“Lamentablemente, hoy nos vamos con las manos vacías de esta negociación, y veremos ahora qué es lo que pasa en la conferencia anual de la OIT”, sintetizó el dirigente de COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado) Joselo López, tras una reciente reunión con representantes del gobierno de Yamandú Orsi respecto a la aspiración de la gremial de funcionarios estatales de mantener el régimen de licencias médicas que tenían antes de aprobarse una nueva ley durante el gobierno anterior.
Consecuentemente, la dirigencia de COFE aseguró que volverá a elevar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el reclamo sobre las modificaciones al régimen de licencias médicas planteadas en el gobierno anterior ante una instancia de diálogo insatisfactoria con el Ministerio de Trabajo (MTSS), celebrada la semana pasada.
Se indicó que a fines de marzo, el Consejo de Administración del organismo internacional “resolvió otorgar un plazo de seis meses para la conciliación en el marco de la queja presentada” por el Pit Cnt y COFE contra el Estado uruguayo.
El 29 de mayo, los trabajadores y el Poder Ejecutivo se reunieron para dialogar, pero las expectativas de los sindicalistas “en virtud de lo que se venía discutiendo no fueron colmadas”, lamentó Joselo López, dirigente del sindicato.
Consideró que “el Ejecutivo vino con una propuesta cerrada de discutir todos los temas vinculados a las licencias médicas en la próxima Ley de Presupuesto, que se va a discutir de aquí a agosto de este año. Evidentemente eso no nos conforma, no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos de discutir básicamente en igualdad de condiciones debido a que hay una ley que se está aplicando”.
Asimismo, cuestionó que el Frente Amplio “establece otro criterio ahora” que está en el gobierno, cuando el año pasado votó en contra del entonces proyecto de ley. “Eso realmente nos preocupa”, cuestionó López, lo que entiende impulsa a la gremial a llevar el tema nuevamente ante la Conferencia Anual de la OIT, que se realizará en este mes de junio.
El planteo a trasladar al organismo internacional apunta a que “se cumpla con este precepto de negociar en igualdad de condiciones y que siga el trámite que se había suspendido por la conciliación para tratar el fondo del asunto”. Los sindicalistas denuncian lo que entienden “violación por parte del Estado uruguayo de varios convenios que regulan lo que es el salario, la salud y la seguridad en el trabajo de todos los trabajadores estatales” de Uruguay.
Los sindicalistas subrayan que la ley consiste en “una medida de ajuste grave en los derechos sociales de los trabajadores públicos” y que los artículos “son ostensiblemente inconstitucionales”.
Ocurre que en febrero pasado, los gremialistas se habían reunido con el entonces designado ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, instancia en la que éste se comprometió a analizar la situación derivada del nuevo régimen de licencias médicas en el sector, y respecto a este encuentro dijo que se trata de “un tema de preocupación, porque ha llevado a muchos conflictos y muchas movilizaciones”.
Reconoció que respecto al tema “hay una discusión” y que se debe “estudiar muy a fondo. Hay una suerte de generalización que prácticamente el trabajador o trabajadora que se enferma no estaría en tales condiciones de problemas de salud. Vamos a investigar si efectivamente se están haciendo los enfermos”, manifestó.
Acotó que “hay que ver si es una mala praxis desde el punto de vista de llevar adelante un planteo para salir de los lugares de trabajo solamente. Los trabajadores entienden que es un derecho y que esto los perjudica y quieren someterse a un análisis a ver cómo ha sido el comportamiento de esta ley”.
El nuevo régimen de licencias médicas comenzó a regir en abril de 2024, y, hasta ese mes, a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por las certificaciones, pero a partir de allí cuentan con un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente.
El mismo presidente de la COFE, José Lorenzo López, dijo en rueda de prensa entonces que “algunas señales que nos dio el ministro de Trabajo y su equipo se van a completar ni bien asuma el gobierno, como la instalación de ámbitos que nos permitan comenzar a discutir, como lo planteó la OIT, todo el tema de certificaciones médicas”. “También el tema del Presupuesto nacional para nosotros es una preocupación, porque los plazos para discutirlo son muy exiguos y nosotros hicimos hincapié en tener la posibilidad de tener la mayor celeridad posible para empezar a discutirlo en el tiempo necesario, no solo en los temas salariales, sino para remarcar los temas vinculados a las condiciones de trabajo y la falta de personal en los organismos”, detalló.
Por supuesto, la llegada nada menos que al Ministerio de Trabajo de un exdirigente sindical y además puntal del Partido Comunista dio pie para que los funcionarios del Estado agremiados en COFE revitalizaran su reclamo ante la instrumentación de una ley que entienden les retacea “derechos” –que son más bien privilegios– de los que han gozado desde hace décadas.
Pero como todos los uruguayos sabemos, caen en un doble discurso y un relato para tratar de entreverar las cosas ante la opinión pública porque se pretende confundir entre derechos y abusos que la dirigencia sindical pretende ignorar y parece tenerla sin cuidado, precisamente.
Es que contrariamente a lo que ocurre en el sector privado, a los funcionarios estatales no se les descontaba dinero del salario cuando tenían una certificación médica. A partir del nuevo sistema, tienen derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente al año, los que se podrán solicitar de manera alternada o consecutiva. Desde el décimo día tendrán derecho al subsidio, que podrá ser del 75 al 100%. Con esto se puede decir que está cubierta por el 100% del salario prácticamente cualquier enfermedad “normal”, que difícilmente requiera de más de 9 días de recuperación.
Mal que pese a COFE, que es parte interesada en el tema, esta es una problemática que lamentablemente se da en todas las dependencias del Estado, donde se aplican normas que han sido creadas con la finalidad de atender la salud de los funcionarios mediante un régimen muy contemplativo, pero la flexibilidad y la ausencia de controles ha desvirtuado su esencia, al punto que el común denominador son los abusos.
Ahora con responsabilidades de gobierno, es de esperar que desde el Poder Ejecutivo –que no sólo responde al Partido Comunista– se pondere el escenario global de los trabajadores, sin hacer distingos entre los que tienen privilegios desde el Estado y los que se desempeñan en el área privada. De los funcionarios estatales que “casualmente” se enferman los lunes para estirar el asueto del fin de semana, que presentan enfermedades muy difíciles de identificar y diagnosticar, y que se mantenga una ley que por lo menos va en la dirección correcta, aunque los lobbies de los beneficiados de siempre pretendan seguir operando en defensa de sus intereses para llevar agua hacia su molino.
El Frente Amplio apoya el proyecto del Poder Ejecutivo para rescatar la Caja de Profesionales, mientras que la oposición rechaza que el financiamiento recaiga solo en el Estado y la sociedad. La Cámara de Diputados aprobó parcialmente el proyecto, que ahora será tratado por una Comisión Especial del Senado. Si el Senado aprueba modificaciones, el texto volverá a Diputados, donde requerirá mayoría simple. En caso de rechazo, se pasará a la Asamblea General, donde se precisarán dos tercios de los votos.
