El deterioro de la salud mental de la población constituye una crisis silenciosa pero devastadora, que requiere ser abordada con urgencia, facilitando el acceso a la atención y la prevención en todo el territorio nacional.
Aunque se han logrado avances en indicadores socioeconómicos y en la cobertura sanitaria, los problemas psicológicos y emocionales —particularmente el suicidio— continúan siendo una de las mayores amenazas para el bienestar social, así como uno de los grandes desafíos de la salud pública a nivel nacional y mundial.
Uruguay se encuentra entre los países latinoamericanos con la tasa más alta de suicidios. Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), el año pasado más de 700 personas se quitaron la vida (lo que representa una tasa de aproximadamente 21 personas cada 100.000 habitantes) y se registraron más de 5.704 casos de intentos de autoeliminación, cuya notificación es obligatoria desde 2012.
El problema de la salud mental se agrava si consideramos que los trastornos depresivos y de ansiedad afectan a aproximadamente el 10 % de la población, y que las personas en contextos de vulnerabilidad socioeconómica tienen un riesgo aún mayor de desarrollar trastornos mentales severos, en parte debido a la falta de acceso a servicios especializados y al estigma asociado a buscar ayuda.
Este panorama exige acciones urgentes. Si bien ya se comienzan a observar resultados, aún queda un largo camino por recorrer, y es necesario avanzar con rapidez. En estos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó en su sitio web el esfuerzo de Uruguay en la prevención del suicidio. En particular, resaltó la implementación de un sistema nacional de vigilancia digital de intentos de autoeliminación en tiempo real, que permite una detección más temprana, respuestas clínicas oportunas y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.
“Reconociendo que los intentos de suicidio previos constituyen un importante factor de riesgo para futuros suicidios, las autoridades sanitarias uruguayas han priorizado a nivel nacional la mejora de la detección y el seguimiento de estos eventos. El reciente lanzamiento de un sistema nacional de registro digital está permitiendo respuestas más rápidas y precisas a la conducta suicida, y ofrece información valiosa que fundamenta tanto la atención clínica como las políticas de salud pública”, señaló la OMS.
En cuanto al desarrollo de esta iniciativa, cabe señalar que en 2013 se implementó un registro en formato papel, el cual presentaba limitaciones en términos de oportunidad y efectividad. Por ello, en 2022 el MSP dio inicio al registro digital, estableciendo que los 97 servicios de urgencia del país deben reportar cada intento de suicidio atendido en sus puertas de emergencia dentro de las 24 horas posteriores al evento. Este sistema digital, cuyo ingreso de datos lleva en promedio solo cinco minutos, ha permitido determinar qué variables son más relevantes, equilibrando el valor epidemiológico con la viabilidad clínica y teniendo en cuenta experiencias internacionales. Según la OMS, el sistema uruguayo ya está mostrando beneficios, dado que los profesionales de salud mental autorizados pueden acceder a datos en tiempo real sobre intentos de suicidio recientes, lo que facilita un seguimiento rápido. Además, las directrices clínicas nacionales para el manejo y seguimiento de personas con intentos de suicidio exigen que todas las personas que acudan al servicio de urgencias sean atendidas por un profesional capacitado —como un psiquiatra, psicólogo o enfermero/a especializado en salud mental— dentro de las 48 horas y hasta un máximo de 7 días posteriores al intento. De esta manera, el sistema de vigilancia y las directrices clínicas se complementan como mecanismos que promueven la intervención oportuna y la continuidad de la atención.
“Al establecer una infraestructura nacional para el monitoreo en tiempo real, Uruguay está sentando las bases para una prevención más inteligente, basada en la evidencia, la colaboración y la respuesta rápida. Los datos ya están informando el diseño de la próxima Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio de Uruguay”, expresó la OMS.
Este sistema facilita el conocimiento de los casos y la atención de las personas mediante información oportuna y de calidad. Representa un gran avance, ya que una vigilancia eficaz no solo permite tomar decisiones fundamentadas para abordar el problema, sino que también puede salvar vidas. Sin embargo, aunque constituye un paso clave para garantizar respuestas oportunas y coordinadas, es necesario complementarlo con otras herramientas y, fundamentalmente, con políticas públicas sustentadas en la evidencia acumulada, así como con la asignación presupuestal necesaria para efectivizar las acciones en el territorio. Estas deben adaptarse a las poblaciones de alto riesgo y facilitar la prevención.
Los trastornos de salud mental, como la ansiedad y la depresión, son cada vez más frecuentes y afectan a personas de todas las edades y niveles de ingreso. Constituyen una causa importante de discapacidad prolongada, aumentan los años de vida saludable perdidos y generan costos económicos significativos tanto para las familias afectadas como para los sistemas de salud.
Se trata de un tema todavía invisibilizado e incluso tabú. Pero, teniendo en cuenta su impacto en la salud pública y social, ¿no resulta fundamental abrir el diálogo sobre las enfermedades mentales y el suicidio? ¿No constituye acaso un problema que no puede seguir siendo ignorado si realmente queremos prevenirlo? Especialmente en estos casos, el silencio puede impedir que las personas —incluso aquellas que se encuentran en nuestro entorno más cercano— reciban la ayuda que necesitan.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló recientemente, en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Salud Mental —en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental para el período 2025-2030— que la salud mental es una de las “prioridades del gobierno” en el actual quinquenio, y que se apuesta a superar el modelo biomédico para adoptar un enfoque comunitario y basado en derechos.
En este sentido, resulta impostergable que el gobierno actúe con diligencia y eficacia para garantizar el acceso a la atención en salud mental como un derecho básico de todas las personas, acortando los tiempos de espera para consultas y evitando una lógica centralista que muchas veces ignora las realidades de quienes viven en el interior del país.
Coincidimos en que la salud mental no reside exclusivamente en los hospitales, sino también en las plazas, las escuelas, los liceos, las redes barriales, los clubes deportivos y los espacios culturales. Todos estos pueden ser aliados clave en la articulación con el sistema de salud, en pos de la meta de prevenir y mejorar la salud mental de la población. Esta necesidad se vuelve aún más apremiante cuando los especialistas comienzan a advertir sobre el impacto negativo del uso excesivo de pantallas, redes sociales e inteligencia artificial en la salud mental de adolescentes y jóvenes.
La oreja de nuestros problemas de ansiedad y depresión no puede ser ChatGPT. Pero se necesitan recursos, formación y reconocimiento para abrir el diálogo y fortalecer las redes de cuidado en el espacio comunitario.