(ÁMBITO)
El gobierno presentó finalmente este viernes por la tarde la denuncia civil y penal contra el astillero español Cardama ante la sospecha de “fraude o estafa” respecto de la garantía incluida en el contrato por la construcción de dos patrullas oceánicas tipo OPV.
La denuncia fue entregada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, en la Fiscalía. A partir de ahora, la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) será la encargada de designar un fiscal a la causa, quien probablemente provenga de la sección de Delitos Económicos y Complejos.
“No tenemos una garantía porque lamentablemente tenemos una empresa que al parecer es de papel”, comentó Sánchez al salir a la Fiscalía.
Este miércoles el presidente de la República, Yamandú Orsi, informó a la población en conferencia de prensa que, al momento de querer ejecutar la garantía por incumplimiento del contrato por parte de Cardama, el gobierno tomó conocimiento de que la compañía garante EuroCommerce Bank, no funcionaba en el lugar y sería una “empresa de papel” –en proceso de liquidación–, bajo el nombre de un ciudadano ruso y sin actividad durante el último año. Lo que llevó a las autoridades a hablar de “fraude o estafa contra el Estado uruguayo” y a iniciar acciones legales para la rescisión del contrato.
Tanto desde el astillero como desde la oposición, señalan que dichas irregularidades responden únicamente a cuestiones formales y temas de apostillado; e insisten en que no es motivo suficiente para dar por finalizado el contrato por el que, hasta el momento, el Estado pagó 30 millones de dólares en total, a través de tres transferencias.
Además de la denuncia en la Fiscalía, las autoridades anunciaron una investigación administrativa en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco República (BROU); así como una comisión preinvestigadora en el Parlamento.
El astillero Cardama negó “fraude”
(EFE)
El director general del astillero español Cardama, Mario Cardama, negó que su empresa haya cometido un “fraude” en los avales del contrato de dos patrulleras encargadas por Uruguay y aseguró tener un “plan b” con la posibilidad de vender esos barcos a otra región si nuestro país rescinde el contrato.
El gobierno anunció esta semana que va a rescindir el contrato firmado en 2023 con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques de patrulla oceánica tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo.
En una entrevista con Onda Cero Vigo, Cardama defendió que su empresa –con sede en la localidad gallega de Vigo (noroeste español)– ofreció a Uruguay tres bancos con los que avalar la operación y, tras entregar la garantía a un banco británico, han ido mandando año a año la renovación de esas garantías para mostrar que están “cumpliendo el contrato”. Orsi afirmó que existen indicios de “una estafa o un fraude al Estado uruguayo” y ordenó iniciar acciones judiciales civiles y penales y firmó una resolución para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento ante su vencimiento.
El director general del astillero vigués reivindicó que está “todo en orden” y criticó que, a su juicio, este es “un tema político”, en el que han usado a la compañía “por temas electorales”, ya que no tiene constancia de que el banco británico al que presentaron esos avales esté en proceso de liquidación.
A su juicio, romper el contrato no tiene “aparente” justificación y deduce que “las razonas son políticas” porque el gobierno actual de Uruguay “se oponía el año pasado” a que las patrulleras, contratadas por un valor de unos 92 millones de dólares, las construyeran “los chinos” y ahora deben de haber visto “una oportunidad” para resolverlo. En todo caso, esgrimió que si en Uruguay hablan de que ese banco está en quiebra o no está en vigor “no es culpa” del astillero. Por ello, ha pedido una reunión con Orsi mientras “recopila toda la información”. El empresario prevé viajar de forma inminente a Uruguay.
Ministra Lazo será convocada a la comisión de defensa
(EFE)
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, será convocada a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes para brindar allí información sobre la decisión del gobierno de rescindir el contrato firmado con el astillero español Cardama. Así lo informó el diputado por el Partido Colorado Maximiliano Campo, integrante de dicha Comisión.
Allí se le consultará a la ministra sobre distintos aspectos del tema, como el avance de la obra hasta el momento y se buscará saber si la decisión se tomó solo por el tema de las garantías.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, explicó que en el contrato entre el Estado uruguayo y Cardama se estableció que en un plazo máximo de 45 días la empresa española tenía que presentar una garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones.
“Cardama no cumplió en el plazo establecido y fue solicitando sucesivas prórrogas (…) Los 45 días se transformaron en once meses. En ese proceso Cardama inició siete procesos de validación de garantías, todos ellos fueron rechazados”, puntualizó.
Agregó que –ya vencido el plazo– presentó una garantía de fiel cumplimiento de la empresa Eurocommerce, con sede en el Reino Unido, que fue aceptada pese a no cumplir con lo que establecía el contrato. “Ante la inminencia del vencimiento del plazo, porque el 22 de setiembre Cardama nos debió decir cuál era la nueva garantía, el presidente de la República resolvió iniciar el proceso de ejecución de la garantía y dio instrucciones al embajador en el Reino Unido que se constituyera en las oficinas de la empresa Eurocommerce en el Reino Unido, a los efectos de notificar de manera formal a la empresa que depositara el dinero de la garantía en una cuenta a nombre del Estado uruguayo”, detalló.
Añadió que en ese domicilio nunca funcionó esa empresa y que un estudio jurídico informó a Uruguay que Eurocommerce está “en proceso de liquidación”.
“Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude al Estado uruguayo pues esta garantía no existiría”, subrayó Díaz.
Asimismo, indicó que ante “esta situación el presidente resolvió iniciar el proceso de rescisión de contrato por incumplimiento de las obligaciones de constitución de garantía de fiel cumplimiento a Cardama”.
FUS expulsó a Jorge Bermúdez por manejo irregular de fondos gremiales
(SUBRAYADO)
Una asamblea de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) resolvió este viernes la expulsión del exsecretario general, Jorge Bermúdez, por tener depositados en una cuenta personal fondos correspondientes al sindicato.
A fines de julio, la directiva de la FUS había intimado a Bermúdez y al exsecretario de Finanzas, Héctor Dos Santos, a devolver el dinero depositado por las mutualistas en una cuenta que está a nombre de ambos, y que el sindicato advirtió que debía estar en la cuenta bancaria de la FUS. El dinero que ponen las mutualistas por cada trabajador que tienen en planilla es para el Fondo de Formación del sindicato.
En su defensa, Bermúdez dijo entonces a Subrayado que en la cuenta a su nombre había quedado un remanente de 180.000 pesos que transferiría en días sucesivos. Aseguró que durante décadas la FUS tuvo su cuenta bancaria a nombre del secretario general del sindicato, porque la organización de trabajadores no tenía personería jurídica. También aseguró que fue él quien aplicó la ley del período pasado para darle personería jurídica a la FUS y así pasar la cuenta bancaria a nombre del sindicato. Hecho esto, sostuvo, las mutualistas pasaron a depositar el dinero para el Fondo de Formación en la cuenta de la FUS, pero quedó un remanente en la cuenta a su nombre.
En un comunicado, la FUS asegura que de la auditoría “se evidenciaron graves irregularidades en los estados financieros de la organización” y por lo tanto, la asamblea resolvió la expulsión de Bermúdez y Dos Santos, por “conductas incompatibles con los principios y estatutos de la Federación”. Además, se suspendieron todos los derechos gremiales de Rossana Lombardo.
