(El País)
El presidente de la República Yamandú Orsi recibió este viernes a representantes del transporte profesional de carga y del sector agropecuario, quienes le entregaron una propuesta de 11 medidas orientadas a mejorar la competitividad de ambas actividades.
Tras una reunión que se extendió por aproximadamente dos horas, el mandatario se comprometió a estudiar los planteos junto a los ministerios involucrados y los camioneros autoconvocados levantaron las medidas de paro.
Según señalaros fuentes de los transportistas, Orsi solicitó inicialmente una puesta al día sobre la situación que atraviesa el sector y los principales problemas que enfrenta la actividad. Posteriormente, analizó junto a los representantes del colectivo los 11 puntos que integran el documento presentado bajo el título “Propuesta de 11 puntos para la competitividad del transporte de carga y el agro uruguayo”.
De acuerdo con las fuentes, el presidente manifestó su disposición a trabajar sobre cada una de las iniciativas planteadas y anunció que comenzará a estudiar los distintos aspectos de la propuesta con los ministerios competentes “a la brevedad”. La propuesta entregada al Poder Ejecutivo incluye una serie de medidas consideradas urgentes para el sector. Entre ellas figuran la libre flotación del tipo de cambio, la creación de un régimen de crédito fiscal para el consumo productivo de gasoil, un mecanismo de deducción del IVA en combustibles y cambios en los subsidios vinculados al transporte.
El documento también plantea una reducción de impuestos sobre combustibles utilizados por productores agropecuarios, una reestructuración del sistema de patentes y del Sucive, la eliminación de la Guía Electrónica de Transporte de Carga y modificaciones en los criterios de fiscalización vial, con un enfoque centrado en la seguridad antes que en la recaudación.
Entre los puntos incluidos aparecen además propuestas para otorgar mayor estabilidad a los precios de combustibles y tarifas eléctricas rurales, definir por ley el alcance de las tareas correspondientes a los choferes y habilitar la importación directa de gasoil y lubricantes para cooperativas y pequeñas y medianas empresas bajo control aduanero.
Como parte de la negociación, los transportistas expresaron en el documento que están dispuestos a levantar de inmediato las “medidas de enlentecimiento” y los cortes parciales en rutas nacionales una vez iniciado el proceso de diálogo. A cambio, solicitaron a las autoridades una señal de reciprocidad mediante una “reducción transitoria del precio del combustible mientras se estudian las propuestas”.
Las fuentes consultadas señalaron que el mandatario se mostró receptivo a los planteos y comprometió el análisis individual de cada una de las medidas junto a las carteras correspondientes, en un proceso que comenzará en los próximos días.
BARRERAS NO SE LEVANTARÁN A DEUDORES DE MÁS DE 150.000 PESOS
(SUBRAYADO)
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) resolvió no levantar las barreras a los vehículos que superen los 150.000 pesos de deuda en peajes. La medida alcanza principalmente a usuarios del sistema de telepeaje que, pese a haber utilizado las rutas nacionales, mantienen montos pendientes de pago.
Quienes se encuentren en esa situación deberán detenerse obligatoriamente en el puesto de peaje y dirigirse a la oficina comercial para regularizar su deuda antes de continuar viaje. La decisión endurece los controles vigentes. Hasta ahora esta restricción se aplicaba a vehículos con deudas que rondaban entre los 200.000 y 250.000 pesos.
El objetivo es ampliar el alcance de la fiscalización y reducir la morosidad crónica, especialmente en el sector empresarial y del transporte de carga, donde se concentran los mayores niveles de incumplimiento. Con esta medida, el gobierno busca fortalecer los mecanismos de cobro y mejorar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al uso de la infraestructura vial del país.
NUEVA MARCHA POR SOLEDAD BARRERA
(TELENOCHE)
La familia de Soledad Barrera volvió a movilizarse este viernes en Montevideo para reclamar justicia por la médica y pediatra fallecida en agosto de 2024, diez meses después de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio durante una cirugía programada para extraerle la vesícula.
La movilización se produjo en medio de la polémica generada por la decisión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, de reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional impuesta a la anestesista María Inés Miralles, condenada en proceso abreviado por este caso.
Barrera, de 41 años, fue intervenida en octubre de 2023 en una cirugía considerada de rutina. Durante la operación sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó un daño cerebral severo. Permaneció en estado vegetativo durante diez meses y falleció el 13 de agosto de 2024.
A fines de 2025, la anestesista María Inés Miralles aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo judicial. Según la investigación, abandonó su puesto durante la intervención y cuando regresó al quirófano la situación de la paciente ya era crítica.
Tras la condena, el Ministerio de Salud Pública resolvió inhabilitarla para ejercer durante cinco años. Sin embargo, la ministra Cristina Lustemberg dispuso reducir esa sanción a tres años, una decisión que derivó en la renuncia de la mayoría de los integrantes de la comisión asesora que había recomendado la medida original.
PROYECTO DE LEY PARA PONER FIN A FABRICACIÓN DE PORTAND EN ANCAP
(RADIO MONTECARLO)
El diputado colorado Gabriel Gurméndez presentó un proyecto de ley (junto a sus correligionarios Juan Martín Jorge y Agustín Quintana) para retirarle a Ancap la competencia de fabricar portland. El legislador argumentó que la actividad ya no tiene justificación social y se ha transformado en un “drenaje sin fondo” para los recursos públicos.
“Va una década y media de pérdidas que suman 800 millones de dólares”, señaló Gurméndez, quien enfatizó que este déficit es financiado de manera indirecta por la ciudadanía a través de los impuestos y de las tarifas de los combustibles.
Para Gurméndez, la situación actual es insostenible y afecta de manera directa el bolsillo de los ciudadanos a través de impuestos y del precio de los combustibles. El diputado recordó el historial de inversiones ineficientes en el sector, haciendo especial énfasis en el millonario gasto realizado en un horno que “nunca pudo funcionar”.
