Refuerzan seguridad en la frontera por riesgo al ingreso de narcos brasileños; Partido Nacional teme “efecto rebote”

(subrayado-ámbito) El ministro del Interior, Carlos Negro, concurrió este jueves al Parlamento, donde fue recibido por la Comisión de Presupuesto del Senado. Allí informó que se reforzó la seguridad en la frontera, como prevención ante lo que está ocurriendo en Brasil con el grupo criminal Comando Vermelho. “Ya se tomaron medidas. Hay órdenes expresas de la custodia y reforzamiento de la vigilancia de la frontera y la Policía está tomando cartas en el asunto”, indicó el ministro. En 15 días, Negro viaja a Brasil y allí se reunirá con ministros del Interior de la región y este será uno de los temas a tratar. “La problemática de Rio de Janeiro por supuesto que nos preocupa. Aparte nos lleva a pensar en lo que no puede pasar y lo que no debemos hacer en nuestro país. La violencia indiscriminada que pudimos ver, las imágenes dramáticas, de una violencia que se ejerció sin objetivos claros y que seguramente está determinando el fallecimiento de personas inocentes (...) nos lleva a la reflexión de qué políticas de seguridad queremos implementar en nuestro país y qué política de seguridad no debemos implementar. También nos tiene que llevar a la reflexión de los mensajes que se dan, porque exaltar este tipo de acciones es profundamente irresponsable y tenemos que tratar de mantener la cordura, la calma, para ver las acciones que eviten que nuestra sociedad tenga que padecer es estos niveles de violencia”, sostuvo Negro. Más temprano, el senador blanco Javier García había llamado a que se despliegue el Ejército en la frontera. “La situación en Brasil de enfrentamiento con bandas narcos hace que se deba impedir con todos los medios el ingreso a UY de bandas armadas desde allí”, sostuvo el nacionalista. Por otro lado, el senador del Partido Nacional (PN), Nicolás Martinelli, advirtió sobre el riesgo de un “efecto rebote” en el país luego del operativo antidrogas llevado adelante en favelas de Río de Janeiro. Según explicó Martinelli, exministro del Interior de la gestión de Luis Lacalle Pou, la presión policial en Brasil podría generar un desplazamiento de grupos dedicados al narcotráfico hacia otros países de la región, entre ellos, Uruguay. “Estos operativos no terminan con las organizaciones, sino que muchas veces las empujan a buscar nuevos territorios donde operar. Tenemos que estar atentos y preparados”, subrayó. El Ministerio del Interior (MI) ya analiza medidas de refuerzo en las zonas fronterizas y mantiene comunicación con las autoridades brasileñas y argentinas para intercambiar información. “El crimen organizado no tiene fronteras. Lo que pasa en Río puede tener repercusiones directas en nuestro país”, insistió. El jerarca remarcó la importancia de la cooperación internacional para evitar que el país se convierta en una vía de escape o tránsito para estas redes. “La prevención es clave. No podemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para actuar”, afirmó.

ASSE ADVIERTE SOBRE INTENTO DE ESTAFA

(asse) Un comunicado emitido por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) advierte que han “tomado conocimiento de la realización de llamadas o envío de mensajes desde números de teléfonos celulares identificados con un logo de ASSE, proponiendo llevar adelante determinados pasos, que incluyen información sobre datos personales y solicitando un código QR, con la excusa de una campaña vinculada a un nuevo esquema de vacunación”. Dichos contactos están asociados a números de origen correspondientes a Argentina, registrándose hasta el momento los siguientes: +54 9 2216 92-5865 y +54 9 11 5900-8584. Desde ASSE aclaran que se trata de una nueva modalidad de estafa “que pretende hackear el celular y acceder a todos los datos de la persona, incluidas sus cuentas bancarias”. ASSE exhorta a la población a estar atenta a esta situación y resalta nuevamente que no está realizando ninguna campaña de ese estilo por esta vía.

FIRMAN PROMULGACIÓN DE LEY DE EUTANASIA

(LA RED 21) El presidente Yamandú Orsi, junto a sus ministros, firmó la promulgación de la ley de eutanasia, denominada formalmente de “muerte digna”. Este acto administrativo da inicio al plazo de 180 días que dispone el Poder Ejecutivo para redactar y presentar el decreto que reglamentará la aplicación concreta de la norma. La firma se realizó el 24 de octubre, fecha consignada en el documento oficial. La normativa obtuvo su sanción definitiva durante la sesión del Senado en la noche del 15 de octubre. Este evento legislativo culminó un proceso que había comenzado con la aprobación previa por parte de la Cámara de Diputados en el mes de agosto. El gobierno contaba con un período de diez días hábiles para proceder con la promulgación, tal como establece el procedimiento legal. El cuerpo legal establece un marco para regular el procedimiento de eutanasia en situaciones específicas. Estas incluyen enfermedades terminales o incurables, así como casos de sufrimiento insoportable, siempre que el paciente así lo decida y se encuentre en el uso pleno de sus facultades mentales.