El programa Uruguay Innova fue presentado esta semana como “una apuesta al desarrollo del país basado en el conocimiento”. La iniciativa busca potenciar el actual sistema de investigación e innovación, con una proyección estratégica. “Racionalizar esfuerzos y ordenar el ecosistema existente es la meta”, expresó el presidente de la República, Yamandú Orsi, durante el lanzamiento. El objetivo, agregó, es coordinar todo lo que ya existe en materia de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento, con la mira puesta en un Uruguay desarrollado. A su juicio, el vínculo entre la academia, el sector privado y la innovación debe converger en una propuesta potente. “Debemos aprovechar todo lo bueno que tenemos hasta ahora y llevarlo a instancias que tengan el sello de Uruguay. Mejorar, racionalizando esfuerzos, y compartir los objetivos y las estrategias”, remarcó Orsi.
Entre los objetivos de Uruguay Innova, que está liderado por Presidencia de la República, se destacan el fortalecimiento de la investigación, la atracción de inversiones y el fomento de emprendimientos dinámicos. Su titular, Bruno Gili, afirmó que el programa se proyecta como una política de Estado para construir un desarrollo sostenible, con empleos de calidad, inclusión y bienestar. La estructura del programa se organizará en torno a cuatro componentes: conocimiento, innovación, internacionalización y calidad regulatoria. También implica repensar la institucionalidad del sistema de ciencia, tecnología e innovación, así como diseñar proyectos e incentivos que impulsen la productividad y la competitividad.
Gili anunció además la creación de la Secretaría de Ciencia y Generación de Conocimiento, “que cumplirá un rol asesor del Poder Ejecutivo”. Entre sus cometidos estará diseñar un sistema para el desarrollo de una masa crítica de investigadoras e investigadores que permita a Uruguay ser científicamente más potente, según se publicó en el sitio web de la ANII. Además, se prevé la construcción de plataformas transversales orientadas a abordar fenómenos de investigación relacionados con desafíos científicos, inteligencia artificial, ciencias de la vida, alimentos y seguridad. Otro de los ejes buscará colaborar con el sistema educativo y analizar las necesidades tecnológicas y de equipamiento del país.
Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, subrayó que el Gobierno está convencido de que “la innovación es el camino para que Uruguay acceda a un desarrollo equilibrado y equitativo”, y sostuvo que el país “debe dar un salto de calidad” en esta área. La presentación tuvo lugar en el Campus de Innovación, creado durante el gobierno anterior, con la participación del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, los ministros José Carlos Mahía (Educación y Cultura), Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Edgardo Ortuño (Ambiente), y la subsecretaria del Ministerio de Industria y Energía, Eugenia Villar.
En esencia, no está mal la apuesta del gobierno actual, que en buena medida continúa esfuerzos iniciados por administraciones anteriores, con base en un diagnóstico ampliamente compartido: que el país debe transitar el camino del conocimiento, y que ya lo ha hecho con éxito en diversas áreas. Ejemplos de ello son los avances en genética agrícola y ganadera, que han posicionado a Uruguay a nivel internacional, o la transformación de la matriz energética mediante fuentes renovables.
Ahora bien, sin desconocer esos logros, lo que cabe cuestionar es si realmente era necesario crear una nueva institucionalidad, con más burocracia, nuevos cargos en Torre Ejecutiva y más casilleros en el organigrama estatal. En un Estado que no está precisamente nadando en la abundancia —basta recordar que en la rendición de cuentas de 2024, aprobada en comisión parlamentaria solo con los votos del oficialismo, el Gobierno solicitó un incremento del tope de gasto de 1.200 millones de dólares para afrontar compromisos como los de ASSE y el Ferrocarril Central, según publicó La Diaria—, la creación de nuevas estructuras sugiere al menos una revisión crítica.
En su última edición, La Mañana incluye un análisis de datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil que señala que el número de vínculos laborales en el Estado supera los 300.000, lo que representa el 16 % del total de personas ocupadas en Uruguay. La mayoría se concentra en sectores como la educación (29 %, con más de 87.000 personas), seguido por el Ministerio del Interior (31.000) y las Fuerzas Armadas (26.000 efectivos).
Entonces, la crítica no va dirigida al fomento de la investigación, la generación de conocimiento o su aplicación al desarrollo económico del país. Muy por el contrario. Sin embargo, ya existen organismos con competencia en esa área, como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), además de ministerios con oficinas dedicadas a la temática, universidades como la UdelaR y la UTEC, e institutos de investigación como el Pasteur, el LATU, el Clemente Estable o el INIA, sin olvidar el Plan Ceibal.
¿No era posible articular una oficina o un equipo dentro de alguna de estas instituciones existentes para asumir las tareas del nuevo programa? ¿No podrían haberse destinado los recursos previstos para esta nueva institucionalidad directamente a la investigación de campo? En tiempos de restricciones presupuestarias, quizás valga la pena preguntarse si la innovación no debería comenzar, justamente, por una mejor gestión del aparato estatal.
