Mes: septiembre 2025

Además de Treinta y Tres, otros departamentos muestran señales de alerta. Paysandú alcanzó un desempleo de 10,3% y Río Negro llegó a 9,9%, en ambos casos por encima de los dos dígitos. La situación en Artigas también preocupa, con una tasa de 8,6%. Estos datos marcan un contraste con los departamentos de mejor desempeño, como Cerro Largo (3,4%), Rivera (5,1%) y San José (5,3%), donde las cifras son menos de la mitad del promedio. La brecha entre regiones refleja un mapa laboral fragmentado, con un litoral norte tensionado y un Interior Este que enfrenta problemas estructurales de empleo.

En conjunto, estos departamentos configuran un corredor crítico en el norte y el litoral, donde la generación de empleo se ve limitada por la dependencia de actividades zafrales y por la falta de dinamismo en sectores industriales y de servicios.

Según los datos del INE, en Paysandú unas 6.600 personas permanecen desocupadas, mientras que en Río Negro la cifra asciende a 2.800 y en Treinta y Tres supera las 3.600, un número impactante dado el tamaño poblacional del departamento. En Montevideo, el desempleo se ubicó en 7,3%, en línea con el promedio del país. Sin embargo, los datos por municipio muestran realidades muy distintas dentro de la capital. El Municipio A, que concentra barrios de la zona oeste, alcanzó un desempleo de 10,1%, mientras que el Municipio B, que incluye áreas céntricas, apenas llegó a 3,7%. Esta brecha evidencia desigualdades territoriales incluso en el principal centro urbano del país.

El informe también releva la proporción de ocupados no registrados en la seguridad social, que a nivel nacional fue de 22%. Sin embargo, en departamentos como Cerro Largo (39,3%), Artigas (35,8%) y Rivera (38,3%) los niveles de informalidad superan un tercio de los trabajadores. Esta situación limita la estabilidad laboral y acentúa la vulnerabilidad económica en zonas que ya presentan mayores tasas de desempleo.

Los datos del INE confirman que el mercado laboral mantiene una fuerte heterogeneidad según la geografía. Mientras el sur y el área metropolitana tienden a mostrar indicadores más estables, el norte y el litoral aparecen recurrentemente como focos de mayor desempleo y precariedad.

MILITARES IMPUTADOS POR ABUSO SEXUAL

(SUBRAYADO)
La Justicia Penal imputó este jueves a los tres militares que estaban detenidos acusados de la violación a una joven de 19 años en la zona del polideportivo de Paso Carrasco en Canelones.
Los militares de 22, 23 y 26 años, que prestaban servicio en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 6, ubicado a unos 400 metros del polideportivo, fueron imputados por abuso sexual especialmente agravado. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación. La defensa no se opuso a la formalización ni a prisión preventiva, solicitó que fuera de menor extensión, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.
“En esta etapa, rige el principio de inocencia, no hay una sentencia de condena, pero a juicio de la Fiscalía hay evidencia muy sólida de la comisión de estos delitos”, aclaró.

El hecho ocurrió en un descampado próximo a avenida a la Playa y Wilson Ferreira Aldunate. Fue el vigilante del polideportivo quien llamó a la Policía pasada la medianoche del miércoles al escuchar los gritos de la víctima que pedía ayuda.

Cuando los efectivos de la seccional 26 de Paso Carrasco y de la Guardia Republicana llegaron al lugar encontraron a los tres hombres y a la víctima. La joven se encontraba semidesnuda y estaba siendo violada y golpeada por los tres hombres, según observaron los policías. Los militares fueron detenidos y la joven fue trasladada de urgencia a un centro asistencial tras desmayarse.
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió al caso como “terrible”. “Cuando estas cosas suceden, más allá de que hay que demostrar del punto de vista de la Justicia, nos habla de una sociedad que está teniendo problemas de violencia”, reflexionó.

Lazo indicó que el Ministerio de Defensa Nacional inició una investigación administrativa paralela a la indagatoria de la Fiscalía de Ciudad de la Costa de 1º turno, a cargo de Fernando Valerio.

PARA SINDICATOS “LA EDUCACIÓN PÚBLICA NO ES PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO”

(TELEMUNDO)
Los sindicatos de la educación difundieron este jueves un comunicado conjunto en que cuestionan el proyecto de ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo remitió el 31 de agosto al Parlamento y que, según los gremios, demuestra que “la educación pública no es prioridad para el Gobierno”. La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) “alerta al pueblo” que “una vez más” un gobierno nacional “desatiende los pedidos presupuestales de los organismos educativos”.

Para los gremios, esto es un “incumplimiento con respeto a la plataforma electoral que presentó a la ciudadanía”, y citan, no el programa de gobierno, sino las “bases programáticas” que el Frente Amplio presentó en marzo de 2024. “Retomaremos el crecimiento de la inversión en educación pública estatal, sobre la base del 6% en educación más el 1% del PBI para investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, garantizando alcanzar esas metas en el periodo de gobierno 2025-2030”, decía una de las “acciones prioritarias” del capítulo educativo.

Los sindicatos consideraron “grave en términos democráticos” el no cumplimiento, y alertaron por “ribetes más alarmantes aún”: “El mensaje presupuestal marca una tendencia que, de no modificarse sustantivamente, además de incumplir compromisos electorales, conduce a una reducción de la participación del presupuesto educativo con respecto al PBI proyectado por el mismo gobierno al final del período”.

Reconocen, en parte, que el Presupuesto “atiende aspectos largamente reclamados, como la alimentación escolar en educación media, las transferencias que buscan dar respuestas a necesidades de nuestros estudiantes como el bono escolar o becas”, pero señalan que “otros temas sustantivos (…) continuarán postergados”.

Enumeran cuatro áreas que tendrán “ausencia de financiamiento necesario”. El primero es la infraestructura “que posibilite realizar las obras necesarias en términos de construcción, reparación y mantenimiento edilicio”. Luego, apuntan a la necesidad de crear “cargos para concretar la extensión del tiempo pedagógico, crear equipos multidisciplinarios, reducir la cantidad de estudiantes por grupo y mejorar las apoyaturas pedagógicas”. En tercer lugar se menciona el “apoyo a los planes de expansión territorial de nuestras universidades públicas” y, finalmente, la mejora del salario de trabajadores, “en especial los más sumergidos en los escalafones administrativos y de servicio, y especialmente el sector docente universitario”.

Para los gremios, el gobierno “aún está a tiempo de asumir la responsabilidad” enviando un “mensaje complementario que permita comenzar a resolver los problemas planteados”. Consultado sobre la posibilidad de aumentar el gasto, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se ha mostrado reticente y ha apelado a la negociación parlamentaria como método para redistribuir los recursos entre los incisos.