Mes: agosto 2024

Según el especialista Gabriel Espinoza Traslaviña “actualmente, la tecnología digital está presente en cada aspecto de nuestras vidas. Sin embargo, existen personas que, debido a limitaciones en el acceso, habilidades, o naturaleza de su actividad laboral, no han adquirido las competencias básicas para manejarse en este entorno digital y su abrumadora oferta. Aquellos que carecen de estas habilidades básicas son conocidos como “analfabetos digitales”. Si bien no hay un consenso único sobre qué constituye exactamente el analfabetismo digital, generalmente se entiende como la falta de habilidad para usar dispositivos móviles o computadoras, la dificultad para adaptarse a nuevas tecnologías, y la carencia de competencias digitales autónomas, pensamiento crítico y la habilidad para discernir información útil y relevante en Internet.

Pero el analfabetismo digital va más allá de la incapacidad para usar un smartphone o navegar en Internet. Impacta directamente en la habilidad de las personas para participar activamente en una sociedad cada vez más digitalizada. Desde realizar compras en línea hasta acceder a servicios gubernamentales y manejar la banca electrónica, la brecha digital puede tener serias consecuencias en la calidad de vida de una persona. La penetración de lo digital es tal que actualmente en Paysandú hay muchos comercios que sólo venden sus productos a través de redes sociales y los envían a domicilio con servicio de delivery.
Según un informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque el 68% de la población en América Latina y el Caribe tiene acceso a Internet y dispositivos inteligentes, muchos no poseen las habilidades o conocimientos necesarios para aprovechar estas herramientas en su desarrollo intelectual o laboral. Especialmente las generaciones mayores que enfrentan retos significativos en este entorno digital.

“La rápida evolución tecnológica puede ser abrumadora, y muchos se apoyan en familiares o amigos para realizar actividades que ahora se efectúan predominantemente en línea, pero un amplio sector de la población ya no se clasifica como analfabeto digital. Sin embargo, la constante evolución de la tecnología sigue presentando desafíos para todos”.

“En términos demográficos, los expertos suelen distinguir entre tres categorías: nativos digitales, migrantes digitales y analfabetos digitales. Los nativos digitales son aquellas personas nacidas y criadas en la era de la tecnología digital. Los migrantes digitales son aquellos que han incorporado la tecnología en su edad adulta, y aunque la utilizan, no siempre aprovechan todo su potencial. Los analfabetos digitales, en cambio, tienen poco o ningún contacto con las tecnologías digitales y suelen depender de otros para su uso”.

En Uruguay, por su parte, es importante tener en cuenta la población preliminar estimada según el Censo 2023, es 3.444.263 personas, con la siguiente distribución etaria: 0 a 14 años (18%), 15 a 34 años (28%), 35 a 64 años (38%) y 65 años y más (16%). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de envejecimiento, que expresa la relación entre la cantidad de personas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, ha ido en aumento a lo largo de los años, y pasó de 50,86% en 1996 a 75,84%. Mientras tanto, el índice de sobreenvejecimiento, el cual manifiesta el peso relativo de la población más envejecida (85 y más años) dentro de la población adulta mayor (65 años y más), de 9,62% en 1996 se incrementó a 13,64% en 2021. Asimismo, este grupo etario es uno de los segmentos que ha incorporado más usuarios/as de Internet en términos relativos, en 2016 representaba el 51% y, en 2021, el 80%.

Las cifras mencionadas dejan en claro que, a pesar de los avances realizados, una parte importante de la población uruguaya puede verse marginada de las ventajas que brinda Internet, con lo cual se pone en peligro su inclusión digital. De acuerdo con un documento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) “teniendo en cuenta la relevancia que ocupan las tecnologías digitales en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la inclusión digital es concebida como un derecho humano, ya que posibilita el acceso a la educación, cultura, y a su participación en la vida social y comunitaria. Es decir, la inclusión digital, forma parte de la inclusión social de la persona”. Este informe hace referencia, asimismo, al Plan de acción de Madrid sobre el Envejecimiento del año 2002 el cual, en su artículo 38, argumenta que: “La tecnología puede utilizarse para unir a las personas y contribuir de esta forma a reducir la marginación, la soledad y la separación entre las edades. Por consiguiente, habría que adoptar medidas para permitir a las personas de edad el acceso, la participación y la adaptación a los cambios tecnológicos”. Es que ser analfabeto digital en esta época es tan problemático como no saber leer y escribir en la época vareliana. Quien no domina lo básico de Internet, como hacer compras, buscar información, realizar trámites, reservar horas para consultas u oficinas públicas, prácticamente queda marginado muchas de esas cosas. El mundo va para ese lado y es imprescindible adaptarse a él, porque en los tiempos actuales no es viable mantener las estructuras del siglo pasado para que quienes no se adaptan a la realidad puedan hacer su vida como en los ‘80.

Por eso en Uruguay, iniciativas como el Plan Ibirapitá o Inmayores constituyen ejemplos de políticas públicas de alcance nacional que apuntan a alfabetizar digitalmente a los adultos mayores.

Ante este escenario, los poderes públicos y el sector privado de nuestro país deben mantener una especial atención a los analfabetos digitales que, si bien pueden concentrarse, eventualmente, en el grupo etario de los adultos mayores, es probable que se distribuyan en edades más tempranas que por algún motivo (nivel educativo, dificultades de comunicación, analfabetismo a secas, etcétera) ven perjudicada o directamente frustrada su acceso a Internet. Ante la proliferación de cajeros automáticos, terminales de autoconsulta y/o gestión, entre otras modalidades operativas, resulta necesario que permanezcan al alcance de los usuarios personas que asistan a quienes desean realizar tales operaciones como forma de orientarlos y que el sistema les resulte más amigable y de mayor utilidad, lo cual al fin y al cabo es la razón de ser de toda esa incorporación tecnológica.

El informe se introduce en el tema con una comparación obscena, que muestra claramente una realidad de las fronteras. “Cuando un habitante de Rivera, una ciudad fronteriza uruguaya, vaya al supermercado local esta semana, verá que el precio de un tubo de pasta de dientes de 180 gramos es de 243 pesos (U$S 6,20)”, mientras que el mismo artículo, con el mismo origen, incluso, se compra por 6,99 reales (U$S 1,28), en un expendio de la vecina ciudad de Livramento. Sitúa a este ejemplo como uno de los casos más notorios de unos de los factores que aborda el informe: “El importador la ingresa al país a un valor, pero cuando llega al público su precio promedio casi se triplica”, según dio cuenta una investigación que realizó el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), a pedido del Banco Central de Uruguay. La investigación comparó precios de unos 600 productos en Uruguay y otros 43 países, “y encontró que en promedio eran 27% más caros” aquí. Países como Francia, Alemania o Reino Unido “mostraron precios menores que los que se pagan en Rivera o Montevideo” y solo nueve: Japón, Finlandia, Israel, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Suiza, Noruega e Islandia”, fueron más caros. En productos de higiene y limpieza, Uruguay es 58% más caro que el promedio de países, según el estudio. En alimentos y bebidas no alcohólicas, 55%. Y en artículos de informática y electrónica, 43%.

Ignacio Umpiérrez, economista e investigador del CED, dijo que esta diferencia se aprecia en rubros en los que prácticamente no hay producción nacional y hay que importarlos. “Es algo que responde a un efecto país”, afirmó. Bajo este rótulo enumeró una serie de condiciones, factores que hacen que el país sea caro, entre los cuales el primero es la estrechez de nuestro mercado, pero en el que además “se concentra en pocas empresas que suman gran parte de esas importaciones”. La falta de competencia hace que la ganancia por producto sea “casi siempre más de la mitad del precio que paga el consumidor final”.

Sebastián Fleitas, economista uruguayo, profesor de la Universidad Católica de Chile, especializado en temas de competencia y mercados, mencionó un factor que el país no puede cambiar, y que es “Uruguay está lejos del mundo, y por eso tiene costos de transporte y logística mayores”, cuando se trata de productos que no se compran en el vecindario. Además, con la mayoría de países existen aranceles y tasas más altos que en otras regiones del mundo, y también existe la obligación de contratar a un agente de aduanas para cada importación. Del mismo modo señaló como otro de los factores a los costos del puerto de Montevideo. “Es caro para los importadores en comparación a lo que se paga en otros países”, señaló.

El experto mencionó que, más allá de todo, hay cosas que se pueden hacer para que el país sea más barato, y aludió a la existencia de regulaciones que generan barreras, “como los registros sanitarios de alimentos, bebidas, productos de higiene y demás”. “Para poder ingresar un producto a Uruguay, tiene que estar registrado sanitariamente ante el Ministerio de Salud Pública”, dijo Umpiérrez. Las grandes empresas “básicamente son dueñas de su ficha técnica por temas de exclusividad o por acuerdos comerciales”. De ese modo, mencionó como ejemplo, si una empresa uruguaya quisiera importar pasta de dientes comprándola a U$S 1,28 en Brasil, “el Estado uruguayo no se lo permitiría porque la empresa no tiene la ficha técnica del producto”.

Otro de los consultados en el informe, el economista Alfonso Capurro, de la consultora CPA/Ferrere, volvió sobre este aspecto preguntándose “si no estamos protegiendo una industria, no estamos protegiendo empleo, ¿acaso estamos protegiendo la renta monopólica de un importador?” Y comentó que hay regulaciones que “buscan genuinamente proteger al consumidor”, pero existe “inercia y hay un conjunto de acumulaciones de distintas regulaciones que se han ido construyendo en el tiempo en forma de sedimento” y “nadie se aseguró de que ese conjunto de regulaciones se estaban solapando e impidiendo que el mercado funcionara mejor”, sostuvo. Capurro, que formó parte de un estudio, también requerido por el BCU, acerca de los precios de las frutas y verduras, indicó que la importación de algunos productos “está prohibida por reglas fitosanitarias, por lo que se debe comercializar solamente la producción local”, pero que en realidad la regulación funciona como una medida proteccionista, “ya que en momentos de escasez interna los gobiernos han habilitado el ingreso”. Eso hace “que las frutas y verduras sean más caras en promedio de lo que podrían haber sido si se importaran, y eso es un precio en exceso que pagamos los consumidores”, aseguró. El tomate, por ejemplo, se paga el triple en Uruguay. “Si a los productores les quitás esas protecciones, el sector desaparece. Es un subsidio encubierto”, valoró. También reconoció que los productores uruguayos “tienen que trabajar en un sistema con altos costos”.

Otros factores mencionados son el sistema de impuestos y los altos costos de los energéticos.
De acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, Uruguay es el país de América Latina con mayor Producto Interno Bruto per cápita, de unos U$S 22.000, lo que lo coloca en la categoría de países de ingresos altos. En cada hogar uruguayo ingresan mensualmente unos U$S 2.500 en promedio, según el Instituto Nacional de Estadística.
Los tres economistas coincidieron en que el Estado de bienestar que provee Uruguay tiene sus costos, y que eso se traslada a precios. Pero que una parte es beneficiosa para la población y otra no. “Tenemos salarios bajos para el nivel de costo de vida, pero a su vez altos para los niveles de productividad”, resumió Umpiérrez.

Da la impresión que intentar “mover” estos factores que mencionan los especialistas como causas del alto costo de vida es un desafío que no sería posible resolver en el breve plazo, sin embargo sería conveniente comenzar en algún momento a sentar las bases para que se convierta en un objetivo país para diez o quince años al futuro.