La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto presentado por el legislador colorado Adrián Peña que obliga al “concurso y/o sorteo” para ingresar a las intendencias.
En la red social X, Peña escribió que su iniciativa obtuvo “la mayoría especial requerida con votos del Partido Colorado, Frente Amplio y Cabildo Abierto” y pasará al plenario, donde será necesaria “la mayoría especial de 2/3”.
El proyecto aprobado sin los votos del Partido Nacional establece en un artículo único: “Los ingresos y ascensos de personal a los gobiernos departamentales deberán realizarse a través de concursos públicos celebrados conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona”.
“En su defecto, los ingresos de personal podrán realizarse a través de sorteos públicos convocados y celebrados por los gobiernos departamentales de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades”, añade el proyecto.
En la comisión votaron los frenteamplistas Charles Carrera, Eduardo Brenta, José Carlos Mahía y Diego Olivera, además del cabildante Guillermo Domenech. En tanto, las nacionalistas Graciela Bianchi, Carmen Asiaín y María Dolores Álvarez (suplente de Carlos Camy) no la apoyaron.
“Inconstitucional”
El Partido Nacional sostiene que el proyecto de ley viola el artículo 62 de la Constitución, que establece la autonomía para los gobiernos departamentales en el ingreso de funcionarios. Esta postura se ampara en lo que consagra también el artículo 61 en lo vinculado al estatuto del funcionario para cada administración: “Para los funcionarios de carrera, el estatuto del funcionario establecerá las condiciones de ingreso a la Administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el cargo, al ascenso, al descanso semanal y al régimen de licencia anual y por enfermedad; las condiciones de la suspensión o del traslado; sus obligaciones funcionales y los recursos administrativos contra las resoluciones que los afecten”.
El exintendente de Cerro Largo y senador blanco, Sergio Botana, agregó que el “proyecto además de ser inconstitucional, es innecesario y revela con claridad el odio escondido que existe hacia el interior de la República”.
El intendente de Maldonado –y presidente del Congreso Nacional de Intendentes–, Enrique Antía, comentó que la iniciativa tiene un “viso de inconstitucionalidad muy grande”. Pero, además, lo cree “innecesario” ya que “prácticamente todas las intendencias tienen estatutos”.
El rochense Alejo Umpiérrez sostuvo que era un tema “ideológico pero no partidario”, “una vieja lucha histórica entre la centralización y el resto de las formas de gobierno no centralizadas”, y reconoció su oposición contra una ley similar durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle a comienzos de la década de 1990.
“¿Qué pasó en aquel entonces? Se desarrollaron diversas acciones de inconstitucionalidad, un digno y sano reflejo. Ojalá siempre exista en los que estamos de este lado ese mismo reflejo, que es la natural respuesta frente al poder central”, dijo Umpiérrez.
Recordaron que la Intendencia de Montevideo, encabezada por Tabaré Vázquez, fue una de las tres que recurrieron –con éxito por sentencia de la Suprema Corte– los artículos referidos a la obligación de que los contratos sean por concurso de oposición y méritos, por considerar estos movimientos de estricta potestad de las intendencias.
Una excepción
El artículo 64 de la Carta Magna da la posibilidad de que haya una excepción: “La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales y de todos los entes autónomos, o de algunos de ellos, según los casos”.
Es la posición que sostiene Peña, en tanto considera que los abogados especializados Martín Risso y Jaime Sapolinski, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, expusieron sobre el particular.
Peña recordó que “hubo una activa participación de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) en este tema” y apuntó que su proyecto, “en realidad, es un documento elaborado por ellos”.
