La jueza de Concurso subrogante, Virginia Echenique, hizo lugar a la solicitud del levantamiento de la feria judicial para tratar el caso de Conexión Ganadera, de acuedo al decreto judicial.
El contador contratado por la empresa para hacer un diagnóstico de situación, Ricardo Giovio, señaló que “el concurso es necesario para ayer” y de esta forma describió la urgencia de la empresa y los ahorristas porque se decrete el Concurso.
Esa medida traería consigo un desplazamiento de autoridades y la designación de un síndico para que haga un inventario de los activos y pasivos de la empresa.
La actividad judicial se reanuda el próximo 3 de febrero y para que la decisión no se dilate tanto, la Justicia debía hacer lugar a la solicitud de levantar la feria para este caso concreto.
A su vez, solicitó a los peticionantes que especificaran el monto del embargo de los bienes de Conexión Ganadera. Los abogados contestaron que pretendían un embargo por U$S 1.898.045. Ahora la jueza resolverá sobre el pedido de Concurso o no. A partir del lunes, retomará el caso el juez titular de la sede de Concurso de 1er. Turno, Leonardo Méndez.
Pedido de concurso
Con la firma de más de 250 inversores, un grupo de abogados que representa a inversores de Conexión Ganadera, pidió el levantamiento de la Feria Judicial para tramitar un concurso necesario de la empresa. Los abogados peticionantes entienden que los inversores mantienen un “activo vivo” –en referencia al ganado–, que requiere cuidados y un manejo adecuado para evitar posibles muertes.
La vía penal es otro de los caminos que están sobre la mesa para destrabar este tema y los abogados entienden que un camino no anula el otro, ya que la Justicia penal puede otorgar otros medios para recuperar más activos.
El Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) del Ministerio de Ganadería registró un récord de consultas por Conexión Ganadera, en tanto hay situaciones de inversionistas que no tienen animales registrados en el sistema.
En números
El déficit patrimonial es de unos U$S 230 millones, a la espera de las confirmaciones de una auditoría profesional. Giovio relató que hay créditos con los frigoríficos de U$S 45 millones. En el desglose, 27,7 millones de dólares corresponden a Fricasa Paysandú, 15,7 millones de dólares a Bamidal y 1,9 millones de dólares a Solís Lavalleja.
En el activo de campos de Conexión Ganadera hay U$S 12,7 millones, repartidos entre 1019 hectáreas en Río Negro a un valor cercano a U$S 8.000 la unidad de superficie, y 913 hectáreas en Rocha a un precio de U$S 5.000.
En el activo como ganado habrían U$S 100 millones, lo que significan más de 100.000 cabezas.
El pasivo existente con los inversores alcanza una cifra cercana a los U$S 384 millones. Hay 4.200 inversores de los cuales 570 concentran un 50% del pasivo. El proceso de verificación puede disminuir algunas cifras.
Esto marca un déficit patrimonial entre activo y pasivo de U$S 230 millones y si bien no es una auditoría contable, puede haber una diferencia de más-menos U$S 30 millones.
La situación del déficit puede mejorar en la medida que aparezcan activos no incluidos al día de hoy. Esto podría existir debido a la no verificación de los mismos o la mala calidad de la información.
La propiedad del ganado
Con el fin de definir la propiedad del ganado, se puede presentar una batalla jurídica con el involucramiento directo de los inversores. El ganado no es de Conexión Ganadera, es de los inversores, pero no de todos. Se podría resolver dicha situación en el ámbito del concurso, pero una salida privada solo es posible con igualdad de los acreedores frente a los activos.
Una de las posibles salidas es el concurso de liquidación, que tendría una recuperación del orden del 10% y si hay un acuerdo privado dentro del concurso con inversores en igualdad frente a los activos, el recupero podría ser del orden del 40%.
Giovio propuso el concurso necesario y la salida en convenio privado. El primero puede ser la antesala del segundo y hay que acreditar frente a síndico la voluntad mayoritaria de los inversores.
La decisión no dependerá totalmente de los inversores, en tanto hay cuestiones jurídicas a resolver.
El pasivo en animales, equivale aproximadamente a 290.000 vacunos, con un precio medio de 800 dólares por cabeza, según Rafael Tardáguila, director de Tardáguila Agromercados.
En uno de los escenarios de reestructuración, se propone transformar a los inversores en propietarios de la totalidad del ganado, contemplar la tercerización del management y una alianza estratégica con frigoríficos. Además, estudian la posibilidad de crear un mercado secundario de participaciones y el objetivo de recuperar el capital en un plazo de 7 a 10 años.
Un tema de privados
En los últimos cuatro meses, quebraron tres empresas que ofrecían bonos ganaderos. Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera comunicaron que no podrán cumplir con los pagos a sus inversores. En este marco, uno de los abogados que representa a un grupo de damnificados, planteó la intervención del Estado para salvar a 4.000 familias.
En el gobierno, el oficialismo y la actual oposición, descartan que el Estado deba afrontar un salvataje de este tipo.
El gobierno saliente analiza la pertinencia de presentarle una propuesta legislativa en esta materia al Ejecutivo entrante porque están convencidos de que el Estado no debe rescatar a los ahorristas ni a las empresas, ya que el conflicto se enmarca en un acuerdo entre privados.
En el gobierno entrante tampoco estiman que sea pertinente o justo un rescate estatal y recuerdan que el mensaje que publicó en la red social X el domingo el presidente electo, Yamandú Orsi, apunta a que la salida en estos casos será por vía judicial: “La Justicia se encargará de evaluar las responsabilidades”.
El sistema político separa la solución para los ahorristas de los caminos que se deben tomar a futuro para el sector. “Tenemos que impedir que vuelva a pasar, por la economía, y por los orientales honestos”, publicó el domingo Orsi.
El Banco Central del Uruguay
En el gobierno que asumirá el 1º de marzo consideran que le cabe responsabilidad en lo que sucedió al Banco Central del Uruguay (BCU). El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca designado por Orsi, Alfredo Fratti, dijo que “si vos tenés un activo movible que depende de mercados internacionales, de incidencias climáticas y te ofrecen una rentabilidad segura, eso es una inversión, es una transacción financiera”. Y agregó: “El sentido común me dice que el Banco Central no podía estar ausente”.
Sin embargo, el Banco Central se desligó de responsabilidades. “Este tipo de inversiones, en buena medida, por cómo se configuran, no podrían ser catalogadas como inversiones financieras, sino que son contratos de capitalización ganadera, por lo cual no quedan dentro del marco regulatorio del Banco Central”, expresó el presidente del BCU, Washington Ribeiro, en un comunicado.
En ese sentido, Fratti reconoció que el BCU tuvo “intervenciones” en este asunto, pero que “no tienen resultado porque las propagandas sobre este tipo de inversiones estuvieron hasta un día antes de que aparecieran los problemas”. Para el ministro designado, “no puede haber intermediación financiera sin intervención del Banco Central”.
De todas maneras, ni en el actual gobierno ni en el entrante están seguros de que sea necesario un cambio legal. En el BCU, por ejemplo, analizan si el camino es legislativo o de comunicación y de educación financiera. Por su parte, Fratti expresó que hoy “hay artículos que autorizan al Banco Central a intervenir, de hecho”, en operativas como las que trabajan con bonos ganaderas, por lo que “hay que revisar” esta posibilidad. → Leer más