El gobierno del Frente Amplio, que asumirá el 1º de marzo de 2025, deberá enfrentar los mismos problemas del sistema penitenciario que dejó el 1º de marzo de 2020. Sin embargo, la situación será más grave: habrá más presos y un mayor porcentaje de ellos condenados a través del juicio abreviado, establecido en el Código Penal vigente desde 2017. Este procedimiento, que debió ser una excepción, se ha convertido en la regla, y es, aunque no siempre lo perciba la población general, la decisión judicial que más moviliza a la sociedad, sobre todo en casos de abuso sexual o homicidio. Y, sin embargo, ese es el código aprobado por unanimidad en el Parlamento.
En agosto pasado, Uruguay alcanzó los 16.000 presos, y seguramente, en los últimos tres meses del gobierno de Luis Lacalle Pou, no habrá decisiones políticas al respecto. No obstante, las decisiones técnicas, tomadas por la justicia, continuarán, especialmente tras el recurso de habeas corpus presentado por la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios.
La jueza Blanca Rieiro resolvió intimar al comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, para la conformación de una mesa de trabajo, a pesar del recurso de nulidad interpuesto por el equipo defensor del Ministerio del Interior.
Los funcionarios civiles penitenciarios reclaman contra el hacinamiento carcelario, exigen el acceso de los reclusos a una alimentación básica, atención sanitaria adecuada y la eliminación de la violencia física y psíquica. Los trabajadores señalan que el Estado tiene un presupuesto diario de $83 por interno, lo que representa unos 473 millones de pesos anuales. Si bien este año no se prevén variaciones presupuestales, en las audiencias hubo un compromiso de mejorar la aplicación de estos recursos.
El trabajo interinstitucional involucra a los ministerios del Interior y de Desarrollo Social, ASSE, ANEP y otros organismos, con el fin de abordar una problemática que ha persistido a lo largo de distintos períodos de gobierno. No obstante, esta cuestión cobró relevancia en el último año electoral.
Los funcionarios civiles penitenciarios son unos 1.300, lo que significa que hay entre uno y tres trabajadores por cada 180 presos. Durante una audiencia sobre el recurso presentado por estos trabajadores, Petit, en su calidad de testigo, apuntó a ASSE por no priorizar el sistema penitenciario, mencionando que entre 15 y 25 presos fallecen cada año debido a la omisión de asistencia médica. ASSE, por su parte, rechaza esta acusación y considera que se trata de errores conceptuales del comisionado.
El hacinamiento sigue siendo una realidad, y se requieren unas 2.000 nuevas plazas, que estarán disponibles dentro de un año. Con el nuevo código y un mayor número de condenas, se espera que el número de presos continúe aumentando al final de cada período. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos años, incluso en gobiernos anteriores, cuando las plazas carcelarias eran insuficientes y los presos fueron alojados en dependencias como la antigua cárcel de Rocha, un edificio del siglo XIX que fue escenario del incendio carcelario más grande de la historia del país en 2010, con 12 presos fallecidos y sin responsables identificados.
En los recintos carcelarios del Interior del país existen plazas disponibles, pero no es posible trasladar a cualquier interno, ya que la mayoría de estas cárceles están ubicadas en departamentos fronterizos.
Así, los temas seguirán pendientes hasta que alguien proponga soluciones efectivas para abordar una de las principales problemáticas que enfrenta la población carcelaria: las adicciones y sus consecuencias sobre la salud mental. La rehabilitación tampoco será posible en medio del hacinamiento. Es decir, se conforma un círculo vicioso sobre el que ya existen numerosos diagnósticos.
Desde todos los sectores políticos ya se han formulado propuestas sobre lo que se debe hacer en este ámbito. Sin embargo, no debemos olvidar un dato clave: hay más de 16.000 presos, de los cuales el 40% cumple penas menores a dos años. Por eso, Uruguay ocupa el primer lugar de América del Sur en cantidad de presos por habitante y se encuentra entre los diez países con mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial.
Sin embargo, la mayor cantidad de presos no implica necesariamente una menor incidencia delictiva en las calles, ni una mayor disposición de la población para incrementar las denuncias. Este es un dato matemático, a pesar del constante discurso de la oposición y el relato oficial.
Las medidas alternativas a la prisión, para ciertos delitos, no se aplican debido a la falta de presupuesto para desarrollar propuestas fuertes que se implementen a nivel nacional.
Durante su campaña electoral, Yamandú Orsi propuso incluir al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en el Ministerio de Justicia como una medida para combatir la inseguridad. Esta misma propuesta formaba parte del programa del excandidato de la coalición, Álvaro Delgado. Incluso el presidente electo coincide con el asesor del Partido Colorado en materia de seguridad, Diego Sanjurjo, al señalar que la mayoría de los presos (el 80%) son jóvenes, pobres y adictos. Por lo tanto, la cuestión tiene un fuerte componente social y sanitario.
En este sentido, los diagnósticos de campaña coinciden en gran medida y las medidas propuestas parecen similares. Sin embargo, desde la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación en el Artículo 221 de la Ley 18.719, del 27 de diciembre de 2010, hasta hoy, se sigue hablando de la necesidad de una “transformación” de dicho organismo.
Los sucesivos gobiernos han insistido en la necesidad de otorgarle autonomía al INR y en la creación de una dirección política que, a diferencia de la actual estructura técnica, le permita tener una voz más fuerte dentro de la administración pública y en el Parlamento.
Es decir, el INR está por cumplir 14 años y aún no se ha logrado una solución definitiva.
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