Año: 2026

Se reunió la Mesa de la Agrupación de Gobierno y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, concluyó que existen “problemas de gestión política” para que “nuestros avances, nuestras concreciones y nuestro programa, que se está cumpliendo, finalmente lleguen al resto de la sociedad”.
En ese marco, sostuvo que el Frente Amplio se fijó 63 prioridades y que, de ese total, “se han empezado a aplicar cerca del 85%”.
Según el dirigente, cuando se construye un programa de gobierno luego hay que “generar la película de cómo se está cumpliendo ese programa”.
Entre los aspectos que destacó, afirmó que el país atraviesa el período con el desempleo “más bajo de la historia”. Sin embargo, esa afirmación carece de un desglosamiento territorial y simplifica la realidad al presentar una única cifra nacional. El litoral, por ejemplo, no forma parte de esas cifras “más bajas de la historia”, sino que continúa inmerso en un proceso que comenzó hace décadas con el desmantelamiento del aparato productivo y la desaparición de sus industrias más emblemáticas, o de las que aún sobreviven.
La falta de competitividad tampoco constituye un reclamo nuevo. Lo han planteado tanto las cámaras empresariales, que han negociado con todos los gobiernos, como los sindicatos. Se trata de una consecuencia de la profundización de la globalización en una región fragmentada, donde la política exterior de cada país procura mejorar sus regulaciones para abrir nuevos mercados y captar mayores inversiones.
Al gobierno le cuesta dominar la agenda pública, y ello no responde al mérito de la oposición ni de los medios de comunicación, sino a la percepción ciudadana y a las diferencias internas al momento de defender decisiones sobre asuntos que históricamente han generado debate dentro de la fuerza política. Algunos ejemplos son el relacionamiento con Estados Unidos, las políticas favorables al gran capital y la continuidad de las AFAP.
En este último caso, el gobierno descartó eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional para sustituirlas por un monopolio estatal y optó por una agenda de reformas orientada a reducir costos y mejorar la rentabilidad. Nada de eso figuraba en la papeleta que impulsó la recolección de firmas promovida por un sector muy relevante del oficialismo, que ahora deberá alinearse con la resolución del Poder Ejecutivo.
El Partido Comunista, entre otros sectores, insistía en que era necesario cumplir el programa del Frente Amplio y eliminar el lucro en la seguridad social. Al finalizar 2024, el gobierno de la coalición republicana sostenía que esa propuesta desconocía la voluntad popular, que no había acompañado el plebiscito sobre la seguridad social.
Sin embargo, el dirigente comunista insistía en que “buscaremos los mecanismos y las formas”. Hoy, Juan Castillo sostiene que lo anunciado por el equipo económico es “lo posible”. “Es lo que el gobierno entiende que se puede proponer” en el marco de lo resuelto en el Diálogo Social. Pero agregó que, “si en principio es la postura del gobierno, tiene que ser nuestra postura”.
Otro de los desacuerdos protagonizados por el referente comunista fue su rechazo al uso de vehículos blindados del Ejército para patrullar barrios con alta conflictividad. Calificó la medida de “shokeante”. El debate se trasladó rápidamente al ámbito público y, ante la imagen de descoordinación que proyectaba el oficialismo, terminó acatando la decisión adoptada por el Consejo de Ministros.
Algo similar ocurrió con la visita de Yamandú Orsi al portaaviones USS Nimitz. Castillo consideró que esa decisión constituía “una contradicción” con los principios del país, que se opone a las guerras, y con las raíces “antiimperialistas” que identifican a buena parte de la militancia frenteamplista desde la fundación de la fuerza política. Sin embargo, terminó reconociendo que “el presidente es él”.
Ahora la Cancillería mantiene conversaciones con el gobierno de Donald Trump para definir si Uruguay recibirá ciudadanos cubanos deportados desde Estados Unidos. Una decisión de la que, por cierto, varios senadores oficialistas se enteraron por la prensa. Resulta, sin embargo, más sencillo cuestionar la “deplorable” política migratoria del presidente republicano que reclamar una mejor comunicación hacia la interna partidaria, donde deberían explicitarse las diferencias entre un país de inmigrantes y otro que recibe deportados.
En ese contexto, Pereira aseguró que el Frente Amplio “no va a estar de acuerdo” con deportaciones que violen los derechos humanos. No obstante, la experiencia reciente recuerda que Uruguay recibió refugiados provenientes de Guantánamo como parte de un acuerdo político que facilitó la apertura del mercado estadounidense para los cítricos uruguayos.
También resulta visible la descoordinación entre los anuncios del presidente de la República, los de la Secretaría de la Presidencia y las declaraciones de algunos ministros. Los tiempos no están alineados, los criterios de trabajo difieren y eso termina demorando los anuncios. Un ejemplo es la eventual instalación de HIF Global en Paysandú.
El 23 de junio, durante la inauguración de la zafra citrícola en Azucitrus, Orsi anunció ante la prensa: “Voy a volver a Paysandú en pocos días porque tenemos otras cosas para anunciar”. En esos mismos días, el gobierno uruguayo y la multinacional acordaban extender el plazo, que vencía el 30 de junio, para definir el acuerdo definitivo de inversión y el precio del suministro eléctrico.
A comienzos de julio, el secretario de la Presidencia informó que la empresa y el directorio del ente habían acordado el precio de la energía y que el anuncio era cuestión de días. Sin embargo, hacia fines de ese mes, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, aseguró que aún no existían contratos firmados y que la empresa resolvería recién el año próximo si se instalaría en el país.
Es decir, los tiempos no están alineados entre los distintos niveles del gobierno. Tampoco existe una metodología común de trabajo y la reiterada explicación sobre la falta de recursos termina postergando la ejecución de políticas públicas.
A ello se suma que la gestión de crisis imprevistas, como los problemas de inseguridad o las condicionantes geopolíticas, irrumpe permanentemente en la agenda y desplaza otros asuntos considerados prioritarios.
La burocracia uruguaya tampoco parece adaptarse a estas dinámicas y menos aún cuando las decisiones atraviesan sucesivos niveles administrativos. Si, además, el presidente avanza por un lado, el Frente Amplio por otro y las bancadas legislativas desarrollan su propia agenda, resulta comprensible que la conducción política a la que aludía Pereira se vuelva cada vez más compleja. Y ello ocurre sin que medie la influencia de la oposición o de los medios de comunicación, porque se trata de dificultades originadas en la propia interna oficialista.
Si el gobierno no logra comunicar ni realizar una gestión política eficaz de aquello que considera sus “avances”, probablemente sea porque no consigue visualizar esa brecha. El Poder Ejecutivo dispone de recursos institucionales y comunicacionales muy superiores a los de la oposición: proyectos de ley, rendiciones de cuentas, anuncios oficiales y la difusión permanente de sus resoluciones.
De ese modo, la opinión pública termina observando a un Poder Ejecutivo con una agenda distinta de la que impulsan la militancia frenteamplista y sus bancadas legislativas, mientras la oposición aparece alineada, con mayor cohesión y una gestión política más consistente de los temas públicos.

El presupuesto municipal 2026–2030 introduce una amplia reestructuración administrativa con la creación de nuevos cargos de particular confianza (director de Descentralización, prosecretario y coordinador de Gabinete) y dependencias como la Unidad de Planificación y Gestión Territorial, la Agencia Paysandú For Export, la Oficina de Catastro Departamental y el Registro de Contribuyentes Municipales, además de formalizar los municipios de Cerro Chato y El Eucalipto.

Si bien se argumenta que estas medidas buscan modernizar y centralizar la gestión, lo cierto es que implican un incremento significativo del gasto en personal y estructura burocrática. Cada nuevo cargo de alto grado y cada nueva unidad administrativa demandan partidas salariales, infraestructura, equipamiento y recursos operativos que no existían antes. Esta expansión del aparato público, aunque se presente como estratégica, eleva los costos fijos de funcionamiento municipal.

Para financiar este mayor gasto corriente, la lógica fiscal indica que la única fuente sostenible es el aumento de la presión tributaria sobre los contribuyentes. El propio presupuesto crea el Registro de Contribuyentes y el Fondo de Gestión Territorial, herramientas que facilitan la actualización catastral y la determinación de nuevos valores imponibles, allanando el camino para subir impuestos inmobiliarios y tasas municipales. En definitiva, el ciudadano común termina pagando la factura de una administración más costosa, sin una garantía clara de que esa estructura redundará en mejores servicios o mayor eficiencia, sino más bien en un Estado local más pesado y oneroso para quienes lo sostienen con sus tributos.

Dardo Arévalo

Dicen que el ejemplo empieza por arriba. Entonces, cuando desde la máxima responsabilidad del país aparecen situaciones que generan serios cuestionamientos éticos, el mensaje que recibe la sociedad es devastador. ¿Cómo se explica que un presidente acepte comprar un vehículo con un descuento del 25%? Aunque pueda buscarse una explicación, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿era éticamente correcto? Porque no todo lo que puede ser legal termina siendo moralmente aceptable para quien debe dar el ejemplo. Y cuando el costo político se vuelve demasiado alto, aparece la vieja receta: intentar tapar el sol con un dedo. Donar una camioneta que pertenecía a su actividad política puede sonar generoso, pero muchos ciudadanos se preguntan si no fue simplemente un intento de apagar el incendio que él mismo había provocado.

Como si eso fuera poco, también surgieron cuestionamientos por el pago del Impuesto de Primaria y por la regularización de una propiedad tras reformas realizadas. Más allá de las explicaciones que puedan darse, la imagen que queda es la de un país donde pareciera haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Porque la gran pregunta es inevitable: si esto le hubiera ocurrido a un ciudadano común, ¿habría recibido el mismo trato? ¿O ya tendría multas, intimaciones, recargos y toda la maquinaria del Estado funcionando a máxima velocidad? La ética no admite descuentos. La responsabilidad tampoco. Quien ocupa un cargo público debe ser el primero en cumplir y el último en buscar privilegios. Cuando los gobernantes olvidan que el ejemplo vale más que mil discursos, no solo se deteriora su imagen: se erosiona la confianza de toda una sociedad.
Y recuperar la confianza perdida… eso sí que no tiene descuento.

David Doti