Mes: junio 2024

Hace casi una década Uruguay comenzó a transitar el camino del desarrollo de políticas sociales que reconocen expresamente la responsabilidad del Estado en relación al cuidado como derecho universal. Esto convirtió a nuestro país en uno de los pioneros en desarrollar un plan nacional de cuidados, asumiendo que se trataba de un tema en el que el Estado estaba llamado a cumplir un rol fundamental.
En todos los países de América Latina los cuidados constituyen una actividad con un marcado peso de género, ya que son desarrollados fundamentalmente por mujeres. Esta desigualdad de género actualmente ha desarrollado una mayor relevancia en la agenda política y pública de los países de la región. Esto ha contribuido a dar mayor visibilidad esta desigualdad que se da en el ámbito doméstico, dado que allí las mujeres asumen mayores responsabilidades de trabajo no remunerado.
Según Cepal, antes de la pandemia por COVID-19 la mujeres del espacio latinoamericano ya dedicaban entre 22 y 42 horas semanales al cuidado, cifra que triplica la dedicación de los hombres.
Mientras la atención de la salud es una labor especializada que se desarrolla en el marco de una relación laboral remunerada dentro de los sistemas formales de salud públicos y privados, los cuidados que requieren –en el ámbito de su hogar– las personas mayores, los niños, los discapacitados y los enfermos de cualquier edad y condición, recaen principalmente sobre mujeres y son ejercidos sin remuneración y con gran dedicación horaria. Es una actividad que muchas veces se superpone con el trabajo fuera del hogar, lo que a corto o largo plazo también tiene efectos negativos sobre la calidad de vida y la salud de quien realiza esos cuidados. A modo de ejemplo, mediciones realizadas en nuestro país indican que más del 60% de los proveedores de cuidados no remunerados en salud trabajan más de 40 horas semanales.
Por otra parte, desde hace bastante tiempo las posibilidades de las familias para sostener los cuidados se ven afectadas por la llamada “crisis del cuidado”, que no es otra cosa que un desajuste entre la demanda de los mismos y la disponibilidad de personas para cuidar.
Por eso, es significativo que nuestro país haya avanzado en la incorporación de los cuidados al sistema de protección social. El proceso, que comenzó durante el gobierno del Frente Amplio con el denominado Plan de Equidad y luego con el propio Sistema Nacional de Cuidados (la Ley 19.353, que creó el sistema, fue promulgada en noviembre de 2015)-, ha sido continuado como política pública en el actual gobierno de coalición.
Las soluciones actuales incluyen dispositivos ya existentes desde hace mucho tiempo en el marco de las labores institucionales del INAU y los centros CAIF, por ejemplo, pero agrega otras posibilidades para diferentes necesidades como los asistentes personales, y alternativas como las casas comunitarias de cuidados, la teleasistencia, becas de inclusión socioeducativa, entre otros apoyos que están dirigidos principalmente a primera infancia y adultos mayores en situación de dependencia.
Por ejemplo, a través del programa de Asistentes Personales se accede a un subsidio para la contratación de ayuda profesional adaptada personalmente, por 80 horas mensuales, las que se distribuyen según se desee y/o necesite. Se trata de una prestación que busca facilitar el acceso a cuidados de calidad de personas en situación de dependencia severa que residen en sus domicilios particulares, en un marco de derechos, de corresponsabilidad y equidad. Pueden postular al programa niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años de edad, así como también personas mayores de 79 años.
Otro de los avances registrados es el mayor despliegue del Sistema de Cuidados a nivel de todo el país, evolucionando actualmente a nuevos modelos de gestión tendientes a transformar la provisión personal de los cuidados a domicilio en un sistema de una provisión colectiva a través de sistemas cooperativos, una experiencia que ya se desarrolla en algunos departamentos del Interior, incluido Paysandú.
Se trata de una nueva modalidad para que las asistentes personales brinden sus servicios a las personas usuarias, a través de cooperativas de trabajo o cooperativas sociales. Para el usuario hay diferencias significativas entre estas modalidades, ya que en la modalidad de provisión individual la persona es empleadora del asistente personal que selecciona y contrata en forma individual, en tanto que en la modalidad de provisión colectiva el servicio se contrata a través de cooperativas de asistentes personales –que también están habilitados por el BPS– por lo que la persona usuaria hace una cesión de derechos de cobro a la cooperativa que elija, y el contrato del servicio se establece entre la persona y la cooperativa. A su vez, la cooperativa es quien se encarga de la liquidación y pago mensual a la persona asistente y de todas sus cargas salariales, en tanto que la persona usuaria deja de tener responsabilidades patronales.
Según información del Mides, en diciembre de 2023 trabajaban como asistentes personales del programa 4.308 personas. De ellas, el 98,7% lo hacía exclusivamente en la modalidad de provisión individual (4.249 personas) y un 1% lo hacía exclusivamente en el marco de la modalidad de provisión colectiva (45 personas), mientras que un grupo de 14 cuidadoras (0,3% del total) lo hacía simultáneamente en ambas modalidades.
Por distintas razones, entre ellas el envejecimiento de la población uruguaya, se prevé que la cantidad de usuarios aumente en forma considerable para 2050. Esto constituye un gran desafío dado que, como las autoridades del Sistema Nacional de Cuidados lo ha expresado, es necesario generar un sistema sistema sólido desde el punto de vista financiero, capaz de ofrecer más servicios. En este sentido, existe expectativa respecto a los insumos que pueda ofrecer un estudio del BID en el que se investigan las posibilidades de cambios que continúen mejorando de modelo de asistentes personales.
En el contexto de la actual campaña política para la elección hacia la Presidencia de la República, sería bueno que existiera el compromiso de la continuidad de políticas sociales tan fundamentales para la calidad de vida de los uruguayos, como las referidas a la salud y los cuidados. Porque lo que es bueno y tiene un impacto positivo en la sociedad debe continuarse y mejorarse. Y para ello se requieren varias cosas, pero principalmente políticas públicas y financiamiento.

Hace tan poco tiempo como del 23 de enero a esta parte, en esta misma página editorial afirmábamos algo así como que el ferrocarril era más nostalgia que realidad, pese a que en ese momento se encontraba en pleno desarrollo el proyecto del Ferrocarril Central, una iniciativa ligada estrechamente a los compromisos que el país asumió para facilitar la llegada de la inversión que se concretó en la segunda planta de celulosa de UPM, sobre el río Negro.

Hablaba aquel artículo del deterioro que ese medio de transporte sufrió durante la segunda mitad del siglo pasado, hasta entrar al siglo XXI con algunos unos pocos servicios de pasajeros en el área metropolitana y con algunos de carga desde y hacia el interior del país, con la estatal Ancap como principal cliente, pero sobre todo con un deterioro crónico en su infraestructura por décadas de deficitario o nulo mantenimiento. De ahí a esta parte AFE no hizo más que desangrarse y sus funciones pasaron a ser competencia de una empresa de la que es propietaria y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, directamente, y tuvo además un hito adverso muy importante, como la reconstrucción de las vías que se habían proyectado entre Salto Grande y Piedra Sola, para permitir restablecer el corredor internacional, pero que quedaron inconclusas por un error de cálculo del que no terminó de esclarecerse plenamente la responsabilidad.

Hoy el viento parece haber cambiado, a impulso de la activación del Ferrocarril Central y las posibilidades de negocios que actores privados empiezan a encontrar en el transporte de cargas y la logística. Recientemente publicábamos del interés que había recibido el Ministerio de Transporte de parte de actores privados, así como el proyecto que daba a conocer una empresa de distribución, que opera desde el Puerto de Montevideo, que tiene encaminada una inversión por varios millones de dólares en material rodante e infraestructura. Claro, ello depende de que el Estado concrete la inversión necesaria para completar esa obra inconclusa, ya que la intención es operar desde Rivera hasta Salto Grande, desde una planta de la empresa sobre la ruta 5, en el departamento de Durazno, tres puntos hoy inconexos por vía férrea. Pero el interés es real y no solamente lo reconoció el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, sino también el director Corporativo del Grupo RAS, Fabrizio Díaz, en una entrevista con el portal especializado Infonegocios.

Falero indicó que la cartera trabaja “en una herramienta financiera” con la que se puedan construir los tramos faltantes en el tendido: Chamberlain-Tres Árboles y Queguay-Salto, y que las opciones pasan por “estudiar si es conveniente ampliar licitaciones ya efectuadas o convocar a una nueva” y que la próxima administración podrá “darle continuidad al proceso constructivo de obra civil en otras redes ferroviarias, más allá del Ferrocarril Central”. Porque claro, este período de gobierno ya está en la recta final.

Se abre de esta forma un nuevo panorama, auspicioso, sí, pero también cargado de desafíos, con un buen potencial, con interés del sector privado, pero a la vez con el estigma que corre detrás de los trenes uruguayos desde que a mediados del siglo XX pasaron a manos estatales –en una operación que motivó en sus años muchísimas críticas–.

Días pasados desde el Ministerio de Transporte se volvió a hacer referencia a los proyectos ferroviarios, en oportunidad de la visita de una delegación de expertos internacionales de la Unión Internacional de Ferrocarriles de Francia (UIC), al Centro de Control de Tráfico Ferroviario. El ingeniero Luis Ceiter, asesor del ministro Falero, indicó que con ellos se habló de los procesos de capacitación y los aprendizajes obtenidos tras grandes accidentes ocurridos en Argentina y España en las últimas décadas. Porque ese es otro tema, el de la seguridad, y en ese sentido, comentó que “se viene trabajando intensamente con las comunidades para promover buenas prácticas y cuidados ante este nuevo modo de transporte, buscando soluciones a largo plazo para reducir la presencia de personas y animales en las vías y minimizar los riesgos”, y también se están mejorando los pasos a desnivel y realizando obras complementarias.
Pero, más allá de ello, Ceiter comentó que se evalúa con Ancap y otras empresas, la posibilidad de explorar nuevas alternativas de carga y que “se espera avanzar en los próximos meses con estudios y acuerdos que permitan el uso del sistema ferroviario para el transporte de contenedores”. También comentó que “luego de terminada la obra ferroviaria se pretende asegurar la conectividad a través de la represa de Salto Grande para acceder a la red de Argentina, y por tanto a las cargas Paraguayas. Además, se espera realizar las adecuaciones necesarias para que el futuro puerto seco de Rivera sea viable y operativo, proporcionando así una conexión con el sur de Brasil”.

También se conversó sobre las posibilidades en el transporte de pasajeros, y en concreto sobre los estudios de viabilidad que se llevan adelante con apoyo francés, para implementar el uso de trenes a hidrógeno en los primeros 60 kilómetros desde Montevideo, un estudio que tendrá sus primeros resultados en la segunda mitad de este año.

En sí, lo que tenemos hoy respecto al ferrocarril, a diferencia de lo que había a comienzos de este año, son declaraciones de interés, buenas intenciones y algunos proyectos innovadores, pero también es cierto que seguimos teniendo los mismos problemas, con la salvedad de que ahora hay trenes corriendo y eso nos hace ver a todos con otro optimismo el panorama.