Opinión

Aquello de que lo político está por sobre lo jurídico es la definición, diría, no sé si desfachatada, cosmética, soberbia, disimulada, kirchnerista, emepepista y mujiquista, lulista y progresista, de un atropello a las normas, de una avance sobre la Constitución. Pero si vamos a dar al César lo que es del César, habría que reconocer que quien lo patentó fue Evo Morales, el expresidente boliviano, quien en su momento muy ufanamente sostenía que a él las leyes o la Constitución no le preocupaban ni le frenaban: yo, decía, palabras más palabras menos, dispongo, yo hago y después llamo a los abogados, a los asesores jurídicos y les digo acomódenlo a la Constitución, a las leyes, o a lo que sea y ya está. Parecería que siempre hay un “bufete” que te fabrica un pase libre; el argumento es que para cada cosa “hay dos libritos”. En fin, relajo pero con orden.

Un buen dato: en el marco de “la transparencia” de que se jacta el presidente uruguayo, sería interesante saber cuánto se ha gastado en informes, dictámenes y asesorías jurídicas externas. ¿Cuánto ha pagado la presidencia o la Jutep, por ejemplo?; y otro dato: de mantenerse este sistema de “análisis externos”, cuánto se ahorraría cerrando los departamentos jurídicos de las oficinas públicas. Para compensar, vio.
Esto viene a cuento por la carta del presidente Orsi (ver Búsqueda) en respuesta un reclamo de los senadores García y Ojeda, y por la que respalda, ad infinitum casi, a Jorge Díaz. En un “nuevo estilo Orsi” –atenti– el presidente explicó que había pedido asesoramiento (ahí está) en resguardo de la “institucionalidad y la transparencia” (no te digo) y que esos dictámenes son “concluyentes”: le dan la razón a él y a Díaz. “No existió violación”…“ni afectación alguna a la seriedad institucional del Estado uruguayo”. Y en un tono distinto, de “arrogancia progresista” quizás, que nada tiene que ver con aquel muchacho bueno de Canelones, ni con el mandatario dialogante, campechano, cordial, les estampa que Díaz cuenta “con su total respaldo político e institucional”…y con su “plena confianza en la responsabilidad y seriedad con la que ejerce la función pública”. Toma pa’ bó (Uds.), si te gusta bien y si no también. No quedó nada afuera y si querés te muestro los dictámenes.

Y lo de la Jutep con Azucena Arbeleche. Huele muy feo. Después de los discursos amigos de aquí y de allá, usar así del poder; o se dice abusar. ¡Arbeleche!; no tienen límites. Hablo de la misma Junta que, en contra del dictamen de sus propios abogados y de otras interpretaciones jurídicas, optó por uno diferente, externo, off course, y en función de ese aprobó el multiempleo del director de ASSE, lo que para el presidente y la “poderosa” ministra de Salud Pública fue concluyente y basta.

Resulta que ahora según la Jutep, Arbeleche “violentó las normas de conducta en la función pública”. Todo se originó en una denuncia anónima sobre que Arbeleche firmó una exoneración tributaria para una empresa en que trabajaba su esposo. Todo en el marco de las normas de promoción de inversiones, legítimo y correcto según los técnicos y expertos; y la ministra firmó. ¡Que distraída! No se excusó, no se lo pasó a otro. Con eso se arreglaba todo. Arbeleche, entendió, que no tenía por qué no firmar algo que se hizo de acuerdo a las reglas. Pero, lo prudente –los pícaros lo saben–, se cuidan: no sea cosa que vengan con el cuchillo bajo el poncho.

El Índice de Conflictividad Laboral (ICL), elaborado por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), cumplió 30 años y, en ese contexto, con la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, tuvo lugar la presentación del informe titulado “Conflictividad Laboral en el Primer Año de Gobierno”.
Allí el ministro destacó el aporte que significa este índice elaborado por la casa universitaria, que, con una acumulación de tres décadas, permite ya trazar un perfil muy claro sobre las relaciones laborales de nuestro país, así como entender la dinámica de conflictos y acuerdos.

También señaló —y le asiste razón— que los conflictos suelen tener mayor visibilidad pública que los acuerdos alcanzados en los procesos de negociación colectiva, aunque la lógica es aquella tan manida de la mordida del perro al hombre y viceversa, de la que se ve que Castillo no es partidario. Argumentó que “si hay conflictos, después dejan de serlo porque hay acuerdos” y que “los consensos y los acuerdos no venden para la prensa”. Proviniendo, como dice, del ámbito sindical, no debería sorprenderse de que el éxito de los paros y medidas sindicales nazca, justamente, de la distorsión que generan en la vida de las demás personas.

Cuando hay paro del transporte, la preocupación del ciudadano de a pie no es si los choferes consiguen un ajuste por encima de la inflación, sino saber que ese día no va a tener ómnibus y que tendrá que arreglárselas para ir a trabajar o para ir a buscar a los gurises a la salida de la escuela. Entonces, cuando hay un paro, lo importante es que no habrá determinado servicio; cuando se restablece, todo vuelve a la normalidad. Es decir, es una no-noticia. No es más que eso. No es que la prensa sea mala y no quiera difundir los acuerdos, sino que el ministro no está entendiendo la lógica de la dinámica informativa.
Castillo destacó, además, la importancia de la negociación colectiva, el diálogo social y los ámbitos tripartitos como mecanismos para canalizar las diferencias y construir acuerdos. En ese sentido, valoró que el rol del Ministerio de Trabajo “no es meramente fiscalizador, ni siquiera el de ponerse como juez. Nosotros somos gestores del ámbito de relaciones laborales y tratamos de mediar y buscar acuerdos”. Agregó que este sistema ha permitido que Uruguay tenga interlocutores sólidos “tanto del lado empresarial como del sindical, lo que contribuye a fortalecer los procesos de negociación y a generar condiciones de previsibilidad para el desarrollo de la actividad económica”.

Pero, como se señalaba, en el marco de esta ceremonia se presentó el informe correspondiente a la conflictividad laboral de 2025, el primer año del actual gobierno. Según el informe, comparado con los primeros años de gobierno desde 2005, el nivel de conflictividad del primer año de Yamandú Orsi estuvo “en una posición intermedia”. Se registraron valores de las variables por debajo de los máximos de 2010 y 2015, pero superiores a los observados en 2005 y 2020, lo que permite caracterizar el período como de intensidad moderada.
Además, el análisis histórico demostró “que la evolución de la conflictividad en Uruguay responde más a ciclos asociados a coyunturas específicas que a una tendencia lineal de crecimiento o descenso sostenido”, según mencionó el Ministerio de Trabajo en la nota publicada en su página web. “El comportamiento del índice en 2025 se inscribe dentro de las lógicas históricas del sistema de relaciones laborales del país”.
Usualmente, el primer año de cualquier gobierno es el que tiene un mayor grado de conflictos debido a que se elabora el presupuesto quinquenal, donde se decide la suerte salarial de los trabajadores del sector público. Lo que no se obtiene allí difícilmente pueda “pelearse” después en alguna de las rendiciones de cuentas que se realizan anualmente. Pero, además, el año pasado hubo rondas de negociación colectiva en el sector privado. Aunque la mayoría llegó rápidamente a acuerdos, hubo otros sectores que no.

Dos sectores, en especial, tuvieron durante el año pasado conflictos sumamente distorsivos, tanto para su propia actividad como por su afectación a terceros. El conflicto en la pesca fue particularmente singular, porque llegó a una instancia en la que los patrones terminaron convocando a nuevos trabajadores que quisieran incorporarse al sector, desconociendo a la organización sindical, que tradicionalmente repartía la baraja entre los trabajadores al asignar los puestos de trabajo en las embarcaciones de pesca. Sin estar afiliado, no se trabajaba. Esa lógica se quebró el año pasado, aunque las discusiones han continuado.
El otro gran conflicto en el sector privado el año pasado fue con los trabajadores del Puerto de Montevideo, en la terminal especializada en contenedores, cuyo sindicato se opuso con firmeza a la incorporación de un software de gestión, bajo el argumento de que, en el largo plazo, terminaría provocando pérdida de puestos de trabajo.

Ese conflicto en particular —el del puerto— ocasionó un impacto significativo en la economía y en la reputación del país, llevando a que las empresas navieras decidieran saltarse el puerto capitalino en sus itinerarios. Esto provocó pérdida de tiempo y sobrecostos para los usuarios, además de una afectación lateral en las cadenas logísticas, que se vieron estresadas por los paros reiterados.
Entonces sí: es cierto que fue un primer año con menos conflictividad que en otros gobiernos, pero la situación ameritaría además un análisis cualitativo de los conflictos que tuvieron lugar y de sus repercusiones.

Uno de los mayores problemas que enfrenta el país al momento de salir a competir con nuestros en el exterior es que Uruguay es caro para producir. Esto se debe a una diversidad de factores, pero sin dudas que los determinantes son el costo de la energía, los combustibles, los costos logísticos –entre ellos el puerto de Montevideo–, salarios muy altos en dólares, y los por supuesto, la alta carga de impuestos que deben soportar las empresas.

Pero no solo las empresas sufren las consecuencias del “costo país”, también la población de a pie, los ciudadanos que también pagan impuestos, tasas y servicios a valores del primer mundo, pero ganan como lo que somos, el tercer mundo.

Pero no hay solo impuestos nacionales, sino que también están los que aplican los gobiernos departamentales, que por regla general son menos gravosos en la estimación de gastos de un hogar y de las empresas, porque solo aplican sobre bienes inmuebles y patente de rodados, además de diversas tasas, y por lo tanto pueden aparecer como más disimulado en la vorágine de incrementos.
Lamentablemente, este no es el caso de hoy en Paysandú, donde por la vía del nuevo presupuesto quinquenal, que ha ingresado para su consideración por la Junta Departamental de Paysandú, ya los sanduceros, en mayor o menor grado, estamos sufriendo una suba desmesurada de los impuestos municipales, como es el caso concreto de la Contribución Inmobiliaria, con mayor énfasis en algunas zonas que en otras, –en la zona céntrica, particularmente, donde se afecta a los locales comerciales en forma desmedida pero también a familias que han residido por muchos años– con el común denominador de situarse por encima de la inflación, lo que implica que además del ajuste nominal, se aplica un incremento real sobre los bolsillos de los ciudadanos.

El economista Gastón Núñez, exdirector de Administración durante la administración de Guillermo Caraballo, sostiene en un informe sobre el Presupuesto Quinquenal 2026-2030 de la Intendencia Departamental de Paysandú que lo que se aplica en realidad a los sanduceros es un “fiscalazo” de un contexto ya de mayor recaudación histórica por partidas nacionales.
Naturalmente, cuando están de por medio consideraciones desde visiones político partidarias y hasta ideológicas, podría decirse que hay tanta espuma como sustancia en este tipo de análisis, pero cuando se presentan cifras en respaldo de lo que se afirma, estamos ante harina de otro costal, y corresponde prestar atención a los datos concretos, porque aunque siempre hay un contexto a tener en cuenta, la realidad que hoy viven los contribuyentes sanduceros no puede disfrazarse por mejor maquillaje que se ensaye.

Uno de los aspectos que maneja este profesional refiere a que se ha utilizado como referencia en la estimación el promedio de rango meta de inflación del Banco Central del Uruguay, cuando ya se contaba con el dato anual de que efectivamente la inflación ha bajado al 3,6 por ciento en el período.
Ergo, al comparar ingresos del presupuesto anterior con el previsto para el que está en consideración, a valores constantes se está ante un incremento en valores reales del 19 por ciento, por encima de la actualización nominal por inflación.

Una demostración –indica– es el cambio de la tendencia histórica, por cuanto en el quinquenio 2026- 2030 el 53 por ciento de los ingresos será de origen nacional y el 47 por ciento departamental, cuando hasta ahora la relación había sido a la inversa a la vez que entre otros conceptos se menciona que el eje del cambio es la creación del denominado Catastro Departamental, en el que se apoyan las nuevas cifras de Contribución, por cierto.

Y es este es el punto sustancial: ya los sanduceros estamos recibiendo el mazazo de los nuevos valores de la Contribución Inmobiliaria, con incrementos como nunca antes había ocurrido, como bien se refleja en los reclamos a través de Cortocircuitos Ciudadanos en nuestras páginas y notas Solicitadas enviadas a nuestra redacción, por ciudadanos que de un año a otro denuncian incrementos de hasta un 40 por ciento en algunos casos, en porcentajes que nada tienen que ver con la inflación ni con los valores inmobiliarios.
Y un “fiscalazo” del gobierno departamental, nada menos, es lo que menos necesitamos los sanduceros en esta encrucijada que vivimos, con cientos de trabajadores en el Seguro por Desempleo y numerosos despidos, con una actividad económica muy disminuida, empresas con números rojos en muchos casos o apenas subsistiendo, a lo que se agrega ahora el costo adicional de la tributación departamental para hacer a esta altura una “tormenta perfecta” que se abate sobre el sufrido contribuyente.

Además, la situación comprometida de Paysandú la ha denunciado –y con razón– el propio intendente departamental Nicolás Olivera en cuanto ámbito ha tenido a su alcance, donde ha responsabilizado en gran medida por esta situación a la falta de políticas descentralizadoras y diferenciales en las que se tenga en cuenta la problemática de los departamentos del norte del río Negro, fundamentalmente, sometidos a una alta tributación nacional sin tener en cuenta los problemas adicionales de la lejanía con Montevideo, como es el costo logístico, entre otros aspectos. Como él mismo argumenta, Paysandú no soporta un despido más por cierre o reducción de empresas, tras la situación de miles de citricultores, de empresa como Paycueros, Fricasa, AmBev, etcétera, y que disparan el desempleo a los más altos del país. Incluso el comercio local está en una situación extremadamente delicada debido a los años en que Argentina estaba “regalada” y también hoy, que sigue siendo atractiva para ir a comprar a la vecina orilla. Es por esto que políticos de todos los partidos y la Junta Departamental en pleno reclamó medidas especiales para mitigar el impacto de la diferencia de precios en la frontera.

Es un contrasentido y negativo por donde se lo mire, consecuentemente, que se aplique un mazazo tributario desde el gobierno departamental a un departamento que está atravesando una crisis que se arrastra desde hace años y que en lugar de mitigarse, se ha venido agravando. Lo que menos necesitamos los sanduceros es más impuestos, del lado del que sea, y sí un alivio tributario para poder hacer pie durante un tiempo en estas aguas turbulentas, para que el remolino no nos siga arrastrando hacia el fondo.
Y el gobierno departamental debería liderar esta cruzada a través del ejemplo, en lugar de ser parte del problema.

El programa presentado por el gobierno nacional bajo el nombre de “Salud sin esperas” se presenta como el ejemplo perfecto de un horizonte necesario que, sin embargo, corre el riesgo de chocar con la realidad de la operativa al norte del Río Negro.

El objetivo planteado es una necesidad urgente ya que es imperativo reducir los tiempos de esperas para consultas médicas y cirugías. El programa se propone disminuirlos a la mitad en dos años. Se trata de algo fundamental ya que la espera no es sólo una variable administrativa o una lista de nombres en una planilla, sino que también es la frontera entre un diagnóstico a tiempo y las no siempre previsibles consecuencias de no haberlo tenido en tiempo y forma.

La nueva normativa, que desplaza el decreto 59/009, establece parámetros que suenan a estándares del primer mundo. Se mantienen plazos de 24 horas en consultas de especialidades básicas como medicina general, pediatría, ginecotología y medicina familiar y comunitaria y se fija un máximo de 30 días corridos para acceder a un médico tratante en áreas como medicina general, pediatría o familia. Se mantienen las 48 horas hábiles para la consulta de cirugía general y 30 días para el resto de las especialidades y se incorpora el concepto de especialista tratante (90 días). También se establecen plazos específicos para consultas priorizadas dentro de las especialidades seleccionadas por el MSP (10 días hábiles) y se fijan límites para cirugías coordinadas oncológicas con un plazo máximo de 30 días corridos. Una novedad es la regulación por primera vez de los tiempos de esperas para técnicas diagnósticas no urgentes como tomografías computadas, resonancias magnéticas, ecocardiogramas y endoscopías.

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, anunció que en los próximos días se firmarán decretos vinculados a la medicación, que permitirán la mejora en el acceso a medicamentos indicados a los pacientes con enfermedades crónicas. De esta manera, contarán con medicamentos por un año sin necesidad de volver a la consulta médica para repetir recetas. Los pacientes que utilizan psicofármacos podrán acceder a ellos por seis meses, permitiendo liberar un 20% las agendas de los profesionales de la salud mental para nuevas consultas lo que se considera vital teniendo en cuenta los problemas existentes actualmente para acceder a estos especialistas para pacientes con este tipo de dolencias.

Se trata de innovaciones que ayudarán a que los especialistas se enfoquen en la prevención y tratamiento de casos agudos aportando una solución al considerable volumen de citas en el primer nivel de atención consumidas por trámites administrativos sin valor clínico y que se valoran especialmente en el ámbito de la salud mental debido a los altos números de suicidios existentes en nuestro país.
El beneficio potencial para el ciudadano usuario del sistema de salud es indiscutible. Pasar de largos plazos de espera a una fecha cierta en el calendario humaniza el sistema a la vez que devuelve cierta cuota de dignidad al paciente. Sin embargo, el desafío de la implementación del programa “Salud sin esperas” es, también, muy grande.
La Junta Nacional de Salud creó una comisión de seguimiento para fiscalizar las agendas en tiempo real y publicará informes de desempeño de cada prestador pero de una forma no tan metafórica podríamos preguntar: ¿cómo se fiscaliza la ausencia?

En nuestro país el 70% de los médicos se concentran en el área metropolitana para atender a la mitad de la población del país y eso representa una desigualdad estructural de recursos humanos del sector de la salud. Mientras esto no se resuelva, los 30 días del decreto seguirán siendo una meta que muchos prestadores, tanto del sector público como privado, difícilmente podrán alcanzar o, que al menos implicarán enormes malabarismos en sus agendas.
En este sentido, la carencia estructural de médicos especialistas sigue siendo el “talón de Aquiles” de la reforma sanitaria uruguaya. También es necesario considerar que aunque el país forma médicos por encima de la media regional, existe un desbalance crítico en las especialidades y, como señalábamos anteriormente, en su distribución geográfica.

Por esto y otras razones, el optimismo de los anuncios gubernamentales de “Salud sin esperas” genera cierto recelo. En primer lugar, las autoridades del Ministerio de Salud Pública hablan de un sistema moderno de gestión de datos y agendas mientras que los funcionarios y choferes del Hospital Escuela de Salud denuncian prácticamente el desguace de la flota de traslados.
Días atrás, la Federación de Funcionarios de Salud Pública Filial Paysandú, informó en conferencia de prensa sobre la situación de deterioro de la flota de ambulancias del centro asistencial, señalando carencias estructurales, condiciones laborales complejas y dificultades para garantizar los traslados de pacientes.

Los representantes sindicales advirtieron sobre el deterioro de los vehículos disponibles, la falta de renovación de unidades y la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades. “Tenemos ambulancias desde 2010-2012, están sin aire, han quedado compañeros sin frenos en las ambulancias, han quedado ambulancias paradas con pacientes arriba”, sostuvo la dirigencia sindical. Se trata de una situación que genera un estrés adicional al personal y compromete la seguridad de los usuarios así como la calidad de la atención. Se trata de un asunto que es necesario atender y que se soluciona fácilmente con dinero, mediante la compra de nuevas ambulancias, un esfuerzo que el MSP debe realizar con urgencia.

No obstante, la solución de los problemas vinculados a la formación de cuadros de especialidades médicas es un proceso más lento, asociado a las trayectorias personales y académicas de quienes transitan dichas formaciones. Es en este sentido que el dictado completo de la carrera de Medicina en Paysandú es un logro histórico que contribuye a revertir el desbalance.
La formación en el territorio no sólo evita el desarraigo de estudiantes sino que facilita la radicación definitiva de los profesionales en las policlínicas, mutualistas y hospitales locales y de la región. En este sentido, la consolidación del Cenur Litoral Norte para especialidades médicas sería fundamental en el futuro mediano y largo plazo.

En conclusión, Uruguay está iniciando un proceso de transición hacia una salud “sin esperas” y si bien el marco legal es robusto, en el territorio existen tensiones que deben ser atendidas, en partícular las relacionadas con recursos humanos y el transporte sanitario necesario. Asimismo, hay que considerar seriamente la apuesta a la formación médica regional en el litoral Norte para que dentro de algunos años el acceso a las especialidades médicas en Paysandú sea igual en tiempos y calidad que las de la capital. De esta manera, la salud sin esperas no sería un eslogan sino parte del estándar de vida de los ciudadanos del interior del país.

Por estos días dos informes internacionales, que posan sus ojos sobre la región, aluden a las dificultades nutricionales mostrando dos caras de un mismo problema. Mientras en América Latina se redujo el hambre por cuarto año consecutivo, la comida sana sigue siendo un lujo y a la vez la obesidad aumenta, trayendo consigo otros problemas.
El informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, realizado por varias agencias de Naciones Unidas, que vio la luz a fines de febrero, registró para la región de América Latina y el Caribe “una disminución constante en los niveles de subalimentación por cuarto año consecutivo”. Señala el reporte que “aunque 6,2 millones de personas dejaron de pasar hambre desde 2020, el 29,9% de los adultos sufre obesidad y una dieta saludable cuesta más aquí que en cualquier otra parte del mundo”.

En 2024, el 5,1% de la población regional padecía hambre, lo que suponía en sí una reducción desde el 6,1% registrado en 2020. Ello significaba que 6,2 millones de personas dejaron de sufrir subalimentación en este período. Destaca además que cuatro países, Uruguay, Brasil, Costa Rica y Guyana, ya tienen una prevalencia de hambre inferior al 2,5%, y están cerca de este umbral también Chile y México.
La inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 25,2% de la población en 2024, un cifra que parece alta, pero es significativamente menor que el 33,7% del año 2020 y estuvo por debajo de las estimaciones para ese año, que eran del 28%. No obstante, indica el informe, existe una brecha de género significativa, en la medida que las mujeres presentan “una prevalencia 5,3 puntos porcentuales mayor que los hombres”. Primer desbalance.

También indican las agencias de Naciones Unidas en su resumen que el costo de una dieta saludable “aumentó un 3,8% en 2024, ubicando a la región como la más cara del mundo, con un costo diario de 5,16 dólares”. Si bien 15,4 millones de personas más pudieron acceder a este tipo de alimentación en comparación con el 2021, todavía hay casi 182 millones de personas que no pueden hacer frente a los costos de acceder a esta dieta.

Pero en la misma región en la que esto ocurre, se ha emitido una alerta por el aumento de la obesidad. El 29,9% de los adultos en la región padece esta condición, esta cifra es casi el doble del promedio mundial, situado en 15,8%. En niños menores de 5 años, el sobrepeso alcanzó el 8,8% en 2024, dato que se sitúa muy por encima de la meta global para 2030.

Como sabemos el problema de la obesidad es una preocupación para los sistemas de salud en la medida que quienes la padecen están expuestos a una serie de factores que complican su situación sanitaria, pero no podemos esconder que también hay aspectos estéticos que hacen que en una sociedad en la que la imagen ha cobrado tal preponderancia, en buena medida merced a las redes sociales, pero no solamente, la aparición de “soluciones mágicas” está a la orden del día, lo mismo que los desajustes alimentarios que han vuelto con una fuerza similar a la que ya mostraron en la década del ‘90, cuando hablar de bulimia o anorexia era cosa de todos los días. De un tiempo a esta parte la aparición de medicamentos empleados para tratar la obesidad se ha vuelto para muchos una opción, así como las cirugías bariátricas, sin embargo no todo es color de rosa. Ayer mismo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un llamado a reforzar la farmacovigilancia a raíz de reportes de uso indebido de este tipo de medicación. La OPS instó a “asegurar el uso adecuado de los medicamentos agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), ante reportes crecientes de efectos adversos asociados a su uso indebido”. En tanto, las cirugías bariátricas tienen importantes consecuencias en el largo plazo, tanto biológicas como psicológicas en muchos casos.

Señala que el uso de intervenciones farmacológicas “debe evaluarse cuidadosamente dentro de modelos de atención multidisciplinarios centrados en la persona, considerando el perfil clínico individual, las comorbilidades y la relación beneficio-riesgo de cada opción terapéutica”. O sea, no es solamente tomar pastillas mágicas. Los medicamentos GLP-1, describe, “actúan regulando el apetito y el metabolismo, pero su uso debe limitarse a las indicaciones aprobadas y enmarcarse en un plan clínico estructurado con monitoreo periódico”, tal como se ha trasmitido en las orientaciones que la Organización Mundial de la Salud ha difundido en base a evidencia científica actualizada.

Entre otras cosas, el Comité de Expertos de la OMS para la Selección y Uso de Medicamentos Esenciales no recomendó el uso de estos productos “en personas con obesidad sin diabetes tipo 2 ni otras comorbilidades”. Los efectos adversos más frecuentemente reportados han sido gastrointestinales y suelen ser transitorios. “No obstante, se han descrito eventos menos frecuentes, pero potencialmente graves, como pancreatitis aguda, enfermedad biliar y obstrucción intestinal, además de otros riesgos poco comunes que continúan en evaluación”, señala el reporte. La OPS advirtió además por la creciente demanda de estos medicamentos, que puede dar lugar a su comercialización por canales no oficiales, “incluidos Internet y redes sociales, lo que incrementa el riesgo de exposición a productos falsificados, no autorizados o de calidad subestándar”. El riesgo de acceder a estos productos es que “pueden contener dosis incorrectas, principios activos distintos o ingredientes no declarados, lo que puede derivar en fracaso terapéutico, reacciones adversas graves y otras complicaciones, además de generar costos adicionales para los pacientes y los sistemas de salud”. Así las cosas, la Organización enfatizó en que es necesario que este tipo de tratamientos se lleven a cabo bajo estricto control médico. No descubrimos nada al decir que este tipo de circunstancias se prestan para que personas escasas de escrúpulos hagan su negocio. Nada mejor que asesorarse debidamente y evitar exponerse de forma innecesaria.

La ratificación parlamentaria en Uruguay del acuerdo estratégico entre el Mercosur y la Unión Europea marca un hito de singular relevancia en la accidentada cronografía de un proceso que se extiende ya por tres décadas. Sin embargo, este avance, que sitúa a Montevideo a la vanguardia formal del bloque regional, no oculta las asimetrías de velocidad y de voluntad política que separan a ambas orillas del Atlántico. Mientras en el Cono Sur las instituciones legislativas parecen haber alcanzado una madurez de consenso que permite vislumbrar una política de Estado de largo aliento, en el Viejo Continente el tratado permanece cautivo en un limbo burocrático y parlamentario. Esta parálisis europea no es producto del azar, sino del asedio constante de los grupos de presión agrarios, particularmente en Francia, donde la retórica de la soberanía alimentaria encubre a menudo la defensa de un modelo de subsidios que distorsiona la competencia global. La intensidad de los lobbies y las manifestaciones en las calles galas revelan que, para ciertos sectores europeos, la apertura comercial sigue siendo percibida más como una amenaza existencial que como una oportunidad de crecimiento compartido en un mercado de 800 millones de personas.

En el escenario doméstico, la celeridad del proceso legislativo uruguayo ofrece una lectura de unidad que es poco frecuente en la política contemporánea. La aprobación por unanimidad en el Senado y el abrumador respaldo en la Cámara de Representantes –con la excepción marginal de dos legisladores– subrayan un convencimiento transversal sobre la necesidad de romper el relativo aislamiento comercial del bloque. Durante el debate, la apelación a la memoria institucional fue constante. El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani fue rotundo al calificar el acuerdo como el resultado de “una verdadera política de Estado”, trazando una línea de continuidad que une a los gobiernos de signo colorado, nacionalista y frenteamplista. Al mencionar a figuras de la talla de Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez, José Mujica y Lacalle Pou, se puso de relieve que la inserción internacional de Uruguay no es un capricho de turno, sino una necesidad estructural que trasciende las urgencias electorales y las fronteras ideológicas.

Sin embargo, es imperativo deshacerse de la complacencia discursiva y entender que no todo el camino estará sembrado de rosas. La apertura no es un bálsamo universal y sus efectos no serán ni intrascendentes ni uniformemente beneficiosos. El acceso a los mercados europeos para los productos estrella del Mercosur no será libre, sino que estará rígidamente encorsetado en un sistema de cuotas que, además, deberán ser repartidas entre socios regionales que compiten ferozmente entre sí por los mismos nichos. La gestión de estas cuotas asoma ya como el próximo campo de batalla técnico y político. Rafael Normey, presidente de la Federación Rural, ha puesto el dedo en la llaga al señalar que la distribución de la cuota cárnica será un tema central. Su postura es clara: la negociación debería partir de un entendimiento entre los actores privados de los cuatro países para que luego sea validada por el poder político. “Queremos que nos podamos poner de acuerdo los privados y que eso se respete a nivel político”, afirmó Normey, bajo la premisa de que “los privados conocen el funcionamiento real del mercado y pueden dimensionar con mayor precisión hasta dónde es viable cada planteo”.

Esta visión gremial, sin embargo, choca con la complejidad multidimensional de la diplomacia comercial. Como bien ha deslizado la Cancillería, la discusión no puede ser un compartimento estanco donde solo se hable de carne; es un tablero de ajedrez donde también juegan el etanol, los granos y los servicios. Uruguay, por su propia escala, se verá obligado a una gimnasia negociadora extenuante. En palabras del propio Normey, “Uruguay va a tener que ceder en cuotas donde realmente no tenemos ningún tipo de potencial”, una admisión de realismo que anticipa la dureza de las conversaciones intrabloque. A esto se suma un cambio de paradigma normativo en Europa, con exigencias crecientes en materia de sostenibilidad y lucha contra la deforestación, un terreno donde Uruguay cree tener una ventaja competitiva frente a sus vecinos, pero que representa una barrera para-arancelaria de difícil gestión.
El envés del acuerdo presenta desafíos no menos preocupantes para la industria manufacturera. Mientras el país busca colocar sus materias primas –que lamentablemente siguen careciendo de un valor agregado significativo–, el tratado facilita el ingreso desgravado de bienes finales de alta tecnología y manufacturas de países industrializados. Para una industria nacional ya castigada por los altos costos internos y un tipo de cambio que se percibe como desfavorable, esta competencia puede resultar devastadora. El riesgo de una mayor erosión del empleo industrial es real. En departamentos como Paysandú, esta preocupación no es teórica. La ciudad ya carga con el fardo de la lejanía logística respecto a la capital y ha sufrido en carne propia el declive de sectores que antes eran su motor. La pérdida de puestos de trabajo de calidad es una herida abierta que este acuerdo podría, si no se maneja con extrema cautela, profundizar.

El panorama se vuelve aún más sombrío cuando se introduce en la ecuación el factor China. El gigante asiático no solo es hoy un socio comercial ineludible, sino también un competidor agresivo que, con economías de escala inalcanzables, desafía a industrias locales como la maltera, afectando directamente a la producción sanducera con precios y volúmenes contra los que es casi imposible luchar. En este escenario de incertidumbre global, donde la única constante es el cambio, Uruguay no puede permitirse el lujo de la inacción o de la postergación de sus reformas estructurales.

La retórica del libre comercio debe ir acompañada de una agenda interna de competitividad que ha sido sistemáticamente aplazada. No se puede competir en las grandes ligas del comercio transatlántico con un Estado cuyo gasto sigue expandiéndose y con una productividad que languidece. Resulta, en este sentido, paradójico y hasta calificable como “el colmo del delirio” que, en un momento de máxima exigencia de eficiencia, ciertos sectores sindicales y grupos de izquierda radical sigan insistiendo en la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial o en el incremento del peso estatal sobre la economía. Estas propuestas, ajenas a la realidad de la competencia internacional, solo sirven para lastrar las posibilidades de éxito de un país que decide abrirse al mundo.

En definitiva, la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea es un paso valiente, pero es apenas el inicio de una travesía llena de “rosas y espinas”. La responsabilidad del gobierno y de la sociedad civil es preparar el terreno para que los beneficios no se concentren en unos pocos sectores primarios, mientras el tejido industrial se desvanece. La madurez política demostrada en el Parlamento debe ahora trasladarse a la gestión de los detalles, a la defensa inteligente de los intereses nacionales en las mesas de reparto de cuotas y a la implementación de reformas que bajen el costo de producción en el interior del país. Solo así, haciendo los deberes pendientes, Uruguay podrá aspirar a que este tratado sea la herramienta de progreso que se ha prometido durante tres décadas y no una nueva frustración en su larga búsqueda de un lugar en el mundo.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo en conferencia de prensa que en Uruguay “no hay cierres” sino “reconfiguración de empresas” a escala global, en algunos sectores afectados por “factores estructurales”. “Hay que ser precisos con las palabras: cierre no. Es la reducción de operaciones. No hay cierres”, recalcó Oddone. Son empresas que “tenían un conjunto de operaciones a nivel global, (que) se están reestructurando y han impactado en reducción de plantillas, pero no son cierres”.

A tanta exactitud en las palabras conviene ponerle números. Y son números del Pit Cnt, que advirtió que la “reconfiguración” abarcará a 600.000 empleos por la instrumentación de la Inteligencia Artificial, porque el riesgo promedio de automatización de los trabajos en el país se ubica en el 65% y está por encima de los países que integran la OCDE. Las alertas se encendieron hace rato. En el Censo de 2023, el Instituto Nacional de Estadística señaló que las empresas de servicios representan el 54% de las firmas del país y generan más del 59% de los empleos. La tercerización es alta en Uruguay y el desafío se presenta en el corto plazo en sectores de funciones administrativas, operativas y de soporte técnico en empresas que no tienen contacto directo con el cliente. Allí coexiste la mano de obra humana con la IA.

En el futuro se extenderán a otras áreas y en una década abarcaría al sector manufacturero y agropecuario. Esta “reconfiguración” que aclara el ministro significó que en Uruguay, entre el 2000 y 2014, el empleo manual bajará de manera significativa y entre 2007 y 2014 aumentarán las tareas cognitivas. Después, es posible analizar otro factor de “reconfiguración” que no implica cierres, sino una disminución sustantiva de plantillas laborales: el costo para producir en el país.

Y lo dijo en su último comunicado, por ejemplo, la maltera que este domingo envió al seguro de paro al 90% —cerca de un centenar— de sus trabajadores: “Ante un escenario de pérdida de competitividad debido a los altos costos de producción y a la incidencia de un tipo de cambio desfavorable para la exportación, AmBev-Cympay realizará un paro de dos meses en la producción de Maltería Paysandú, con el consiguiente envío a seguro de paro de sus colaboradores”. Ni pensar en el cierre de esta industria, porque implica el 40% de las exportaciones del departamento que posicionan al país desde otro lugar en las estadísticas que le interesan a cualquier gobierno y que son los números de la macroeconomía. Incluso el propio Estado no se retira, pero se “reconfigura”.

Y eso ocurrirá con el negocio del portland de Ancap que sucesivos gobiernos dejaron que explote en pérdidas por más de dos décadas. La presidenta del organismo, Cecilia San Román, dijo a los parlamentarios que integran la comisión de Industria que Minas “está cerca del centro de consumo”, lo cual “abarata los fletes”. “Su yacimiento está pegado a la planta, por lo que todos los costos logísticos se ven reducidos en Minas frente a Paysandú”. La cuenta es clara: no cierra pero “reconfigura”, y para eso traslada a 50 funcionarios del ente desde la planta local hacia Minas, pero deberá resolver lo que hará con otros 75 que no son públicos, sino contratados por las extractivas.

Estos son los ejemplos más cercanos en el tiempo, porque la industria curtidora en Paysandú se encuentra en ese proceso desde el año 2024, mientras entabla una mesa de negociación tripartita para lograr avances que protejan los puestos de empleo. Es decir, para “ser más precisos con las palabras”, tal como lo pidió Oddone, las empresas resuelven un descenso en la actividad por costos operativos, la baja demanda de sus productos en la región, alta competitividad a nivel global y escasas posibilidades de cambios en un país que encarece sus procesos productivos. Y eso puede constatarse luego de la votación de cada presupuesto quinquenal.

Los aranceles, los precios altos del combustible, un sistema tributario con base en el impuesto al consumo, un Estado grande –más de 300.000 empleados públicos que suben la presión fiscal– y el alto costo de vida que reduce el poder de compra a pesar de percibir uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica, son aspectos que impulsan cualquier decisión empresarial. Esta “reconfiguración” también podría impactar en otros factores. Uruguay necesita crecer a porcentajes más elevados de lo que registraba en años anteriores. Sin embargo, los analistas esperan un crecimiento del 1,9% del Producto Bruto Interno para este año y de un 2% el año que viene. El problema es que ese 2% no es suficiente ni para sostener los niveles de empleo que históricamente alcanzó la economía uruguaya. El desafío ya lo conoce Oddone porque lo planteó en más de una ocasión.

De acuerdo con el ministro, el país necesita elevar la inversión en aproximadamente 16.000 millones de dólares anuales, para tener un crecimiento sostenido del 3%. Con esa mira, sostuvo la necesidad de atraer la inversión privada con algunas estrategias que tiene el país en sí mismo, como la estabilidad jurídica, entre otros factores. Pero para lograrlo la fuerza política en el gobierno tiene visiones diferentes en su interna partidaria. Allí hay agendas enfrentadas porque desde un lugar se aprecia la necesidad del crecimiento económico y, por el otro, se enfatiza en el crecimiento redistributivo con una perspectiva de derechos. Por esa razón, las señales de alerta permanecerán sobre el empleo, que anticipa un crecimiento del desempleo en 2027.

Las “reconfiguraciones” abren un escenario totalmente incierto en Paysandú. No solamente en los puestos de trabajo, porque la reconversión laboral no se presenta rápidamente, sino en un enlentecimiento de la economía. Porque las “reconfiguraciones” mencionadas más arriba se realizan sobre puestos genuinos de empleo con salarios acordes al movimiento económico y eso se verá reflejado en el departamento de manera muy negativa. Incluso las “reconfiguraciones” desmoralizan a las familias afectadas y ese otro costo sanducero —que no es en dinero— también define el perfil de su gente. Hay momentos en que tanta exactitud exigida a las palabras no alcanza para describir lo que sucede.

La guerra estalló con brutalidad bélica, pero no sorprendió. Se temía un desenlace así, pero no por presumido menos doloroso y temerario. Ordenemos la información para intentar comprender algo de lo que está pasando. Ya todos sabemos cómo se inició; así que vayamos al punto siguiente, a partir de la reacción de Irán y fundamentalmente, revisemos su estrategia para descubrir sus motivos.
Irán reaccionó y atacó a varios países árabes no por enemistad directa, sino como extensión del conflicto con EE. UU. e Israel. Los blancos no fueron los Estados en sí, sino la infraestructura militar y política que sostiene la presencia estadounidense en la región.

Los países afectados fueron Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania. Todos comparten un rasgo central: albergan bases militares de EE. UU., sistemas de defensa integrados con Washington o cooperación operativa con Israel. En Bahréin se encuentra la Quinta Flota; en Qatar, la base aérea de Al‑Udeid; en Arabia Saudita y Emiratos, nodos clave de defensa aérea y logística; Jordania coopera en control del espacio aéreo. El objetivo iraní fue romper la neutralidad funcional del Golfo, demostrar que esos territorios no son zonas seguras si facilitan ataques contra Irán y elevar el costo político interno de esa cooperación. Por eso los ataques fueron limitados, calibrados y mayormente interceptados: buscaban señalizar capacidad y voluntad, no provocar una guerra regional abierta.
En términos estratégicos, Irán ha optado por enviar un mensaje a dos puntas, simultáneamente: a Washington, que su red de bases es vulnerable; y a los gobiernos árabes, que la alineación pasiva también tiene consecuencias. La lógica no parece ser castigar, devolver golpe por golpe, sino provocar una reacción, una corriente de presión regional a favor de la desescalada bélica.

Alineamientos

Por un lado, Reino Unido, Francia y Alemania respaldan la preocupación por el programa nuclear iraní y adhieren a las sanciones. No obstante ello, no participan en los ataques y llaman a la contención. Eventualmente, dependiendo de la evolución del conflicto bélico podrían llegar a algún tipo de participación. Desde el punto de vista de las instituciones regionales, la ha expresado su preocupación por la escalada y de manera compartida más allá de los matices, prioriza la vía diplomática. Y en esa línea, ha reforzado misiones navales defensivas, no ofensivas. En el caso de Canadá y Australia, cercanos políticamente a Washington, pero sin involucramiento directo en acciones militares. De todos modos, Canadá mantiene fuertes tensiones en el marco del acuerdo que comparte con México y el propio Estados Unidos. La componente irritante es que la práctica discursiva de Trump, agresiva y personalizando los conflictos, dificulta las relaciones de los jefes de gobierno.

En la región…

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos aunque comparten rivalidad estratégica con Irán y cooperan en inteligencia y defensa aérea, toman el recaudo para no aparecer como beligerantes. De este modo, revelan una mayor preocupación por el día después de la escalada que por el corto plazo.
Por su parte, Jordania colabora en defensa aérea y control del espacio, pero sin sumarse a ataques o algún tipo de protagonismo en acciones directas. Su apoyo es más propio de una cuestión tácita y defensiva, diseñada para evitar represalias iraníes directas.

El bloque iraní…

Por su parte, Irán lidera un sistema de alianzas asimétricas, que no constituye una coalición formal. No pocos analistas entienden que el propósito no es la guerra abierta, sino disuadir, fragmentar y encarecer cualquier ofensiva directa. Una mirada algo optimista que olvida todo un costado de Irán marcado por cuestiones como las bombas en Buenos Aires a la Embajada de Israel primero, y a la AMIA después. Incluso, hay quienes también responsabilizan a Irán por la muerte del exfiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, una causa judicial que se empantanó y no ha podido concluir si se trató de un homicidio, de un suicidio inducido o de un suicidio. Volviendo a esa lectura de un sistema de alianzas asimétrica, el núcleo estatal Irán actúa como coordinador estratégico: financia, arma y entrena, pero evita exponerse militarmente de forma directa. Siria funciona como plataforma logística y territorial, clave para el despliegue iraní hacia Líbano y Gaza, aunque con capacidad militar propia limitada.

Apoyos…

Pero hay otros actores. Por caso, Hezbollah. Se trata del principal vector militar: ha logrado capacidad misilística masiva y disuasión directa contra Israel, algo asumido. También las milicias chiítas en Irak presionan bases y rutas estadounidenses. Los hutíes amplían el conflicto al plano marítimo, atacando la navegación en el mar Rojo. No hay que olvidar a Hamás y Yihad Islámica que a pesar de su deterioro mantienen valor simbólico y de desgaste, aunque militarmente debilitados. Rusia, aunque carga con la mochila de su guerra con Ucrania en las que no las ha tenido todas consigo, aporta un elemento de mayor valor: cobertura diplomática y cooperación militar selectiva, pero también sin entrar en combate directo. Desde una perspectiva más aplomada y sobria, China cuida sus equilibrios y ponderaciones, y no ha soltado a su suerte a Irán. Por ello ha levantado su voz con claridad y cautela que se respete la soberanía iraní y ha reclamado el cese inmediato de las acciones militares, evitando alinearse militarmente. Mucho más discretamente, Corea del Norte aporta cooperación técnica puntual.
Desde una lectura estratégica, los socios de Irán no muestran ningún interés por la acción directa en el conflicto. Han optado por otro camino: multiplicar frentes, diluir responsabilidades y sostener un conflicto prolongado que desgaste a EE. UU. e Israel sin cruzar líneas rojas irreversibles.

¿Qué pasará?

En el presente, las herramientas con que cuenta la diplomacia son limitadas. Entre otros muchos factores, el principal es el vaciamiento de las instituciones multilaterales, en particular para este caso, las Naciones Unidas. Por ello, casi ninguna iniciativa cuenta con un “escenario natural” para ser viabilizada ni tampoco para imponerle condiciones reales a los países en conflicto. Mientras se suceden llamados pidiendo un alto el fuego, a retomar negociaciones serias y responsables, Estados Unidos e Israel avanzaron en lo que parece ser un camino irreversible e incierto, la eliminación de buena parte de la cúpula iraní. Estados Unidos habría optado por una solución “a la venezolana”, descabezando el régimen y encumbrando a quien asumiera el rol de desandar el camino. Un plan que da resultados de corto plazo pero no inmediatos. Y bien puede asegurar un tránsito no violento hacia otras condiciones, más parecidas a la democracia. Pero todo es incierto. Mientras, lamentablemente, sigue la guerra y la muerte. Un proceso civilizatorio en regresión, como la concentración del poder y la riqueza. Ojalá ese optimismo de algunos de que este lío “podría resolverse en pocos días” sea algo más que una expresión de deseos.

El Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad de España ha incluido la siguiente información en su página web, en relación con el consumo habitual de marihuana, el cual, se afirma, “provoca una serie de daños orgánicos y psicológicos: a) el hecho de fumarse sin filtro, aspirando profundamente el humo, reteniéndolo en los pulmones y apurándolo hasta el final, favorece enfermedades como la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar o el cáncer de pulmón. Además, su efecto broncodilatador potencia la absorción de sustancias tóxicas. B) altera el sistema cardiocirculatorio, provocando taquicardia, por lo que las personas con hipertensión o insuficiencia cardíaca pueden sufrir un empeoramiento de su sintomatología y c) existen datos que indican que podría haber un aumento de la incidencia de depresiones y psicosis por el consumo crónico de esta sustancia. El impacto psicológico del consumo de cannabis tiene una especial relevancia, dado que quienes lo utilizan principalmente son los jóvenes.

Provoca dificultades para estudiar, al disminuir las funciones de atención, concentración, abstracción y memoria, obstaculizando, por tanto, el aprendizaje. Puede causar reacciones agudas de ansiedad y, en personas con predisposición a padecer trastornos mentales, puede provocar la aparición de estos trastornos o agravar los que ya se padecen. Cada vez hay más datos que demuestran el efecto perjudicial del consumo de cannabis asociado a la conducción de vehículos, especialmente si se combina con alcohol, lo que hace que aumente el riesgo de accidentes”.

Como si todo eso fuera poco, la autoridad sanitaria española ha expresado que “el impacto psicológico del consumo de cannabis tiene una especial relevancia, dado que quienes lo utilizan principalmente son los jóvenes. Provoca dificultades para estudiar, al disminuir las funciones de atención, concentración, abstracción y memoria, obstaculizando, por tanto, el aprendizaje. Puede causar reacciones agudas de ansiedad y, en personas con predisposición a padecer trastornos mentales, puede provocar la aparición de estos trastornos o agravar los que ya se padecen. Cada vez hay más datos que demuestran el efecto perjudicial del consumo de cannabis asociado a la conducción de vehículos, especialmente si se combina con alcohol, lo que hace que aumente el riesgo de accidentes”.

Entre los efectos a largo plazo se mencionan los siguientes: a) problemas de memoria y aprendizaje, b) peores resultados académicos, c) abandono prematuro de los estudios, d) dependencia (7-10% de los que lo prueban), e) trastornos emocionales (ansiedad, depresión) y de la personalidad, f) enfermedades bronco-pulmonares y determinados tipos de cáncer, g) trastornos del ritmo cardíaco (arritmias), h) psicosis y esquizofrenia (especialmente en individuos predispuestos). El cannabis actúa sobre el sistema de gratificación y recompensa cerebral de la misma forma que lo hacen otras drogas, a través del estímulo de la liberación de dopamina. Por eso, el consumo continuado de cannabis produce adicción. La adicción aparece entre el 7 y el 10% de las personas que lo han probado y en 1 de cada 3 de los que lo consumen habitualmente”. Finalmente, la página web del Ministerio de Sanidad destaca que “el consumo de cannabis puede dar lugar a varios tipos de trastornos mentales, entre los que se incluyen los trastornos psicóticos. Su consumo aumenta más de cinco veces el riesgo de padecer psicosis a lo largo de la vida. Cuanto antes se comienza a consumir y más frecuente es el consumo, mayor es el riesgo”.

Mientras tanto, el portal de noticias Infobae anunció el pasado viernes 28 de febrero que “Uruguay busca un mecanismo para vender marihuana legal a turistas, estudiantes o trabajadores extranjeros”. Esta media solo creará nuevos problemas e impulsará el llamado “turismo cannábico”, una política de la cual muchos países (principalmente el Reino de los Países Bajos) están claramente de vuelta.
El artículo periodístico expresa que las farmacias uruguayas “incorporaron en los últimos años variantes con “más pegue”, como se le dice en la jerga a las opciones con más THC (el THC es delta-9-tetrahidrocannabinol, el principal ingrediente psicoactivo de la planta de cannabis). Esto provocó un aumento en la cantidad de ventas. En 2025, se vendió una tonelada más de cannabis en las farmacias habilitadas con respecto a los últimos años. Las ventas en el año llegaron a 4.290 kilos, por encima de los registros de 2024 (3.207) y 2023 (3.254).

Ninguno de estos efectos era ignorado cuando el gobierno del expresidente uruguayo José Mujica impulsó una ley cuyas consecuencias no son para nada buenas y están claramente a la vista. En efecto, en mayo del año 2014 Mujica declaró a la cadena de noticias inglesa BBC mayo 2014 “que la legalización de la marihuana en Uruguay es ‘un experimento’” y agregó que “los remachados retrógrados que no quieren cambios para nada, seguro se van a asustar”. Algunos meses antes, en agosto del año 2013 Mujica volvió a formular declaraciones que buscaban ignorar los efectos perjudiciales del consumo de marihuana a los cuales nos hemos referido. Para lograr que los uruguayos nos sumáramos a su lucha para legalizar el consumo de marihuana sostuvo lo siguiente: “nosotros queríamos que la mayoría de la población entendiera esta batalla porque necesitamos la ayuda de nuestro pueblo. La gravedad del problema es enorme, pero este es un país de mucha gente veterana y sana que tiene miedo ante esta plaga, y es lógico. Piensan que es peligroso. Nos cuesta entender a los jóvenes porque somos un país de viejos. Como no nos gusta el asunto miramos para otro lado”, argumentó. La frase “piensan que es peligroso” fue de una absoluta frivolidad e irresponsabilidad institucional, similar a cuando en una cumbre internacional se paseó vestido con una campera del ejército venezolano, algo que representó una clara falta de respeto a los integrantes de las fuerzas armadas uruguayas, de las cuales el propio Mujica era en ese momento su Comandante en Jefe.

En toda esa estrategia Mujica no estuvo solo, contó con la ayuda del entonces prosecretario de Presidencia de la República, Diego Cánepa, quien en diciembre del año 2013 insistió “en la necesidad de hacer visible el mercado de la marihuana para poder controlarlo”. Al asumir su cargo, el presidente Orsi designó a Diego Cánepa como embajador uruguayo en Argentina. Favor con favor se paga.
Muchos lectores recordarán que durante la dictadura militar un jerarca de la marina afirmó, refiriéndose a Uruguay, lo siguiente: “Estábamos al borde del abismo y dimos un paso al frente”. La frase podría aplicarse al impulso del consumo de marihuana llevado adelante por el Frente Amplio y José Mujica. Una pésima política que fue públicamente cuestionada hasta por el dos veces presidente Tabaré Vázquez en el año 2012 y cuyas consecuencias pueden verse todos los días en los problemas de salud mental que enfrentan quienes consumen habitualmente marihuana.

Timothy Snyder es un académico judío estadounidense, desde hace algún tiempo radicado en Canadá. Es profesor de Historia Europea Moderna en la Universidad de Toronto y miembro permanente del Instituto de Ciencias Humanas de Viena. Autor de libros como Sobre la tiranía y Sobre la libertad, ambos en Galaxia Gutenberg.
También es miembro permanente del Instituto de Ciencias Humanas de Viena. Snyder forma parte del Comité de Conciencia del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos e integrante del Council on Foreign Relations.

Snyder ha destacado como investigador de la historia del siglo XX, en particular de los procesos autoritarios como el fascismo y el nazismo. Es autor de “Tierras de sangre: Europa entre Hitler y Stalin” (2010), “Sobre la tiranía: veinte lecciones del siglo XX” (2017), “El camino hacia la libertad” (2018) y “Nuestra enfermedad” (2020). Y más recientemente, los ya mencionados “Sobre la tiranía” y “Sobre la libertad”. Varios de estos textos trascendieron el ámbito de la reflexión académica y alcanzaron ventas para ser categorizados como bestsellers. En particular “Sobre la tiranía” y “El camino hacia la falta de libertad”, que examinan el auge del autoritarismo, fueron destacados por su rigurosidad y nivel de ventas por el New York Times. El libro de Snyder del año 2017, “On Tyranny: 20 Lessons from the 20th Century”, ocupó el primer puesto en no ficción, en tanto que otro libro suyo, éste del año 2018, “The Road to Unfreedom: Russia, Europe, and America” ocupó el décimo puesto en la lista de los 15 más vendidos de esa categoría. Lo relevante, es que en uno y otro texto hay una rigurosa revisión del auge del autoritarismo. Y también en ambos estudios, Snyder advierte, con la angustia de la urgencia, que la democracia estadounidense estaba y está amenazada. El propio Snyder diría que la “mala noticia es que nuestra república está en serios problemas. La buena noticia es que ‘Sobre la tiranía’ es una guía práctica sobre cómo defender una república, cómo defender las libertades individuales, así que si mucha gente lo está leyendo, eso es una buena noticia”.

“Algo huele mal en…”

Hamlet no es el título original de una de las mayores obras de William Shakespeare. Su título original es “The Tragedie of Hamlet, Prince of Denmark”, y así se la publicó en 1601. Una de las escenas más populares de la obra que se desarrolla en la explanada del palacio real de Elsingor, es cuando el príncipe Hamlet oye a su centinela Marcelo lanzar una cauta afirmación de advertencia: “algo huele mal en Dinamarca”, antes de que apareciera el fantasma de su padre, rey de Dinamarca, quien anuncia a su hijo e informarle que acababa de ser asesinado por su hermano Claudio para usurparle la corona y casarse con la viuda. Fue inmensa la tristeza que el vaticinio provocó al príncipe Hamlet. “Quisiera que mi cuerpo se desintegrara en lágrimas”, dice no ocultando su inmenso pesar, al saber que su madre había subido al “tálamo incestuoso”. De inmediato sintió la obligación de la venganza contra su tío, el asesino. Y se abre, a partir de ese momento en que Hamlet simula demencia, cuestionamiento acerca de la compleja conducta humana, tan persistente que obstinadamente siguen presentes. Así, la relación entre Hamlet y la locura emerge como una de las cuestiones desafiantes y complejas, que desafía nuestra comprensión sobre la naturaleza del sufrimiento humano, la venganza y la verdad, y también, sobre todo en estos tiempos, la mentira.

De esta compleja relación entre Hamlet y la locura brota una duda profunda de respuesta caprichosamente incierta: ¿es el príncipe simplemente un actor en su propia tragedia, o su locura es auténtica? ¿O todo se basa en una mentira, en la simulación de una locura para restaurar un poder deseado y esquivo? Y extrapolando a nuestros días, qué tan semejante como es la compleja relación entre Trump y el engaño contumaz, un contexto de falsedades que instala la duda de si es mundo de simulación o de locura. O son añagazas que arrastran a la humanidad a un sacrificio inútil e inmoral.

Fascismo y corrupción

En la obra de Shakespeare aparece esa síntesis conceptual maravillosa acerca de la corrupción y su inadvertido desarrollo: “algo huele mal en Dinamarca”. De tal contundencia, que se incorporó a la vida política para desnudar que hay cuestiones que no marchan bien a causa de la corrupción.
En el año 2004, el filósofo italiano Norberto Bobbio, en sus “ensayos sobre el fascismo” alertaba lo que vendría pero no le quiso escuchar. La indiferencia, resume Bobbio, ha sido el aliado mayor del fascismo.
Para Bobbio el enfrentamiento es fascismo vs democracia. El fascismo, dirá, es sólo una herramienta para atacar a la democracia y no una estructura en sí misma. El análisis sobre el fascismo que hace Bobbio pinta parcialmente las debilidades y las atrocidades del régimen. En una mirada reduccionista, consideraba que el fascismo era “un paréntesis”, “un accidente histórico”.

Sin embargo, el fascismo es una ideología política y cultural fundamentada en un proyecto de unidad monolítica denominado corporativismo. Y concluyo con una condición del nazifascismo, tan presente en esta realidad de las redes y las nuevas formas de hacer política. Cito a Joseph Goebbels y su texto “11 principios de la propaganda”: “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas… Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.

La advertencia tardía

En su columna de ayer, 28 de febrero, publicada por El País de Madrid, titulada “El estado de Trump”, Snyder lanza una advertencia que a las pocas horas se haría triste realidad: “Para completar la transición fascista, el republicano debe darle a Estados Unidos una guerra que no quiere, y luego ganarla”.
Tras precisar que el discurso sobre el estado de la Unión (24/03/26) “estuvo plagado de atmósferas fascistas, pero que en última instancia pintó la imagen de un fanfarrón exhausto” … “Todo esto es horrible. Pero también es estancamiento”.
Y luego advierte: “Para pasar del autoritarismo competitivo al fascismo con todas las letras, Trump necesita otro tipo de conflicto: una guerra sangrienta, popular y victoriosa. Y eso está fuera de su alcance”.

Agrega que “ha llevado a Estados Unidos al borde de una gran guerra con Irán, pero cuando habló de los preparativos en el discurso sobre el estado de la Unión, miró a su alrededor con desesperanza y agitó las manos”.
Apenas unos días después, ayer sábado, Trump comenzó una guerra de desarrollo incierto, que ya parece regionalizarse. Son millones los ciudadanos expuestos, de todas las edades y de todas las culturas. No hay solución mágica, ni aventurero que se resista a huir hacia el precipicio.

La educación infantil y el desarrollo humano debe combinar psicología, neurociencia y una visión antropológica integral; debe respetar la naturaleza y el ritmo del niño. El aprendizaje auténtico nace de la admiración, del asombro. El niño aprende mejor cuando descubre la realidad con curiosidad y calma, no cuando está sometido a sobreestimulación constante. Son nocivos el uso precoz y excesivo de pantallas, la hiperactividad, el entretenimiento constante y la presión por adelantar aprendizajes.
Más estímulos no significa más aprendizaje. El cerebro infantil necesita el juego libre, el contacto con la naturaleza, no reemplazarlo por experiencias digitales prematuras, el silencio, la atención, los vínculos afectivos sólidos, el tiempo y una educación que forme inteligencia, voluntad, interioridad, capacidad de atención y afectividad. La educación no es solo transmisión de contenidos, sino acompañamiento personal.
La infancia no debe acelerarse ni saturarse de estímulos: debe protegerse para que el niño madure de manera armónica y profunda.

Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

Mañana domingo se pone en marcha el segundo período de sesiones ordinarias de la legislatura en el Parlamento. El lunes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, concurrirá a la Asamblea General para dejar un mensaje en el que hará un repaso del primer año de gestión y expondrá cómo proyecta el Gobierno los años venideros, continuando con una práctica instaurada por Luis Lacalle Pou. Aunque en nuestra legislación los artículos 168 (numeral 5º) y 177 de la Constitución de la República establecen el deber del Presidente de informar anualmente a la Asamblea General sobre el estado del país y la obligación del Poder Ejecutivo de presentar el presupuesto nacional, asegurando la rendición de cuentas y la transparencia financiera, en realidad no disponen que deba concurrir personalmente a realizar tal presentación. En los últimos años, sin embargo, se ha vuelto una práctica habitual, saludable y digna de reconocimiento.

Pero la semana no comenzó con ese clima; muy por el contrario. Las discusiones originadas en torno al tema de la adquisición y la rescisión del contrato por las patrullas oceánicas (OPV) ocuparon el centro de la escena, llegando al inédito extremo de plantearse, en forma simultánea, la creación de dos comisiones investigadoras —una en cada cámara— para indagar en este proceso. Finalmente primó la cordura y se acordó la instalación de una sola comisión especial con fines de investigación en el ámbito de la Asamblea General. No obstante, no parece estar todo dicho: existe una solicitud de informe técnico respecto de las potestades de una comisión de estas características, que nunca antes se había creado. Se trata, sin duda, de un hito que marca la relevancia del asunto, al menos para los partidos políticos.
En medio de ese clima, el senador Sebastián Da Silva realizó una valoración en la que describió la situación como “espesa”, atribuyéndolo a que “nos metieron tres ajustes fiscales a fin de año, porque hicieron la ‘bobada’ esta de Cardama; o sea, está espeso, el tema está espeso, pero siempre poniendo los intereses del país por encima de las chicanas políticas”. Ante la pregunta de un periodista parlamentario sobre la existencia de una brecha en la casa de las leyes, el senador afirmó que “este es un año donde estamos todos con la cara pintada para la guerra”.

Sin embargo, esa misma semana ocurrió un hecho significativo: el presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou se saludaron en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea. No hubo abrazos ni gestos efusivos; apenas un apretón de manos, sin intercambio de palabras. Pero no son muchos los países de la región —y aun más allá de ella— donde una escena así resulta posible.
A ese acto concurrió, por supuesto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, pero también quienes la antecedieron en el cargo, Armando Castaingdebat y Javier García, todos protagonistas del tenso debate por las patrulleras oceánicas. Más allá de algún comentario al respecto, no hubo caras largas ni “caras pintadas para la guerra”, aun dentro de una instalación militar.

La semana prosiguió con la aprobación, en ambas cámaras y casi por unanimidad —solo faltaron los votos de los diputados de Identidad Soberana—, del informe de la comisión que entendió en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Uruguay no solo lo ratificó, sino que fue el único país en el que el proceso parlamentario recibió delegaciones para que se expresaran sobre la conveniencia o no del acuerdo. El trámite no preveía la posibilidad de introducir modificaciones o anexos: simplemente se trataba de ratificar o no lo suscrito entre los dos bloques tras más de 25 años de negociaciones, y así se hizo. Sin embargo, los insumos generados por la comparecencia de actores interesados constituirán la base de discusiones posteriores y de decisiones internas que busquen compensar, de algún modo, a los sectores que puedan verse perjudicados, en primera instancia el sector lácteo y la industria manufacturera, aunque a largo plazo podrían aparecer otras consecuencias.

Y como si esto fuera poco, el jueves se celebraron los 15 años del Cudim, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, un instituto que se ha convertido en referencia regional y que ha contado con el respaldo de todo el espectro político, más allá de algunas discusiones iniciales. El camino recorrido ha ratificado las decisiones adoptadas años atrás, así como gestos como el del extinto intendente de Treinta y Tres, Wilson Elso, quien a comienzos de 2009, tras detectársele un cáncer, decidió hacer pública su condición y anunciar que se sometería a un diagnóstico PET en el exterior, con la esperanza de que en el futuro todos los uruguayos pudieran acceder a un procedimiento de ese tipo. Esa aspiración se concretó luego, precisamente, con la creación del Cudim. En ese acto estuvieron presentes autoridades actuales y exjerarcas del gobierno anterior, como el ministro Daniel Salinas, el exsubsecretario José Luis Satdjián y el impulsor histórico y primer director del centro, Henry Engler, quien siguió la ceremonia en forma virtual desde el exterior.

Es cierto y notorio que la relación entre el partido de gobierno y, en particular, el Partido Nacional se ha tensado. Pero no es menos cierto que, pese a todo, el diálogo y las señales continúan siendo los de una democracia sólida, empeñada en avanzar más allá de las desavenencias. Esa es la base que no podemos perder.

La siniestralidad por equinos sueltos es un problema evitable pero mientras el Estado avanza lentamente en la identificación digital con chips y pasaportes, la solución sigue recayendo en la responsabilidad de los propietarios. Y allí hay una falla porque la irresponsabilidad es moneda corriente.
Se trata de un asunto que combina peligrosamente la falta de responsabilidad civil, carencias en la fiscalización y un marco legal que encuentra dificultades de aplicación práctica.
Desde el punto de vista normativo, Uruguay no carece de leyes sino que la dificultad radica en su aplicación y efectividad. Hace ya algunos años el entonces presidente Luis Lacalle Pou firmó el decreto 233/2022 que reglamentó la normativa que habilita a incautar animales sueltos en la vía pública cuando representan un riesgo para la seguridad vial o la sanidad. De esta manera, ante la presencia de un caballo suelto, se pude denunciar al 911 y la Policía debe actuar en primera instancia, para luego intervenir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y en caso de lesiones, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

El Código Rural en su artículo 74 prohíbe la existencia de animales sueltos en caminos públicos y se han fijado multas. Sin embargo, la aplicación de estas normas choca de frente con la realidad. Los caballos sueltos son un problema cotidiano y no siempre está claro quién paga una multa cuando el animal no tiene marca o cuando el dueño, como suele pasar, declara que se lo regaló a otra persona para evadir la responsabilidad. El procedimiento actual indica que el animal requisado debe permanecer cierto lapso en custodia municipal y, en caso de no ser reclamado, el caso pasa a la órbita del MGAP, que puede resolver su venta o donación a instituciones.
A nivel local, la Intendencia ha intentado dar algunas respuestas y se trabaja en coordinación con la Jefatura de Policía y el MGAP en aplicación de multas y requisas. En 2025 la entonces intendenta Nancy Núñez también reforzó el equipo de arrieros municipales. El tema también ha sido tratado en la Junta Departamental, donde el edil Rodrigo Silva presentó el año pasado un proyecto de ordenanza de bienestar animal que busca modernizar la gestión y propone la creación de una oficina dedicada a la recepción de denuncias y cobro de multas, además de contar con un predio para albergar animales requisados ya que la falta de un lugar adecuado y personal veterinario las 24 horas limita la capacidad de respuesta.

A pesar de esto, los caballos sueltos no han dejado de provocar siniestros y continúan siendo un riesgo de en la vía pública. Es necesario entender que no hablamos de accidentes, sino de fallas sistémicas que provocan siniestros, algunos de ellos de gravedad.
El problema no es sólo de Paysandú, sino que la estadística indica que los animales sueltos provocan un centenar de siniestros anuales, algunos de ellos con consecuencias graves o fatales. Las multas suelen ser ineficaces contra propietarios que no tienen sus animales registrados o que los abandonan deliberadamente.

¿Qué se puede hacer entonces? ¿Qué han hecho otros países al respecto? Una búsqueda rápida sobre el alcance del problema en la región y las soluciones implementadas por países vecinos indica la existencia de sistemas de trazabilidad electrónica en Chile y hasta la redefinición jurisprudencial de la responsabilidad de las empresas concesionarias de rutas en Brasil y Argentina.
En Paraguay la gestión de los animales sueltos intenta equilibrar seguridad vial y bienestar animal y la ley establece un marco ético por el cual los animales decomisados no pueden ser sometidos a eutanasia por falta de lugar para albergarlos pero, en contrapartida, el deambular libre de animales que pongan en peligro el tránsito conlleva multas y decomiso.

En Argentina, por su organización política federal, la legislación es generalmente provincial. En el Chaco, la ley considera que la presencia de animales sueltos es una falta imputable tanto al dueño del animal como a las empresas que poseen la concesión de las rutas. En San Juan la legislación autoriza subasta pública de animales cuyos dueños no comparecen luego de 48 horas de ser citados.
Uno de los avances más interesantes en la gestión del riesgo vial por animales sueltos viene de la jurisprudencia civil de Argentina, Chile y Brasil, donde se ha consolidado la tendencia a atribuir responsabilidad a las empresas concesionarias de autopistas y rutas con peajes, decisión fundamentada en la relación de consumo y deber de seguridad.

En Brasil se estableció que las concesionarias respondan independientemente de la existencia de culpa, por los daños causados por animales domésticos en rutas al entender que las tareas de fiscalización y remoción de animales son previsibles y forman parte del servicio por el cual el usuario paga.
En Argentina se ha aplicado la Ley de Defensa del Consumidor para adjudicar obligaciones similares a empresas concesionarias de rutas ya que se interpreta que el usuario tiene derecho a llegar sano y salvo a destino y la presencia de animales se interpreta como una ruptura a esa garantía de seguridad. En Chile las empresas concesionarias deben adoptar las medidas necesarias para que las vías de circulación estén libres de semovientes. Para atacar las dificultades de identificación de los propietarios, principal obstáculo para la aplicación de sanciones y reclamo de indemnizaciones, Chile ha implementado un sistema de trazabilidad equina mediante el uso obligatorio de microchips antes de los 12 meses de edad de los animales, o de su primer movimiento.

Uruguay también va por ese camino y está implementando el pasaporte equino, buscando la uniformidad en el control sanitario y de movimientos. Los animales también deben contar con identificación electrónica mediante chips para equinos de deporte y equinoterapia, los cuales permiten acceder de forma inmediata al dueño a través de un lector.
En todos los países mencionados uno de los problemas críticos es la falta de infraestructura para la contención de animales tras su rescate de la vía pública, así como los costos de alimentación y servicios veterinarios.
Sin embargo, la vida de una persona no puede depender de si una portera quedó abierta o alguien dejó intencionalmente pastando los caballos en la vía pública. La seguridad vial es un derecho de los ciudadanos, al igual que el uso y el goce del espacio público garantizado por la ley y penalizado cuando se violenta la convivencia. La presencia de caballos sueltos no solo es un peligro sino un acto de irresponsabilidad humana perpetuado por la desidia desde hace décadas.
Es imperioso buscar soluciones reales y eficaces para proteger la integridad física y la vida de quienes circulan por calles, rutas y caminos del departamento. Un caballo no debería estar allí y si lo está alguien debe responder por eso.

No hay soluciones mágicas pero es evidente que para cambiar la situación actual se requiere una acción coordinada de los gobiernos locales y nacionales y la sociedad civil. La trazabilidad electrónica de animales, la responsabilidad de las empresas que obtienen ganancias con la infraestructura vial son bases fundamentales para disminuir el riesgo en las rutas y proteger las vidas de las personas que circulan por rutas y caminos. Pero por lo pronto, lo más importante es ejecutar la ley, que ya está vigente y contempla muchos de los problemas que existen, porque si los controles no se hacen y las sanciones no se aplican, todo lo demás es letra muerta.

La situación del empleo en Paysandú ha dejado de ser un tema de indignación para transformarse en un tema de resignación. Desde hace mucho tiempo los sanduceros hemos aceptado, casi como un hecho del destino, que los pocos puestos de trabajo que aún existen se vayan perdiendo o simplemente se precaricen, sumidos en la informalidad al pasar de empleos registrados a empleos “en negro” o al transformarse en changas esporádicas para “ir tirando”. Entretanto, quien ha perdido su empleo busca la forma de “rebuscarse” y el consumo y el pago de tributos municipales (contribución inmobiliaria, patente, etcétera) cae en picada, acelerando un círculo vicioso donde nadie nada gana.

En nuestra edición del día de ayer informábamos que “los trabajadores de AmBev-Cympay nucleados en el SOEN fueron convocados por la gerencia a una reunión donde anunció una “parada” de la producción en la planta sanducera a partir del 1º de marzo, el ingreso al seguro de desempleo al 90% de los trabajadores de la planta –unas 90 personas aproximadamente– y reconoció que ‘no está descartado’ el cierre”. El caso de esta empresa no es una situación aislada sino una perla más en el collar del desempleo sanducero que por cierto ya es lo suficientemente largo y pesado como para que nos preguntemos, parafraseando a los personajes de la novela “Conversaciones en la Catedral” de Mario Varga Llosa… ¿cuándo se jodió Paysandú? Ajustando esa interrogante a nuestra realidad departamental, deberíamos preguntarnos… ¿En qué momento nos transformamos en una sociedad que comenzó a caminar hacia atrás y a renunciar al progreso de su gente? ¿Qué fue lo que cambió en todos estos años?
Lo que cambió en nuestro país durante esos años se puede resumir en una sola oración: altos costos y el sindicalismo extorsivo. En efecto, Uruguay es un país tremendamente caro en términos internacionales, fruto de cargas impositivas tan ridículas como necesarias para solventar un aparato público lleno de cargos inventados, funcionarios “ñoquis” y cargos que los políticos de todos los partidos sin excepciones reclaman para sus militantes más cercanos. Desde hace muchas décadas el Estado Uruguayo es un botín que cada cuatro años se disputan los políticos que si bien “nos endulzan los oídos” cada cuatro años con promesas que queremos escuchar, sólo están preocupados porque “le renueven la beca” y seguir viviendo cuatro años a costillas de “los nabos de siempre”, o sea los contribuyentes que saben bien lo que son las 8 horas (no como los políticos) y deben pagar peso sobre peso tarifas ridículamente costosas y un combustible absurdamente caro. Hasta el embajador de la República Popular China en Uruguay, Huang Yazhong reconoció hace algunas semanas que “Uruguay es un país muy lindo, para nuestro círculo diplomático (es) el mejor destino. La única desventaja aquí es el costo de vida, es relativamente caro, no solo (respecto) a América Latina, sino también en todo el mundo. Si puede ayudar a bajar un poco el costo de vida, entonces no solo mejora mucho la vida del pueblo, si no que eleva mucho la competitividad económica de Uruguay”.

Y cuál es la respuesta del gobierno para procurar bajar el “costo país”. Pues muy por el contrario, todo lo que se les ocurre es aumentarlo directa o indirectamente, porque para gastar plata sí tienen excelentes ideas, pero para ahorrar o hacernos más competitivos, nada. Mientras tanto distraen la atención de los ciudadanos, quienes creen que el futuro del país se juega en las lanchas encargadas al astillero Cardama o en la capacidad productiva de la estancia María Dolores. Al igual que el tero, los políticos uruguayos gritan lejos del nido para desviar el foco de los grandes temas. Si a eso le sumamos un poco de fútbol, el combo perfecto para nublar la capacidad crítica de la población está lista. Al igual que en la Antigua Roma, todo se trata de “pan y circo”.

A todo lo anterior se le suma el sindicalismo extorsivo llevado adelante por la casta sindical, el cual ha comenzado a dar sus nefastos frutos. Sabido es que el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, presentará un proyecto de ley en el Parlamento para que las empresas avisen con antelación al Estado a la hora de despedir trabajadores. Algo parecido a lo que sucedía en la dictadura cuando los militares aplicaban la censura previa para saber de qué iba a escribir un periódico, aunque hoy es Castillo que quiere saber qué piensa hacer usted con su empresa y ver si lo van a autorizar o no. ¿Cuál es el motivo por el cual se impulsa esta iniciativa? La posibilidad de que la “patota sindical” del Pit Cnt, brazo de “acción” del Frente Amplio pueda presionar a los empresarios para lograr mejores indemnizaciones para ellos mientras el resto de los “perejiles” que compongan la plantilla de la empresa se arreglaran como puedan. En efecto, en los últimos tiempos se han ido de Uruguay o han reducido su operación en nuestro país una gran cantidad de empresas internacionales, entre las cuales se cuentan BASF y Sabre, últimas protagonistas involuntarias de una sangría que no para y a la cual se sumará, más temprano que tarde, Conaprole, una empresa que está sufriendo el asedio sistemático e implacable de “la patota sindical”, y que por lo visto sigue el camino de la emblemática empresa ONDA de transportes, que en los ’90 terminó cerrando cuando ya no le quedaban más pasajeros porque no se podía confiar en que el ómnibus saliera a destino, por los paros sorpresivos del sindicato.

Por lo pronto, exigir a las empresas un preaviso de cierre o despidos masivos lo único que puede lograr es desestimular la inversión en Uruguay, más cuando el Ministerio de Trabajo y el Pit Cnt están alineados al Partido Comunista. Y eso los empresarios lo tienen muy en cuenta.

Esto ocurre justo en un momento en que el país necesita imperiosamente atraer inversiones, porque el presupuesto dispuesto por el gobierno para el quinqueño está supeditado a un crecimiento que difícilmente se pueda cumplir.

Paradójicamente, en su discurso al asumir como presidente de la República el 1º de marzo de 2025, Yamandú Orsi expresaba lo siguiente: “El país necesita recuperar la senda de crecimiento que permita generar, a partir del desarrollo más intensivo del conocimiento y de la inversión, no solo mayor cantidad, sino también calidad de trabajo que permita un piso de dignidad salarial y, con ello, una mejor distribución del ingreso”. La realidad cuando aún no se ha cumplido un año desde esa fecha es totalmente diferente: Uruguay no tiene desarrollo, no tiene inversión, no tiene mayor cantidad ni mayor calidad de trabajo. En cuanto a la distribución del ingreso… es muy difícil pensar en la distribución cuando el ingreso ni siquiera existe. Y para colmo: todas las políticas llevadas adelante por Orsi y Castillo suman más costos al país en lugares de reducirlo.

Las palabras del presidente Orsi sonaron muy lindas en el recinto parlamentario, pero han sido y son palabras huecas y sin sentido que chocan de frente con una realidad donde la incapacidad del gobierno no sólo para frenar la pérdida de empleo sino también para aumentarlo, son las caras visibles de un gobierno paralizado, incapaz de reaccionar, inoperante y sumergido en disputas políticas menores y no en los grandes problemas del país.

Por acá por el Litoral y en el norte del país no se ha notado demasiado, pero el sur está atravesando una situación de déficit hídrico que, aunque no se acerca a las angustias vividas en 2023, ha hecho acordar a más de uno aquellos tiempos en los que el agua que salía de la canilla era “no potable pero bebible”, a decir de alguna autoridad del momento. Tres años después de aquellos momentos mucha agua ha corrido bajo los puentes, pero de soluciones concretas a los problemas que el área metropolitana afronta, nada más que proyectos, discusiones, marchas, contramarchas y cuestionamientos.

En los últimos días se ha escrito un nuevo episodio con la observación por el Tribunal de Cuentas de la República a las decisiones de OSE que llevaron a una renegociación del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, que había presentado inicialmente el proyecto Neptuno, para que se encargue de la Represa de Casupá y de una serie de obras para dotar de una reserva segura de agua para potabilizar al área metropolitana. La objeción, básicamente, consiste en que hay un apartamiento notorio entre el proyecto propuesto originalmente por el consorcio y lo que se termina acordando. Hay un detalle que no se puede pasar por alto y es la forma en la que surgió Neptuno. Fue una propuesta realizada por la empresa para ejecución de obra pública y el mecanismo empleado prevé que se llame a una licitación en la que el proponente tenga ventaja en la consideración. En este caso el consorcio debió perder su ventaja en una nueva licitación, al tratarse de obras completamente diferentes a las que originalmente propuso.

Pero claro, los informes del Tribunal de Cuentas no son vinculantes, es decir, el organismo observado puede cumplir o no con el dictamen del cuerpo, y si no lo hace, basta con que disponga la reiteración del gasto, como ya anunció OSE que ocurrirá en este caso, por lo que se concretará la proyectada represa en Casupá. Esta decisión le valió al gobierno críticas desde la oposición, que ha calificado de capricho estas actuaciones, de las que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se defendió diciendo que “lo importante son los resultados” y asegurando que se obtendrán las reservas necesarias gracias a la construcción de la represa. A su vez, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo que hay “fundadas razones de interés público, conveniencia técnica y económica y un fuerte respaldo jurídico” para reiterar el gasto.
Tanto el proyecto Casupá como Neptuno han sido blanco de críticas porque ninguna de las dos son una alternativa inocua. Así como se indicaba que Neptuno tomaría agua de una zona en la que son frecuentes los episodios de floraciones algales y de excesos de salinidad, lo que encarecería los costos de tratamiento, en el caso de Casupá es evidente que habrá afectación de intereses de vecinos y productores, y se trata de una de las zonas más productivas del país.

“Hoy, con la renegociación que se cuestionaba, el Uruguay tendrá un plan integral de obras realmente muy significativas, una nueva planta potabilizadora, otra de gestión de los lodos y de aguas corrientes para la nueva planta y la anterior; una nueva subestación eléctrica para respaldar las dos plantas, y algo fundamental: mejorar la conducción del agua hacia los hogares de nuestra población con una séptima línea de bombeo significativa”, repasó el ministro.
Ahora bien, así como desde parte de la oposición se habla de un capricho, también viene al caso mencionar que el anterior gobierno firmó el proyecto Neptuno ya con un pie en el estribo y ese acuerdo condicionó todo lo que vino después. No cometió ninguna ilegalidad allí, es cierto, pero quitó al actual margen de acción, en la medida que la solución que se adoptó fue diferente, pero con las mismas empresas consorciadas con las que se había firmado el proyecto anterior.

Ahora bien, han quedado sin quien las represente en esta discusión otras dos alternativas que cuando menos debieron haberse puesto sobre la mesa de análisis. Una de ellas es el planteo de Uruguay Sustentable, que consiste nada menos que en la reparación de toda la red de distribución del agua de OSE, cuyo deterioro es la causa por la que hay una enorme diferencia entre el agua que se toma del Santa Lucía y la que efectivamente se factura. Ambientalmente es la alternativa más sostenible: optimizar la cantidad de agua que se toma del medio a la que realmente la población demanda.

Según los datos que presentan los ambientalistas, la red de OSE es un colador por el que el agua ya potabilizada se escurre por las calles o hacia el suelo, sin más. Un verdadero sinsentido. Sus cálculos dicen que alcanza con estas mega reparaciones alcanzaría para garantizar la disponibilidad del recurso, en la medida que sería necesaria menos agua bruta disponible para atender a la misma demanda. Cuando menos debió estudiarse la propuesta que se elevó tanto a Presidencia de la República como a la misma OSE.

La otra alternativa fue presentada por el Movimiento Un Solo Uruguay, que a nadie sorprenderá que se diga que no goza de la simpatía del partido hoy en el gobierno. En pocas palabras consistía en un trasvase de agua desde un embalse ya existente en el río Negro —evitaríamos tener que hacer una nueva represa— a la cuenca del río Santa Lucía para que sirva de respaldo en momentos críticos del abastecimiento. De acuerdo al proyecto trascendido es una obra que no sería chica ni sencilla, pero que así y todo sería mucho más accesible que las dos primeras opciones, pero entre la poca simpatía hacia el movimiento y que el tema ya estaba encaminado, no parece que vaya a tener mucho andamiento. De cualquier forma, de estas dos alternativas seguiremos escuchando en el futuro, aun con la represa de Casupá, en la medida que el área metropolitana sigue concentrando población y que los problemas de escasez de lluvia van a seguir estando a la orden del día.

No sería para nada descabellado incluso que en el futuro hablemos de una toma en el río Uruguay. En definitiva desde Villa Soriano hasta Paso Severino hay poco más de 200 kilómetros, técnicamente y financieramente no debería ser un escollo significativo, si los romanos trasladaban el agua miles de kilómetros en acueductos que hasta el día de hoy nos siguen maravillando, y se construyeron sin las posibilidades tecnológicas con las que contamos hoy.