El conflicto sindical en el sector de la pesca viene dejando muchas enseñanzas para nuestro país y de todas ellas es importante sacar debida nota para que el país, si alguna vez se lo propone con verdadera determinación, se enfoque en un camino de crecimiento real, con mejores condiciones de vida para todos sus habitantes.
Este conflicto pesquero, que se arrastró desde fines de mayo y que acumuló más de 80 días de inactividad, ha terminado con pérdidas que rondan los 50 millones de dólares en exportaciones. Es importante recordar que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) había reclamado la incorporación de un tripulante extra en los barcos costeros para cubrir las guardias del capitán, pero la propuesta respaldada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y aceptada por el gremio en asamblea fue rechazada por las cámaras empresariales. A pesar de contar con un convenio colectivo vigente hasta el año, el sindicato violó la cláusula de paz incluida en el mismo. “De un día para otro pararon los barcos sin negociar. Ese convenio establecía claramente que cualquier asunto debía discutirse con los barcos trabajando. No se cumplió y ahí está el origen del conflicto”, señaló Juan Riva Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras. La medida sindical afectó no solo a los barcos costeros, sino también a los de altura y a toda la cadena de plantas de procesamiento, transporte, hielo y servicios asociados.
La actitud de la denominada “casta sindical” que se cree por encima de las leyes y que, al igual que en Argentina maneja fondos aportados para su propio beneficio y para financiar a los partidos políticos de izquierda (tal como sucede con el Partido Comunista del Uruguay) está convencida de su impunidad absoluta y ello se debe a que no existen en nuestro país jueces o fiscales que tengan el valor de cumplir con sus deberes funcionales y de prestar los servicios que se financian con los impuestos pagados por todos los uruguayos. A modo de ejemplo, resulta interesante que según la página oficial www.gub.uy un Fiscal Letrado Especializado de Montevideo gana una remuneración base de 242.855 pesos uruguayos a lo que debe sumarse 47.620 pesos uruguayos (Compensación especial no sujeta a montepío), así como 22.541 pesos uruguayos (Ley N°19.310 art. 3) y 19.532 pesos uruguayos (Ley 19485 art. 1), lo que totaliza $ 332.548 pesos uruguayos. Nada mal para un país donde el salario mínimo es de $ $23.604 pesos uruguayos y la gran mayoría de los trabajadores ganan $ 25.000 pesos uruguayos o menos. A pesar de estos sueldos astronómicos, los fiscales uruguayos siguen mirando para el costado y faltando a su responsabilidad porque, aunque nadie lo diga, la “casta sindical” es intocable. En nuestro país existen, como en la Dictadura, ciudadanos clase A, B y C y es claro que muchos sindicalistas –los de la “pesada”– son clase A que viven sin trabajar, cobrando horas sindicales y llevan años sin agarrar una pala o una pinza, solo viven de sus sueldos sindicales (los que por otra parte son un secreto bajo siete llaves), en medio de casos de corrupción que han estallado en los últimos meses pero que siempre quedan llamativa y misteriosamente archivados.
Como si fuera poco, el Suntma exigió que solo pudieran subir a los barcos, y por ende trabajar, aquellas personas que estuviesen afiliados el sindicato, una práctica que viola los derechos más elementales de los trabajadores no sindicalizados. Todo esto enmarcado en los clásicos “apretes” que los sindicalistas hacen a quienes quieren trabajar, para lo cual se les agrede físicamente o se les degrada e insulta colocando carteles con nombres y apellidos cerca de los lugares de trabajo donde quienes no hacen paro o no integran el sindicato son calificados de “carneros”. Ahora bien, ¿Cómo finalizó el conflicto de la pesca antes mencionado? De acuerdo con lo informado por Montevideo Portal, “Ante la falta de avances, las patronales lanzaron un portal (Uruguay Pesca) para reclutar tripulantes, con y sin experiencia. Más de 8.400 personas se inscribieron en pocos días, entre ellas unos 400 con libreta de embarque. Para gestionar esa avalancha de solicitudes, recurrieron a un sistema de entrevistas basado en inteligencia artificial: “Se llama PIA, Asistente de Inteligencia Personal. Entrevista a los postulantes, analiza documentos y arma un ranking. Es un proceso transparente y rápido que nos permitirá complementar las tripulaciones con quienes estén habilitados”, explicó Riva Zucchelli”.
Como si todo esto fuera poco, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, realizada el pasado jueves 17 de julio, que “no hay ningún artículo de la ley que impida tener afiliación obligatoria” a los sindicatos. Un disparate de estas características se le podría perdonar a quien no tenga formación en temas legales, pero no a un sindicalista con la experiencia de Castillo que además ocupa el cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social. La mentira que Castillo dijo ante la comisión senatorial es fácilmente rebatible por los artículos constitucionales que protegen la libertad de pensamiento, acción y expresión de los trabajadores no afiliados, así como su dignidad y libertad de conciencia. Como si fuera poco, el artículo 72 de nuestra carta magna, el cual dispone que “la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Este artículo desmiente totalmente a Castillo, porque establece que en forma expresa que aun cuando no exista una norma específica, los derechos inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno (como no ser obligado a afiliarte a un sindicato para trabajar) están plenamente vigentes y deben ser respetados. A todo ello deben sumarse los tratados internacionales que constituyen normas válidas y vigentes para proteger a los trabajadores que, por cualquier motivo, han decidido no formar parte de un sindicato o han resuelto dejar de formar parte del mismo. Juan Castillo podrá tener el título de ministro y tener un auto oficial con nafta que pagamos todos (inclusive los trabajadores no afiliados a ningún sindicato) pero no es más que un mentiroso, porque es una mentira lo que dijo ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. “No hay más perro que el chocolate”, señor ministro; siga vendiendo humo si quiere, pero sepa que no tiene razón.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE) la palabra “patota” significa “grupo, normalmente integrado por jóvenes, que suele a darse a provocaciones, desmanes y abusos en lugares públicos”. Precisamente en eso se han transformado los sindicalistas en Uruguay: en una patota engrandecida por su propia violencia y apoyada por la impunidad de que goza gracias a la inacción de jueces y fiscales. Si a esto le sumamos la corrupción en el uso de los dineros sindicales aportados por los trabajadores, la tormenta perfecta está formada. Mientras tanto, Uruguay y los trabajadores no sindicalizados siguen arrodillados frente al lamentable accionar de los sindicalistas, una patota desbocada que ataca y agrede a todos los que no piensan como ellos.