La comisión bicameral de seguimiento de la salud mental, aprobada por la Asamblea General, está conformada por legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria. El diputado Juan Gorosterrazú integra dicho grupo con el fin de evaluar y realizar un seguimiento de la Ley 19.529 o Ley de Salud Mental aprobada en 2017.
“Si bien se aprobó la ley en el período pasado, no se asignaron recursos y se dificultó su implementación. De hecho, el plan de acción se extendía durante el período 2020-2025 y luego se resolvió hasta 2027. No se cumplió y establecía la instalación de una comisión de seguimiento para supervisar su implementación”, dijo Gorosterrazú a EL TELEGRAFO.
El representante del Frente Amplio recordó que participó en el plan de acción sobre salud mental del departamento de Río Negro, enmarcado en una consultoría entre la Universidad de la República y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Mi idea es poder desarrollarlo en Paysandú, más allá de integrar la comisión bicameral de seguimiento, el objetivo es poder ejecutar un plan departamental de salud mental. Ya hemos tenido algunos contactos y se lo planteamos como una necesidad a la ministra de Salud Cristina Lustemberg, a las autoridades de ASSE y a la representante de la OPS”, señaló.
Según el diputado, la ley refiere a “elementos centrales como el cambio de paradigma en la atención a la salud mental, el enfoque de los derechos humanos que es clave para el desarrollo de la ley y poder generar dispositivos de atención a las adicciones, así como no discriminación a las personas con problemas de trastornos en la salud mental”.
Ni silencio ni tabú
El programa del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) denominado Ni silencio ni tabú, e instrumentado desde la pasada administración, trabaja en la prevención y promoción de la salud mental de adolescentes y jóvenes entre 14 y 29 años. Desde su primera campaña en 2022, implementó una campaña de difusión a través del sitio web, el desarrollo de un kit de herramientas para talleres con el público objetivo y giras a nivel nacional. Posteriormente, instaló centros de atención directa en distintos lugares del país.
Desde el punto de vista territorial, los departamentos más afectados por esta problemática –de acuerdo a la estadística del Ministerio de Salud Pública de 2023– fueron Lavalleja (39,5 suicidios cada 100.000 habitantes), Rocha (37,6) y Paysandú (37,3).
“Hay experiencias que se han desarrollado en siete departamentos del programa Ni silencio ni tabú, con la excepción de Paysandú que aún se encuentra en tercer lugar a nivel nacional en índices de suicidios. En una reunión con la directora del INJU, Eugenia Godoy, planteé la necesidad de avanzar en la instalación de este dispositivo en Paysandú. Habrá que coordinar con las autoridades departamentales de los ministerios que tienen que ver con la atención”, indicó Gorosterrazú.
“Desconozco los criterios utilizados para la elección de los departamentos en los que se instalaban estos dispositivos porque no estaba en el gobierno anterior, pero lamentablemente quedó afuera Paysandú, a pesar de estar entre los peores lugares. Y, en estos últimos años, estamos muy por encima de la media nacional en el período que finalizó con un incremento exponencial de los suicidios”, agregó.
De acuerdo al legislador, “realmente faltó una política en la prevención de la autoeliminación, promover la salud y atención específica a las personas que lo demanden. Paysandú merece tener un dispositivo de este tipo y ese fue el planteo a Godoy”.
Plan departamental de salud mental
Gorosterrazú señaló que, para llevar adelante un diagnóstico de la situación sobre la salud mental en el departamento, es necesario un cambio de paradigma. “Cuando realizamos, junto a un equipo, el diagnóstico de situación sobre salud mental en Río Negro –que es lo mismo que proponemos realizar en Paysandú–, vimos que no es un tema de recursos financieros, sino un cambio de paradigma. Hay que definir responsabilidades y roles de cada uno de los equipos, tanto en lo que respecta a las competencias de los integrantes del sistema educativo, servicios sociales y equipos de salud, así como las distintas organizaciones vinculadas a la salud mental”.
En cuanto a la disponibilidad de los recursos humanos, aclaró que “Uruguay está por encima de los países de Europa en referencia a la cantidad de psiquiatras y psicólogos por habitantes. Y el cambio de paradigma debe enfocarse en las responsabilidades de los equipos de salud de médicos de familia, pediatras, enfermería y psicólogos, entre otros. Es decir, con los recursos humanos que trabajan en la comunidad y también a los que asisten en los servicios de segundo y tercer nivel”.
Explicó que, “si el diagnóstico se hiciera en Paysandú, vamos a encontrar una situación similar a Río Negro. Pero en el departamento hay que sumar las fortalezas de contar con las facultades de Medicina y Psicología, además de las áreas de la salud que son muy fuertes y también pueden aportar en ese plan. Antes no se hizo y se pudo haber hecho en los últimos cinco años, por eso planteamos hacerlo en el presente quinquenio”.
