Con mucha frecuencia la palabra “impunidad” es utilizada para hacer referencia a las violaciones de los derechos humanos cometidos por las dictaduras latinoamericanas durante la década de los años setenta y a la imposibilidad de juzgar y condenar a quienes la cometieron. A pesar de ello, en el caso de Argentina la dupla de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández y de su antecesor Carlos Menem dieron un nuevo contexto a esa expresión. Desde los atentados a la Embajada de Israel en Buenos Aires acaecida en el año 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el año 1994, incluyendo el asesinato del fiscal Alberto Nissman en el año 2015, en Argentina de esos años y en la actual todo es posible gracias a sus increíbles niveles de corrupción.
Argentina es hoy, sin duda alguna, uno de los tristes ejemplos latinoamericanos de corrupción política, pero hay otros ejemplos encabezados por Perú cuyos expresidentes Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo fueron objeto de denuncias o investigaciones por corrupción y están en prisión cumpliendo sus condenas o esperando sentencia. A esta lista se suman Ricardo Martinelli (Panamá), Lula da Silva (Brasil) Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa y Abdalá Bucaram (Ecuador), Nicolás Maduro (Venezuela), Carlos Menem (Argentina), Daniel Ortega (Nicaragua) y ahora la propia Cristina Fernández, entre tantos otros. Mal que les pese a muchos, América Latina está muy lejos de ser esa “Patria Grande” y deambula por la Historia gobernada por corruptos de izquierda, de centro y de derecha porque la realidad no acompaña el famoso dicho del exvicepresidente Raúl Sendic “Si es de izquierda no es corrupto, si es corrupto no es de izquierda”, el cual enunció con mucho orgullo.
El caso de Cristina Fernández es paradigmático porque su esposo accedió al poder en las elecciones presidenciales de 2003 encabezando la lista del Frente para la Victoria. Kirchner obtuvo el segundo lugar con el 21,65% de los votos, pero accedió a la presidencia luego de que su oponente, el también peronista Carlos Menem, renunciara a la segunda vuelta electoral. A partir de ese magro 21,65% Kirchner y su esposa, quien fue presidenta entre los años 2007 y 2015 y vicepresidenta entre el 2019 y el 2023, construyeron un imperio de poder político y una red de corrupción de distintos niveles de la cual existen aún muchos responsables por identificar y penalizar.
De acuerdo con el diario El País (Madrid) “el fallo de la Corte Suprema de Argentina contra la expresidenta Cristina Fernández impide que la líder peronista sea candidata a diputada en las elecciones de la provincia de Buenos Aires del próximo 7 de setiembre”. A pesar de ese fallo de la SCJ, Fernández podría llevar el caso ante organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas (ONU). La expresidenta fue condenada por la causa conocida como “Vialidad”, que investigó hechos de corrupción durante la presidencia de Fernández (2007-2015). La Justicia concluyó que pagó sobreprecios en adjudicaciones de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Las reacciones de este lado del Río de la Plata no se hicieron esperar. En el caso de la oposición la actitud fue de apoyo a la resolución judicial, mientras que en el gobierno y en el Frente Amplio hubo diferentes matices. De acuerdo con lo informado por el diario El Observador, “Durante la noche del miércoles el presidente de la República, Yamandú Orsi, también fue consultado por la condena a Fernández de Kirchner, pero prefirió no contestar. ‘No, no. Estamos para Uruguay’, dijo Orsi cuando le consultaron por la confirmación de la condena a la expresidenta argentina de parte de la Corte Suprema. ‘Hoy estamos para Uruguay, vamo’ arriba’. Hoy estamos para la celeste”, contestó el presidente de la República.
Afortunadamente para Orsi la selección uruguaya de fútbol jugaba esa noche contra Venezuela y el resultado fue favorable para los “charrúas”. La eterna cortina de humo que el fútbol ha representado para los políticos funcionó otra vez como pretendió hacerlo en el campeonato mundial de Argentina en 1978 y en el “Mundialito” celebrado en Uruguay en 1980; una fórmula que hace dos mil años los gobernantes de Roma practicaban sin ningún pudor, pero con gran eficacia y que se resumía en una frase que ha llegado hasta nuestros días, donde muchos políticos uruguayos la aplican con frecuencia: “Pan y Circo”.
El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, por su parte, fue más claro y decidido que el presidente Orsi (para lo cual no se necesita mucho) tal como lo consagra también el diario La República: “‘No me gusta nada’, comentó sobre la inhabilitación. ‘A mí me gusta que la Justicia no se meta en los asuntos electorales’, agregó el senador en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12”. Sin embargo, quien se llevó el primer premio al apoyo a la expresidenta Cristina Fernández fue el Partido Comunista del Uruguay (PCU) quien a través de un comunicado manifestó su solidaridad con la exmandataria expresando “nuestro rechazo a la utilización de la justicia como arma política. Las denuncias de que el proceso contra la expresidenta argentina estuvo viciado de nulidad y obedeció a una clara y explícita intención política de proscribirla, indican que estamos ante un nuevo caso de lawfare judicial, que tiene varios y graves antecedentes en nuestro continente. Sectores políticos y populares argentinos están movilizados en defensa de la democracia que consideran en peligro, les manifestamos nuestra solidaridad”. El apoyo comunista no es nuevo y mucho menos sorprendente: a lo largo de su fundación, en el año 1921, el PCU siempre ha estado del lado de los tiranos y en contra de la democracia, algo lógico en un partido político que quiere imponer una dictadura: la dictadura del proletariado. Como satélite primero de la Unión Soviética y hoy en día de Cuba, Venezuela y Nicaragua, no resulta extraño que el PCU apoye a la expresidenta argentina, ya que como expresa el dicho “favor con favor se paga”, aun cuando la investigación de la posible financiación del PCU con fondos para viviendas del Sunca está dejando bien en claro que, al decir de Shakespeare, “algo huele a podrido en Dinamarca”. Que por cierto, a pesar de las pruebas que presentadas en ese proceso, seguramente el expediente será archivado y el PCU saldrá airoso, porque los “compañeros” del Comité “Fiscalía” y del Comité “Poder Judicial” no van a “dejar tirado” a sus hermanos frenteamplistas.
A pesar de todos los esfuerzos de la expresidenta Fernández, la SCJ argentina castigó el accionar desbocado y corrupto de la “patria choriplanera” fundada en el siglo pasado por Juan Domingo Perón y su esposa Evita Perón, de la cual el “matrimonio K” ha sido un fiel ejecutor (mejorando incluso varios aspectos de ese mecanismo prebendario y destructor de los valores democráticos y republicanos). Sería bueno que este fuerte y necesario fallo judicial sea confirmado en los organismos internacionales mencionados, si los abogados de la otrora mandataria se animan a recurrir a los mismos. Es hora que se termine la impunidad de los políticos corruptos en nuestro continente.
