Salud y derechos

Como cada 7 de abril, mañana es el Día Mundial de la Salud 2024, una fecha a la que este año se adjudicó el lema “Mi salud, mi derecho”, y es que la temática este año está referida al derecho al acceso a la salud, el que en todo el mundo, de acuerdo a la OMS, está cada vez más amenazado en el mundo para millones de personas. “Las enfermedades y los desastres ocupan un lugar importante entre las causas de muerte y discapacidad. Los conflictos devastan vidas y causan muerte, dolor, hambre y angustia psicológica. La quema de combustibles fósiles está impulsando simultáneamente la crisis climática y quitándonos el derecho a respirar aire limpio, y la contaminación del aire interior y exterior se cobra una vida cada cinco segundos”, puso de manifiesto la organización, a la vez que desde el Consejo de la OMS sobre Economía de la Salud para Todos “ha descubierto que al menos 140 países reconocen la salud como un derecho humano en su constitución. Sin embargo, los países no están aprobando ni poniendo en práctica leyes que garanticen que sus poblaciones tengan derecho a acceder a los servicios de salud” y plantea la estimación de que al menos 4.500 millones de personas –esto es más de la mitad de la población mundial– no estaban completamente cubiertas por servicios de salud esenciales en 2021. El tema de este año fue elegido para “defender el derecho de todos, en todas partes, a tener acceso a servicios de salud, educación e información de calidad, así como a agua potable, aire limpio, buena nutrición, vivienda de calidad, condiciones ambientales y de trabajo decentes, y libertad de la discriminación”.

En este escenario parecería que Uruguay está en condiciones de privilegio en la materia. De hecho no han sido pocas las veces que se ha destacado a nuestro país por sus avances. Sin ir más lejos así está expresado en un prólogo que firmó el representante de OPS/OMS en Uruguay, Dr. Hernán Montenegro, en el documento que recoge los Objetivos Sanitarios Nacionales 2030 en nuestro país, que se publicó en 2023, en el que expresamente señala que “Uruguay es un referente para varios países de la región en el impulso y las concreciones de un proceso de reforma de su sistema de salud que avanza hacia el acceso universal, la protección financiera en salud y el aseguramiento de un conjunto integral de prestaciones que, en forma oportuna y con calidad homogénea, sea entregado a la población en todo el territorio nacional”. Y aquí hay un detalle que menciona Montenegro que constituye el talón de Aquiles para el sistema de salud en nuestro país, el de la territorialidad, y no es un detalle cualquiera, es un factor que tiene incluso incidencia en la evolución demográfica del país desde que el acceso a mejores condiciones de salud suele estar detrás de la decisión de las personas de migrar desde zonas rurales a centros más poblados. Si después esa expectativa se cumple o no, es otro tema más complejo de analizar.

En el contexto de este Día Mundial, la OMS publicó algunos consejos para la población general, más bien un recordatorio a todas las personas de que debemos conocer nuestros derechos a la salud: “a una atención segura y de calidad, sin sufrir ningún tipo de discriminación; a la privacidad y la confidencialidad de nuestros datos sanitarios; a la información sobre nuestros tratamientos y a dar consentimientos informados; y a la integridad y la autonomía respecto a nuestros cuerpos”. Agrega la declaración con motivo de esta fecha que “Todas las personas tienen derecho a gozar de acceso a servicios de salud de calidad cuando y donde los necesiten, sin sufrir dificultades económicas” y en base a ello anima a quienes no tienen acceso a servicios de atención de salud a no quedarse de brazos cruzados: “Reclama tu derecho a los dirigentes políticos, súmate a grupos de defensa que exigen medidas y participa en debates y campañas. Organiza a las personas de tu entorno, ya sea en tu lugar de trabajo o de culto, por ejemplo, para acordar qué es lo que se tiene que cambiar y cómo”.

Además publicó consejos dirigidos a las administraciones públicas, entre ellas la imposición de “impuestos al tabaco, los productos con azúcar y las bebidas alcohólicas”, reducir “el uso de antimicrobianos en el sistema agroalimentario en un 30% a un 50% de aquí a 2030 y prohibiendo el uso de antibióticos para el engorde de animales”, “ampliando los carriles para bicicletas y la peatonalización del espacio público”, entre otras, como la recomendación de invertir en salud. “Velen por satisfacer el derecho a la salud: preocúpense de que todas las personas, en todas partes, dispongan de servicios de salud adecuados, de fácil acceso y de calidad”; “Actúen con mentalidad estratégica y construyan desde la base: reorienten los sistemas de salud en torno a la atención primaria” y “Den ejemplo de transparencia y rendición de cuentas: hagan frente a la corrupción mejorando la gobernanza y la colaboración intersectorial”.

En el mismo documento ya citado, el de los Objetivos Sanitarios Nacionales 2030, el mensaje del Ministerio de Salud Pública, en apenas una de las primeras frases, plantea que “Los ciudadanos tienen derecho de contar con un sistema de protección que brinde las mismas oportunidades con el objetivo de alcanzar el nivel más alto posible de salud y el Estado debe garantizar su acceso equitativo”. También expresa su obligación de “buscar la disminución de las inequidades en el acceso a la atención sanitaria de calidad, fortaleciendo los servicios públicos y privados, buscando la complementación y coordinación en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud”.

Y no se puede decir que no se ha intentado, por ejemplo, según citó La Diaria en un artículo publicado en diciembre pasado, titulado “Desigualdades en el acceso a la salud entre Montevideo y el resto del país”, el Programa de Medicina Rural creado en 2021 por un acuerdo entre ASSE, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y los sindicatos de la salud, que buscaba radicar médicos en localidades del interior, tuvo que ser dado de baja, porque no encontró postulantes.

También se exponía en esa nota que, según datos de FEMI, los usuarios de ASSE aumentaron un 8% en el último año, “pero no hay recursos para contratar nuevos funcionarios y son 120.000 personas más con el mismo presupuesto, por lo que, lógicamente, hay una pérdida en la calidad asistencial”. Mientras que en Montevideo residen 74 médicos cada 10.000 habitantes, en el Interior esa cifra desciende a 24.

Porque es un desafío y un rompecabezas, el derecho a acceder a la salud en el interior del país es indudablemente un tema sobre el que sería interesante escuchar discutir en esta campaña electoral que está comenzando.

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