarril Central y sus sobrecostos. O la denuncia penal contra los tres presidentes del ente del riel durante la época frenteamplista por la duplicación de salarios e inversiones en vigilancia por más de 25 millones de dólares, adjudicados en forma directa a una empresa en particular.
La coalición va detrás de la idea de la conformación de una comisión investigadora ante posibles responsabilidades políticas.
La ministra de Salud Pública, Karina Rando, irá el 27 de febrero acompañada por autoridades del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a fin de dar respuestas sobre la contratación de ambulancias y traslados que, también, fueron motivo de denuncias y derivaciones legales en los últimos años. Las polémicas, en este caso, tampoco se acallan porque la oposición ha cuestionado el alcance de una empresa contratada y los mecanismos utilizados por ASSE para los acuerdos por servicios de ambulancias.
Un asunto que, claramente, ha expuesto debilidades desde los gobiernos anteriores, porque en aquel entonces, se contrataban los servicios para el traslado de pacientes a cargo de empresas que eran integradas por jerarcas de la administración. Por esos años, quienes hoy son oposición no pedían informes de autoridades regionales ni la reacción de quienes ocupaban cargos de responsabilidad.
Incluso los funcionarios afectados en aquellas negociaciones continuaron sus carreras ascendentes dentro del organismo con total impunidad. Algo que hubiese hecho saltar las bancadas si ocurriera en la actualidad.
Las autoridades de hoy, también deberán aclarar los entretelones de contrataciones resueltas en primera instancia y suspendidas después, a raíz de observaciones del Tribunal de Cuentas. Así como también, las competencias de las ambulancias y las emergencias móviles en coordinación con el Centro de Comando Unificado a través del 911, ante la necesidad de traslados desde las localidades del Interior. O, por la ocurrencia de siniestros de tránsito en la vía pública. Porque en las sucesivas conferencias de prensa y reuniones de autoridades, quedó claro “quién no tiene obligación” de hacerlo, pero lo que le interesa saber a la población es quién vendrá a asistirlo en la calle cuando resulte con serias lesiones en un siniestro.
Serán convocados, también, Pablo Mieres y Azucena Arbeleche. Con el ministro de Trabajo y Seguridad Social y la ministra de Economía, la coalición pretende ocuparse de los eventuales efectos fiscales que traerían aparejados la convocatoria a firmar para habilitar un referéndum en rechazo a la vigente reforma jubilatoria que lleva adelante el Pit Cnt, entre otras organizaciones sociales.
Es, además, un aspecto por el cual no hay acuerdo en la oposición y varios sectores no convocan a firmar. Incluso dentro de la central sindical. La visión frenteamplista es ganar el próximo gobierno e ir a un “gran diálogo social” que por cierto tampoco convocó mientras estuvo durante tres períodos en el gobierno. Aún sabiendo que la reforma de la seguridad social, en general, era una prioridad. Sin embargo optó por “tirarla para adelante” y ver lo que sucedía. Lo que ocurrió es que ganó otro gobierno y resolvió.
Con Mieres existe interés en exponer sobre las cifras oficiales de desempleo, la creación de puestos de trabajo y los logros que obtienen los sindicatos en la última ronda de Consejos de Salarios.
En el tema empleo pasa lo mismo que con las cifras de inseguridad ciudadana. Existe una percepción, según la zona donde se viva. Y los referentes políticos incluyen el tema en sus discursos, sin la debida honestidad intelectual al hablar de empleo y su vinculación estricta con el salario. Además de la visibilidad que adquiere el tema cuando se habla de las mujeres y los jóvenes. Tal como ocurre con la “teoría del derrame” en Economía, que seguirá sin acuerdos sobre su incidencia en la sociedad.
El canciller Omar Paganini también está citado y conviene aclarar que es un recién llegado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Un ingeniero electricista que ocupaba el cargo al frente del Ministerio de Industria Energía y Minería deberá responder sobre información actualizada de los cargos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y su vinculación con las renuncias acordadas en el Parlamento, luego de las denuncias de supuestos hechos de clientelismo y corrupción.
No es posible saber si la oposición mayoritaria asistirá a la totalidad de las citaciones. Sin embargo, el Frente Amplio insistirá ante Paganini en el cese inmediato de todos los cargos políticos, en tanto considera que no se cumplió con el reclamo. Una declaración votada por mayoría exigía las renuncias, a raíz de una interpelación a Arbeleche y al entonces canciller Francisco Bustilo.
Es, precisamente, Paganini quien dejó sin efecto el aumento salarial de 5,11% firmado en diciembre para los funcionarios del complejo hidroeléctrico. La decisión generó reacciones en el sindicato que considera a los trabajadores como “rehenes” de una situación política que aún no se pudo resolver.
La delegación de Salto Grande es la más visible. Pero en la mira están las restantes comisiones internacionales, que siempre se manejaron de la misma forma, solo que recién ahora produce indignación…
Se abre un panorama de grandes debates. El sistema político, en general y en todas las administraciones, debe dar señales claras de que no está por encima del resto de la población. Ocupan cargos de responsabilidad. Pero eso, claramente, no es lo mismo.
