La Junta Departamental envió al Parlamento la “iniciativa para amparar en el Fondo de Garantía de Créditos Laborales de la ley 19.690 a los extrabajadores de la empresa Pili S.A. al haber desestimado el Banco de Previsión Social (BPS) la cobertura del beneficio legal”, presentada por el edil Marcelo Tortorella.
El representante nacionalista manifestó su desacuerdo con una parte de la resolución del directorio del BPS. “Lo fudamentamos y le damos una solución al grupo de trabajadores que tiene créditos posconcursales, que son quienes deben estar amparados en el Fondo de Garantías. Al resto de los trabajadores –que son la gran mayoría–, como no los alcanza la ley que se aprobó después del cierre de la empresa, la idea es incorporarlos a través de una extensión del beneficio, solamente con el pago de la indemnización por despido”.
El proyecto
Tortorella señaló en su exposisicón que el concurso voluntario de la empresa fue ordenado el 27 de agosto de 2018. Luego de la comparecencia ante el BPS, los extrabajadores solicitaron ampararse en dicho fondo. El directorio, en un documento con fecha del 15 de febrero pasado, “los diferenció en su dictamen denegatorio, entre la situación de aquellos trabajadores con créditos laborales exigibles a la fecha de concurso o sea al 27/08/2018 y la situación de los restantes trabajadores con créditos posconcursales, es decir que finalizaron su vinculación con la empresa concursada con posterioridad a haberse decretado el concurso, quienes tampoco quedaron comprendidos en el beneficio”.
De acuerdo al edil, “el BPS comete un error de aplicación de la Ley 19.690 (la ley que creó el fondo de garantías) al desestimar en primer lugar el acogimiento del beneficio con respecto de los créditos de los extrabajadores de Pili que fueron desvinculados o cesados con posterioridad al 1.° de junio de 2019, fecha en cual ya estaba vigente la Ley 19.690. A pesar de que el concurso había sido decretado con anterioridad, por lo que estos trabajadores debieron quedar alcanzados en el beneficio legal”.
Según el abogado, “al momento de ser declarado el concurso”, la empresa “siguió funcionando” y estos trabajadores “continuaron trabajando y generaron créditos laborales durante dicho período hasta su desvinculación”. Por lo tanto, “es contrario a derecho que el Banco de Previsión Social deniegue el pago de los créditos posconcursales a este grupo de trabajadores, tal como lo plantea el mismo organismo en la fundamentación de la denegatoria, restringiendo la interpretación y los derechos de estos trabajadores, constituyendo una contradicción en cuanto al alcance y al sentido ontológico de la Ley 19.690 pues supone que tal cobertura resulta inaplicable para todos aquellos trabajadores de la concursada que siguieron trabajando aún después de declarado el concurso”.
A este grupo de extrabajadores, “se les hace perder la expectativa de cobro de los créditos laborales devengados, lo que significa en buen romance, modificar de forma restrictiva la cobertura legal mediante una interpretación administrativa equivocada y en perjuicio de los trabajadores”. Tortorella advirtió que “se vulnera gravemente el espíritu y el alcance del beneficio establecido del Art. 7 de la Ley 19.690, cuya razón de ser fue la de garantizar a los trabajadores –ante la insolvencia patronal– el cobro de los créditos laborales”.
Solución honorable
El proyecto, conformado por cinco artículos, propone “una solución honorable, saldando de una vez la deuda social que tiene el departamento de Paysandú, con los extrabajadores de Pili S.A y sus familias”. En las últimas semanas, Tortorella gestionó “con el secretario administrativo de la Comisión de Asuntos Laborales de la Junta que coordina la reunión con la comisión del Parlamento y espero que me fijen una fecha para esa reunión pendiente”, dijo a EL TELEGRAFO.
“Sabemos que los legisladores están en plan de campaña electoral, pero a esta gente hay que darle una respuesta. Nosotros planteamos una solución y queremos que nos digan sí o no. El oficio ya salió del ámbito de la Junta y fue recibido en el Parlamento. Los legisladores de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados están al tanto de la situación. Es decir, espero y aspiro a que actúen en consecuencia y nos den esa reunión. Incluso para discutir con los legisladores algún tipo de modificaciones al proyecto de ley”.
