La Unidad de Inspectoría y Bromatología de la Intendencia de Paysandú alertó a los comercios sanduceros sobre una modalidad de estafa, constatada en el departamento, donde personas inescrupulosas se hacen pasar por funcionarios municipales y solicitan dinero para evitar una supuesta multa.
El encargado de la Unidad, Álvaro Lusich, dijo a EL TELEGRAFO que se han identificado estas estafas “en los rubros frutería y casas de panificación. En mi área recibí un par de denuncias, así como en Bromatología”.
Lusich aclaró que las acciones de ambas áreas “son todas en forma presencial. Jamás hacemos algo por teléfono, salvo alguna devolución de procedimiento, pero no se intima ni, mucho menos, se cobra”.
Para los comerciantes que reciban alguna intimación de forma ilegal, Lusich informó que la denuncia deberá presentarse en la seccional policial más próxima con la mayor cantidad de datos posible. En forma paralela, la Inspectoría realiza el trámite correspondiente en Asesoría Letrada de la Intendencia Departamental, quienes llevan adelante las acciones legales. La forma de identificar una estafa es sencilla porque “se solicita dinero a cambio de que no se interfiera en algo. Ees un método para hacerse de un dinero de manera ilegal”.
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
Las áreas mencionadas se encuentran “bajo proceso de certificación de calidad, lo que nos permite estar en continua comunicación con las personas. Quienes están regularizados saben de nuestro proceder”. Explicó que la certificación de calidad “mejora el sistema de devolución a los clientes, con quienes estamos familiarizados. Los comercios que son nuevos desconocen nuestro proceder. Pero nuestra inspectoría es bastante amigable y nuestro interés es la regularización en los aspectos de higiene y bromatológicos, antes de multar y recaudar”.
Sin embargo, reconoció que “lo que me extraña es que directamente estaban chantajeando porque pedían plata a cambio de una clausura y ese no es el proceder”.
Lusich informó los pasos que se dan antes de una posible clausura. “El primero que se entera, antes que nadie, es el comerciante. Y una clausura lleva varios procesos. Primero, hay que comprobar si el denunciante dice la verdad y tiene que presentar evidencias. No se clausura así de fácil, si no que lleva un análisis de procedimientos de calidad y los comerciantes regularizados lo conocen”.
El encargado de inspectoría agregó que “por esa razón nuestro proceder es presencial. Tanto en la intimación, como las visitas y nada se comuncia por teléfono. La excepción es alguna consulta de la persona o una devolución solicitada por el cliente”.
IDENTIFICADOS
Las inspecciones “aumentaron un 80% y los comerciantes deben saber que nuestra identificación es la remera gris con el logo de la Intendencia, un carné que identifica al inspector con su foto y un carné de la Intendencia. Allí, también, invitamos al comerciante a que llame y corrobore. En estos casos, para las estafas, buscan comercios ubicados en las zonas bajas y altas de la ciudad. Son lugares donde los estafadores estiman que no están regularizados”.
Finalmente, aclaró que “nosotros podemos aplicar una multa. Pero ese pedido va a Asesoría Letrada que hace un expediente. La persona tiene 10 días para hacer su descargo, que es analizado por la asesoría, hasta que determina si la multa está aplicada de forma correcta. Y recién ahí tiene 10 días para pagar la multa”.
Los interesados que deseen evacuar dudas sobre algún procedimiento en particular, se pueden comunicar a través del número de la Unidad, 47231568.
