Día: 12 de abril de 2026

La idea de que las leyes existen para “hacer justicia” tal como la gente la imagina en el lenguaje cotidiano es comprensible, pero no es del todo exacta desde el punto de vista jurídico y político.

Desde una perspectiva filosófico jurídica, la justicia entendida como ideal moral no coincide con la función del derecho positivo. Mientras la justicia remite a valores sustantivos, equidad, mérito y reparación, la ley opera como un sistema normativo general destinado a ordenar la convivencia mediante reglas abstractas y procedimientos formales.

Como sostuvo Hans Kelsen, el derecho no es un orden de justicia, sino un orden de coerción jurídicamente organizado, cuya validez no depende de su contenido moral sino de su estructura normativa.

La justicia, como valor superior del ordenamiento jurídico, opera como un principio integrador que articula razonabilidad, igualdad, equidad y prohibición de la arbitrariedad, manifestándose de modo diverso según el caso concreto.

Sin embargo, el derecho positivo cumple ante todo una función ordenadora, orientada a garantizar estabilidad y previsibilidad. Como advirtió Aristóteles, la justicia legal es necesariamente general y, por ello, imperfecta frente a la singularidad de los casos, mientras que John Rawls sostuvo que el derecho no busca realizar concepciones morales completas de la justicia, sino establecer un marco público de reglas equitativas que haga posible la cooperación social entre ciudadanos libres e iguales.

Caso a caso

La ley es una cosa pero la práctica del derecho, su aplicación, es particular, caso a caso. Para muchos, éste es un punto central del derecho moderno: la ley es general y abstracta; la práctica del derecho es concreta y situada.

La ley se formula en términos generales y abstractos, orientada a anticipar conductas y ordenar la convivencia, pero solo adquiere sentido pleno cuando se aplica a un caso concreto, con hechos específicos, pruebas incompletas y contextos singulares. Esa aplicación nunca es mecánica: la práctica jurídica es necesariamente interpretativa. Jueces, fiscales y abogados no ejecutan la norma como un automatismo, sino que la ponderan y encuadran, y aun diferencias mínimas entre casos pueden conducir a decisiones distintas, revelando la dimensión humana del derecho.

Esta distancia entre norma y aplicación explica muchas tensiones sociales: mientras la opinión pública suele evaluar la justicia por el resultado concreto, el derecho se juzga a sí mismo por la corrección del procedimiento. Una decisión puede ser formalmente válida y, sin embargo, percibirse como injusta, no por un fallo de la ley, sino porque la generalidad normativa nunca captura toda la complejidad del caso. En ese espacio intermedio se juega buena parte de la legitimidad del sistema jurídico: la práctica del derecho consiste en traducir lo general a lo singular, equilibrando legalidad, equidad y prudencia, y en esa traducción se revelan tanto la fortaleza como los límites del derecho en tanto instrumento de justicia.

El imperio de la ley no es la justicia

Esa afirmación es profundamente correcta y toca un núcleo clásico del pensamiento jurídico y político: el imperio de la ley no equivale a la justicia, aunque muchas veces se los confunda.

El imperio de la ley, rule of law, designa un principio de organización del poder orientado a que las decisiones públicas se adopten conforme a normas generales, conocidas y aplicables a todos, y no según voluntades arbitrarias. Su función central no es realizar la justicia en sentido moral, sino limitar el poder, garantizar previsibilidad y proteger a los individuos frente a la arbitrariedad.

La justicia, en cambio, es una noción más amplia, histórica y disputada, vinculada a ideas de equidad, mérito, reparación y dignidad, que no admite una definición única ni puede ser plenamente codificada. El derecho intenta aproximarse a ella, pero nunca la agota. Por eso, el imperio de la ley puede coexistir con situaciones profundamente injustas: un sistema legal formalmente correcto puede producir resultados que perpetúan desigualdades o daños estructurales. La legalidad asegura orden; no garantiza justicia sustantiva.

En la práctica jurídica, la justicia aparece así como una tensión permanente, no como un resultado asegurado.

El juez aplica la ley dentro de un espacio de interpretación y prudencia, donde se juega la posibilidad siempre limitada de acercar la norma general a la singularidad del caso.

En síntesis, el imperio de la ley es condición necesaria de la justicia moderna, pero no suficiente: confundirlos conduce a la ilusión de que todo lo legal es justo, cuando el derecho, en su mejor versión, solo promete contener la injusticia mediante reglas, sabiendo que nunca podrá eliminarla por completo.

Con el corazón partido

El doloroso caso Moisés pone de manifiesto la tensión estructural entre legalidad y justicia material: frente al abuso sexual reiterado de un padre sobre su descendencia, la acción homicida del hermano mayor se inscribe en un contexto de extrema vulnerabilidad y falla de protección institucional, obligando al derecho penal a confrontar los límites de la aplicación normativa cuando la respuesta legal entra en conflicto con una comprensión social de la justicia fundada en la defensa de bienes jurídicos primarios.
El dilema que expone el caso Moisés no es atribuible exclusivamente al Poder Judicial, sino que revela una insuficiencia estructural del campo jurídico en su conjunto. Eduardo J. Couture advirtió que el derecho no puede reducirse a la aplicación mecánica de la norma sin perder contacto con su finalidad última, pues “el derecho es una lucha constante entre la justicia y la seguridad”. Cuando la ley no logra dar respuesta adecuada a situaciones de violencia extrema y desprotección institucional, la legalidad preserva el orden, pero la justicia queda desplazada a un plano que el propio sistema jurídico no alcanza a resolver plenamente. Y se derrumba esa confianza en que en las leyes está la justicia… en las leyes y en los operadores del sistema.

En este sentido, el caso interpela también a la doctrina y a la formación jurídica, en la línea de lo señalado por Gelsi Bidart y Vázquez Rossi, quienes insistieron en que el derecho es una práctica situada, atravesada por valores y contextos, y no un sistema cerrado de reglas autosuficientes. La distancia entre justicia y ley no aparece aquí como una anomalía excepcional, sino como una tensión constitutiva del derecho moderno, que exige ser pensada críticamente por jueces, legisladores y juristas, más allá de la mera corrección formal de las decisiones.

Moisés excepcionalmente no necesita del “imperio de las leyes”, sino de ese bien superior y abstracto de justicia, la que necesitan los vulnerados. Para sentir en su piel y en la de su familia, que la vida vale la pena. Y nosotros, comprender que la violencia es mucho más que un momento, es una herida que lastima para siempre.

Uno pensaba que tenía tema: la guerra total, el Apocalipsis. Trump ya no asusta; su credibilidad hace agua. Cada vez que amenaza los iraníes responden con un ¡retruco! Además, recién descubrió al Estrecho de Ormuz; tendría que haberlo previsto y también que los iraníes son fanáticos y están dispuestos a morir y que esos son los peores enemigos. ¿Los estadounidenses lo están? Los europeos minga, con Europa no cuentes nunca. Pero los de EE.UU. se niegan a ir la guerra y además están más preocupados por el precio de la gasolina. ¿Quién ganará la guerra? ¿Quién la va ganando? Será para después de la tregua.

Volvamos, entonces, a aquí y ahora, a este gobierno tan parecido a Canelones, no por Orsi, sino por la variedad y cantidad de chacras y chacritas.

La realidad, nos dicen los expertos, es que este año como el pasado promete casi cero en inversiones, de aquí y de afuera, con cierres de empresas, con un empleo poco dinámico –habrá que ver después de Turismo–, exportaciones aquietadas, inflación muy baja –¿no temen que se les desbarranque?– precios muy altos, y mucha, mucha burocracia demasiado bien paga (digamos, en la relación costo-laburo). Lo único barato es el dólar, (la intervención del BCU ha dado frutos). Un puzzle de padre y señor nuestro, como dicen.

Momento elegido por el comunista (PCU) ministro de Trabajo y Seguridad, Juan Castillo, para impulsar iniciativa del Pit Cnt (se la pasan sin mirar, son del mismo cuadro) sobre la reducción del horario de trabajo, sin tocar los sueldos y considerando, eso sí, (¿sí?) mejorar la productividad. Los empresarios protestan, no deben contabilizar que menos horario y más productividad implica desaparición de las horas extras, se supone. Pero ellos piensan que lo de la productividad queda a la cola; y que al recorte se sumarán licencias gremiales, licencias por enfermedad especiales, pago extra por “presentismo”, esto es cumplir el contrato inicial: ir a trabajar y llegar en hora. Se asustan.

Imagínese el lector como ve estas novedades el inversor, el de aquí y más el eventual de afuera. Y Castillo es redundante: obligación de las empresas a anunciar con antelación despidos o reorganización del personal e incluso, en otro orden, considerar con el sindicato cualquier tipo de cambio tecnológico. Si además está “la cuestión sindical” con ministro del mismo cuadro y le suman el impuesto a los ricos (a los que vengan, aquí no hay muchos). Por otro lado el ministro se vale de seguros de paro especiales para solucionar problemas, mientras su gente arremete contra el BPS, no a las AFAP, retiro a los 60 y aumentar jubilaciones. ¡Divino!, pero no por lindo sino por milagroso. Respecto al inversor, “difícil que el chancho chifle”,como repetía “el Pepe”. Y para los jubilados, que se apronten.

Este sistema de las chacras le malogró algunas cosas buenas a Tabaré Vázquez y no le funcionó a José Mujica, que fue un mal gobierno, donde cada uno manejaba su chacra con su gente, metía funcionarios, fundía organismos y muchas cosas malas más con la prescindencia anarquista del presidente, que dejaba hacer. El PCU, en tanto, sigue la doctrina y su dialéctica, “destruir para construir”: lo peor es lo mejor y además le serrucha las patas al MPP, su enemigo, competencia y freno para adueñarse de la izquierda.
Hay quienes esperan algún golpe de timón del presidente Orsi; al que, si no, se lo lleva la corriente.