En las últimas horas el gobierno de México anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador como consecuencia de lo que su presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “violación flagrante del derecho internacional y a la soberanía de México”, refirièndose al asalto de la policía ecuatoriana a la embajada de ese país para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, refugiado en esa sede diplomática.
Para empezar, en este como en otros casos similares, no caben consideraciones sobre dictaduras, democracias, gobiernos autoritarios, reinados, ducados, etcétera, sino que un hecho de esta naturaleza debe ser condenado urbi et orbi –como efectivamente ha sido– porque es violatorio de las normas básicas del relacionamiento internacional, que se observa incluso en ocasión de conflictos bélicos, y que pretende obrar como garantía y ser una de las piedras fundamentales de la vigencia del derecho internacional.
Es decir, acá no hay gobierno de izquierda, de derecha o del medio que valga: es lisa y llanamente un avasallamiento flagrante del derecho internacional y como tal debe ser condenado. En sí, de lo que se trata es de que la policía ecuatoriana invadió una embajada, considerada territorio inalienable de un país con representación diplomática, en este caso para detener a Glas, requerido por la justicia de Ecuador por cargos de corrupción, que estaba refugiado en esa sede diplomática desde diciembre último.
En este litigio entre países americanos, y como no podía ser de otra manera, la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por su secretario general Luis Almagro, condenó el operativo de la Policía Nacional ecuatoriana al irrumpir en la embajada mexicana y detener a Jorge Glas, expresando su rechazo a “cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo” la inviolabilidad de la que gozan las misiones diplomáticas y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Asimismo la Secretaría General de la OEA manifestó su solidaridad con quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron la embajada de México en Ecuador, en tanto Almagro urgió al diálogo entre las dos naciones involucradas y habrá de convocar a una reunión urgente del Consejo Permanente del organismo interamericano para considerar la situación entre ambos países.
Por su lado también la Unión Europea (UE) condenó este domingo la “violación” de la sede de la embajada de México en Quito durante el asalto perpetrado este viernes por la policía de Ecuador, y subrayó “la importancia de respetar” la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas entre los Estados.
“Cualquier vulneración de la inviolabilidad de los locales de una misión diplomática infringe la Convención de Viena y debe por tanto ser rechazada”, aseguró en un comunicado firmado por el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior SEAE (el cuerpo diplomático de la UE), Peter Stano.
La UE afirmó que proteger la integridad de las misiones diplomáticas y de su personal “es fundamental para preservar la estabilidad y el orden internacional”, así como fomentar “la cooperación y la confianza entre naciones”.
El jefe de la diplomacia europea y máximo responsable del SEAE, Josep Borrell, también condenó este domingo en la red social X la “violación” de la embajada mexicana en Quito durante el asalto de la policía de Ecuador, que definió como “un claro incumplimiento de la Convención de Viena”, y pidió “respetar el derecho internacional diplomático”.
En la unanimidad mundial se contó con adhesiones a la condena como la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como gobiernos latinoamericanos tanto de izquierda como de derecha, con posturas similares de los gobiernos de Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Venezuela.
Paralelamente, tras ser sustraído de la embajada mexicana, Glas ha sido trasladado en avión a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, situada en el complejo carcelario de la ciudad de Guayaquil y reservada para los presos más peligrosos.
Sobre el exvicepresidente pesaba una orden de detención y de ingreso en prisión preventiva por el caso de la reconstrucción de la provincia costera de Manabí, la más afectada por el fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).
También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita tras no recibir el beneficio penitenciario de la prelibertad, después de haber aglutinado las dos sentencias y haber cumplido cerca de cinco años de cárcel, entre 2017 y 2022.
Desde mediados de diciembre de 2023 se había alojado en la embajada de México en Quito para pedir asilo, el que le fue concedido este viernes, al declararse víctima de una persecución política y de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).
Y por este lado corresponde tener en cuenta elementos que refieren al entorno y caldo de cultivo de situaciones como las que nos ocupa, que determinan que acciones violatorias del derecho internacional, que no pueden ser toleradas, son en alguna medida respuesta a un uso abusivo o distorsivo del derecho de asilo por parte de quien lo otorga, a menudo por consideraciones político- ideológicas que resultan determinantes para inferir que el refugiado no sea realmente un perseguido político sino un delincuente común que recurre a la tapadera de la persecución política para tratar de eludir el brazo de la justicia.
En este sentido son de recibo conceptos vertidos al diario El País por el director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, Ignacio Bartesaghi, al señalar que el tema del mal uso del derecho de asilo debería también ser motivo de análisis, “porque existen muchas dudas en algunos casos”, respecto a la argumentación y elementos que se sopesan para concederlo.
Es un aspecto muy controvertido, muy fino, teñido de consideraciones ideológicas, según quien lo pida y a quién, pero en ningún caso el cuestionamiento que se haga sobre su pertinencia o no, puede justificar el ingreso por la fuerza a una embajada, en una violación flagrante del derecho internacional, como es este caso, pese al marco de tensiones previas generadas por declaraciones del presidente mexicano respecto a temas internos del Ecuador, que derivaron en la expulsión de la jefa de la representación diplomática azteca en este país.
Be the first to comment