Año: 2026

Joaquín Salvador Lavado, Quino, el autor de la popular historieta Mafalda, aclaró en una entrevista que su personaje jamás habría dicho la frase que tal vez es la que más se le atribuye. “Yo jamás hubiera puesto en boca de Mafalda esa frase, porque Mafalda no quiere que el mundo pare y ella bajarse, ella quiere que el mundo mejore. Entonces jamás se le pudiera haber ocurrido eso”. Y de verdad que sí: quien haya leído con algo de interés las tiras podrá deducir que esa frase no habría sido coherente con el pensamiento del personaje, que era más de ir y poner el cuerpo en busca de soluciones. Mafalda se publicó entre 1964 y 1973. Un mundo que dejaba atrás las heridas de las guerras mundiales, pero que empezaba a configurarse en una pelea que luego conoceríamos como la Guerra Fría: una batalla a la distancia entre elefantes que tenían el mundo por escenario, con el potencial y la amenaza de que, de un instante a otro, alguien pudiera apretar un botón rojo y dejar en cenizas la civilización. En nuestra región fue una etapa particularmente dolorosa, de libertades restringidas y sangre derramada. Cualquiera que no hubiese sido Mafalda podría haber pedido que el mundo parara para poder apearse, si hubiese tenido la posibilidad.

Pero la cosa mejoró. Como cantaba Sabina, el sol fue secando la ropa de la vieja Europa, y sobre fines del siglo pasado vivimos los años más cercanos al concepto de paz mundial, por el que tantas candidatas a Miss Universo habían abogado.
Luego el mundo volvió a cambiar en 2001. Hace pocos días recordábamos el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. De ahí en adelante nada volvió a ser igual. Y hoy el escenario hace pensar que las novelas y las películas postapocalípticas eran en realidad proféticas. El mundo se ha vuelto muy loco, muy impredecible, particularmente violento. Las personas han perdido capacidad de concentración, de comprensión lectora, de debate. Todo es rispidez: la estrategia es proponer división y enfrentamiento para sacar rédito. Todo ocurre a un ritmo vertiginoso: una potencia mundial invade un país latinoamericano y se lleva al presidente en menos de tres minutos, y luego alcanza un acuerdo con el gobierno que quedó a cargo, por el que accede a sus reservas petrolíferas en condiciones sumamente ventajosas; y del otro lado del mundo hay guerras con drones asesinos piloteados a distancia por chiquilines que los manejan como si de un videojuego se tratase, mientras los soldados mueren como moscas perseguidos por esas armas. Y a la vez, las empresas que desarrollan inteligencia artificial aparecen asustadas por el peligro que suponen esas herramientas que se supone están para facilitar las cosas a la humanidad, al punto de advertir que, para el final de esta década, hay un 10% de posibilidades de que nos puedan matar a todos.

No son tiempos sencillos. Es un cambio de era. Una transición de un mundo con unas determinadas reglas de juego y una fuente básica de energía, como el petróleo, que sigue teniendo peso pero que ha dejado de ser la gran respuesta a futuro, hacia otro con alternativas que todavía no terminan de consolidarse como las soluciones que el mundo necesita. Y por ello la vieja Europa seca su ropa de nuevo con centrales nucleares en vez de con gas natural, o con el viento y el sol, como era su pretensión. Un cambio de era que se refleja en una modificación de las reglas de juego en el comercio internacional, que sigue sosteniéndose básicamente en el dólar, pero con fuertes presiones para habilitar alternativas. Algo similar ocurre con las reservas de los Estados, que se desprenden de títulos de deuda para respaldarse en el oro, un activo seguro y confiable, después de todo.

Los bancos centrales superaron las 1.000 toneladas de compras netas de oro por tercer año consecutivo en 2024. Para entender la magnitud de ese dato, entre 2010 y 2021 la demanda anual media de los bancos centrales era de 470 toneladas. En 2022, esa cifra se disparó hasta las 1.082 toneladas. Es decir, prácticamente se duplicó de un año para otro y no ha vuelto a bajar.

En 2024, los bancos centrales del mundo compraron 1.045 toneladas métricas de oro, valoradas en aproximadamente 96.000 millones de dólares. Polonia, India y Turquía fueron los mayores compradores, en lo que el World Gold Council describió como un ritmo vertiginoso de acumulación. En 2025, la tendencia continuó. Solo en el tercer trimestre, los bancos centrales adquirieron 220 toneladas de oro, un 28% más que en el trimestre anterior y un 10% más que en el mismo período de 2024. Son varias las razones por las que se toma esta decisión, entre ellas reducir la dependencia del dólar, esquivar sanciones internacionales y protegerse de la inflación y de la volatilidad que están teniendo referencias como el precio del petróleo y el de los alimentos. Síntomas de un cambio estructural.

Hoy, cuando tenemos más tecnología y más posibilidades que nunca para entendernos —para sostener incluso conversaciones con traducción simultánea entre un extremo y el otro del mundo, entre cientos de idiomas y dialectos— y estamos hiperconectados, estamos a la vez más distanciados que nunca, y el futuro parece más preocupante y lejano de aquello que parecíamos tener tan a mano en determinada etapa de la historia. Y, para colmo de males, en la región, después de décadas de paz, aparecen quienes andan queriendo volver a agitar banderas de guerra.

Es posible que, si Quino viviese y siguiera escribiendo las aventuras de su personaje infantil, ella se hubiese mantenido firme en sus convicciones, sin pretender bajarse del mundo, aunque también es factible que, a esta altura, por lo menos ya hubiera averiguado cómo se activa el freno de mano.

Hay problemas que llevan tanto tiempo sin resolverse que la sociedad termina por aceptar de mala gana que existen, pero sin resignarse a tener que convivir eternamente con ellos. La delincuencia juvenil es uno de esos problemas. Las víctimas siguen sumándose, y para ellas y sus familias, estamos ante un 100 por ciento de fracaso de quienes deberían tenerlos en cuenta, es decir, los organismos responsables del Estado.

Recientemente se instaló una polémica en Argentina después de que una jueza suspendiera la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil —aprobado por el gobierno nacional— en la provincia de Buenos Aires.
La jueza Marta Elba Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen en el ámbito bonaerense. Su argumento central es que la provincia no cuenta con la infraestructura, los centros especializados, los profesionales y los recursos necesarios para aplicar adecuadamente esa reforma del gobierno de Milei.
La magistrada, además, se definió como garantista y afirmó que le parece “pésimo” que los menores estén encerrados. Al mismo tiempo, aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años y que no pretende “romantizar” a los adolescentes que salen a delinquir con un arma.

Su planteo conlleva una encrucijada evidente: encerrar a un menor y devolverlo después a la sociedad convertido en un delincuente aún más peligroso no es rehabilitarlo, sino promocionarlo en la escuela del delito.
Pero contiene también un problema que suele aparecer cada vez que se aborda esta cuestión desde una perspectiva exclusivamente idealista: mientras se construye el sistema perfecto, ¿qué hacemos con el problema real? Porque el menor que sale con un arma no es una abstracción jurídica. Existe. Tiene una víctima enfrente. Puede disparar y puede matar, como lamentablemente suele ocurrir.
Y frente a ello, el Estado no puede limitarse a explicar que todavía no dispone del mecanismo adecuado para rehabilitarlo. Hay una diferencia enorme entre encerrar por castigo y privar de libertad para contener un peligro. Pero tampoco resulta de recibo sostener que, como el encierro por sí solo no rehabilita, entonces no corresponde apartar de la calle a quien constituye una amenaza concreta, porque entonces aparece una paradoja perversa: para proteger los derechos del menor infractor se termina dejando expuestos los derechos de quienes pueden convertirse en sus próximas víctimas.

El Estado debería tener obligaciones prioritariamente hacia el ciudadano indefenso, hacia quien vuelve de trabajar y quiere llegar vivo a su casa, hacia el comerciante que no quiere que le roben el negocio por un adolescente que le apunta con un arma, hacia la familia que no quiere enterrar a uno de sus integrantes porque un menor decidió disparar para robar.
Por eso la discusión no debería ser “encierro sí” o “encierro no” a los menores, como así tampoco respecto a delincuentes mayores de edad que son dejados en libertad en la puerta giratoria de los juzgados. Debería ser mucho más seria: qué medidas permiten proteger a la sociedad y, al mismo tiempo, darle al menor una posibilidad real de cambiar. Y si la respuesta implica privarlo de libertad durante un período determinado, tendrá que ser así, como una medida de contención primaria, por lo menos, y no como venganza, como castigo ejemplarizante o como una forma de acallar la lógica indignación social.

El punto es que en estas discusiones suele aparecer una peligrosa contradicción entre lo deseable y lo posible, porque con toda lógica todos queremos que un menor que cometió un delito pueda reconstruir su vida, que estudie, que aprenda un oficio, consiga un trabajo y deje atrás la violencia, aunque quererlo no significa que vaya a suceder, y mucho menos que vaya a suceder en todos los casos.

Efectivamente, hay adolescentes que pueden ser recuperados, pero seguramente la mayoría, lamentablemente, han acumulado tantos años de violencia, abandono, consumo de drogas, falta de límites, fracaso escolar y pertenencia a organizaciones delictivas que la rehabilitación se convierte en una tarea extraordinariamente difícil, cuando no imposible.
Volviendo a la discusión argentina, el tema tiene, además, un componente político inevitable. Desde el oficialismo nacional se acusa al gobierno bonaerense de ponerse del lado de los delincuentes. Desde La Plata se responde que una reforma de esta magnitud necesita juzgados, fiscalías, centros de reclusión, personal especializado e infraestructura que requieren recursos.
Ambas partes tienen argumentos, pero se puede llegar a un extremo en que esos argumentos se convierten en excusas: si hacen falta centros especializados, habrá que construirlos; si faltan profesionales, habrá que formarlos; si se necesitan jueces y fiscales especializados, habrá que disponerlos; si hacen falta supervisores, habrá que contratarlos; si las medidas alternativas necesitan recursos, habrá que financiarlas.

No se puede utilizar la falta de infraestructura como excusa permanente para no enfrentar el problema, para volver siempre a lo mismo, a seguir esperando, a seguir en los diagnósticos, a discutir acaloradamente, mientras los menores siguen en la calle haciendo de las suyas.
En Uruguay estamos sufriendo desde hace tiempo este escenario. Mientras tanto, nos “argentinizamos” a pasos agigantados. Hace años se discutió la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad y el plebiscito no consiguió los votos necesarios.
Pero el problema incluso se ha agravado. El menor que delinque sigue existiendo, y peor aún, sus víctimas aumentan día a día. El delincuente en la calle, niño o adulto, es la amenaza para la sociedad que no puede seguir esperando respuestas, ni mucho menos la solución ideal.

Por eso, una verdadera política contra la delincuencia juvenil no debería comenzar con los adolescentes que ya están presos, sino con los niños que todavía no han cometido ningún delito, y ello conlleva aspectos como familia, la responsabilidad de los padres o tutores, educación, límites, disciplina, salud mental, prevención de adicciones, deporte, formación laboral, autoridad, respeto y esfuerzo.

Significa recuperar algo que durante demasiado tiempo ha sido dejado de lado: la transmisión de valores, lo que llevaría muchos años revertir, y probablemente nunca menos de una generación, porque si hoy se comenzara una política realmente seria para intervenir desde la infancia, los resultados más importantes podrían verse recién dentro de quince o veinte años.
Y el verdadero desafío es el mientras tanto, el hoy, porque no podemos esperar veinte años para ocuparnos de los adolescentes que delinquen hoy. Se requiere, por lo tanto, trabajar simultáneamente en dos tiempos.
En el corto plazo, contener a quienes constituyen un peligro, impedir que sigan dañando a otros. Ofrecerles educación y tratamiento mientras estén bajo custodia. Intentar recuperarlos, y en el largo plazo, impedir que los niños de hoy lleguen a convertirse en los delincuentes de mañana.

Una cosa no invalida la otra, y el error está en pensar que, porque el encierro no rehabilita necesariamente, entonces no sirve para nada. Claro que no rehabilita por sí solo, pero puede contener, puede impedir una reincidencia inmediata, puede proteger a una víctima, puede cortar temporalmente el vínculo de un delincuente con una banda, y si además se aprovecha ese tiempo para educarlo, capacitarlo y tratar sus problemas, mucho mejor.