Una reforma a pura ideología y a contramano de lo que requiere el país

Mientras dirigentes del Pit Cnt han expresado en las últimas horas su alegría por haber recogido cerca de 250.000 firmas de las 270.000 que necesitan para convocar a plebiscito derogatorio de la reforma de la seguridad social –como es clásico en la central sindical, una iniciativa voluntarista e ideologizada que solo augura potenciar los problemas de la seguridad social– economistas que analizan objetivamente y con criterio técnico la propuesta, coinciden en señalar sus nefastas consecuencias para el país en caso de ser aprobada, y asimismo para los propios sectores de la población que dicen querer beneficiar.

“Estamos más cerca de una nueva hazaña. Te necesitamos a vos para juntar las firmas que faltan y avanzar hacia una reforma constitucional que permitirá al pueblo ser parte activa del cambio”, destacó el Pit Cnt en sus redes sociales. Por su parte, Marcelo Abdala, presidente del Pit Cnt, argumentó que “en el mes de abril vamos a construir la hazaña de pegar el estirón, de superar con creces y con mucha luz las firmas que se necesitan, y así garantizar que el último domingo de octubre el pueblo pueda ir hacia una reforma que convierta la seguridad social en un derecho humano fundamental. Sería una hazaña porque viene a contrapelo de la decisión del Parlamento. Viene con una militancia espartana, con pocos recursos, con mucho amor”, agregó.

Pues este es precisamente el quid del tema y las intenciones: el desautorizar a los legisladores, elegidos por voto popular en las últimas elecciones, en el marco del sistema de democracia representativa que nos rige, para sustituirlo por una “democracia directa” de las asambleas populares, de los eslóganes, de las presiones sobre los trabajadores en los sindicatos, al mejor estilo de la “democracia” cubana –que por cierto, así les va–.
En tanto, diversos economistas han coincidido en los últimos meses en la inconveniencia para el país de que se apruebe una reforma de este tipo. El último en hacerlo fue el socio de Exante Pablo Rosselli, quien calificó la iniciativa de “pésima, regresiva y temeraria”. En un hilo en X, el economista afirmó: “Es una muy mala idea introducir regulaciones de índole legislativa en la Constitución, porque la Constitución es muy difícil de cambiar y debe utilizarse para establecer las grandes reglas del ordenamiento jurídico. Quienes promueven la reforma constitucional aspiran a que el Estado cobre más impuestos o contribuciones a la seguridad social para financiar el déficit del sistema. La realidad es que Uruguay ya tiene un alto gasto público en pasividades”.

Rosselli añadió: “Si fuésemos a aumentar la presión tributaria, deberíamos pensar en destinar esos recursos a combatir la pobreza y la marginalidad, que afecta sustancialmente a niños y adolescentes. La reforma constitucional es profundamente regresiva. Son las personas de mejores carreras y mayores ingresos las que pueden acumular 30 años de servicio a los 60 años de edad. Las de menores ingresos deberán trabajar más allá de los 60 años, aunque se apruebe esta reforma”.

Tremendo impacto negativo, por cierto, pero todo sea por levantar la banderita de la “justicia social”, algo así como el prender “una velita al socialismo” como argumentaba el expresidente José Mujica para tratar de justificar que con dinero de todos los uruguayos se financiaran emprendimientos colectivistas harto fracasados y que naturalmente tenían el destino inevitable de repetir esa suerte, como quedara comprobado en la porfiada realidad.
Hace pocas semanas dábamos cuenta en nota publicada en nuestras páginas que en Uruguay se están registrando más defunciones que nacimientos, en una relación que se viene dando a partir de 2022, y que se refleja en los datos del último censo, el que da cuenta que se acentúa la tendencia demográfica, que entre otras cosas implica un envejecimiento poblacional, el crecimiento de la franja de personas de más de 65 años y el estrechamiento de las franjas correspondientes a los activos, es decir de personas que trabajan y que son las que aportan al sistema previsional, para sostener precisamente el sistema en condiciones de atender la creciente demanda en prestaciones y otras necesidades inherentes a la seguridad social.

Por otra parte, lamentablemente se da que las nuevas generaciones tardan más en comenzar a aportar, porque continúan estudiando por más años en el mejor de los casos, o porque prefieren mantener una vida menos comprometida, viajar más, disfrutar de la juventud sin la atadura de un trabajo fijo. Además, la expectativa de vida se ha incrementado notoriamente en las últimas décadas y seguirá siendo así en el futuro, por lo que el sistema previsional debe sostener a los pasivos por más años. Y lo cierto es que si bien a mediados del siglo pasado una persona ya era “vieja” a los 50 años, hoy un “sexagenario” posiblemente tenga mejor vida que cualquiera de 40 años de 1950.

Es decir que por varios motivos las exigencias de aportes al sistema previsional se irán acentuando, más temprano que tarde, y ante esta tendencia y en atención a este escenario de envejecimiento poblacional se aprobó una reforma del sistema de seguridad social por la que se pretende si no solucionar definitivamente, por lo menos ir atendiendo esta realidad para evitar que se plantee en pocos años una crisis de enormes dimensiones que haga crujir el sistema.

Sin embargo el Pit Cnt a contrapelo con la realidad ha puesto en marcha esta campaña de recolección de firmas con el objetivo de plebiscitar esta reforma y sustituirla por una propuesta “a medida” de su archiconocido enfoque ideológico, mimetizado con la visión del Partido Comunista, que pretende derogar algunos aspectos que cuestiona de la reforma previsional aprobada en la actual administración de gobierno y que en términos populares, mucho más que un tiro en el pie, es directamente un suicidio por las graves consecuencias que conllevaría de ser aprobada.

Y no hace falta ir a reputados economistas con una visión neutral desde el punto de vista ideológico, sino que el propio economista Gabriel Oddone, mencionado como posible ministro de Economía de un gobierno del Frente Amplio en caso de ganar las próximas elecciones, indica que “la iniciativa no solo no enfrenta ninguno de los desafíos que nuestro sistema previsional sigue teniendo, sino que es probable que agrave algunos problemas que la reforma reciente no resolvió y que termine generando resultados opuestos a los buscados por los impulsores de la reforma”, aludiendo al hecho de que se pretende restablecer un régimen previsional puro de reparto, fijar la edad de retiro y los años de servicio mínimos requeridos y equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional (SMN).

Apunta asimismo que “considero que la reforma constitucional planteada es inadecuada, inconveniente e imprudente”, y explica que “la reforma impulsada restablece un régimen de reparto puro como el que existía en Uruguay antes de 1961. Si la iniciativa prosperara, las contribuciones de los activos del futuro deberán ser crecientes porque la proporción de adultos mayores en la población total seguirá aumentando. Por eso, un régimen de reparto puro es desaconsejable en un contexto de envejecimiento poblacional”.

Pero sin dudas otro aspecto muy cuestionable es que desde dentro de la coalición de izquierdas, los dirigentes que tienen el deber de orientar a la ciudadanía, de aconsejar responsablemente, miran para otro lado o sencillamente dicen que se abstienen, cuando la importancia del tema requiere que se asuman liderazgos y se llame a las cosas por su nombre, por encima del temor a resignar votos en aras de los extremistas de siempre y sus consabidos eslóganes de ocasión.

Lamentablemente, por más voces técnicas y sensatas que se alcen desde la diversidad política, desde la comunidad, desde los sectores involucrados, los comunistas una vez más se llevan por encima al Frente Amplio y a toda la izquierda uruguaya, incapaces de enfrentar a una minoría militante aún cuando estén en total desacuerdo y conscientes de que de lograr el objetivo que buscan, más que un triunfo será una lápida para el progreso y el desarrollo del país. Y que esa lápida pesará en contra incluso de los próximos gobierno que pudiere alcanzar el propio Frente Amplio.