La edila del Frente Amplio, Verónica Villarreal, presentará hoy jueves en la Junta Departamental una moción para la “prohibición de extracción de sangre de yeguas preñadas destinada a la producción de hemoderivados en equinos” y en forma conjunta declarar al departamento libre de “sangría de yeguas”.
En su exposición de motivos, señala que en octubre mocionó sobre el tema. “No habiendo obtenido respuesta alguna al respecto entendemos que al igual que el departamento de Canelones y Maldonado, tomemos la iniciativa”.
Explicó que desde hace 30 años que en Uruguay se lleva adelante esta práctica, a fin de “extraer posteriormente una hormona llamada PMSG (gonadotrofina coriónica equina hoy renombrada como eCG) que es utilizada como una alternativa de sincronización para los programas de inseminación artificial a tiempo fijo conocidos como IATF”.
La extracción se efectúa “a través de su vena yugular entre el día 40 y 120 de preñez, que es donde se da el pico más alto de la producción de esta hormona”. Se extraen “unos 10 litros por semana durante esos 3 meses, posteriormente se le provoca el aborto introduciéndole la mano en el útero” y durante dicho proceso, “las yeguas son atadas, maltratadas, golpeadas”, entre otras “prácticas aberrantes que no dejan de asombrarnos”.
El ciclo se repite anualmente, “a veces abortan y vuelven a ser preñadas para lograr dos ciclos de extracción al año. La mayoría de estas yeguas no sobreviven mucho tiempo, o mueren en los campos como consecuencia de esta práctica cruel o terminan en el frigorífico cuando su producción de hormona deja de ser rentable, sin ningún tipo de atención veterinaria”.
En la moción agrega que “esta práctica cruenta, está prohibida en casi todo el mundo, menos en Uruguay, Argentina e Islandia (que va camino a prohibirla)”.
PRÁCTICA PECUARIA
Villarreal considera que “partiendo de una base jurídica errónea se la considera una práctica pecuaria, lo que es desestimado por la Dirección General Impositiva (DGI) en dos consultas –la 4661 y la 4586–, que fueron realizadas de manera vinculante y no vinculante”. En la última consulta, realizada en agosto del año pasado, “ha quedado claro que no lo es por el régimen tributario aplicable a esta actividad, para su comercialización y exportación”. Según la respuesta de la DGI: “La extracción de sangre no está vinculada a una actividad agropecuaria porque luego de su extracción la misma es sometida a un proceso industrial”.
ALTERNATIVA
En la Unión Europea se encuentra en fase de experimentación “ya que se usa para la fabricación de medicamentos”. En Uruguay, la ley 18.611 de experimentación, establece “el mismo lineamiento” y agrega “una alternativa sintética” sin la necesidad de “utilizar animales, dejando atrás una práctica que sin duda alguna tiene un nivel elevadísimo de crueldad y de maltrato”. Los resultados del producto alternativo cuentan con el aval del “veterinario argentino Gabriel Bó, que recibió el premio Simmet Price a la trayectoria en investigación sobre reproducción bovina, en el año 2022, en Bolonia”. Dicho producto “se comercializa en Cetroamérica, en casi toda América del Sur y uno de los laboratorios más grandes del mundo, CEVA, lo compró para su distribución”.
En Uruguay, tres laboratorios realizan esta práctica con “nuevas autorizaciones de funcionamiento pendientes de resolución, siendo así aún mayor nuestra vergüenza por ser conocidos en el mundo, como un país inescrupuloso donde se pueden realizar ciertas prácticas de maltrato cruento, o sea, ser el mayor productor de maltrato, solo para beneficio económico de tres empresas que lo llaman el oro rojo y que tienen escasos empleados”. Finalmente, la edila recuerda la ley 18.471 que “promueve las prácticas de bienestar animal” con prohibición de maltrato y muerte.
REGULAR
Consultada Villarreal sobre el tratamiento parlamentario de una propuesta, dijo a EL TELEGRAFO que “hay un proyecto de ley para su prohibición pero desde el gobienro se dijo que no se iba a prohibir sino a regular. El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) en parte está de acuerdo, pero la mayoría de las organizaciones reclaman la prohibición porque no hay ningún tipo de controles”.
