En distintas épocas de la historia del país y por diferentes motivos, numerosos uruguayos han emigrado en busca de oportunidades fuera de fronteras. Son miles los compatriotas residentes fundamentalmente en países europeos y Estados Unidos pero también en rincones del planeta que no siempre es fácil imaginar. De esta manera, lo que por un lado se entiende como el justo derecho de unos a la mejora de la calidad de vida y la búsqueda de nuevas oportunidades, por otro suele percibirse como una pérdida de profesionales, científicos o mano de obra calificada.
Hoy la situación es diferente y en Uruguay, por primera vez desde 1908, ha habido un aumento significativo en la cantidad de extranjeros residentes en el territorio nacional. Al respecto, los resultados del último censo indican que la población de otras nacionalidades que ha emigrado a Uruguay asciende al 3% de los 3.400.000 habitantes actuales frente al 2% existente desde hace una década.
Si tradicionalmente los principales países de origen de las personas extranjeras radicadas en Uruguay eran Brasil y Argentina, a partir de 2013 se registró un aumento de los provenientes de otras naciones latinoamericanas, como Venezuela, Cuba y República Dominicana.
De acuerdo a publicaciones de prensa divulgadas a fines del año pasado al conocerse los resultados del último censo, la comunidad venezolana se ha triplicado hasta alcanzar las 33.000 personas en cinco años. Durante el mismo período, casi 30.000 cubanos han llegado al país, pero a menudo se trasladan rápidamente a otros lugares, utilizando a Uruguay como trampolín para llegar a Estados Unidos y Europa.
Entre las principales causas de este fenómeno se suele mencionar la situación política y económica de países como Venezuela y Cuba pero son varias las nacionalidades de quienes llegan a Uruguay buscando nuevos horizontes y esto hace que hoy pueda considerárselo como un país de tránsito y asentamiento para población migrante y refugiada.
A su vez, en distintas entrevistas publicadas por medios uruguayos e internacionales los migrantes arribados a Uruguay expresan que la estabilidad económica, los salarios más altos, el sistema de educación pública y de seguridad laboral hacen que nuestro país les resulte atractivo a pesar del alto costo de vida.
Por otra parte, la inclusión de normativa específica para atender las transformaciones de los flujos migratorios ha favorecido un cambio en la política migratoria, que ha pasado a centrarse en los derechos de las personas migrantes. En este sentido, es importante destacar que rápidamente se puede obtener la documentación necesaria para radicarse –cédula de identidad y residencia legal con trámites que pueden iniciarse en línea– y además el gobierno nacional dispone de diversas ayudas para los recién llegados. Entre ellas se incluyen la afiliación al sistema de salud, reválidas de estudios y la enseñanza de español y el asesoramiento en temas educativos. Asimismo, a través de un convenio entre ministerios de Vivienda y Desarrollo Social, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se comenzaron a entregar subsidios de alquiler (por un período de dos años) para familias migrantes que estén insertas en el mercado laboral y que aún no cuenten con las condiciones necesarias para acceder a una vivienda.
Este incremento del flujo migratorio no se registra únicamente en nuestro país. Por el contrario, la tendencia involucra a varios otros países de la región. En este sentido un estudio del BID publicado en 2020 bajo el título “¿En qué situación están los migrantes de América Latina y el Caribe?: mapeo de integración socioeconómica”, indica que casi un quinto de los inmigrantes llegados a Latinoamérica viven en Argentina (que alberga a 2,3 millones de extranjeros), seguido por Colombia, Chile, México, Perú y Brasil, que albergan a más de un millón de inmigrantes cada uno.
Durante la última década el panorama migratorio de América Latina y el Caribe cambió significativamente y en 2022 había más de 43 millones de latinoamericanos y caribeños viviendo fuera de sus países de origen, un cuarto de ellos en otro país latinoamericano. En el caso de los venezolanos, por ejemplo de los más de 7 millones que han dejado su país desde 2015, el 85% se encuentra viviendo en otro país de la región.
Esta importante presencia ha dado lugar a la inclusión cada vez más relevante de los temas migratorios en la agenda política pero, como señala la publicación del BID, hasta hace poco era escaso el conocimiento de las necesidades de los inmigrantes y su integración socioeconómica al país de acogida.
Al respecto, el mencionado estudio reveló que los inmigrantes tienen más probabilidades de tener trabajo que los nativos en la mayoría de los países latinoamericanos de acogida pero les resulta muy difícil encontrar empleos formales y de calidad. Sin embargo, en el caso concreto de Uruguay, no hay una diferencia estadística importante entre las posibilidades de nativos y migrantes en cuanto a trabajar en el sector formal.
En países como Costa Rica, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Panamá, es más probable que los inmigrantes trabajen en puestos de trabajo que requieren niveles de calificación inferiores a sus niveles educativos alcanzados. No obstante, en general, en el largo plazo sufren menos situaciones de desempleo que los nativos y, en promedio ocupan más puestos altamente calificados. El nivel educativo también parece incidir en la posibilidad de tener viviendas dignas. En este sentido, Uruguay es uno de los países de la región donde los extranjeros tienen menos posibilidades que los nativos de vivir en condiciones habitacionales precarias.
Sin graves conflictos sociales, Uruguay acoge a los extranjeros que llegan para quedarse. En recientes declaraciones el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que Uruguay es un país de puertas abiertas, que impulsa y apoya a los inmigrantes para que puedan establecerse y desarrollar su vida de manera próspera.
Indudablemente que para que esto sea posible el gobierno nacional debe garantizar condiciones apropiadas para el ejercicio de derechos de la población migrante, como es el caso de la vivienda, la salud, la educación y el trabajo en condiciones dignas, condiciones que nuestro país está ofreciendo. A pesar de esto, no deja de ser un gran desafío hacia el futuro la adecuada integración de la población local y las personas migrantes y la consideración de sus aportes positivos en múltiples aspectos sociales y culturales, así como la necesidad de alejarse de visiones xenofóbicas detectadas en sondeos de opinión regionales y en la medición de la conversación en redes sociales asociadas generalmente a temas referidos a asuntos laborales y la seguridad.
