Entraron en vigencia las modificaciones que introdujo la Ley de Rendición de cuentas del año 2022 a las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.140, titulada de “Protección de la salud de la población infantil y adolescente a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables”. Esto, a lo que alude, a la postre, y simplificando, es a la regulación de qué se puede –y en cierta forma se debe– vender en las cantinas escolares. Esta misma semana hubo al respecto, por un lado un recordatorio que publicó en sus canales digitales la Comisión Nacional Honoraria para la Salud Cardiovascular, que tituló “Hacia una Alimentación Saludable. Ley 19.140”. La Comisión plantea allí que, como en cada comienzo de clases, “nos enfrentamos al desafío de adaptar nuestras rutinas y hábitos. La alimentación de los estudiantes dentro de los centros educativos ha tomado un nuevo rumbo, promoviendo opciones más saludables y eliminando la venta de productos no recomendados, específicamente aquellos envasados etiquetados con el sello de Exceso”.
Para hacerlo más práctico, alude a aquellos que han sido, o que deberían ser, identificados con los octógonos negros en el etiquetado frontal. Sobre este cambio normativo agregan que se prohíbe “la venta de alimentos y bebidas no incluidos en un listado específico destinado a promover una nutrición adecuada entre los jóvenes. Estos ajustes se aplican a niveles de primaria y secundaria, subrayando la importancia de fomentar una alimentación saludable desde las etapas tempranas”.
Comparten que la modificación legislativa “busca contrarrestar tendencias preocupantes como el aumento en el consumo de productos no saludables y el consecuente crecimiento de índices de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. Al eliminar el acceso a estos productos en el ámbito educativo se pretende cultivar hábitos de vida saludables que perduren en el tiempo”.
Pero simultáneamente, en la República Argentina, ha sido una organización de profesionales médicos, la Sociedad Argentina de Pediatría, quien ha salido a pedir que en los “kioscos de escuelas” –lo que conocemos de este lado como cantinas– “no se vendan alimentos con octógonos negros”. Es decir, se reclama una normativa como la que ya existe en nuestro país. Los fundamentos son tan conocidos que casi ni haría falta repetirlos, y sin embargo es necesario insistir: “La escuela es un lugar clave para mejorar los hábitos alimentarios”, como afirma la sociedad. También hay que ser justos y reconocer que no es el único. Es acaso el “institucional” y en el que de alguna forma se puede incidir, pero el primer ámbito donde mejorar los hábitos alimenticios de niños y jóvenes es el hogar. Después hay que ver qué dicta la realidad en cuanto a las posibilidades.
Menciona el documento de los pediatras argentinos que, de acuerdo a datos de la segunda Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, “el 13,6% de los menores de 5 años presenta sobrepeso y el 41,1% de los niños y jóvenes de entre 5 y 17 años tiene sobrepeso (20,7%) u obesidad (20,4%), con una mayor prevalencia en varones”. Aquí en nuestro país hay algunos datos, por ejemplo, los presentados en la publicación “Las 7 prácticas en los centros educativos para proteger a niños y adolescentes de sobrepeso y obesidad”, que publicó en noviembre del 2020 el Ministerio de Salud Pública con el respaldo de ANEP, la Secretaría Nacional del Deporte y Unicef Uruguay. Allí se considera “preocupante” el aumento del sobrepeso y la obesidad, a tal punto que se los menciona como de los principales problemas que enfrenta Uruguay”.
Los datos que presentan dicen que “4 de cada 10 niños escolares tienen sobrepeso y dentro de esto, 2 de cada 10, obesidad”. Agrega que este problema “avanza en nuestro país a una velocidad extremadamente preocupante en todos los grupos de edad y, en particular, en los niños y adolescentes”. También señala que “los niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad con frecuencia tienen hipertensión y están expuestos a sufrir enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer a edades tempranas. Además, tienen alta probabilidad de continuar siendo obesos al llegar a la edad adulta. La alimentación no saludable, la inactividad física y el sedentarismo son algunos de los principales factores de riesgo de estas enfermedades”.
Las 7 prácticas de las que habla el documento del MSP son: “Apropiarse de las recomendaciones sobre alimentación y actividad física”; “Integrar contenidos de forma transversal en clase”; “Ofrecer únicamente alimentos saludables”; “Vincular a los estudiantes con la preparación de los alimentos”; “Acercar a los estudiantes al cultivo de alimentos”; “Realizar pausas activas para disminuir el sedentarismo” y “Facilitar la realización de actividad física”. Todas compartibles a nivel general.
El desafío está, antes que nada, en tratar de que esto no sea más que letra muerta, es decir, que efectivamente se pueda lograr que las cantinas no ofrezcan alimentos ultraprocesados, o identificados con los famosos octógonos, pero a la vez tampoco permitir que desaparezcan las cantinas al sucumbir ante la competencia de otros establecimientos del entorno que sí pueda ofrecer estos productos. Porque, ¡qué sentido tiene?
Y aquí para muchos la respuesta sencilla sería salir a establecer prohibiciones en “X” cuadras a la redonda de cada centro y después ver quién controla –y cómo– todo eso. Además, en ciudades chicas y pueblos del Interior eso puede significar una prohibición para comercios establecidos hace décadas y que en definitiva sean únicos en un importante radio. El otro camino, el más difícil, es lograr que efectivamente se genere conciencia sobre el problema de salud pública que enfrentamos y que aunque no es la única, hay allí una fuente de problemas, pero a los primeros que hay que concientizar, antes que a los niños, es a sus adultos responsables.
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