Actualmente Uruguay se encuentra en una encrucijada institucional que podría tener incidencia en las políticas de seguridad vial: la implementación de la libreta de conducir por puntos. Se trata de un sistema que busca transformar el concepto de sanción vial, pero a la vez enfrenta una serie de desafíos de implementación y administrativos.
En Paysandú y en el país en general, la siniestralidad en el tránsito no es una abstracción estadística sino que remite a personas que conocemos directamente o que alguien de nuestro círculo familiar o de amigos conoce. Es también un problema social y una herida abierta que la política nacional en la materia no ha podido solucionar.
Históricamente el sistema de tránsito ha operado bajo una lógica de impunidad pecuniaria por el cual quien posee dinero para pagar una multa por infracción de tránsito, puede seguir tranquilamente al volante. Esto ha llevado a que los conductores perciban la multa como un costo de circulación más que un correctivo.
La libreta por puntos rompe con esa lógica. Como bien lo señaló el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, durante la presentación del nuevo sistema el año pasado, el objetivo es que la sanción afecte directamente el derecho a conducir. En declaraciones publicadas por el portal de noticias de Presidencia de la República, el jerarca fue tajante al indicar que el sistema no tiene fines recaudatorios sino culturales, lo cual constituye también una forma de reconocimiento al más de 77% de conductores que según datos de Unasev, no cometen infracciones y sufren las consecuencias de una minoría imprudente.
Con el nuevo sistema se elimina la perspectiva de injusticia económica porque el punto que se pierde al cometer infracción duele lo mismo a quien conduce un auto de alta gama que al que reparte mercadería en una moto. Sin embargo, es claro que para que el nuevo sistema verdaderamente funcione y lo haga de forma eficiente, es necesario contar con una buena fiscalización.
Se trata de un tema que pone de manifiesto una tensión no resuelta entre la autonomía departamental y la necesidad de un control nacional unificado. Como es de público conocimiento, el inicio del nuevo sistema viene precedido por postergaciones por causas varias. A finales del año pasado el Congreso Nacional de Intendentes volvió a solicitar una prórroga para la puesta en marcha definitiva, proyectando el comienzo para el primer semestre del presente año y solicitando dos años para su implementación gradual.
Por un lado, las intendencias deben contar con mejor infraestructura de control a nivel local, dado que en varios departamentos aún es insuficiente. Aquí en Paysandú, por ejemplo a fines del año pasado la Intendencia anunció la incorporación de 18 nuevas motocicletas para el cuerpo de inspectores de tránsito, tratándose de un avance bienvenido pero seguramente insuficiente ante el nuevo desafío de contralor de la libreta por puntos. Podríamos preguntarnos por ejemplo qué tan efectiva puede ser la libreta por puntos si el conductor sabe que las chances de encontrarse con un control en horario nocturno o en un barrio periférico son pocas. De hecho en el interior departamental los controles son casi inexistentes, y como hemos constatado hay ciudades en otros departamentos –caso concreto de Nueva Palmira en Colonia, por ejemplo—donde los motociclistas ni siquiera usan casco, cuando es una norma nacional dispuesta por la Ley de Tránsito.
Es en este sentido, también faltan cámaras de fiscalización electrónica y no hay una base de datos que dialogue en tiempo real entre los 19 departamentos, lo que convierte a la libreta por puntos en una mejora con puntos de fuga de información. Porque para eliminar el laberinto burocrático el nuevo sistema necesita que si un vehículo empadronado en Paysandú comete una falta en la ciudad de Maldonado o cualquier otra del país, la información impacte rápidamente aquí. En este sentido, la coordinación entre intendencias, Policía, Unasev será clave para evitar la burocracia y minimizar errores en el registro de puntos.
El informe anual de siniestralidad vial 2025 presentado por la Unasev hace dos semanas, deja conclusiones desalentadoras. El año pasado cerró con un total de 471 fallecidos, un aumento del 8,5% respecto al año anterior. Esto significa que, en promedio Uruguay pierde más de una vida por día en las calles, una cifra que como se ha destacado en medios de comunicación, supera la mortalidad por homicidios. En lo que respecta a los lesionados hay 77 por día, lo que supone un problema sanitario, aseguraron las autoridades.
Pero aún duele más si miramos los perfiles de las víctimas: el 60% de los lesionados circulaba en moto y el grupo de jóvenes de entre 20 y 24 años concentra el mayor porcentaje de fallecidos, representando el 16,5% de los fallecidos varones y el 14,6% de las fallecidas mujeres. En nuestra ciudad, donde la moto es una herramienta de trabajo y el medio de transporte de miles de personas, éste no puede ser un dato que caiga en el vacío.
El informe de Unasev revela también que el 55,6% de las muertes ocurren en jurisdicción departamental, lo cual significa que no nos estamos matando en las rutas nacionales sino principalmente en las ciudades. Allí es donde las intendencias –por una simple razón de cercanía– deberían controlar y fiscalizar adecuadamente y también donde el vecino que quizá va a trasladarse un trayecto corto debería tener cuidado y conciencia. Sin embargo, a veces no se usa el casco porque es un traslado a pocas cuadras, un padre entrega llaves a un menor sin formación adecuada para circular o el Estado no fiscaliza con el rigor que la vida ajena merece.
A pesar de esto, no sería honesto señalar únicamente a la burocracia, la insuficiencia de recursos de control o la falta de inspectores. El factor humano y personal de cada uno de quienes hacemos el tránsito es un elemento fundamental de la ecuación. Lamentablemente, hemos desarrollado una preocupante tolerancia hacia infracciones que muchas veces consideramos menores, como el exceso de velocidad en las avenidas o la falta de respeto a las señales de “Pare” en las esquinas así como otros comportamientos inadecuados que se normalizan y que ningún sistema de puntos podrá corregir si no existe una voluntad individual de cambio.
La libreta por puntos será otro fracaso si la vemos como si fuera un juego consistente en esquivar al inspector de tránsito o las cámaras en lugar de una herramienta de convivencia. Deberíamos preguntarnos seriamente si estamos dispuestos a pagar el costo de la seguridad, de que la sanción sea efectiva y no negociable o a exigir a nuestros gobiernos locales que inviertan en tecnología de fiscalización de vanguardia y controlen sin medir conveniencias políticas a corto plazo.
Las estadísticas de siniestralidad son claras y alarmantes. La libreta por puntos puede ser una oportunidad para transformar la cultura vial y salvar vidas. Sin embargo el éxito seguramente dependa de la capacidad institucional para aplicarla, la voluntad política para sostenerla en el tiempo y del la disposición de todos a ejercer nuestra responsabilidad ciudadana.
