Venezuela es el único país de América Latina que cuenta con el sistema de misiles antiaéreos S-300, de tecnología rusa, adquirido por el expresidente Hugo Chávez en 2013, lo que ubica al país caribeño por encima de México, Brasil o Argentina en materia de defensa aérea.
Este dispositivo posee una de las tecnologías más avanzadas del mundo y puede interceptar múltiples amenazas de manera simultánea. Forma parte de un sistema escalonado de defensa de largo alcance y permite a las Fuerzas Armadas venezolanas proteger áreas estratégicas mediante capas integradas a distintas distancias.
Con el tiempo necesario para la reflexión, surgen algunas dudas y también algunas certezas sobre la incursión militar de tropas de élite estadounidenses que capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para llevarlos a juicio en Nueva York.
Las crónicas internacionales —y más aún el relato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump— no explican cómo pudo haber sido vulnerado con tanta facilidad el entorno supuestamente inexpugnable del mandatario caribeño.
Mientras tanto, a estas horas se habla del principio de no injerencia, de traición, de complot y, apenas, de una entrega voluntaria.
El Fuerte Tiuna, el complejo militar donde ocurrió la captura de Maduro y la mayor parte de los ataques, es un búnker con túneles, alta tecnología y seguridad cubana, también conocido como Casa de los Pinos. En sus dos apariciones públicas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez no brindó información sobre la existencia de víctimas. Sin embargo, la Fuerza Armada Venezolana denunció el asesinato “a sangre fría” del equipo de seguridad de Maduro, sin precisar el número de muertos ni datos sobre los heridos.
Los venezolanos amanecieron con la duda de quién los gobierna. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a CBS que Estados Unidos continuará trabajando con los actuales funcionarios chavistas “si toman las decisiones adecuadas”. En los hechos, Rodríguez quedó como presidenta interina por decisión del máximo tribunal del país, bajo control del chavismo.
En este marco, parecía inevitable la pregunta sobre la premio Nobel de la Paz, Corina Machado. Sin embargo, según Trump, “le sería muy difícil estar al frente” del gobierno porque “no cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país”. Este desaire resultó, además, sorpresivo.
Rodríguez era vicepresidenta desde 2018. Supervisaba buena parte de la economía dependiente del petróleo y estaba a cargo del servicio de inteligencia. Incluso altos funcionarios estadounidenses reconocieron estar impresionados por el nivel de gestión que ejercía sobre la industria petrolera.
Durante la conferencia de prensa en Mar-a-Lago, desde donde siguió en directo la captura de Maduro sin solicitar la autorización del Congreso para el despliegue militar, Trump volvió a insistir en el control de los recursos petroleros de Venezuela. No es una novedad su interés por los energéticos, si se pretende realizar un análisis mínimo.
Lo que sí resulta novedoso es el destino del crudo venezolano. El 90 %, o más, del petróleo del país se exporta a China, especialmente desde la imposición de sanciones estadounidenses, que empujaron al gobierno de Maduro a depender de los mercados asiáticos. En ese contexto, PDVSA necesitaba compradores que China garantizó, dado que también requiere ese crudo para sus refinerías.
En mayo de 2024, China Concord Resources Corp., con sede en Hong Kong, inició operaciones en dos campos del Lago de Maracaibo tras firmar un acuerdo por 20 años. Comprometió inversiones por más de 1.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura, reactivar pozos y perforar nuevos. Para finales de 2026 se prevé alcanzar una producción de 60.000 barriles diarios, bajo la supervisión de 60 técnicos chinos y con una plataforma importada desde China. Este es el aspecto que aún falta dilucidar de cara al futuro, más allá del relato ya conocido sobre la incursión militar en Venezuela para capturar a Maduro.
Trump también afirmó que Estados Unidos administrará Venezuela “hasta que se pueda llevar a cabo una transición segura” y adelantó que empresas estadounidenses participarán en la reconstrucción de la infraestructura local, que —según dijo— se encuentra “deteriorada”.
Anunció inversiones por miles de millones de dólares para reparar instalaciones petroleras. Sin embargo, no mencionó el envío de nuevas tropas para encauzar esa transición y se limitó a remarcar el interés de Estados Unidos en proteger y mejorar los activos energéticos.
En cualquier caso, resta saber hasta qué punto las multinacionales estadounidenses están dispuestas a mantener inversiones en un país con un gobierno temporal y con fuertes dudas sobre el funcionamiento de las normas legales y, sobre todo, financieras.
Chevron, por ejemplo, informó en un comunicado que continúa operando en Venezuela con una licencia especial otorgada por Estados Unidos. ConocoPhillips, otra multinacional presente en el mercado petrolero venezolano, consideró “prematuro especular sobre cualquier actividad comercial o incursiones futuras”.
En paralelo, el precio internacional del petróleo continúa en descenso, un factor que desalienta nuevas inversiones. Estas preocupaciones ya fueron planteadas a funcionarios del gobierno estadounidense.
Pero volviendo a Rodríguez y a las razones del interés en su continuidad: durante estos años, la presidenta provisoria desarrolló vínculos sólidos con sectores republicanos ligados a la industria petrolera y a Wall Street, que se oponen a un cambio de régimen encabezado directamente por Estados Unidos.
Por eso, persisten más dudas que certezas. Elementos que, a simple vista, parecen lo que no son.
