La problemática de la salud es uno de los mayores desafíos que tiene por delante el flamante gobierno de Yamandú Orsi, como así también lo fue para los gobiernos anteriores, y sobre todo en lo que refiere a la atención pública que se brinda a través de ASSE, que involucra a toda la red de hospitales y policlínicas estatales, en su diversidad de áreas y competencias.
En realidad, la constante de los sucesivos gobiernos, sobre todo cuanto éstos han cambiado de signo, es hacer mención a que la situación heredada es “mucho peor” que la que esperaban, que es una forma de cubrirse de cualquier acusación que se les manifieste de entrada para sus decisiones y balance de gestión con el paso de las semanas y meses; la presente administración no es una excepción.
Además, en el caso de los gobiernos de los partidos tradicionales, el último de los cuales el de la Coalición Republicana, a estas consideraciones debe agregarse la operación político – ideológica que hacen los sindicatos de funcionarios, sistemáticamente alineados con la izquierda –ahora envalentonados por dirigentes comunistas que están al frente de ministerios clave–, los que una y otra vez salen con su relato sesgado y en el cual “descubren” que los problemas los trajeron los gobiernos con los que no simpatizan, porque parece que antes todo andaba fenómeno y la salud pública no tenía ningún problema.
Es decir, hay aspectos político – ideológicos de por medio en lo que refiere a la evaluación de gestiones, por lo que no estamos ante parámetros técnicos para generar una ecuación confiable de resultados y escenarios, sino que hay de por medio una serie de relatos y evaluaciones que distorsionan la necesaria objetividad para una evaluación en perspectiva, cuando además los que aportan elementos de juicio distorsionantes suelen ser gremiales que son parte del problema.
En este contexto, el nuevo presidente de ASSE, Dr. Alvaro Danza, delineó para El País algunos conceptos sobre los puntos en los que pondrá énfasis en su gestión. El nuevo jerarca es exjefe de Medicina Interna y docente grado 5 de la Facultad de Medicina, y al hacer una primera evaluación política, consideró que en el área que le toca gestionar “hay retrocesos” frente a 2019 y que probablemente la deuda heredada sea significativamente mayor a lo comunicado por las autoridades salientes.
Más allá del esquema de atención nacional, es pertinente traer a colación sus reflexiones respecto a la diferencia entre la realidad del Interior y la de Montevideo, desde que precisamente en la capital la relación médicos – pacientes es varias veces superior a la que se da en el Interior, y sobre todo en los departamentos ubicados al norte del río Negro, que es una situación crónica e histórica en el Uruguay. Al respecto el Dr. Alza señala que “el acceso a médicos es un problema de alcance nacional. Aspiramos a que el Ministerio de Salud Pública haga una fuerte política de distribución de recursos humanos en el territorio. Desde ASSE, donde faltan especialistas, tenemos que incentivar para que vayan”.
Consideró que “no van a ser solamente los incentivos económicos, porque tampoco hay mucho margen para eso. Hay que pensar en otro tipo de incentivos, eventualmente en algunas exoneraciones tributarias para vivir en el interior del país por cierto período de tiempo, al menos mientras el profesional se está radicando. También, por ejemplo, políticas de préstamos para viviendas más flexibles”.
Además, indicó que “para que haya especialistas en el Interior, también hay que utilizar la telemedicina. ASSE en el período pasado hizo una apuesta interesante, con 104 nodos en el territorio, pero hay que optimizar su funcionamiento. Donde no llegan ciertos especialistas está bien que se pueda recurrir a la telemedicina”.
Si bien es plausible que el titular de ASSE ya de entrada plantea algunas posibilidades tendientes a que el Interior pueda contar con más especialistas, estamos ante un tema que es mucho más que estímulos, y que por lo tanto requiere respuestas contundentes que permitan cambiar la pisada en un tema en el que no sólo se involucra a ASSE, sino que también es una situación que se vive en las mutualistas privadas.
Por lo demás, pese a los anuncios y enunciados de buenas intenciones, con algunas medidas aplicadas puntualmente, en los quince años de gobiernos anteriores del Frente Amplio y en los cinco años de la Coalición Republicana no se ha logrado revertir esta situación; de hecho, la actual situación podría ser consecuencia de la extensión en el tiempo de una reforma de la salud implementada por gobiernos del Frente Amplio anteriores que, con el paso del tiempo, da señales de no ser sustentable, al menos en la estructura actual.
Respecto a al problema de la baja radicación de especialistas en el Interior, hay una multicausalidad que se presenta compleja. Que pasa naturalmente por el atractivo económico que se pueda generar para los especialistas, pero que en realidad haga una diferencia significativa. Porque se necesita en primer lugar una infraestructura adecuada, y a la vez contar con el apoyo de corporaciones de profesionales en el área de la medicina que se mueven exclusivamente en el circuito capitalino, donde cuentan con toda la infraestructura y la fuente de ingresos económicos, como asimismo de campo de proyección profesional tanto en el ámbito nacional como internacional.
Además, no es un secreto para nadie que el profesional médico requiere una constante capacitación y actualización de conocimientos, y esta posibilidad se la da en mayor medida la residencia en la capital.
Lo que no solo se da en los médicos originarios de la capital, sino que los estudiantes que han debido trasladarse a Montevideo para estudiar y/o capacitarse durante y después de su carrera, reflexionan que este es un ámbito en el que pueden abordar con mejores posibilidades las instancias de capacitación y desarrollo inherentes a su profesión, por lo que muchas veces optan por no volver al Interior y quedarse en el círculo metropolitano.
Contra esta dura realidad se han estrellado hasta ahora las mejores intenciones de revertir este proceso, para el que la telemedicina es solo un paliativo muy relativo. Es preciso que el usuario del Interior cuente en el medio con la atención directa y presencial de los especialistas que necesita en la intransferible relación médico – paciente que redunda en los mejores resultados para el usuario, y le transmite la confianza que necesita para el éxito del tratamiento y la continuidad de la atención.
De ahí la necesidad de que sigan explorándose alternativas reales y posibles para que se pueda contar con más médicos y especialistas en el Interior, porque si bien el diagnóstico es acertado respecto a la realidad del problema, todo lo que se ha ensayado hasta ahora ni siquiera ha arañado la cáscara, y se necesitan muchas horas y días de análisis, con intervención de las partes protagonistas, para proponer soluciones –aplicarlas– y no solo parches.
Los trabajadores del frigorífico Casa Blanca “continúan recibiendo las confirmaciones de envíos al seguro de paro que se perciben con normalidad. Algunos nos llaman afligidos por lo poco que están cobrando. Los demás se van tramitando con agilidad, por lo tanto ya van quedando casi todos en el seguro”, señaló Nicolás Laenen, dirigente del sindicato Aloef. “Nos enteramos que hay trabajadores que perciben 6.000 pesos y no podemos averiguarlo en el BPS porque cada caso es individual. Otros cobran entre 8.000 y 10.000 pesos, así como algunos no llegan a 20.000 pesos. Es decir, hay una distancia que varía entre 6.000 y aquellos que cobran más llegan a unos 26.000 pesos”, señaló a EL TELEGRAFO. Si bien aún no cuentan con las cifras totales, “sabemos que iban unos 450 trabajadores al seguro, porque hay muchos en el seguro por accidentes laborales y mientras les vayan dando el alta se irán incorporando al seguro de desempleo en forma automática”. Por otra parte, quienes brindaban servicios contratados como empresas unipersonales, prácticamente no tuvieron ingresos.
La Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) se reunirá mañana miércoles con la titular de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), Marcela Barrios, a las 12 en la oficina departamental del ministerio, a fin de intentar destrabar la situación de 50 trabajadores que esperan por una prórroga en el seguro de desempleo. “Si la empresa no resuelve la prórroga, hablamos de 50 trabajadores despedidos”, señaló el dirigente de la UTP, Antonio Ferreira. El jueves de la semana pasada, la empresa envió a otros 90 trabajadores al seguro y la cantidad aumentará a mediados de abril.
El plenario de la Junta Departamental de Paysandú se reunió anoche en dos sesiones consecutivas, un de carácter especial y la otra extraordinaria, para rendir homenaje al Instituto de Educación Integral Mafalda y aprobar declaraciones de interés departamental, como así también para considerar el planteo de formación de comisiones investigadoras promovido por el Frente Amplio.