Los intereses y conflictos geopolíticos, pero sobre todo el tira y afloje que llevan adelante lobbies diversos dentro de varios países, nuevamente alzan vallas contra la firma del “inminente” acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es que este “inminente” está en stand by ya desde hace mucho tiempo, muchos años diríamos, por las idas y venidas y salvedades que dos por tres aparecen de uno y otro lado, porque hay intereses comerciales y/o políticos que se oponen a un avance en este sentido.
Entre los más recientes, corresponde traer a colación tensiones en Francia y Paraguay que dejan más lejos el cierre del acuerdo Mercosur-UE, por cuanto por un lado el gobierno del país europeo ratificó su rechazo a la firma, mientras que en la nación sudamericana crecen los reclamos del sector agropecuario ante la posibilidad de este acuerdo.
Debe tenerse presente que el dilatado acuerdo Mercosur-UE, lleva más de veinte años de negociaciones, pero a lo largo de estas dos décadas, pese a supuestos avances y la firme perspectiva de cerrar el acuerdo, siempre ha aparecido la quinta pata del gato, que no es otra cosa que los reparos de sectores que se sienten perjudicados y tienen eco en gobiernos que prefieren evitar eventuales costos políticos ante los lobbies de los afectados.
Tenemos así que luego de una reciente cumbre de cancilleres del Mercosur en la que el bloque ratificó la intención de concretar el convenio, la primera postura en contra llegó desde Europa. Es que el flamante primer ministro galo, Gabriel Attal, recordó que ese país, “se opone claramente al Tratado del Mercosur”.
Attal sostuvo que su administración rechaza la firma “como lo ha hecho desde el primer día por voz del presidente Emmanuel Macron”, acusando recibo de las protestas que se extendieron en las últimas horas en ese país por agricultores, que denuncian “competencia injusta” con sus pares de América Latina. En cierta parte, el jerarca validó esa postura al hablar de “ley de la jungla”.
Pero hay ahora una contrapartida sudamericana: la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) de Paraguay emitió un comunicado donde manifestó su preocupación por el hecho de que sean pactados “‘mecanismos coercitivos’ de exportación con la Unión Europea”, un planteo que va en línea con el “neoproteccionismo ambiental” que denunció Uruguay meses atrás.
“Manifestamos nuestra disconformidad y preocupación con la pretensión de pactar mecanismos coercitivos de exportación, que impliquen menoscabos a los derechos y soberanía de nuestra república”, señaló Fecoprod, que representa a 34 cooperativas.
La entidad observó que las eventuales restricciones al comercio, muchas de ellas ligadas a exigencias medioambientales, irían en “detrimento de la libre competencia”, por lo que pidió al gobierno del presidente Santiago Peña (de Paraguay) “un mecanismo que busque la protección del conjunto de trabajadores y emprendedores del campo”, señalando además que “nuestra agenda de desarrollo no puede ser bloqueada bajo el pretexto de una cooperación”.
Surge que ante la negativa casi segura de Francia y los problemas que empiezan a surgir en el país sudamericano, el acuerdo está lejos de cerrarse y se sigue postergando, a pesar de que algunos sectores indicaban que podría existir una firma simbólica el mes que viene, durante la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tendrá lugar en Ginebra.
Si bien la Comisión Europea negocia en nombre de los 27 países de la UE el acuerdo comercial y político con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, para poder firmarlo necesita el visto bueno de todos sus Estados miembro.
Este primer proceso de validación otorga en la práctica un veto a los diferentes países, como mostró en 2016 la negativa durante días de la región belga de Valonia al acuerdo entre la UE y Canadá, conocido como CETA.
Las declaraciones del ministro francés Attal se produjeron durante una visita a un mitin ganadero de Montastruc-de-Salies, en el sur de Francia, donde anunció una serie de medidas para responder a más de una semana de protestas y bloqueos de carreteras.
“Ustedes han querido enviar un mensaje. He venido a decirles que el mensaje ha sido recibido alto y claro, y que les he escuchado”, dijo el primer ministro, quien expresó su determinación a “proteger” el mundo agrícola.
Entre las medidas anunciadas figura la renuncia a subir la tasa al diesel de uso agrícola, un mayor control de las negociaciones entre agricultores y distribuidores, y ayudas a sectores específicos, como la agricultura bio, entre otras medidas.
Los aspectos del CETA que entraron en vigor son aquellos de competencia exclusiva de la Comisión, que incluyen las importaciones de productos agrícolas, principal punto de oposición francesa al pacto con el Mercosur.
Por su parte Brasil, que ejerció la presidencia pro tempore del Mercosur en el último semestre, esperaba culminar el proceso el año pasado, pero el rechazo de varios países europeos, encabezados por Francia, y el recelo de Argentina a comprometerse con un acuerdo que considera “obsoleto”, en vísperas del traspaso de poder a Milei, lo impidieron. Del lado europeo, Pedro Sánchez también tenía como objetivo que el acuerdo saliese firmado en 2023 durante la presidencia de España del Consejo Europeo.
No solo Francia tiene problemas con sus agricultores, sino que en otros países como Alemania, también hay movimientos de protesta de agricultores, pero contrariamente al país galo, en esa nación hay muy buena disposición para un acuerdo con el bloque sudamericano.
Es que Brasil, por su lado, ha conformado un eje a favor del acuerdo con Alemania. El interés del canciller alemán, Olaf Scholz, va mucho más allá de que el país amazónico sea su principal socio en Sudamérica. En una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, el canciller recordó que este tratado de libre comercio “merece la pena” porque “juntos formaremos una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo”.
En concreto, entre la población de los veintisiete de la UE y la de Mercosur suman un total de 780 millones de habitantes. Scholz ve necesaria esta alianza “especialmente en tiempos de un proteccionismo creciente”, aseguró en rueda de prensa.
Lula, por su parte, quiere hacer ver a Brasil como un país con amplio potencial para las energías renovables. “Mi gobierno lanzó un programa para que el hidrógeno de bajas emisiones de mi país sea el más competitivo del mundo”, dijo el mandatario.
Es que los argumentos de Francia y otros países que procuran proteger a sus producciones del agro fuertemente subsidiadas, se centran en reparos ambientalistas, de certificación medioambioental de las producciones, con fuerte presión de grupos activistas, con un carácter sesgado y plenos de obstáculos que en realidad muchas de las veces son excusas para defender un sistema productivo europeo altamente ineficiente y costoso que no podría competir con nuestra producción si no fuese por los subsidios y protecciones con los que cuenta.
Nada nuevo bajo el sol, por cierto, que se refleja en lo expuesto por el presidente francés durante la cumbre del Clima en Dubái: “No puedo pedir a nuestros agricultores, a nuestros industriales en Francia y en Europa, que hagan esfuerzos y que apliquen nuestros lenguajes para descarbonizar, para que dejen de trabajar ciertos productos y luego decirles que voy a eliminar los aranceles a esos productos que se producen al otro lado del mundo”, lo que en buen romance es un paquete de seudoargumentos para seguir protegiendo a sus granjeros frente a producciones como las de nuestra región, que tienen ventajas naturales comparativas respecto a las de ese lado del mundo. Y mientras primen estos intereses, el borrador del tratado seguirá guardado, a la espera de que algún día ambos bloques comerciales consigan llegar a un consenso y quede fijo, sin que algún poder solapado consiga patear los tarros a último momento, como sigue ocurriendo.
