Opinión

Las energías limpias mantienen su impulso a nivel mundial y se prevé que este año pueda ser el primero en que la generación de combustibles fósiles experimente una disminución significativa. Esta novedad viene de la mano de la expansión de las energías renovables en China, que actualmente representan el 43 % del crecimiento de la energía solar y el 44 % del incremento eólico global.

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, por su sigla en inglés) destacó como un hito histórico que, en el primer semestre de 2025, las energías renovables hayan cubierto la totalidad del incremento de la demanda eléctrica mundial, según lo informado por el centro de investigación Ember (Inglaterra) en un informe publicado este martes. El mismo analiza los cambios en la generación mundial de electricidad entre enero y junio de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, con la finalidad de medir el progreso de la transición global hacia una energía limpia.

El informe se basa en datos mensuales de electricidad de 88 países, que representan el 90 % de la demanda eléctrica mundial, e incluye estimaciones sobre los cambios en la generación restante.

Cabe destacar que la energía solar y eólica no solo superó el crecimiento de la demanda, sino que las energías renovables en conjunto superaron a la producción eléctrica a base de carbón en esta primera mitad de 2025. El análisis muestra que la generación solar y eólica creció un 12 % interanual durante los primeros seis meses del año, produciendo 1.023 teravatios/hora adicionales. Este incremento superó holgadamente el aumento global en la demanda eléctrica, que fue de 1.020 teravatios/hora respecto al mismo período de 2024.

El informe subraya que este crecimiento se produjo a pesar de factores adversos como la sequía en América del Sur –que redujo la generación hidroeléctrica– y la ralentización económica en algunos mercados. China, por su parte, emergió como el principal motor de esta expansión, representando el 43 % del crecimiento en generación solar y el 44 % del incremento eólico a nivel global.

La generación fósil disminuyó en China e India, aunque creció en la Unión Europea y Estados Unidos. Aun así, el análisis confirma que estamos en un punto de inflexión crucial, en el que la energía solar y eólica crece lo suficientemente rápido como para satisfacer el creciente apetito mundial por electricidad, señala el informe.

“Estamos ante un cambio de paradigma. La transición energética ha alcanzado un punto de inflexión donde las energías renovables no solo complementan el sistema, sino que lo lideran. Esto nos da esperanzas realistas de que el sector eléctrico pueda alcanzar las emisiones netas cero para 2040”, afirmó Dave Jones, director del programa global de Ember.

El hecho de que las energías renovables hayan superado al carbón por primera vez en la producción de electricidad marca un cambio histórico. Sin embargo, para asegurar ese progreso, los países deberían acelerar la inversión en almacenamiento solar, eólico y en baterías, de forma que la electricidad limpia y confiable llegue a las comunidades de todo el mundo.

Por otra parte, queda claro también que las energías solar y eólica ya no son tecnologías marginales, sino que, por el contrario, están impulsando el sistema eléctrico mundial. A medida que los costos de estas tecnologías sigan bajando, es necesario aprovechar los beneficios económicos, sociales y de salud para la población.

Este es un aspecto sustancial de cualquier mejora, también para Uruguay, que se ha ganado un lugar destacado en el mapa energético mundial, ya que actualmente más del 90% de nuestra electricidad proviene de fuentes renovables, siendo reconocido internacionalmente por su liderazgo en la transición hacia una matriz limpia.

Sin embargo, detrás de estos logros nacionales se abre la misma interrogante que hoy genera expectativa a partir de las mejoras mundiales antes mencionadas: ¿cómo se vive esta transición a nivel del ciudadano común y qué desafíos enfrentan las comunidades locales para que esta transformación sea también justa y equitativa?

La incorporación de energías renovables en viviendas sociales, cooperativas o pequeñas industrias uruguayas sigue siendo marginal, y ese es un punto también a considerar, ya que la transición energética no puede limitarse a grandes obras, sino que debe llegar a los hogares, los barrios, los tambos y las pequeñas empresas o industrias. El Interior no puede ser solo escenario de parques solares y eólicos, sino beneficiario de los avances y guardián de sus propios paisajes.

La transición energética es una oportunidad también histórica para nuestro país, sin dejar de ser un gran desafío. Para que sea verdaderamente justa, debe ser territorialmente equitativa, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable.

No solo está presente el desafío de considerar a las comunidades locales para evitar conflictos relacionados con el impacto de los parques de energía renovable en el paisaje, la fauna y el uso del suelo, sino también el de lograr que los avances energéticos permitan beneficios concretos para las familias de estas zonas del país. Un gran aporte sería el abatimiento de las barreras de desigualdad en el acceso a tecnologías limpias, como paneles solares domiciliarios, sistemas de eficiencia energética o redes inteligentes, que son limitadas en zonas rurales y barrios del Interior. En muchos casos, las energías renovables se acercan más a un privilegio que a un derecho para los habitantes de un país líder en la materia.

En este sentido, podríamos preguntarnos: ¿quién gana con la transición energética? La concentración de beneficios es un aspecto crítico, ya que los grandes parques solares son financiados por UTE y empresas privadas, por lo que la propiedad y el control de la generación sigue en manos de actores centralizados, siendo gran parte de los uruguayos receptores pasivos de decisiones tomadas por empresas extranjeras.
También la reconversión laboral asociada a la transición energética se encuentra en un punto crucial, dada la necesidad de nuevos perfiles laborales como instaladores de paneles solares, técnicos en eficiencia energética u operadores de redes inteligentes. Al respecto, es importante asegurar que este tema no se transforme en un cuello de botella y, por otra parte, permita abrir el campo a la formación técnica y profesional que será necesaria en el futuro próximo.

La transición energética es hoy una política de Estado que ha trascendido las diferentes administraciones del gobierno nacional, y eso es algo para celebrar. Pero también es hora de trabajar en las tensiones que presenta, abordándola no solo como una oportunidad y un recurso, sino también como una clara herramienta de desarrollo, cuyos beneficios deben llegar a todos los uruguayos.

El presidente del Banco Central del Uruguay anunció hace algunas semanas la llegada de “la hora del peso uruguayo”, en → Leer más

A lo largo de los siglos y en las últimas décadas particularmente, se han acrecentado reclamos y alcanzado logros por movimientos feministas en todo el mundo, apuntando a una igualdad de derechos entre ambos sexos, porque precisamente el machismo que denuncian es consecuencia y causa de un arraigo cultural retroalimentado que viene desde el fondo de los tiempos.

El acceso tan postergado a la igualdad de derechos, tanto desde el punto de vista legal como práctico, para no dejarlo solo establecido en los papeles, es un sino de los nuevos tiempos, de avances que se han dado en cuanto al acceso laboral, a los estamentos más elevados de la educación y a la inserción en general en un mundo históricamente regido por hombres, y que por lo tanto estructuralmente responde a las viejas concepciones, a la vez que se mantienen ciertos prejuicios que no solo provienen del mundo masculino, sino de las propias mujeres y muchas veces, hacia sus propias congéneres.

Es que el factor humano es realmente complejo, al punto que los “colectivos” que asumen ser representantes del sentir de las mujeres, por regla general son solo seguidos por el núcleo duro de activistas, y sus reclamos también por regla general no suelen representar el verdadero sentir de la mayoría de las mujeres, que se quedan sin voz y voto a la hora de conformar la “plataforma” de reivindicaciones de las activistas, que suelen concentrarse en llevar agua hacia su molino exclusivamente.

Una de las consecuencias de esta “lucha”, teñida las más de las veces por sesgo ideológico de izquierda, ha sido por ejemplo en nuestro país la aprobación de leyes vinculadas al género, que se han “bandeado” y van incluso contra preceptos constitucionales básicos, como la igualdad de derechos de los ciudadanos ante la ley. Es que cuando de cuestiones de género se trata, la Justicia ha quedado flechada contra los varones, y en principio se toma solo la palabra de la mujer como válida para montar una densa red que en los hechos sofoca los derechos del individuo masculino en los tribunales y lo deja como ciudadano de segunda clase solo por su género.

Estas consideraciones mencionadas como al pasar dan la pauta de que no hay polvos que no dejen de traer lodos y que el intento de cambiar el estado de cosas no siempre se hace criteriosamente y los que se sienten postergados, apoyados por “lobbies” logran reivindicaciones que no tienen nada de justas, sino que aparecen más bien como una especie de revancha por tantos años de frustraciones y situaciones injustas. Como consecuencia, lo que generan es que causas en apariencia justas queden expuestas ante la opinión pública como lo que realmente son por venir de quien viene: un modus operandi de victimización, seguido de distorsión de hechos y exposición ante la opinión pública pera la ejecución social de los acusados, en forma sumaria y sin que haya posibilidades de desandar camino cuando muchas veces se prueba su inocencia. Es que aquellos que han quedado en la picota suelen perder sus empleos por si acaso, y por la acción de las activistas quedan arrinconados como parias de la sociedad, solo porque algunas dudas siempre quedan una vez que el caso cobra difusión pública.

En las sesiones de la Junta Departamental de Paysandú, sin ir más lejos, hemos asistido a episodios en que edilas de la oposición mayoritaria se han despachado a lo lindo con acusaciones de diferente tenor, por temas políticos, hacia colegas de otro partido, pero al respondérseles en términos políticos y desmentir lisa y llanamente las acusaciones, se victimizan denunciando que son objeto de ataque debido a que son mujeres y no por lo que dijeron. Ergo, lo que hacen es entreverar los tantos, asumiendo que así vuelcan el debate hacia su lado, cuando lo que hacen es exponer ante el ciudadano que tiene al menos dos dedos de frente un argumento de “género” insostenible, y por lo tanto conspirando contra la propia causa que dicen defender.

Desde adentro del Poder judicial, en su profesión como abogada defensora, la Dra. Daiana Abracinskas, expone el calvario que le ha significado el ejercer su profesión cuando ha tenido que defender a acusados de violencia de género o en disputa legal por hechos vinculados a tenencia de menores y patria potestad, entre otros, porque la consecuencia es que sistemáticamente es atacada por los colectivos feministas “ultra” y acusada de ser defensora de varones agresores, vendida “al machismo”.

En entrevista publicada por Montevideo Portal, Abracinskas se reconoce feminista, pero critica lo que llama una sororidad condicionada. “La sororidad es selectiva: funciona solo cuando escuchan lo que quieren oír. Para mí eso es una aberración”, puntualiza, al mencionar que esa postura la enfrentó a fuertes cuestionamientos dentro del propio movimiento feminista. “El primer mensaje que recibí tras una audiencia en el caso de Valizas fue: ‘¿No hay congéneres que defendieran a los machos violadores?’ Era alguien a quien yo respetaba mucho. Hubiera preferido que me llamara para preguntarme por qué defendía ese caso. Al final, los jóvenes fueron absueltos en primera y segunda instancia, y nadie me escribió para decirme ‘vamos arriba, ganaste un caso de inocentes’”.

Este es uno de los tantos casos en lo que los presuntos victimarios son quemados en la hoguera por los grupos feministas a ultranza, como en el episodio de los jóvenes de Artigas acusados de violación grupal, y luego absueltos, pero sin perder de vista todo el drama que les significó quedar en medio de la condena social y la presión de una fiscalía influenciada por los lobbies feministas.

Su mirada crítica se extiende también a que “cuando las filtraciones salen de Fiscalía es gravísimo, porque es el Estado el que está habilitando esas irregularidades. Otra cosa es un periodista que consigue datos: ese es su trabajo”. Pero claro, si no hay una filtración –generalmente por intereses políticos—difícilmente un periodista pueda acceder a expedientes o datos que no son de libre acceso.

Cuestiona la falta de rigor y el sesgo ideológico: “He visto a periodistas vender como verdad revelada filtraciones incompletas o malintencionadas. El periodismo no puede hacer política disfrazada. Si querés militar, hacelo, pero no desde un micrófono”.

En ese marco, critica las consignas dogmáticas: “He escuchado decir que ‘la víctima no miente’. Y eso es un error. Las personas mienten: víctimas, acusados, familiares. No es una cuestión de género”. Y acá está el tema de fondo: según la ley de violencia de género, a la mujer hay que creerle, como si el género y no el factor humano fuera el factor que distingue entre la verdad y la mentira, o la verdad a medias y la consecuente distorsión de los hechos.

Abracinskas también apunta al sistema judicial y a la necesidad de pericias técnicas de calidad. “Hoy muchos informes se reducen a repetir lo que dice la denunciante, sin verificar nada. Eso genera una Justicia para ricos, que pueden pagar metapericias, y otra para pobres, que quedan indefensos. Necesitamos un Instituto Técnico Forense con profesionales capacitados y no ideologizados”, sostiene.

Rechaza conceptos como “violencia vicaria” o “síndrome de alienación parental”: “No existen, no tienen sustento científico. Usar tragedias para validar consignas es aberrante”, y precisamente esa es la visión que la presión y acción sistemática del feminismo a ultranza, mal entendido, ha logrado filtrar en la sociedad. Y lo ha logrado en gran medida, con la complicidad de integrantes del sistema político fuertemente ideologizados o permeables a presiones de los colectivos, a periodistas afines o militantes, y una normativa distorsionada, además de un sistema judicial donde hay fiscales y jueces militantes que incluso no han ocultado su ideología de género a través de las redes sociales, o manifestaciones públicas reveladoras, pero casi siempre sin consecuencias ejemplarizantes.

Como si la imparcialidad en la Justicia fuera un tema menor y no su precepto básico.

Un día sí y otro también, tanto a nivel nacional como departamental, lamentablemente surgen noticias desalentadoras sobre el envío al seguro de desempleo de trabajadores de empresas locales, así como sobre el cierre de emprendimientos, tanto de capitales nacionales como multinacionales. Esto evidencia un proceso lento pero sistemático, que no comenzó con este gobierno ni con el anterior, pero que hoy se manifiesta con fuerza en estos desenlaces.

En Paysandú abundan los ejemplos de esta problemática. En algunos casos, se deben a decisiones empresariales poco acertadas en términos de preservación de la actividad. Sin embargo, en la gran mayoría, responden a una realidad acuciante relacionada con la salud de los emprendimientos, el escaso o nulo margen de rentabilidad y, lo que es aún peor, con perspectivas muy sombrías en el corto plazo para continuar operando.

A nivel nacional, a comienzos de 2025, la planta de Yazaki —autopartista japonesa— anunció su cierre y traslado de operaciones a Paraguay y Argentina, debido a los altos costos de producción y la falta de competitividad global, lo que implicó la pérdida de unos 1.500 puestos de trabajo.

Situaciones similares se han dado en varias empresas lácteas del Interior, con envíos al seguro de desempleo y cierres. Un caso más reciente es el de Fenedur —fabricante de productos bajo franquicias como La Gotita y Poxipol—, que anunció el cierre de su planta en Canelones y su traslado a Argentina.
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio César Lestido, comentó al semanario La Mañana: “Todo cierre o salida de empresas del Uruguay no es una buena noticia. La vemos con preocupación, con tristeza, pero es una realidad que se está dando. Evidentemente, todos estamos haciendo esfuerzos para que estas cosas no ocurran —nosotros y el sector sindical—, pero la realidad es más fuerte de lo que uno puede esperar. Así que no es una buena noticia, no la vemos con alegría, ni mucho menos. Estamos totalmente preocupados”.

Mencionó además que “puede haber varios motivos por los cuales una empresa decide irse: puede ser el mercado, un cambio de rubro, o muchas otras razones. Pero evidentemente, uno de los temas que venimos señalando desde hace tiempo es que Uruguay es un país caro. Por un lado, tenemos muchas cosas positivas: somos serios, reconocidos internacionalmente, cumplimos con nuestras obligaciones y compromisos, contamos con un Estado de derecho consolidado y una democracia sólida. Pero también hay una contracara”.

Estos conceptos, ajustados a la realidad, evidencian un valor diferencial desde el punto de vista institucional. Sin embargo, existe una contrapartida prioritaria para el clima de negocios: la viabilidad de los emprendimientos, determinada por su rentabilidad y desarrollo dentro de la economía.
Lestido lo resumió así: “Uruguay es caro, pero más que caro, diría que no está siendo eficiente al momento de competir. Ahí es donde tenemos problemas. Venimos trabajando —y reclamando— desde hace años la necesidad de hacernos un planteo serio sobre cómo enfrentar el futuro y qué país queremos”.

También advirtió: “Tenemos un Estado que es nuestro principal socio en el sector privado, pero que no avanza a la velocidad que el mundo y las empresas requieren. Ese es un gran problema”.
Subrayó, además, que “no estamos siendo lo suficientemente competitivos para vender nuestros productos. Hay temas que no están acompañando el ritmo del mundo actual. Los cambios se están produciendo con una velocidad a la que no estamos acostumbrados. Siempre hubo cambios, pero hoy son más rápidos, y muchas empresas no están preparadas tecnológicamente para adaptarse. Si a eso le sumamos un Estado pesado e ineficiente, la situación se complica aún más”. Y tiene razón. El problema va más allá de una coyuntura adversa: estamos ante un esquema estructural perverso. Las “soluciones” que se ensayan suelen ser pan para hoy y hambre para mañana. La combinación de un Estado ineficiente, un país caro en dólares y en moneda local, rigidez laboral, altos costos para la incorporación de tecnologías, y un sistema de empleo que desalienta nuevas contrataciones, conforma el nudo gordiano que explica la sangría de cierres. Y quienes aún no han llegado a esa instancia, por lo general hacen malabares para sobrevivir. Esa es la prioridad hoy: resistir. Desarrollarse o crecer ni siquiera entra en consideración.

Como contrapartida, desde hace décadas existen emprendimientos estatales como la producción de cemento portland de Ancap, que acarrea pérdidas estimadas en no menos de 20 millones de dólares anuales. A esto se suman los costos energéticos —gasoil y electricidad, principalmente— que están entre los más altos de la región y del mundo. Todo esto actúa como un freno formidable a la competitividad, agravado por una mano de obra con salarios elevados en dólares y una estructura de insumos costosa.
La simple enumeración de estos factores demuestra que no hay soluciones a corto plazo. Ni un solo período de gobierno, ni siquiera dos, alcanzarán, por más buena voluntad y sentido común que se apliquen en las medidas administrativas o económicas.

Lo que se necesita es un verdadero consenso entre los actores del sistema: el espectro político, empresarios, trabajadores y organizaciones sociales deben asumir que cada uno debe aportar su parte de responsabilidad y también de sacrificio, en aras del bien común y del futuro. Es necesaria una reforma profunda del Estado que devuelva al país la competitividad perdida y lo ponga a tono con los desafíos actuales.

Pero eso, aunque fácil de decir, es difícil de llevar a la práctica en un país donde el cortoplacismo y los intereses partidarios han predominado históricamente. Donde la mirada está puesta en la próxima elección, y no en el próximo país. Porque este no es un tema nuevo; muchos actores y dirigentes lo han reconocido, pero se ha optado por la comodidad: no hacer olas, no asumir costos políticos, evitar medidas impopulares.
Y ese es, precisamente, el gran obstáculo a superar. Porque no se necesita tener más de dos dedos de frente para entender que este estado de cosas, sostenido a fuerza de parches, no se puede mantener indefinidamente.

El 6 de enero de 2021 Estados Unidos vivió un fallido intento de autogolpe de estado, promovido por el presidente Donald Trump, una vez derrotado en su intento de reelección. Una turba, incitada por el propio derrotado, irrumpió en la sede del Congreso cuando una reunión conjunta del Poder Legislativo ratificaba el conteo de los votos del Colegio Electoral y certificaba así la victoria de Joe Biden.

Un grupo de colaboradores, los menos, por activa o por pasiva, se opusieron al intento golpista.También Twitter y Facebook hicieron lo suyo al bloquear las cuentas del propio Trump. Primeras figuras como Nancy Pelosi decididamente defendieron la institucionalidad democrática.

El golpe de estado fracasó, pero dejó en la sociedad un sentimiento de quiebre y frustración. El orgullo por los valores de los padres fundadores quedó cuestionado, y tras la tormenta se instaló un clima intolerante y una sociedad dividida.

En el primer día de su segundo mandato, como una señal política contundente, Trump firmó indultos para todos los condenados por su participación en el asalto al Capitolio.

Ciclos

Los esfuerzos de Estados Unidos por rescatar su erosionada hegemonía económica, geopolítica y tecnológica son una política de Estado. Las formas y el estilo cambian; se han vuelto más desarreglados respecto al derecho internacional.

Estamos ante una frontera histórica en que países poderosos se van eclipsando, a pesar del impresionante pasado imperial hoy agotado. La pregunta es cuál es, si la tiene, su capacidad de adaptación frente a las nuevas condiciones.

La decadencia es otra expresión del agotamiento del modelo. Ahora mismo, Trump y su nuevo entorno, más radical y compacto, busca presuroso reposicionar al país como potencia única de primer orden. Buena parte de las guerras de hoy se explican en ese replanteo estratégico.

Lo global

Nos ha tocado un tiempo de profunda transformación en la distribución del poder global. En pocos meses, la Administración Trump ha desplegado numerosas acciones: guerra a la inmigración que incluye a 11 millones de personas en situación legal irregular, al aborto, recortes a la comunidad LGBTQ, entre otros frentes.

Y en ese contexto, está en marcha el realineamiento de las fuerzas armadas, una institución que en las democracias del siglo XXI es onerosa y sus cometidos, dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, son cuestionados.

Ordenando la casa

El intento de golpe de estado de 2021 fracasó por la incapacidad de planificación del presidente Trump y por algunos funcionarios claves, como Mike Pence, apegados a las cuestiones institucionales. De esos ya no queda ninguno.

Hoy gobierna el Partido Republicano de los leales a Trump. Es un gobierno más compacto, que no ha abandonado la improvisación. Ciertas desconsideraciones ponen de manifiesto una actitud arrogante y anacrónica. Bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos se empeña en no asumir la pérdida de su peso relativo. Parece interpretar que el estado actual es consecuencia de liderazgos débiles.

Estamos frente al inicio de una nueva era de cambios de hegemonía, en proceso de transformación. Los ascendentes nuevos actores buscan su posición geoestratégica, construyendo nuevas perspectivas y alianzas confiables para compartir la gestión de los riesgos. Acaso, ¿hay una potencia con las espaldas tan amplias y potentes como para asumir por sí misma una nueva hegemonía en solitario?

Lo que se viene es un mundo poshegemónico y lo deseable es que esta transición hacia ese nuevo orden, más allá de tensiones, sea negociada. Hay una necesidad de rescatar del ostracismo la perspectiva de cooperación, en espacios multilaterales. Es inaceptable consentir una resolución basada en pérdidas de vidas humanas.

El derecho penal internacional deberá ser empoderado para dar respuesta de alcance global para todos los países miembros de Naciones Unidas.

Perpetuación

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldado por Trump, convocó sorpresivamente a unos ochocientos generales y almirantes a una reunión urgentísima, sin justificación explícita, la que tuvo lugar el pasado 30 de setiembre.

Esta convocatoria no explicada y peor instrumentada, tensó el ambiente. La imprevisión olvidó la jerarquía de los convocados. Pero hay quienes entienden que no fue un descuido de la Administración.

La lectura desde las fuerzas de seguridad y desde el sistema político fue única: se trata de una movida para dividir las aguas. De cara a otro 6 de enero, las lealtades estarán claras desde ya. En los planes de Trump, una variable a controlar ahora.

En el 2021, es cierto, fracasaron. Pero no fueron derrotados. La justicia actuó con extrema lentitud y desgano. Aún con sentencias severas en su contra, Trump sorteó todos esos escollos, hasta una sorpresiva inmunidad de la Corte Suprema que estableció que los expresidentes son inmunes al procesamiento penal por sus actos oficiales en el ejercicio de sus funciones. Con ello se puso fin a los procesos inconclusos en los que Trump ratificó su declaración de inocencia, aunque otros coacusados admitieron su culpabilidad.

Volviendo a la reunión

En la previa a la reunión, curiosidad y tensiones. Un escueto anuncio decía que Hegseth “se dirigirá a sus principales líderes militares”. Off the record, se adelantaba que el tono de la exposición sería el adecuado para “el espíritu guerrero”. La duración proyectada sería, a lo más, de 90 minutos.

Para la comunidad política de Washington esta instancia de disciplinamiento preventivo, y ordenar no a la institución sino a la elite de la oficialidad. Desde el anonimato y la lealtad, un general de varias estrellas le adelantó a la prensa: “lo único que hay por aquí, es incertidumbre y desconfianza. Es el primer paso para la lealtad”.

Hasta ahora los logros de Hegseth son pocos. Ha abierto todos los frentes: desde la eliminación de miembros del servicio transgénero hasta la definición de nuevos estándares de afeitado para todo el ejército. Hasta una moderna señalética que ordena la circulación en las oficinas del Pentágono.

La reunión…

En la previa se confirmó que habrá un recorte mínimo del 20% a nivel de generales de cuatro estrellas, el rango más alto en servicio activo. La versión oficiosa tuvo un propósito: “el que se mueve no sale en la foto”. En voz alta, nadie habló.

Al inicio del encuentro, Trump quebró un principio de neutralidad, al incluir a la alta oficialidad en la política partidista. La voz de mando la marcó desde el vamos: si alguien no quiere estar, puede irse… pero “ahí va tu rango, ahí va tu futuro”.

Todas las versiones coinciden en el cerrado silencio de la sala, un “respetuoso silencio, preservando aquel principio de equidistancia partidista”. Los analistas de Washington han hablado de “dos discursos que plantearon muchas preguntas con las que los militares tendrán que lidiar en los próximos meses…y lo harán discretamente”. El primer round de esta movida de largo plazo “no produjo el desastre que algunos temían”. Por aquí diríamos que como en el truco, “la primera en casa”. Otros, creerán que mejor es jugar como los teros.

No obstante, todos coinciden en lo fundamental: desde la Casa Blanca se inició un camino sin retorno, donde no hay marcha atrás. La agenda local e internacional es muy densa y compleja, propia del momento que transitamos.

Creí que tras el atentado el gobierno y partidos políticos, en un todo, darían una inmediata y contundente respuesta al crimen organizado, con unánime apoyo a las instituciones democráticas y en defensa de los derechos ciudadanos, la paz y la seguridad pública. No había como equivocarse: designar a Mónica Ferrero como titular de la Fiscalía. Decirle a los criminales: ¡no se saldrán con la suya! ¡Qué mejor imagen del país!; más impactante y creíble que decenas de discursos en la ONU.

Vale recordar a Lincoln, que como nadie defendió la democracia, con su palabra, brillante y con su acción por sobre intereses personales o políticos y sin ningún tipo de temblor.

En plena guerra de secesión el presidente Lincoln convocó a elecciones. El 10 de noviembre de 1864, dos días después de ser reelegido, explicó a su pueblo: “… la elección era una necesidad. No podemos tener un gobierno libre y sin elecciones y si la rebelión hubiera podido forzarnos a abandonar o posponer una elección nacional, habría podido sostener, con bastante razón, que ya nos había conquistado y arruinado”.

Eso es lo que se debe decir a los criminales: que con sus tiros y granadas no nos van a conquistar ni arruinar. No basta con actos de fe, es preciso la institucionalización del respaldo.

Hubo declaraciones unánimes, cumbres y diálogo político, pero por ahora, según se percibe, Ferro solo continuará como subrogante, y no es la mejor señal, ni para el mundo ni para los uruguayos.

Blancos en un todo y colorados en parte han respaldado desde antes a Ferro, por lo que no se les podría endilgar oportunismo. Entre colorados hubo alguna diferencia. Dados los hechos, sería una desilusión para muchos colorados que no se superara.

Se sabe que al FA Ferro no le cae del todo simpática, pero también debería levantar la mira y aprovechar para dar un mensaje inequívoco, que repercutiría en favor del gobierno y del presidente.

Hay cosas, empero, que confunden y no se explican: como que en el FA se dediquen a analizar su forma de participación en manifestaciones por palestinos y contra los judíos. Se confiaba en que el FA y sus organizaciones colaterales concentrarían sus esfuerzos en una gran manifestación al grito de “todos somos la Fiscal”.

Tampoco se entienden referencias a Ferro “como la fiscal de Estupefacientes” –no estuvo lindo eso– ni informaciones –fuentes de Presidencia, Ministerio del Interior, y de autoridades del FA,- sobre que el crimen organizado y los narcos no tenian en mente “el rol de la fiscal general” sino que fue contra la fiscal de Estupefacientes. ¿De donde sacaron eso? ¿Quien se los dijo? y ¿si lo sabían desde antes, por qué no la protegieron y cuidaron más?

Y en cuanto a lo de “entreverar los tantos”, el propio gobierno debería mirarse a sí mismo por utilizar el atentado como un atajo para el proyecto de ley sobre lavado de activos. Un tema que sí exige una urgente consideración pero a la vez un detenido y prudente análisis previo, no sea cosa que solo sirva para “molestar”– por llamarle así– a los ciudadanos de a pie. Los narcos no guardan su platita en cajas de ahorros, saben donde esconderla y tenerla a buen resguardo. Aquí y en todas partes. Tampoco el crimen organizado importa por aduana o compra sus fierros en armerías ni registra sus armas en la Policia y en Material y Armamentos, como si deben tramitarlo aquellos ciudadanos que ante tanta delincuencia buscan autodefenderse.

Hace un año de tu partida física solamente, porque sigues estando a mi lado a cada momento.

No fue fácil asimilar el que ya no estabas, no tenía al amigo y compañero, no tenía al cómplice en el momento de crear cosas nuevas o rediseñar otras… ya no estaba el que siempre me preguntaba por la Majo del 13 o la cubito, Avril, Lolo o tu ahijada….

Tuvimos que seguir y en nuestro oficio todavía quedan cosas por hacer, avanzamos mucho pero no lo suficiente…. los técnicos seguimos trabajando muchas veces en condiciones que no son seguras y arriesgamos nuestra salud y la vida en los escenarios y espectáculos.

Debemos concientizarnos de que nosotros somos los que tenemos la obligación de cuidarnos, utilizar los elementos de seguridad y exigirlos, no solo a la patronal, si no a nosotros mismos, si vemos un compañero que está trabajando y no los está usando, hablar con el compañero por tu seguridad y la de todos.

Comprendamos que detrás nuestro hay familias que nos aman y nos precisan, que nuestra ausencia en sus vidas es un vacío que no lo puede llenar nadie. Tengamos siempre presente que debemos cuidarnos en cada paso. Tu ausencia física dejó en todos un vacío enorme.

El paso del tiempo solo mitiga un poco ese dolor pero no cubre tu ausencia.

En las noches cuando miro el cielo y veo brillar las estrellas pienso cuántas de ellas estás encendiendo, porque sé que desde ahí le estás iluminando el cielo a los que quedamos.

Un abrazo amigo mío.. Sebastian Mársico.

Adolfo Schulze (Kuliyo)

Los lectores de esta página editorial saben perfectamente lo difícil que resulta conseguir que nos atienda un médico especialista en un lapso razonable tanto en el Hospital Escuela del Litoral (HEL) como en la Corporación Médica de Paysandú (Comepa). Por eso mismo nos hemos acostumbrado a demoras de dos meses o más, las cuales violan claramente los derechos que tienen los pacientes. Esto lleva a que muchas veces los pacientes deambulen de especialista en especialista sin que ninguno de ellos formule un diagnóstico confiable, a tiempo y debidamente fundado, lo que impide iniciar un tratamiento a tiempo para evitar secuelas indeseadas o la propia muerte de quien paga con su vida esas injustificables demoras.
Si bien es probable que algunas causas de dichas demoras sean provocadas por procedimientos administrativos ineficientes y mala organización de nuestros dos mayores prestadores de salud a nivel departamental, existen indicios de que otras circunstancias atentan contra una atención sanitaria digna y apropiada: la falta de especialistas en el interior del país y más específicamente al norte del Río Negro. Esto se traduce en algo mucho más trágico que una simple demora: la muerte de los pacientes que no son atendidos a tiempo.
Quienes vivimos fuera de Montevideo estamos acostumbrados a ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. El centralismo también comprende los servicios de salud y es por eso que, si tomamos como referencia el Obelisco a los Constituyentes ubicado en 18 de Julio y Bulevar Artigas de la ciudad de Montevideo, en un radio de dos kilómetros a la redonda encontramos la mayor concentración de equipamiento médico de última generación, médicos especialistas y capacidades sanitarias de distinto tipo, mientras que en el interior del país existe una clara falta de tales recursos. A pesar de esa realidad, y tal como informara nuestro diario en el año 2019, “Uruguay está en el séptimo lugar en el mundo en cantidad de médicos por habitantes, según la última publicación del Informe anual de estadísticas sanitarias 2019 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero con una baja tasa de enfermeros en base a lo recomendado, que es de la misma cantidad de médicos por cada mil habitantes. Según el informe, que contempla un total de 194 países, Uruguay tiene 5,05 médicos cada 1.000 habitantes, lo que lo posiciona en séptimo lugar mundial y un informe de la Organización Panamericana de Salud (OPS) marca casi dos enfermeros cada 1.000 habitantes, lejos de lo que se plantea como ideal. En resumen: la cantidad de médicos no parecería ser el problema principal.
Sin embargo, en una entrevista realizada por el diario “El País” la médica de familia en zona rural y docente universitaria Marcela Cuadrado, quien tiene amplia experiencia en el tema, aseguró que “por el solo hecho de vivir en el Interior, la posibilidad de morir por las fallas del sistema es mucho más alta que si estuvieras en Montevideo”. La nota periodística aseguraba que “lo paradójico es que esto sucede pese a que más del 70% de los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que congrega al sector público, vive en el interior del país. Según un estudio realizado por la Federación Médica del Interior (FEMI), ASSE brinda asistencia en los departamentos fuera de la capital al 72% de la población, es decir, a 1.067.326 frente al 28% que atiende en Montevideo (418.190)”.
El portal web MedicosUY, por su parte, señala lo siguiente: los datos del MSP muestran que el 76% de los médicos reside en Montevideo y su área metropolitana. El resto (apenas 24%) cubre todo el Interior. Esto provoca una densidad dispar, porque Montevideo tiene más 70 médicos cada 10.000 habitantes mientras que el interior posee menos de 20 médicos cada 10.000 habitantes.
Dicho esto, sin embargo en Montevideo, con todas las ventajas ya enunciadas, tampoco se puede decir que el sistema funciona de maravillas. Por supuesto que están mucho mejor que en el Interior, pero es evidente que hay además un problema estructural en todo el sistema de salud uruguayo que también impacta en Montevideo, que hace que tener un diagnóstico –al menos primario– del mal que aqueja al paciente signifique días o hasta meses de peregrinar por pasillos de consultorios, laboratorios, centros especializados de imágenes, especialistas, etcétera. Y eso no es así en todo el mundo; por ejemplo en el Sanatorio Adventista del Plata –Puiggari–, lugar a donde miles de sanduceros recurren cada año ante la incapacidad del sistema de salud sanducero en dar respuestas en tiempo y forma, el paciente entra a primera hora de la mañana al centro de salud, donde es atendido por un médico general que en la misma consulta deriva a la persona a todos los especialistas que necesite. Probablemente para antes del mediodía esa persona ya habrá realizado la consulta con los facultativos indicados, que le habrán indicado los exámenes que deberá practicarse –análisis, placas, etcétera–, y que en la mayoría de los casos los podrá hacer durante la tarde. Para última hora del día un médico con toda esa información, le dará un diagnóstico primario pero bastante preciso del mal que le aqueja. Por supuesto que hay situaciones que requerirán más tiempo para evaluaciones, pero en la gran mayoría de los casos, en 24 o 48 horas el usuario tendrá una respuesta.
En cambio en Paysandú, primero deberá conseguir hora con un médico general –varios días de espera hasta más de una semana–, que lo derivará a especialistas que para los cuales tendrá que esperar meses para conseguir hora –ya sea cardiólogo, nefrólogo, hematólogo, oncólogo, etcétera–. Cuando finalmente lo atienda, le indicará los exámenes que debe practicarse, para muchos de los cuales la espera puede insumir otras varias semanas o meses –ecografías, tomografías, resonancias, etcétera–. Ya con ese resultado, deberá esperar otro tanto –semanas o meses, nuevamente— para volver a ser atendido por el especialista. Y si precisa cirugía… mejor esperar la Parca sentado. Un examen completo puede insumir no menos de 6 meses de peregrinar por el Hospital o Comepa. A menos que la situación sea tan evidentemente grave que requiera inmediata internación, y allí sí recibirá la atención que necesita de inmediato.
Es claro que el sistema de salud en Uruguay hace agua por todos lados. No tenemos el conocimiento ni la capacidad para determinar cuál es la solución pero lo que sí podemos afirmar es que lo que tenemos ahora no funciona, o lo hace al menos en forma deficiente. Urge que de una buena vez el sistema político se deje de politiquería y piense en todos los uruguayos, y le encuentren una solución a un problema serio que sufren los uruguayos “de a pie”, que no tienen recursos para gastar miles de dólares en seguros privados de salud o consultas particulares.

El autor indobritánico Gurwinder Bhogal hizo una descripción de TikTok, la que define como “la app más exitosa de la historia, el dominio web más visitado del mundo”. Citado por Infobae dice de esta plataforma que, mientras otras, como Facebook y Twitter, utilizan algoritmos de recomendación como funciones para mejorar el producto principal, “en TikTok, el algoritmo de recomendación es el producto principal. El usuario no necesita crear una red social ni enumerar sus intereses para que la plataforma empiece a adaptar los contenidos a sus deseos; simplemente empieza a verlos, saltándose los videos que no despiertan su interés de inmediato. Tiktok utiliza un algoritmo propio, conocido simplemente como el algoritmo For You (Para ti)”. Este algoritmo, que no es otra cosa que una ecuación matemática, “utiliza el aprendizaje automático para construir un perfil de tu personalidad entrenándose en tus hábitos de visionado (y posiblemente en tus expresiones faciales). Dado que un video de TikTok suele ser mucho más corto que, por ejemplo, un video de YouTube, el algoritmo adquiere datos de entrenamiento tuyos a un ritmo mucho más rápido, lo que le permite centrarse rápidamente en ti. El resultado es un sistema insuperable para conocerte. Y una vez que te ha conocido, puede mostrarte lo que necesita para volverte adicto”.

La sola descripción de cómo funciona resulta a la vez que fascinante, por demás inquietante y es además una revelación sobre el poder de estas herramientas que ponemos en manos incluso de nuestros niños, menospreciando su poder. Si a ello le sumamos el potencial que la inteligencia artificial generativa demuestra un día sí y otro también, combinadas ambas, redes sociales e inteligencia artificial, estamos frente a un instrumento muy complejo que aun no llegamos a entender pero que nos está metiendo de lleno en un mundo absolutamente diferente, donde la capacidad de dominación masiva de la opinión pública a escala global es una realidad.

Ya habíamos tenido algunas muestras del poder de estas redes sociales empleadas como un instrumento para condicionar la opinión de millones. El episodio Cambridge Analytica se estudiará en el futuro en los libros de historia —suponiendo que sigamos teniendo libros— como un aviso, como un despertar a los peligros implícitos en las redes sociales. Y esa empresa británica, recordemos el episodio del año 2018, se dedicaba a la recopilación de datos para su utilización en la creación de campañas electorales en las elecciones de Estados Unidos, aunque hay registros incluso de su utilización en elecciones de la región, como es el caso de Argentina.

Dicho en criollo, la estrategia consistía en detectar a las personas más sensibles a determinados tipos de mensajes para luego ofrecérselos a través de la pantalla, condicionando así los contenidos que consumían en las redes y su punto de vista en relación a determinados temas, luego lo hacía con otros temas. Por supuesto que esto no es inocente porque entre los posibles efectos secundarios se cuentan la polarización y la intolerancia.

En el caso de TikTok, según Bhogal, el riesgo es otro: “el mayor peligro de la aplicación no reside en ningún contenido específico, sino en su naturaleza adictiva en general. Por razones obvias, aún no existen estudios sobre la adicción a TikTok a largo plazo, pero, basándonos en lo que sabemos de la adicción a Internet en general, podemos extrapolar sus posibles efectos en los usuarios habituales de TikTok”. Sobre estos posibles efectos ya hemos publicado anteriormente. “Hay un corpus sustancial de investigaciones que muestran una fuerte asociación entre la adicción a los smartphones, la contracción de la materia gris del cerebro y la ‘demencia digital’, un término que engloba la aparición de ansiedad y depresión y el deterioro de la memoria, la capacidad de atención, la autoestima y el control de los impulsos”. Además de esos, que son problemas atribuidos a la adicción a Internet en general, hay algo más en TikTok que, a estar por lo que dice Bhogal, la hace singularmente peligrosa, y es que “más que ninguna otra aplicación, está diseñada para darte lo que quieres y exigirte lo menos posible”. Se puede estar durante horas solamente deslizando el dedo sobre la pantalla viendo videos en un continuo interminable. Es posible que el mismo lector haya comprobado alguna vez el tiempo que, casi sin darse cuenta, estuvo perdiendo en esa actitud. Lo preocupante es que, según este planteo, no solamente es tiempo lo que se pierde, sino además capacidad cognitiva.

Solamente por mencionar un síntoma de estos tiempos que corren, aunque van a encontrar más ejemplos. “El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, abogó recientemente por Grandes Premios más cortos. El italiano no solo es partidario de la parrilla de salida invertida, sino que también cree que muchos nuevos fans se beneficiarían de carreras algo más cortas”, publicó el portal especializado Grand Prix News, citando comentarios que dieron la vuelta al mundo rápidamente. Cuando Domenicali habla de “nuevos fans” refiere concretamente a los jóvenes, que aparentemente no soportan carreras de dos horas de duración.

En su defensa cabe mencionar que hay carreras con pocos adelantamientos y sin variantes estratégicas que son difíciles de sobrellevar. Pero es que lo mismo aplica a las películas, o por qué las plataformas tienen opciones como las de reproducir a mayor velocidad, cosa que parece inaudita, y también ocurre con el fútbol, que tiene cada vez más aficionados a los resúmenes (highlights) y a los compendios de goles que a las transmisiones en vivo y que son un dolor de cabeza para quienes comercializan estos contenidos, e incluso hay aplicaciones basadas en inteligencia artificial que se encargan de resumir libros, el acabose de la literatura.

Claro, controlar este tipo de cosas es acceder a instrumentos capaces de condicionar la opinión de grandes masas de personas, pretensiones que son tan viejas como el hombre mismo y de las que la historia está plagada de intentos pero sobre todo de denuncias de estos intentos.

El ausentismo escolar saltó a los grandes titulares luego de una conferencia de prensa convocada por las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en la que se refirieron con preocupación a este tema y lanzaron una campaña pública para intentar revertir el problema.

El ministro de Educación, José Carlos Mahía, fue claro al señalar que estamos ante un problema “grave y estructural”, dado que, lejos de ser una anomalía puntual, el ausentismo escolar se ha convertido en una constante multicausal que atraviesa los niveles educativos y los distintos departamentos del país, impactando directamente en las trayectorias educativas.

En 2024, el 66% de los estudiantes de enseñanza primaria faltaron un promedio de 29 días al año. En Secundaria, el promedio fue de 41 faltas por estudiante, y en la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), llegó a 54 faltas por alumno.

Por otra parte, estos números no están atados a disparidades geográficas ni pueden analizarse con base en la dicotomía campo-ciudad. Por el contrario, se trata de un fenómeno nacional y, como bien dijo el ministro, estructural.

Años atrás, cuando se hablaba de ausentismo, se solía vincular a temas de conducta, disciplina o falta de seguimiento. Hoy no podemos pensarlo de esa manera. Si el año escolar tiene entre 180 y 190 días efectivos de clase, faltar 41 días implica más del 20%, y faltar 54 días representa un tercio del año lectivo.

Entonces, ¿qué nos está diciendo esta estadística? En primer lugar, parece necesario mirar los números no solo con preocupación, sino como un síntoma. Uno puede estar preocupado por un problema de salud, pero si no se atienden los síntomas ni se hace algo para contrarrestarlos, las posibilidades de mejora serán escasas.

¿Qué nos está diciendo, como síntoma, que un adolescente no asista al liceo o a la UTU que está cursando? Habría que preguntarse, por ejemplo, si el currículo le resulta ajeno, o si siente falta de pertenencia o de conexión con el aula y su grupo de pares, lo que hace que el estudio y la institución educativa no lo convoquen. Incluso, puede que perciba que faltar no tiene consecuencias.

Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), el patrón de ausencias tiene forma de “U”, concentrándose en la educación inicial y media, y afectando fundamentalmente a estudiantes con extraedad, provenientes de contextos vulnerables y en turnos vespertinos. Pero el fenómeno no se limita a estudiantes de sectores vulnerables: existe una desconexión transversal que responde más a distancias simbólicas que físicas, más a una falta de sentido que a una falta de medios para llegar al centro educativo. Si bien es positivo que existan subsidios al transporte y el boleto gratuito estudiantil –algo impensado décadas atrás–, esto hoy ya no alcanza.

Lo más lamentable de toda esta situación es que la escuela, el liceo y la UTU –que el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, definió en la misma conferencia de prensa como “una frazada que abriga otros derechos”– se están carcomiendo. Es una frazada con agujeritos.

Podría incluso trazarse una analogía con el fenómeno de la posverdad: vivimos en una época en la que tenemos todos los medios a nuestro alcance para verificar la veracidad de la información, pero no nos interesa hacerlo. Del mismo modo, en un país con educación laica y gratuita, que provee materiales de estudio y boletos para el transporte, muchos estudiantes no quieren asistir, y sus familias se muestran permisivas ante esta situación.

Es indudable que la educación sigue siendo una llave para el desarrollo personal, la inserción productiva en la sociedad y el ascenso social. Tener un oficio o una carrera, contar con una preparación básica que permita ser competente en lo económico y lo social, emprender, aspirar a un empleo o ejercer una profesión, es cada vez más necesario en un contexto en el que las máquinas están reemplazando trabajos humanos. Esta tendencia, además, se ve acelerada por la inteligencia artificial: las personas que realizan tareas repetitivas o susceptibles de automatización perderán cada vez más oportunidades laborales.
Sería casi irresponsable que el mundo adulto y las autoridades educativas responsabilizaran exclusivamente a niños o adolescentes de tomar conciencia sobre esta situación. En cambio, son los padres quienes tienen una tarea concreta que cumplir, así como también las autoridades educativas y el Estado. En la educación de las nuevas generaciones nos jugamos una parte fundamental de nuestro futuro como sociedad. Es imperioso reflexionar y actuar con rapidez para revertir esta situación.

“Hay que asumir con humildad que estamos ante un problema grave y estructural, y no vas a cambiar de la noche a la mañana algo que evidentemente no está siendo visualizado por la sociedad uruguaya como un problema, porque la ausencia de uno o dos días acumulada mes a mes genera que vos sientas un compromiso más flojo, más laxo con estar”, dijo Mahía, y señaló la importancia de que el Estado haga “un esfuerzo muy grande”.

Así debe ser, y esperamos ver medidas pronto, porque el diagnóstico está claro. No hay lugar para el abandono institucional ni para seguir ignorando la situación. Existe también una responsabilidad a nivel de política educativa, que debe responder a la pregunta sobre qué tipo de educación necesitamos para el Uruguay de hoy y del futuro cercano.

Las consecuencias del ausentismo no se limitan al presente: inciden en las trayectorias de vida, en la continuidad educativa, en las oportunidades, en la posibilidad de acceder a un empleo y en la reproducción de desigualdades.

Es evidente que vivimos en tiempos de ausencias afectivas y familiares, en los que no siempre hay un “adulto responsable” que cumpla verdaderamente ese rol frente a un adolescente. Por eso, las instituciones educativas y sus docentes deben estar presentes y construir desde el interior de un sistema que, paradójicamente —y muchas veces sin proponérselo—, expulsa. Porque es muy difícil aprender si no nos sentimos parte. No se trata solo de estar en las aulas, sino de querer estar.

El docente no puede ser solo un transmisor de contenidos y saberes; debe también saber escuchar y fomentar la motivación. Seguramente es en el aula donde se juega este partido decisivo, porque, en definitiva, también se trata de ejercer una pedagogía del vínculo.

El sistema educativo debe respaldar estas acciones y construir propuestas más convocantes. El ausentismo escolar difícilmente se pueda combatir con sanciones o campañas en los medios de comunicación. Más bien, se enfrenta desde el sentido de pertenencia y con la fuerza que imprime el deseo de estar y de aprender a pesar de las adversidades. Si como país no somos capaces de actuar a tiempo, lamentablemente, la frazada será cada vez más estrecha y tendrá más agujeritos.

Varios intendentes, entre ellos el de Paysandú, Nicolás Olivera, ofrecieron su firme respaldo a las delegaciones de las universidades públicas que concurrieron al Congreso de Intendentes la semana pasada, en el marco de las gestiones que llevan adelante en procura de los recursos presupuestales que les permitan llevar adelante sus planes de desarrollo en el interior del país, los que se encuentran en riesgo con la asignación prevista en el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento y que se encuentra a consideración de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Ambas delegaciones, de la Universidad de la República, UdelaR, y de la Universidad Tecnológica, UTEC, presentaron sos proyectos para el presente período ante los jefes comunales. En el caso de la UdelaR la delegación la encabezó el rector Héctor Cancela, quien presentó el Plan Estratégico de la institución que hace especial énfasis en el desarrollo universitario en todo el territorio nacional.

Cancela detalló los objetivos principales que se plantea la universidad: mantenerse como un centro de excelencia en enseñanza, investigación, extensión y atención a la salud; generalizar el acceso y la permanencia en la educación universitaria de calidad en todo el país y reafirmarse como una institución inclusiva, transparente y ágil. El plan consta de quince líneas programáticas. Cancela indicó que la institución recibe a más de 160.000 estudiantes y tendrá más de 170.000 al final del período. El 58% de ellos estudiantes es la primera generación universitaria en su familia, un porcentaje que es aun mayor en el Interior del país hasta llegar a los dos tercios, dijo el rector, que por otra parte apuntó que la relación de horas docentes por estudiante ha ido disminuyendo, y que hay carreras universitarias que cuentan con planes de estudio aprobados, pero que no se han podido implementar por falta de recursos.

Se planteó a los intendentes que el proyecto de Ley de Presupuesto que remitió el Poder Ejecutivo asigna a la UdelaR 100 millones de pesos con destino a cargos docentes, y que con eso “no será posible atender correctamente a los estudiantes de los primeros años, ni fortalecer la extensión, la vinculación con el Sistema Nacional de Educación Pública ni la investigación”, por lo que supone un impacto negativo para la tarea que se lleva a cabo en el territorio. La exposición a los intendentes mostró cómo en los últimos años la UdelaR ha crecido en infraestructura edilicia y en ofertas de formación en el Interior. “Hoy alcanzan a las 90 carreras de grado, técnicas y títulos intermedios en sus distintos centros regionales” y agregó que “mientras que en el 2000 solamente el 4% de la población estudiantil universitaria estaba radicada en el Interior, actualmente esta proporción se eleva al 17% y abarca a más de 25.000 estudiantes”. De todos modos hay que considerar que del 83% que está en Montevideo, “casi la mitad (130.000 estudiantes) provienen del Interior”, por lo que “claramente hay una deuda del país que todavía no está ni cerca de estar cubierta”, afirmó Cancela.

En el transcurso de este proceso de expansión universitaria ha sido más de 1.300 docentes los que se han radicado en el Interior, por más que dos tercios de ellos “son de los grados más bajos, 1 y 2. El desarrollo se ha hecho a costa de un plantel docente que está cobrando muy poco”, indicó. De allí que los plantes sean “consolidar, crecer, mejorar, avanzar hacia nuevas regiones y tener herramientas de bienestar universitario en todo el país. Para este rubro el proyecto de ley remitido no tiene ninguna partida específica”, es decir que no habrá fondos para programas de grado y posgrado en el interior ni para generar los cargos técnicos, administrativos y de servicios necesarios. El rector agregó que actualmente casi 4.000 estudiantes no han podido acceder a los beneficios de becas, a pesar de reunir las condiciones para obtenerlo, haberlas solicitado y tenerlas aprobadas. Garantizar la salud, el bienestar y el derecho al trabajo suponía un requerimiento de 750 millones “pero el proyecto remitido otorga 150 millones, un 20%”.

Otro aspecto central que planteó el rector Cancela tiene que ver con el objetivo estratégico que tiene la expansión de la Universidad en el Interior, poniendo como ejemplo el desarrollo de la carrera de Medicina, que como nunca antes se puede cursar completa en el Litoral del país. En el territorio “la distribución de profesionales de la salud es muy inequitativa. Eso es parte de lo que queremos ir revirtiendo”; agregó que la intención es “también tener especialidades médicas en todo el país. Tenemos la carrera de Enfermería, pero también grandes dificultades para poder expandirla y dictarla en tiempo y forma”. Agregó que hay interés en seguir avanzando en acuerdos con distintos hospitales departamentales para formar más recursos, “incluyendo en Odontología”. Sin embargo, en el área salud, “la única asignación en el proyecto es de 100 millones de pesos para el Hospital de Clínicas”, explicó Cancela.

Nicolás Olivera, en su rol de presidente del Congreso de Intendentes, planteó la relevancia que el desarrollo estratégico de las universidades supone para los diferentes departamentos y para Paysandú en particular, que es de los que más carreras y más estudiantes tiene. “Sabemos que más del 70% como promedio de los muchachos que ingresan en el Interior son primera generación de familia universitaria, son muchachos que si no estudian en la UTEC o en la UdelaR, no van a cursar una carrera universitaria”, por lo que también hay un factor de movilidad social implícito en la discusión.

Aunque Olivera considera que hay voluntad entre los diputados y la habrá luego en el Senado para modificar el texto original, hoy en día el escenario es el que es, y no es nada halagüeño: “no habrá fondos para construir edificios universitarios en los departamentos del Suroeste ni en Paysandú, y tampoco para ampliar los edificios de Tacuarembó y de Salto. No podrán implementarse nuevas ofertas de enseñanza ni consolidarse otras ya existentes. Los estudios de factibilidad para el desarrollo de la UdelaR en la región Centro-Sur, que incluye a Durazno, Florida y Flores, no podrán realizarse”, resumió Rodney Colina, el presidente de la Comisión Coordinadora del interior de la Universidad de la República.

El reciente atentado sufrido por la fiscal Mónica Ferrero ha sido, sin lugar a dudas, un duro despertar a una realidad que nuestro país viene atravesando desde hace décadas, pero respecto de la cual todos –o casi todos– los responsables han hecho caso omiso a la misma y por ende tienen una gran cuota de responsabilidad en ese resultado. A partir del 27 de setiembre de 2025 hemos dejado de ser “la Suiza de América” (una descripción curiosa para un país que tiene niveles de pobreza y de infancia en riesgo que nos colocan más cerca de un país africano que de la tierra de los relojes y los chocolates) o “la penillanura suavemente ondulada” (tan suavemente ondulada que los aviones de los narcos pueden aterrizar en casi todo su territorio con su letal carga). Tal vez la única de las descripciones que podría permanecer inalterable sería aquella que “todo tarda 20 años en llegar a Uruguay”. En este caso se trata de eso mismo: del límite que el narcotráfico ha cruzado hace unos días, atacando el Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad uruguaya; por eso mismo nuestro país no volverá a ser el mismo.

En un editorial el EL TELEGRAFO del pasado mes de mayo, formulábamos las siguientes reflexiones: “En varias ocasiones nuestra página editorial se ha referido a la problemática del narcotráfico y la forma en que esta modalidad delictiva penetra el tejido social y lo corrompe, en gran parte debido a su poder económico que comprende todos los niveles socioeconómicos sin excepciones. Todos los días (y cada día sin excepción) la delincuencia ligada a los narcotraficantes avanza sobre nuevas áreas de la sociedad y actualiza sus modalidades operativas para ser más eficientes, más eficaces e invariablemente más mortales. Si para muestra basta un botón recordemos el año 2007 cuando el entonces fiscal de la Nación Jorge Díaz (hoy prosecretario de la Presidencia de la República) advertía sobre la posibilidad de que en Uruguay se instalara el delito de sicariato, hasta entonces inexistente ‘porque no se había juntado la oferta con la demanda’. ‘En aquella instancia se nos trató de alarmistas, de que queríamos la autoprofecía cumplida. Pero la realidad es que poco tiempo después el sicariato se instaló en Uruguay’, remarcó el fiscal general. Agregó que en su momento también había advertido que se incrementaría la violencia con enfrentamientos entre bandas criminales, y que ‘la dirección de la violencia de estos grupos iría hacia los funcionarios policías’, extremos que se cumplieron. (…) ¿En una ciudad como Paysandú, donde todos nos conocemos, de verdad la policía o los punteros políticos sanduceros no saben quiénes son los narcotraficantes, cómo están integrados sus clanes o dónde se encuentran las ‘bocas’ que comercializan la droga? (…) Y finalmente, una pregunta que nadie puede contestar con total certeza: ¿cómo sabemos que quienes hoy aspiran a ser votados como intendentes, ediles, alcaldes o concejales en nuestro departamento no financiaron sus campañas con dinero del narcotráfico? Es hora de enfrentar esta interrogante de una vez por todas. No podemos, como sociedad, seguir barriendo debajo de la alfombra”.
Resulta evidente que con este atentado los narcos han querido dar un mensaje muy claro a la población: nadie está a salvo del poder de la droga. Si la principal fiscal del país (máxima autoridad de la Fiscalía de la Nación) no está a salvo de ataques contra su vida y la de su familia, ¿que pueden esperar los ciudadanos comunes, o los policías (la eterna carne de cañón que entrega su vida en el cumplimiento de su deber y que en forma instantánea es olvidada por los políticos de todos los partidos)? ¿Quién protegerá a las familias que son expulsadas por los narcotraficantes de sus propias casas para abrir en ella una boca de drogas? ¿Quién defenderá los derechos de los ciudadanos que deben convivir con los narcotraficantes, guardando silencio a riesgo de su propia vida si presentan una simple denuncia? ¿Dónde están los políticos que una y otra vez pasan en campaña electoral por los rancheríos carcomidos por la droga mientras prometen cosas que luego no cumplen?

Como parte de un gran show mediático, los partidos políticos y sus integrante formulan por estos días largas declaraciones condenando el atentado a Ferrero, utilizando palabras bonitas pero la realidad es que han hecho muy poco para combatir el narcotráfico, tal como sucede con el proyecto de ley para combatir el lavado de activos y que no ha sido aprobado en el Parlamento pese al pedido expreso del presidente Yamandú Orsi, o el correcto funcionamiento de la Junta de Trasparencia y Ética Pública (Jutep) cuya integración aún está pendiente y a la cual muchos políticos ignoran ya que no le remiten la información que dicho organismo les solicita. A modo de ejemplo, en las elecciones departamentales del pasado mes de mayo los candidatos a intendentes que no habían presentado sus declaraciones a la Jutep incluían a candidatos del Partido Nacional (Diego Irrazabal y Armando Castaingdebat, ambos de Flores), Frente Amplio (Álvaro Lima de Salto y Ricardo Estévez de Rivera), Partido Colorado (Ana Hunter de Durazno y Claudio Aguilar de Flores) de Cabildo Abierto (Horacio Labadie de Río Negro y Rafael Rivero de Cerro Largo).

Como siempre, los políticos son muy eficientes para ponerle obligaciones a los ciudadanos de a pie, pero muy perezosos cuando les toca a ellos cumplir con alguno de sus deberes ciudadanos. Resulta irónico que los políticos llamen a cerrar filas en torno a la Fiscalía de la Nación para protegerla, cuando han sido ellos mismos que han desprestigiado a esa institución utilizándola como campo de batalla para venganzas y chantajes políticos de todo tipo, motivo y color. Si tanto valoran y apoyan la existencia y el trabajo de la Fiscalía, ¿por qué no son capaces de dejar de lado por un momento sus ambiciones y sus “chacritas” para lograr un gran acuerdo nacional en materia de seguridad y que el combate contra el narcotráfico se transforme en una verdadera política de Estado que pueda trascender los distintos períodos presidenciales? ¿Acaso no es eso lo que necesita el país? ¿Si somos efectivamente la “Suiza de América” no contamos con la madurez y grandeza necesaria por parte de nuestros políticos para que se acuerde y ponga en marcha un plan de estas características? ¿Contra quién más deben atentar los narcotraficantes para que los políticos uruguayos entiendan la gravedad de esta situación?

En declaraciones recientes a Montevideo Portal, la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, fue clara al respecto: “reconoció que ella y sus colegas venían pidiendo hasta que los rescataran. Teníamos algunos indicadores que nos mostraban que –tal vez no con esta virulencia– algo iba a ocurrir porque los indicadores iban in crescendo; la cosa no venía igual. No fuimos oídos y nada se hizo. Morales dijo que los fiscales se ‘acostumbraron’ a ‘vivir’ con este tipo de situaciones. Siempre vemos todo como a la uruguaya”. Tenemos todos un chip que dice que acá no pasó nada, por más que veamos señales”.
Los uruguayos (y también los sanduceros) tenemos dos opciones: o sumamos nuestros esfuerzos para frenar el poder y la violencia –Paysandú es, desde hace muchos años, un punto fuerte del narcotráfico, con cabezas a las que todos señalan pero que rara vez aparecen en las páginas policiales– o veremos cómo, más temprano que tarde, nuestro país y nuestro departamento serán esclavos de esa violencia extrema. Violencia que, como en las épocas del zar colombiano Pablo Escobar se reducirá a una sola disyuntiva: “plata o plomo”.

 

 

Es una buena noticia que las expectativas de inflación (IPC) volvieran a bajar y quedaran en el 4,6 para los próximos 24 meses, alcanzando su mínimo histórico y a la vez manteniéndose muy cerca de la meta inflacionaria establecida por el Banco Central del Uruguay.
Las proyecciones de los analistas indican que la inflación se sigue alejando del techo del rango de tolerancia, y pese a la consolidación del IPC a la baja, todavía no se ha podido converger al 4,5 por ciento trazado por la autoridad monetaria.
Asimismo indican que la inflación para los próximos doce meses se situaría en el 4,7 por ciento, pero a la vez para lo que resta del año se espera que la mediana de la inflación oscile en el 3,9 por ciento, mientras por otro lado el dólar no superaría los 40,50 pesos para fin de año, lo que es una buena y una mala noticia al mismo tiempo, dependiendo ello del lado de mostrador del que se esté: para los importadores –el consumidor en general también– es una buena noticia, y para los exportadores se sigue en la mala, a la hora de traducir las divisas a pesos y enfrentar el costo país, muy alto en dólares en la comparativa internacional.
Por supuesto, el IPC no debe tomarse como un valor aislado en sí, sino que en la economía todo tiene que ver con todo, y por ejemplo, tenemos que mientras se estima un crecimiento del PBI del 2,40 por ciento para este año, bajará al 2 por ciento en 2026 y en 2027, lo que significa que el país tendrá un crecimiento muy modesto en este período, por decir lo menos.
Como contrapartida, no se ha podido abatir el déficit fiscal: el gobierno del Frente Amplio lo dejó en el 4,5 por ciento en 2020, y el gobierno de Lacalle Pou lo entregó más o menos en el mismo porcentaje.
Al señalar que en economía todo tiene que ver con todo, también es preciso agregar la cuota parte de las expectativas: no se trata solo de las leyes de la economía, sino que también su evolución depende de las expectativas de los operadores, es decir las condiciones que éstos detectan o creen detectar en la evolución del mercado, y las decisiones que adoptan en función de ello, lo que no va siempre en la decisión correcta, y en caso de inestabilidad, se tiende a la retracción de las inversiones y a no adoptar posturas de riesgo.
Un combo que resulta difícil de evaluar, sobre todo en un país con tan escaso margen de maniobra como Uruguay, altamente dependiente del mercado exterior, muy vulnerable a sus vaivenes y peor aún, estructuralmente atrasado y a la vez caro en sus costos internos.
Si fuéramos a analizar por lo tanto solo la evolución del IPC, corresponde señalar sin ninguna duda que se ha dado un gran paso adelante en los últimos años, si se tiene en cuenta por ejemplo que el Uruguay tuvo por allá por fines de la década de 1960 valores de inflación que superaron por lejos el cien por ciento, y se ha logrado irlo bajando en los últimos años, pasando primero de los tres dígitos a los dos, para luego situarse en un dígito desde hace tiempo, por debajo del número simbólico del 10 por ciento que dispararía reajustes de salarios y pasividades altamente comprometedores del gasto y de la propia estabilidad.
Además, la inflación se ha catalogado, con razón, como un impuesto que castiga a los más pobres, por cuanto hace que los reajustes salariales siempre corran detrás, en tanto quien tiene algún capital o eventualmente puede manipular precios y otros parámetros propios, puede compensar el desfasaje, pero en todos los casos en el marco de gran la inestabilidad y expectativas de subas por encima de lo que realmente corresponde en cuanto a los costos propios, porque el empresario tiende a cubrirse para no quedar en riesgo de descapitalizarse.
Pero que haya inflación estable no quiere decir que corra paralelamente la mejora en el poder adquisitivo del trabajador, de las pasividades y tampoco en la salud de la empresas, y este es el gran problema que arrastra nuestro país desde hace ya varios años: la inflación ha sido controlada en base al anclaje del dólar, que está subvaluado según se lamentan los exportadores, que ven como crecen sus costos en moneda nacional y en dólares, mientras a la vez ello no es compensado por un mayor retorno en pesos por cada dólar que venden.
Es decir, mal que pese, esta estabilidad del IPC no equivale a una “felicidad” completa, sino que hay sombras en la economía que no vienen desde este gobierno ni desde el anterior, sino que se remontan a problemas estructurales, y al hecho de que todo gobierno, más allá de su impronta y política económica, ha mantenido el dólar depreciado de forma de no disparar la inflación, habida cuenta de la gran sensibilidad de los operadores al valor de la divisa, utilizado como referencia por los operadores en todas las áreas.
A la vez, otro aspecto que también es síntoma de que las cosas están prendidas con alfileres en nuestra economía es el costo del dinero: el interés que se cobra en el circuito bancario multiplica largamente la inflación, y ello hace que contraer deuda en moneda nacional es un compromiso no siempre posible de abordar, y que haya quienes se arriesguen a tomarlo en dólares.
El Estado no es ajeno a este escenario: el Banco Central, por razones de seguridad y confianza, mantiene altos encajes bancarios, que se traducen en mayores costos para estas instituciones, que naturalmente hacen su negocio con la circulación y cobro de préstamos, a la vez que el alto costo del Estado es consecuencia de servicios caros que dejan que desear, altos impuestos para financiar la burocracia estatal, gasto excesivo e ineficiente, escasos atractivos para los inversores, traducido ello en un déficit fiscal que se mantiene incólume, más allá de los enunciados de los portavoces de los sucesivos gobiernos.
Por lo tanto, podríamos decir que es buen síntoma que la fiebre baje, es decir el IPC, pero este parámetro controlado no quiere decir que nuestra economía esté sana. Se va llevando, como se puede, pero la realidad indica que cada gobierno que llega le da a los problemas sin resolver otro puntapié hacia adelante, para no pagar costos políticos.

El arco político, en general, tiene memoria a corto plazo. Oficialismo y oposición, según los ubique la decisión del soberano, desatan sus críticas cuando el desacuerdo es amplio. Como ocurrió la semana pasada. Entre el lunes 22 y el sábado 27 de setiembre se registró una ola de homicidios en varios puntos del país: doce muertes en total.
La estadística no es nueva. Algo similar ocurrió hace un año, entre el viernes 8 y el viernes 15 de agosto de 2024, por ejemplo. En esos días mataron a tres adolescentes, a una víctima circunstancial que no estaba involucrada en el ataque y a un policía.
Incluso es posible remontarse más atrás. En 2018, la entonces ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich —quien ocupa hoy el mismo cargo en el gobierno de Javier Milei—, afirmaba durante un debate en un canal bonaerense que “Montevideo tiene más asesinatos que Argentina”.
Las palabras de la ministra resonaron con fuerza de este lado del río. Sin embargo, los datos chequeados en aquel momento, provenientes del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, indicaban que en 2017 se cometieron 238 homicidios dolosos, lo que correspondía a una tasa de 8,1 cada 100.000 habitantes. Aunque alta, era inferior a la registrada en 2015, cuando se alcanzaron 8,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En tanto, los datos del Ministerio de Seguridad argentino señalaban en 2016 la ocurrencia de 2.605 homicidios dolosos, es decir, una tasa de 6 cada 100.000 habitantes. En 2017, esa cifra bajó a 5,2.
Las valoraciones políticas, entonces como ahora, se cruzan con una realidad que se repite sin importar quién ocupe el Poder Ejecutivo.
Las últimas encuestas vuelven a mostrar los mismos resultados. El 51 % de los uruguayos está preocupado por la inseguridad, seguido del desempleo (31 %), especialmente en el Interior.
Mientras los casos se acumulan, el gobierno diseña un Plan Nacional de Seguridad Pública que se implementaría en 2026, en coordinación con autoridades y la sociedad civil. La iniciativa, aunque valiosa en sí misma, no responde a la urgencia de una ciudadanía que reclama soluciones desde hace años. Porque lo sucedido en estos días no es novedoso.
Lo realmente nuevo, si es que algo sorprende aún a las autoridades de turno, es que tanto delincuentes como víctimas son cada vez más jóvenes. Son generaciones a las que hace tiempo les da igual vivir o no. En esa intensidad vacía de futuro y contención, se convirtieron en presa fácil del narcotráfico y el crimen organizado.
Incluso esa vida intensa, pero carente de valores, los empuja a cometer otros delitos, como las carreras ilegales. Tal como ocurrió hace unos días, con el involucramiento de una niña que aún permanece en grave estado y la huida de los responsables, de 21 y 23 años.
Se trata de jóvenes con antecedentes desde la adolescencia, con historiales que ni la justicia logró frenar. Como el caso de “el Pelón”, hoy con 32 años, internado por primera vez en el INAU en 2008, a los 15, por tentativa de homicidio. Si se repasa su trayectoria hasta que fue capturado en Florida la semana pasada, se observa que entre cada homicidio y el siguiente ataque pasaban, en promedio, apenas dos años.
En 2009 fue reintegrado por venta de drogas y liberado. En julio de 2010, internado nuevamente por un homicidio, fue liberado por un juez. En octubre de ese año, cometió otro homicidio en Canelones, volvió al INAU y fue liberado otra vez. En enero de 2011 retornó por una rapiña y otro homicidio, esta vez a un repartidor. Finalmente, ese año, la Suprema Corte de Justicia sancionó al juez que lo dejaba libre.
A simple vista, parece un error. Pero no lo es.
Cuando cumplió la mayoría de edad, fue procesado con prisión por delitos como lesiones graves (2019); en 2021, por incendio, violencia doméstica y lesiones personales. A comienzos de 2023 volvió a la cárcel por suministro de drogas. Hasta la semana pasada, era buscado por tres homicidios ocurridos en apenas siete días, donde se lo consideraba partícipe directo.
La cárcel, en su vida, se transformó en una puerta vaivén. Las penas breves lo devolvían a las calles para seguir cometiendo sus delitos predilectos: homicidio y lesiones personales.
Mientras la ciudadanía escucha el incesante cruce de acusaciones sobre la inseguridad, la realidad es mucho más grave que cualquier frase viral en la red social X. Y se repite desde hace décadas, con pocas variaciones.
El arco político deberá entender que la sensación de impotencia ciudadana es mucho más profunda que sus lecturas partidarias. Porque, según el barrio o el lugar del país, salir a la calle se transforma en una opción riesgosa.
Los ministros del Interior en gobiernos del Frente Amplio solían ser confirmados en sus cargos. Eduardo Bonomi lideró la cartera durante una década, atravesando las administraciones de José Mujica y Tabaré Vázquez, con el récord de interpelaciones parlamentarias. Claramente, sin resultados políticos visibles.
El actual ministro, Carlos Negro —anteriormente fiscal de Homicidios—, destacó en conferencia de prensa que casi el 90 % de las investigaciones registran “avances muy importantes”. Su formación técnica valora ese dato. Pero la población, no.
La gente ve el delito, muchas veces lo sufre, y cada situación se convierte en temor e impotencia. Esa misma “sensación térmica” —término acuñado por otro ministro del Interior frenteamplista— que puede hacer ganar o perder una elección.
Mientras tanto, desde 2009, la inseguridad continúa liderando las encuestas como principal preocupación de la población.
Todo lo demás es una discusión entre ellos.

Información brindada por el Centro Universitario indica que la ciudad de Paysandú se consolida como una de las principales referencias universitarias del país en el área de la salud. La sede local del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República (UdelaR) registró este año 2025 un nuevo récord de inscripciones, con un total de 1.529 estudiantes, siendo la sede con mayor ingreso de todo el interior del país por quinto año consecutivo.

Ese importante crecimiento de estudiantes universitarios podría ser aún mayor si hubiera apoyo del gobierno departamental, pero es evidente el desinterés y falta de apoyo que muestra el gobierno departamental para resolver problemas fundamentales. Después que se resolvió el 19 de agosto del 2023 conceder a la UdelaR la manzana que ocupaba el corralón municipal para la creación de un Campus universitario, no se ha avanzado en ningún aspecto que tienda a apoyar esa iniciativa. Uno de los problemas que frena un mayor ingreso a los cursos universitarios en Paysandú, es la falta de alojamientos de costos accesibles para los estudiantes de familias de bajos recursos económicos que vienen desde otros departamentos a nuestra ciudad.

En el mes de diciembre 2023 el gobierno departamental decidió construir una residencia universitaria y abrió una licitación para esa construcción a la que se presentaron siete empresas y la ganadora fue la empresa Ciemsa. Esa obra que se informó que estaría pronta para el inicio de clases en el mes de marzo 2025, aún no se ha inaugurado. Después el intendente informó que se inauguraría en el mes de agosto, pero ya estamos a fines de setiembre y la obra no ha sido inaugurada.

El intendente departamental consideró de mayor importancia y les concedió prioridad a otras obras tales como: La modernización del Estadio Cerrado 8 de Junio U$S 6.100.000; la obra de la plaza Constitución U$S 2.000.000; la instalación de luminarias en el Cementerio Viejo; la obra en el parque París Londres U$S 2.000.000, la climatización del teatro Florencio Sánchez U$S 250.000; la construcción del Parque Lineal Senderos del río U$S 2.000.000 (la primera etapa de esta obra).

Como ya dijimos, el gobierno departamental priorizó la obra de Senderos del Río, y ya en la primera etapa gastó ochenta millones de pesos. Si solamente lo gastado en la primera etapa de esta obra se hubiera destinado para becas, hubiera sido suficiente para conceder becas de ayuda solidaria a más de 700 estudiantes, lo que hubiera constituido una importantísima ayuda, para que cientos de estudiantes pudieran venir desde otros departamentos a la universidad en Paysandú.

Ing. Ricardo Brasesco