Mes: junio 2024

En el Hospital Pereira Rosell, un centro de referencia infantil a nivel nacional, trabajaron sobre una muestra efectuada en 900 embarazadas y reportó que el 16,5% usaba tranquilizantes, 68% tomaba más de 400 miligramos por día de cafeína, 1,5% consumía marihuana y 0,4% pasta base. En forma paralela, la investigación halló el uso de medicamentos sin prescripción médica como clonazepam y similares.

El incremento de los casos de mujeres consumidoras durante la gestación, el puerperio y la lactancia genera preocupación en los equipos sanitarios. No solo en Uruguay, sino a nivel global, acorde los datos manejados por los organismos internacionales.

En el continente latinoamericano, tanto Uruguay como Argentina presentan el nivel más alto de consumo de cocaína y el uso sustancias ilegales creció después de la pandemia. A nivel nacional, unas cien mil personas consumen todos los días, alrededor de 30.000 de manera esporádica y otros 30.000, pasta base. El consumo en Uruguay se da en tres varones por cada mujer, a diferencia de otros países de la región donde la brecha es un poco más amplia.
En general, en el país se duplicó y hasta triplicó el uso de drogas ilícitas y alucinógenos en la población femenina. Pero lo real y concreto es que hablamos de la población en general porque no hay datos específicos sobre el uso problemático de sustancias en embarazadas y puérperas. Las investigaciones están centradas en el consumo de sustancias legales como alcohol y tabaco.

Por ejemplo, de acuerdo a un estudio del Pereira Rosell, el 36% de las mujeres que tuvieron hijos en 2019 consumieron alcohol durante el embarazo, sin contar otras sustancias.

Las campañas de prevención y promoción de hábitos saludables generan impacto en la población y ponen los temas sobre la mesa. Así ocurrió con el consumo de tabaco y las barreras creadas en su entorno con las prohibiciones, el aumento de impuestos y una campaña publicitaria muy fuerte en las cajillas que apelaba casi a la condena social de los fumadores.

Con el consumo de sodio, grasas trans y exceso de azúcares en los alimentos, la discusión también fue muy intensa para lograr la impresión de los octógonos negros que alerten sobre los contenidos de un producto alimenticio. Incluso se legisló al respecto y se llegó a la prohibición de ventas de esos productos en las cantinas instaladas dentro de los centros educativos.

La percepción de los riesgos es baja en Uruguay, falta una política de prevención y desde hace años se banaliza sobre los efectos del consumo de sustancias. El país está en el podio o entre los primeros cinco de todos los consumos. Tanto de drogas legales como ilegales, así como el consumo de sicofármacos sin receta profesional. Y los resultados, a veces, se pagan caros. Sobre todo en una población con una natalidad cada vez más baja y adolescentes que empiezan a consumir antes de los 13 años.

La ley del mercado regulado, así como la ley que creó el marco regulatorio para el consumo problemático de bebidas alcohólicas tiene capítulos referidos a la prevención, pero no se habla en los planes de estudio o en campañas de llegada a la población específica. En cualquier caso, resulta paradójico tener que educar a los jóvenes para que sepan cuándo tienen que decir que no. Porque después está el tema de los derechos y en este punto conviene preguntarse si resulta en un derecho humano transformarse en un adicto problemático que ponga en peligro la vida de otros, como el caso de la niña de dos años, en Rivera, hija de una consumidora de cocaína. O si existen otras condicionantes de vulnerabilidad extrema que no han sido alertadas oportunamente.

¿Cuándo actúan los organismos? ¿Antes, cuando la persona está sobria? ¿O después, cuando el INAU interviene por tratarse de una menor dependiente de su madre? Da la impresión que Uruguay es un país muy malo para realizar las tareas inspectivas y de controles, ya establecidas en las leyes, tanto para el alcohol como otras sustancias.

Una adicción puede prevenirse con voluntad política, pero el tema no se encuentra dentro de la campaña electoral. Sin embargo, se habla de inseguridad ciudadana y del efecto del narcotráfico. Por eso, las políticas deben construirse en forma más ordenada porque las drogas no van a desaparecer. Y la población consumidora tampoco.

Por ejemplo, no hay un abordaje para las drogas sicodélicas, como la ketamina –de uso veterinario– o distintos tipos de hongos o las ceremonias vinculadas con el uso de ayahuasca. Y son sustancias cuyo consumo va en franco crecimiento.

Entonces, hay poblaciones afectadas con determinadas sustancias. Y en este punto, conviene recordar la fuerte campaña que llevó adelante hacia sus propios trabajadores el sindicato de la construcción, con respecto al control del consumo de alcohol. La importancia de crear conciencia sobre los efectos negativos y su relacionamiento con la salud mental formó parte de una estrategia que reiteraron en todos los ámbitos de encuentros y asambleas.
Es relevante tomar experiencias de otros y que los resultados se transformen en un legado a las próximas generaciones. Porque da la impresión que se hace muy poco con el problema.