El hacinamiento carcelario en Uruguay ronda el 128 por ciento con tendencia al crecimiento, con casi 12.500 presos. El país mantiene uno de los niveles de prisionización más elevados de la región y, comparativamente, en el mundo. Hay 366 reclusos cada 100.000 habitantes y todo indica que seguirá creciendo.
En los últimos años se han registrado nuevos delitos, además de las condenas más largas y restricciones de beneficios que incrementan la población carcelaria, fenómeno que a su vez degrada las condiciones de vida dentro de los centros de reclusión. Allí los homicidios son la primera causa de muerte.
Si bien la mayoría de los ingresos se registran por rapiñas y hurtos, en general cargan con otros problemas, como el consumo problemático de sustancias, así como de salud mental, todo lo que se potencia debido a que las condiciones de rehabilitación son inadecuadas.
Todo esto es un combo ideal que en lugar de rehabilitar al recluso se asegura su retorno al poco tiempo de salir de la cárcel, y por ejemplo si tomamos el año pasado, la cantidad de presos creció en promedio 7,8 por ciento en comparación a 2018, pero este año, ha subido 14,4 por ciento con respecto a 2019.
La gran pregunta es: ¿cómo se financiará un sistema carcelario que crece sustantivamente año tras año, cuando el Parlamento discute austeridad en su Ley de Presupuesto? Es tal vez, una de las razones por las cuales hay pesimismo en torno a los técnicos que así ven imposible mejorar las condiciones de reclusión.
La inversión se contrae en tanto la Ley de Presupuesto elimina cargos técnicos y profesionales, con destino a la creación de cargos de personal policial. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, más del 60 por ciento de los funcionarios son policías, 32 por ciento son operadores penitenciarios, 2 por ciento corresponden a cargos administrativos y 4 por ciento a técnicos.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, advirtió que la redistribución de recursos aumentará los problemas y cuestionó la Ley de Urgente Consideración. Allí duplican las penas a menores y limita la semilibertad para estudio y trabajo, con una severidad que se hace sentir aún más en la población adulta. Un poco más de la cuarta parte de esta población tiene condiciones para la integración social, pero casi la mitad, no.
Y los registros son elocuentes. El año pasado hubo un récord de homicidios con un tasa de 186,5 cada 100.000 habitantes.
El ministro Jorge Larrañaga lo reconoce cada vez que lo consultan. Porque si el país llega a un máximo histórico de presos, es porque –además de un aumento de las condenas– se incrementan los delitos graves y no se logra la rehabilitación del delincuente –que al fin y al cabo ese debe ser el objetivo de la prisión–, con un reincidencia que está por encima del 60 por ciento.
Sin embargo, hubo propuestas presentadas sobre una mesa que polemiza pero es lenta a la hora de buscar soluciones en la convivencia ciudadana. El propio Petit aportó una iniciativa denominada Dignidad Carcelaria que sería sustentable. Expone en su programa, la necesidad que ASSE se ocupe de la atención de la totalidad de esta población y la instalación de un plan de educación carcelaria con una comisión de seguimiento para evaluar sus resultados.
La educación, como pilar fundamental para sostener el criterio de reinserción, debe estar a cargo de organizaciones sociales, pero con una tarea coordinada con las autoridades que regirán sus programas educativos. De lo contrario, la implementación de políticas sociales resultarán estériles. Como hasta ahora.
Tampoco es posible conciliar la idea de las diferencias existentes entre departamentos. Hay cárceles en el interior del país, donde persisten los problemas de coordinación para la atención sanitaria y de traslado a los centros de salud. También es usual que se cancelen las citas médicas porque coinciden con la hora de las visitas y después se dificulta establecer una nueva agenda, y en general tampoco tienen posibilidad de hacer una consulta médica espontánea. Incluso los problemas comienzan con la alimentación que reciben a diario, como una causal determinante de otras consecuencias físicas y mentales.
Y si es dificultoso implementar un sistema de atención a la salud mental en la sociedad, lo es mucho más puertas adentro de las cárceles. La falta de recursos económicos y técnicos no permite un abordaje de otra de las causales que arrojaría un poco más de luz para explicar las conductas violentas, las depresiones, suicidios o adicciones.
De lo contrario, continuaremos hablando sobre los problemas de la inseguridad ciudadana desde un punto de vista. Quizás el más promovido y con mayor llegada a los titulares que es el del ciudadano damnificado.
