El arco político, en general, tiene memoria a corto plazo. Oficialismo y oposición, según los ubique la decisión del soberano, desatan sus críticas cuando el desacuerdo es amplio. Como ocurrió la semana pasada. Entre el lunes 22 y el sábado 27 de setiembre se registró una ola de homicidios en varios puntos del país: doce muertes en total.
La estadística no es nueva. Algo similar ocurrió hace un año, entre el viernes 8 y el viernes 15 de agosto de 2024, por ejemplo. En esos días mataron a tres adolescentes, a una víctima circunstancial que no estaba involucrada en el ataque y a un policía.
Incluso es posible remontarse más atrás. En 2018, la entonces ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich —quien ocupa hoy el mismo cargo en el gobierno de Javier Milei—, afirmaba durante un debate en un canal bonaerense que “Montevideo tiene más asesinatos que Argentina”.
Las palabras de la ministra resonaron con fuerza de este lado del río. Sin embargo, los datos chequeados en aquel momento, provenientes del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, indicaban que en 2017 se cometieron 238 homicidios dolosos, lo que correspondía a una tasa de 8,1 cada 100.000 habitantes. Aunque alta, era inferior a la registrada en 2015, cuando se alcanzaron 8,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En tanto, los datos del Ministerio de Seguridad argentino señalaban en 2016 la ocurrencia de 2.605 homicidios dolosos, es decir, una tasa de 6 cada 100.000 habitantes. En 2017, esa cifra bajó a 5,2.
Las valoraciones políticas, entonces como ahora, se cruzan con una realidad que se repite sin importar quién ocupe el Poder Ejecutivo.
Las últimas encuestas vuelven a mostrar los mismos resultados. El 51 % de los uruguayos está preocupado por la inseguridad, seguido del desempleo (31 %), especialmente en el Interior.
Mientras los casos se acumulan, el gobierno diseña un Plan Nacional de Seguridad Pública que se implementaría en 2026, en coordinación con autoridades y la sociedad civil. La iniciativa, aunque valiosa en sí misma, no responde a la urgencia de una ciudadanía que reclama soluciones desde hace años. Porque lo sucedido en estos días no es novedoso.
Lo realmente nuevo, si es que algo sorprende aún a las autoridades de turno, es que tanto delincuentes como víctimas son cada vez más jóvenes. Son generaciones a las que hace tiempo les da igual vivir o no. En esa intensidad vacía de futuro y contención, se convirtieron en presa fácil del narcotráfico y el crimen organizado.
Incluso esa vida intensa, pero carente de valores, los empuja a cometer otros delitos, como las carreras ilegales. Tal como ocurrió hace unos días, con el involucramiento de una niña que aún permanece en grave estado y la huida de los responsables, de 21 y 23 años.
Se trata de jóvenes con antecedentes desde la adolescencia, con historiales que ni la justicia logró frenar. Como el caso de “el Pelón”, hoy con 32 años, internado por primera vez en el INAU en 2008, a los 15, por tentativa de homicidio. Si se repasa su trayectoria hasta que fue capturado en Florida la semana pasada, se observa que entre cada homicidio y el siguiente ataque pasaban, en promedio, apenas dos años.
En 2009 fue reintegrado por venta de drogas y liberado. En julio de 2010, internado nuevamente por un homicidio, fue liberado por un juez. En octubre de ese año, cometió otro homicidio en Canelones, volvió al INAU y fue liberado otra vez. En enero de 2011 retornó por una rapiña y otro homicidio, esta vez a un repartidor. Finalmente, ese año, la Suprema Corte de Justicia sancionó al juez que lo dejaba libre.
A simple vista, parece un error. Pero no lo es.
Cuando cumplió la mayoría de edad, fue procesado con prisión por delitos como lesiones graves (2019); en 2021, por incendio, violencia doméstica y lesiones personales. A comienzos de 2023 volvió a la cárcel por suministro de drogas. Hasta la semana pasada, era buscado por tres homicidios ocurridos en apenas siete días, donde se lo consideraba partícipe directo.
La cárcel, en su vida, se transformó en una puerta vaivén. Las penas breves lo devolvían a las calles para seguir cometiendo sus delitos predilectos: homicidio y lesiones personales.
Mientras la ciudadanía escucha el incesante cruce de acusaciones sobre la inseguridad, la realidad es mucho más grave que cualquier frase viral en la red social X. Y se repite desde hace décadas, con pocas variaciones.
El arco político deberá entender que la sensación de impotencia ciudadana es mucho más profunda que sus lecturas partidarias. Porque, según el barrio o el lugar del país, salir a la calle se transforma en una opción riesgosa.
Los ministros del Interior en gobiernos del Frente Amplio solían ser confirmados en sus cargos. Eduardo Bonomi lideró la cartera durante una década, atravesando las administraciones de José Mujica y Tabaré Vázquez, con el récord de interpelaciones parlamentarias. Claramente, sin resultados políticos visibles.
El actual ministro, Carlos Negro —anteriormente fiscal de Homicidios—, destacó en conferencia de prensa que casi el 90 % de las investigaciones registran “avances muy importantes”. Su formación técnica valora ese dato. Pero la población, no.
La gente ve el delito, muchas veces lo sufre, y cada situación se convierte en temor e impotencia. Esa misma “sensación térmica” —término acuñado por otro ministro del Interior frenteamplista— que puede hacer ganar o perder una elección.
Mientras tanto, desde 2009, la inseguridad continúa liderando las encuestas como principal preocupación de la población.
Todo lo demás es una discusión entre ellos.
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