La Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) dependiente del Ministerio de Vivienda (MVOT) fue creada en 2020 con la Ley de Urgente Consideración (LUC), en 2022 se aprobó su financiamiento y comenzó a trabajar en 2023. El Plan Avanzar fue creado en 2022 y en 2023 se logró un fideicomiso con recursos provenientes del Instituto Nacional de Colonización que fue rechazado por el Frente Amplio en el período pasado. “Y lo que pudo empezar de todo el proyecto fueron 1.912 viviendas, entre terminadas y otras que siguen en ejecución”, señaló a EL TELEGRAFO el subsecretario del ministerio, Christian Di Candia.
El Ministerio de Economía mantiene una deuda de 74 millones de dólares desde el período pasado con el Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU).
“El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se comprometió a intentar pagarlo lo antes posible. Quizás hubo un análisis errado de que solamente con poner dinero, licitar y construir se iba a actuar rápidamente con las relocalizaciones y atención a la vulnerabilidad, cuando entendemos que la pobreza es multidimensional”.
Según el subsecretario, “hay un trabajo social para hacer, antes de iniciar el proceso de obras que es muy fuerte. Lo hacen muy bien las intendencias y el Plan Juntos, pero cuando se generó el Plan Avanzar estaba vacío de esa pata y eso generó mucha lentitud. No hay manera de entrar a un barrio sin asistencia social y sin técnicos capaces de acompañar los procesos con poblaciones que están históricamente vulneradas”.
Explicó que al comienzo de la gestión “se hizo un balance de cada una de las políticas en ejecución, algunas fueron modificadas en los aspectos que entendimos había que mejorar, como el Plan Entre Todos que se fortalecerá porque principalmente actuó en el interior del país”.
Consultado sobre las cifras obtenidas por la administración anterior, “el total de soluciones habitacionales terminadas y en ejecución del 2020 al 2024 son de 22.927. El 57% corresponde a cooperativas, el 14% a relocalizaciones, el 11% a Mevir, 6% Plan Juntos, entre otros”, precisó.
Utilidades del BHU
En un principio se planteó que el Banco Hipotecario (BHU) destinara una parte de las utilidades al Ministerio de Vivienda. Finalmente, la idea no fue presentada en el Presupuesto Quinquenal.
“Es una idea novedosa que las utilidades que pueda dar el banco sean mantenidas dentro del Sistema Público de Vivienda con esta mirada general y, de esa forma, generar subsidios de alquiler para determinadas poblaciones. Ese artículo fue en el primer borrador, no quedó en el presupuesto general porque las utilidades van a Rentas Generales y, obviamente, el Ministerio de Economía ya contaba con esos ingresos. Pero quedamos en verlo durante el quinquenio para intentar que eso se materialice”.
Vivienda usada y garantías de alquiler
Ambos programas suman unas 4.000 soluciones habitacionales para el quinquenio. “Se comenzó con 350 préstamos para compra de vivienda usada que fue exclusivamente para el interior del país. La Agencia Nacional de Vivienda realiza un remate en Montevideo con viviendas que recuperó y también otorga un subsidio. Es un ejemplo de que ya comenzamos a implementar estos programas”, dijo Di Candia.
“La idea es poder establecer un subsidio a la demanda, que las familias puedan comprar una vivienda usada y que el ministerio pueda ayudar con un porcentaje del valor de esa vivienda. Habrá que resolver los porcentajes en las reglamentaciones del presupuesto, pero es una ayuda importante para incorporar otro programa que no sea solamente la compra de vivienda nueva”.
La garantía de alquiler “se mantiene casi intacto, si bien no es un programa que haya tenido mucha demanda porque el mercado hoy da muchas soluciones, pero algo se mueve”, añadió.
Cooperativas de viviendas
Di Candia confirmó que se mantendrán dos sorteos anuales, “incorporamos y están funcionando desde hace dos meses, cuatro mesas de diálogo con las cuatro federaciones del sistema cooperativo, la mesa de los Institutos de Asistencia Técnica (IAT) con el Instituto Nacional del Cooperativismo que trabajan sobre diversos temas”.
Las mesas intercambian “sobre cuestiones vinculadas a mejorar la gestión tanto de las cooperativas, los IAT, el ministerio o la ANV. Otro grupo trabaja sobre temas transversales como el control de los subsidios que, en algunos casos tienen un uso poco feliz, por decirlo de alguna manera. O el uso de los cupos vacíos en las cooperativas de viviendas, así como cambios al reglamento del producto arquitectónico que quedó en el tiempo”.
Consultado sobre la posibilidad de atender el reclamo de las federaciones que piden el descuento del IVA a la compra de los materiales de construcción, señaló que “fue presentado ante el Ministerio de Economía y es un compromiso para el quinquenio”.
Crece desde el pie y más barrio
El programa Crece desde el Pie, creado con la presente administración, “tiene una visión política general pero un perfil muy técnico enfocado en la vulnerabilidad social, donde la ministra ha trabajado históricamente”, destacó Di Candia en referencia a la labor de Tamara Paseyro, quien en los últimos 20 años trabajó en temas vinculados a la vivienda y políticas sociales del MVOT y la Intendencia de Montevideo.
El programa trabaja junto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en un piloto hasta fin de año con el programa Uruguay Crece Contigo, que capta a embarazadas con 60 intervenciones hasta diciembre.
Con el fin de obtener mayores recursos, el Ministerio de Economía gestionará ante CAF-Banco de Desarrollo de América Latina un préstamo de 50 millones de dólares para el quinquenio y podría reforzarse en 2028, con destino al programa Más Barrio.
En este caso, se desarrolló en conjunto con el Ministerio del Interior, la Administración Nacional de Educación Pública, INAU, INJU y Maestras Comunitarias.
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