La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dio a conocer los resultados de las actuaciones desarrolladas en el marco del Programa Nacional de Residuos Biológicos (PNRB), en línea con el compromiso institucional de transparencia activa y de protección del estatus sanitario del país.
Durante 2025 se iniciaron 308 expedientes administrativos vinculados a la detección de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas o contaminantes en productos de origen animal, y en lo que va de 2026 se iniciaron 191 expedientes adicionales, totalizando 499 actuaciones respecto de productores rurales, empresas, fideicomisos y profesionales veterinarios.
Estas cifras no reflejan un deterioro sanitario: reflejan el mayor esfuerzo de vigilancia de la historia reciente del Programa. A partir de octubre de 2025, el MGAP dispuso el incremento del muestreo oficial en plantas frigoríficas, del orden del 20%, con foco en las zonas de mayor prevalencia de garrapata. A mayor control, mayor detección: cada expediente iniciado es una situación que el sistema identificó, trazó hasta su origen y puso bajo procedimiento. Ese es, precisamente, el funcionamiento esperado de un sistema de vigilancia robusto.
El sistema uruguayo de trazabilidad individual del ganado, único en el mundo a esta escala, es lo que permite que una detección analítica en un frigorífico o en un mercado de destino se traduzca, en cuestión de días, en la identificación del establecimiento de origen y el inicio de actuaciones. Ningún expediente se abre sin un resultado analítico no conforme que lo respalde.
El propósito central del PNRB no es sancionar productores: es garantizar la inocuidad de los alimentos y el acceso de Uruguay a los mercados. Por eso la primera respuesta del sistema ante una detección es correctiva y preventiva.
El establecimiento involucrado es interdicto en forma preventiva para el envío de animales a faena en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG). La interdicción no es una sanción: es una medida cautelar que protege la cadena exportadora mientras se investiga, y un instrumento para que el productor corrija su situación.
Para levantar la interdicción, el establecimiento presenta un plan de trabajo elaborado junto a un veterinario de libre ejercicio y aprobado por los servicios técnicos oficiales, que asegura la adecuación de las prácticas de uso de medicamentos veterinarios.
En paralelo, el MGAP despliega, junto al Instituto Nacional de Carnes (INAC), una campaña nacional de capacitación en uso responsable de medicamentos veterinarios y cumplimiento de los tiempos de espera, además del nuevo etiquetado con indicación destacada de los períodos de retiro en los envases, para que ningún productor incumpla por desconocimiento.
En la gran mayoría de los casos, la detección responde al incumplimiento de los tiempos de espera entre la aplicación de un producto y el envío a faena, muchas veces por desconocimiento, no a conductas deliberadas. El sistema está diseñado para que esos casos se corrijan y no se repitan.
En el período informado se dictaron 52 resoluciones sancionatorias vinculadas al PNRB (23 durante 2025, correspondientes a expedientes iniciados en años anteriores, y 29 durante 2026), a las que se suman 6 resoluciones tramitadas al amparo de la Resolución DGSG N.° 311/2025, el régimen de faltas vigente desde octubre de ese año.
La diferencia entre expedientes iniciados y sanciones dictadas responde a dos razones. La primera es el debido proceso administrativo: todo administrado tiene derecho a tomar vista de las actuaciones, presentar descargos, ofrecer prueba y ser oído antes de que se adopte una resolución. Un expediente en trámite no es una sanción pendiente de firma: es una investigación en curso. La segunda es la propia lógica del sistema: cuando la corrección se acredita y la situación se regulariza, la respuesta sancionatoria se gradúa conforme a derecho.
Ello no supone tolerancia con el incumplimiento reiterado o grave. La normativa vigente prevé suspensiones preceptivas en el movimiento de ganado y sanciones sustancialmente incrementadas para la detección de residuos por encima de los límites máximos, y califica como falta muy grave el uso de productos no autorizados.
Una estrategia integral
Las actuaciones del PNRB se integran en una estrategia más amplia que ataca el problema en su origen: el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, que aborda la causa de fondo de buena parte de las detecciones: la creciente resistencia del parásito, que induce usos más intensivos de garrapaticidas.
La capacitación y el nuevo etiquetado, que llevan la información de tiempos de espera a cada envase y a cada establecimiento. La evaluación de proveedores incorporada a los manuales de buenas prácticas de los frigoríficos, que suma a la industria como aliada del control. El muestreo intensificado y la trazabilidad, que aseguran que ninguna detección quede sin respuesta. Prevención, acompañamiento técnico, corrección y, cuando corresponde, sanción: en ese orden trabaja el sistema.
Su importancia
Uruguay exporta alimentos a los mercados más exigentes del mundo, y su principal activo es la confianza construida durante décadas sobre la trazabilidad y la inocuidad. La enorme mayoría de los productores uruguayos cumple rigurosamente con las buenas prácticas; el trabajo del PNRB protege precisamente ese esfuerzo, evitando que el incumplimiento de unos pocos, muchas veces corregible, comprometa la reputación sanitaria que pertenece a todos.
