El equipo auditor designado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para realizar una auditoría de la gestión del Municipio de Porvenir durante 2023, realizó en la víspera varias reuniones con diferentes partes involucradas.
En una de ellas se entrevistó con tres de los concejales, Darinka Raimúndez, Fabiana Olivera y Daniel Grongros. De acuerdo a un documento al que accedió EL TELEGRAFO, los tres coincidieron en el accionar irregular del alcalde Ramiro Ayende, pero al mismo tiempo señalaron falencias con la actual actuación de la Intendencia a través del Departamento de Descentralización.
Raimúndez fue la que más se expresó sobre la situación del municipio. Reveló que “en las sesiones el alcalde ponía en las actas lo que él quería sin ser verdad. Como concejales omitía nuestro trabajo, nos anulaba, no podíamos trabajar. Las secretarias fueron pasando mal en las sesiones del concejo, el alcalde les pedía que plasmaran mentiras, a lo que ellas no accedían. Es por eso que fueron renunciando o se fueron enfermando. Llegó un punto en el que el alcalde nos decía malas palabras, era agresivo violento, me faltaba el respeto, me dijo ‘tupamara asesina’ y otras cosas más, lo que me llevó a realizar la denuncia penal. Reclamé que el alcalde no hacía nada en el municipio (pues) por eso ingresé en la política, para trabajar y poder hacer algo por la población”. Daniel Gronros subrayó en la reunión con el equipo auditor del TCR que “se sintieron avasallados en todo sentido por el alcalde, en el POA no se les dio participación, es una persona totalmente arbitraria. Nunca se respetaron los días de sesión del concejo, se había fijado miércoles a las 19 las sesiones ordinarias. Respecto a las sesiones extraordinarias que son temas urgentes a veces nos citaba cinco o seis veces en el día, el motivo era que tuviéramos faltas y poder sacarnos de concejales”. Y aseguró que reuniones ordinarias “han sido muy pocas”, siendo la mayoría extraordinarias porque “el alcalde pone los temas y no se puede hablar de otra cosa”.
Fabiana Olivera, por su lado, dijo que Ayende reiteradamente le dijo “que no la iba a aceptar” y en consecuencia nunca fue “tenida en cuenta”.
INTENDENCIA NO DEBIÓ REALIZAR “INTERVENCIÓN”
Más allá de lo expresado en relación a Ayende, Raimúndez dijo que “no debió la Intendencia intervenir y poner funcionarios sino haberse acercado a los concejales a ver qué se podía hacer al respecto. Se destaca un problema de relacionamiento entre el intendente y alcalde y entre alcalde y funcionarios”.
Aseguró que “la relación con el área de Descentralización no es fluida”, piden información y no reciben respuesta. Dijo que Gabriela Gómez coordinadora de Descentralización le ha prometido “enviar informes y eso nunca sucede”.
“A partir de la intervención la gente que está trabajando de la Intendencia no tiene idea de las prioridades y van haciendo lo que les parece. Entiende que no están cumpliendo con las prioridades. Como concejales no han sido consultados nunca de cuáles serían las prioridades. Expresa claramente que han agotado los recursos para hacer algo por la población y trabajar por la gente”, expresó también Raimúndez.
Durante la reunión aseguró que “cuando pedí informes sobre el dinero del municipio nunca llegó. Nos dicen que desde la intervención el dinero con el que se están haciendo las obras es de la Intendencia y que el dinero del municipio está todo”. Eso no consta a los concejales porque no hay ningún documento que indique eso.
Dejaron establecido los tres concejales que cuando estaba el alcalde Ayende no recibían ningún tipo de invitación, información de reclamos, de participación, de gastos, pero que la situación se mantiene en la actualidad incambiada.
La última sesión del Concejo de Porvenir fue el 8 de marzo pasado, de carácter extraordinaria, cuando se consideró la “intervención y algo referente a un trámite administrativo. Desde ese día no se ha tenido novedad del alcalde, no hemos recibido ninguna notificación, ninguna comunicación”.
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