Opinión

Dijo el presidente Orsi en la ONU y a empresarios, banqueros e inversionistas del norte, que el Uruguay es un país donde los contratos se cumplen y se honran los compromisos internacionales. Lo mismo dijo en campaña electoral ante auditorios parecidos y externos. Acá, afirmó, todo sigue igual que siempre, no hay cambios, se respetan la privacidad y la propiedad y se garantizan los derechos básicos de la persona humana. Parecido dijo Mujica a ese mismo tipo de auditorio en Buenos Aires y Punta del Este: vengan tranquilos que no les vamos a dar por el lomo. También en campaña Orsi dijo a los ciudadanos que no habría cambios, que en materia de derechos y garantías seguiría igual y enfatizó especialmente, como todos recuerdan, que no habría aumentos ni nuevos impuestos. Lo uruguayos le creyeron y lo votaron. ¿Los empresarios extranjeros, los bancos, las multinacionales, los inversores, serán tan confiados y vendrán? ¿Esto es, votarán por Uruguay?

Veamos, mientras el presidente uruguayo por allá arriba repetía su discurso, aquí abajo las “zonas francas” decían lo suyo. La Cámara de Zonas Francas del Uruguay advirtió que en el proyecto de ley de presupuesto se incluyen artículos –implementación del Impuesto Mínimo Global IMG– que habilitan “juicios nacionales e internacionales por incumplimiento de contratos y tratados de protección de inversiones, generando responsabilidad patrimonial para el país y un grave menoscabo a su soberanía”. Potencialmente más cargas para los ciudadanos de a pie –“sin tratamiento especial”–, como le ha pasado a los argentinos y a nosotros mismos: Pluna es un ejemplo. La Cámara abundó en por qué no se debía dar ese paso, remarcó el aporte que hacen a la economía del país y fue muy explícita en que con el IMG (Impuesto Mínimo Complementario doméstico aquí), se desalientan “nuevas inversiones y (se) podría provocar el retiro de empresas ya instaladas con la consecuente pérdida de empleos y exportaciones”. Más claro echarle agua. Quizás a los burócratas, a todos ellos, no los inquiete: cobran siempre y no hay desempleo. La gremial agrega, asimismo, que el país queda en desventaja frente a la región, donde ningún otro país ha implementado el IMG, salvo Brasil.

Excepto Brasil, he aquí la cuestión. Orsi en la ONU remarcó un alineamiento claro con la política exterior de Brasil (sigan a Lula, recomendó Mujica), en particular respecto a Israel y Palestina y la guerra de Gaza. Paso a paso, pero sin pausa, vamos tras Itamaratí, mientras las bases, los comités, la bancada y la “mesa” extreman sus reclamos contra los judíos. Siempre cocinando la rana. Las zonas francas se defienden, los bancos se defienden y a los uruguayos de a pie ¿quién los defiende? A esos que les van a allanar las cuentas bancarias sin ninguna defensa y garantía (y no sería descabellado pensar, dada la ideología del gobierno y la praxis, que si los ciudadanos sacan sus ahorros del banco se pase al allanamiento de casas en búsqueda de dinero y títulos de propiedad, en donde sea, para el nuevo impuesto al patrimonio y el aumento del IRPF).

El uruguayo que se rompió el traste aquí, ahorró e invirtió aquí (en ladrillos la mayoría y sin planes de promoción) o el que se fue y volvió con plata para su retiro tranquilo en su patria, esos no tienen cámaras o asociaciones que los defiendan y menos el Pit Cnt, que es el que más los quiere esquilmar. Esos están jodidos.

A través de los siglos, la expresión “soplar y hacer botellas” se ha utilizado para referirse a una tarea que lejos de ser fácil (o de parecerlo) supone una dificultad que requiere de los máximos esfuerzos y dedicación, alcanzando de esa forma una gran atención por parte de quienes pretenden llevarla a cabo.
En Uruguay, los casi siete meses que han transcurrido desde la asunción del presidente de la República, Yamandú Orsi, dejaron en claro que una cosa son las promesas de la campaña electoral (donde todos los políticos de todos los partidos le dicen al pueblo lo que este quiere oír, más allá de que puedan cumplir o no con dichas promesas) y otra muy diferente lo que se hace (o se puede hacer) una vez que se llega al gobierno.

Diferentes figuras del actual gobierno nacional (encabezadas por el ministro de Economía, Gabriel Oddone) han dejado en claro que muchas de las promesas de la campaña electoral no podrán ser cumplidas y esto va más allá de la eterna muletilla con la cual la izquierda uruguaya disfraza sus fracasos gubernativos, la tan mentada “herencia maldita”. El problema es que, en algún momento, el FA debe entender que ya no es oposición, que lleva meses en el gobierno y que todo el tiempo transcurrido debe servir para poner sobre la mesa y ejecutar algunos de los múltiples proyectos que se prometieron en la campaña electoral. Si para muestra basta un botón, el incumplimiento del Frente Amplio ofrece todo un costurero.

Podemos empezar, a modo de ejemplo, por los recursos asignados a la Universidad de la República (UdelaR) y la UTEC. La página oficial de la UdelaR expresa que “respecto al desarrollo universitario en el Interior, el proyecto del PE no contempla reforzar la enseñanza en los Centros Universitarios Regionales (Cenur) ni la provisión de cargos técnicos, administrativos y de servicios (TAS) necesarios para su funcionamiento óptimo, así como tampoco el desarrollo en la Región Suroeste”. Hay que tener en cuenta que “la UdelaR solicitó al 2029 un incremento del 52% de su presupuesto total y la propuesta del PE al 2029 representa un incremento de aproximadamente un 1,8%”. Según la propia UdelaR, “en relación con las becas destinadas a estudiantes que presentan diversas vulnerabilidades, la propuesta del PE plantea cubrir solamente el 20% del monto solicitado, dejando sin este beneficio a miles de estudiantes cuyas solicitudes han sido evaluadas favorablemente”. Otros organismos de la educación, como la ANEP y los sindicatos que nuclean a sus trabajadores también han expresado de forma contundente con un proyecto de ley de Presupuesto que consideran totalmente insuficiente.

La lista de disconformes es larga, pero la falta de recursos es la regla general en todos los órdenes, desde los planes para primera infancia, infancia y adolescencia de la ministra Cristina Lustemberg (quien sigue esperando que los legisladores del propio Frente Amplio la apoyen). Todo parece indicar que la ministra Lustemberg se quedará “mirando la fiambrera” y su proyecto quedará en la nada o con algún maquillaje presupuestario “para llenar el ojo” en las elecciones del año 2029. La enemistad de Orsi con Milei tampoco es una buena señal, especialmente si pensamos en la importancia que el turismo argentino tiene nuestro país, pero también en este punto Orsi sigue al pie de la letra las enseñanzas de José Mujica y coloca lo político e ideológico por encima de los intereses del país y sobre todo de los intereses de los miles de trabajadores y trabajadoras de Maldonado y de todo el país que esperan ansiosos la temporada estival para hacer “una diferencia” que los ayude a “tirar” durante el resto del año.

El Pit Cnt, por su parte, ha dejado en claro su disconformidad con el proyecto de presupuesto enviado por el presidente Orsi y en los últimos días resolvió un paro nacional. La central sindical presentó un documento a Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes, en el cual se estableció críticamente que, en su mayoría, la ley de Presupuesto del gobierno tiende a presentar más elementos de “continuidad que de transformación”, mientras que las reformas tributarias impulsadas son “tímidas” y no responden a las demandas de la central sindical. Enrique Méndez, secretario del Pit Cnt y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) sostuvo lo siguiente: “Queremos un presupuesto que mire hacia una estrategia nacional de desarrollo, que grave al gran capital y contemple propuestas concretas que ya presentamos en el Parlamento, como lo son la priorización de la educación, la vivienda, la Universidad de la República y el desarrollo industrial en el interior profundo del país”. Un capítulo aparte es la planta de Ancap en Paysandú. Hace algunos días la presidenta del ente, Cecilia San Román, anunció en radio Carve que el directorio de Ancap presentará a fines de este mes una propuesta de “readecuación” del negocio del portland que en los últimos 25 años acumula pérdidas por más de U$S 800 millones.

Para la jerarca, “esencialmente Minas es la planta más eficiente, en algún momento Minas se sale de producción por el deterioro que tiene su infraestructura y allí empieza a producir Paysandú. (…) Ancap está haciendo un análisis muy profundo, pero lo razonable sería concentrar la producción en una planta”. Ante estos anuncios vinculados al futuro de la planta de Paysandú, la Federación Ancap expresó su sorpresa y rechazo. Si a todo esto le sumamos los problemas crecientes de inseguridad que el ministro del Interior Carlos Negro no parece poder atacar en forma eficiente y que más bien parece que no está dando “pie en bola”, la situación del país adquiere ribetes realmente preocupantes.

Además, mientras Oddone plantea una “ambiciosa” Ley de Presupuesto que sólo podrá cumplirse si la economía nacional crece a niveles que difícilmente se pueda cumplir en las mejores condiciones, lo que actualmente ocurre es exactamente lo contrario a lo que se necesita. Varias empresas de gran porte ya anunciaron que se retiran de Uruguay o cierran, entre ellas la que elaboraba el reconocido queso Alpa o la fábrica que hacía “La Gotita”, Yasaki, la planta de Conaprole en Rivera, Verizon, etcétera, mientras otras están “tecleando” o reduciendo personal a su mínima expresión, como es el caso de Paycueros en Paysandú, Claldy, las citrícolas salteñas y sanduceras, etcétera. Y si alguna por casualidad quiere establecerse, hacemos fuerza para echarla –con presiones de grupos “sociales”, que no son más que brazos de acción del propio Frente Amplio–, como es el caso de la planta de HIF Global, también en Paysandú.

a llegado la hora en la cual el presidente Orsi debe tomar las riendas del país y comenzar a gobernarlo. Gozó de un recreo de siete meses que está llegando a su fin, y lo que se percibe es la mayor disconformidad de todos los actores sociales y políticos desde 2002 a la fecha, apostando al milagro de un crecimiento que sólo un milagro puede hacerlo real. Al fin y al cabo, gobernar no es soplar y hacer botellas, sino que se trata de una tarea que requiere algo más que una sonrisa impostada, dichos camperos y discursos cantinflescos. Mirando al presidente Orsi, habría que darle la razón al Dr. Carlos Matus (ministro de Economía y presidente del Banco Central de chile durante el gobierno de Salvador Allende) quien en el año 1997 destacaba que “cada vez es más común escuchar en la voz de la calle, que los partidos políticos son capaces de ganar elecciones, pero incapaces de gobernar con eficacia”.

Será que la necedad parió conmigo / La necedad de lo que hoy resulta necio / La necedad de asumir al enemigo / La necedad de vivir sin tener precio. El necio de Silvio Rodríguez.
El necio refiere a aquellos que actúan como si di-s no existiera. No convalida que sean personas de poca inteligencia. Por el contrario, se les identifica con cierta rebeldía aunque a veces se parezca a irreflexión.
Comienza también unos bordes deshilachados en su acotada inclusión conceptual. No hay una evaluación cartesiana, sino más bien en términos de disyuntivas morales. Una vuelta más para acercarnos mejor al concepto: necios, dicen, son aquellos que rechazan la sabiduría espiritual, optando por otro camino que ignora las enseñanzas de la fe.

Y para apelar a la poesía, en la canción El Necio, Silvio Rodríguez lo dice así:
Yo no sé lo que es el destino / Caminando fui lo que fui / Allá Dios que será divino / Yo me muero como viví.
La palabra necedad deriva del latín nescius que significa “necio” y, del sufijo “dad”, que indica “cualidad”. Necedad a la cualidad o adjetivo que califica por su ignorancia y por actuar de manera desacertada.

Nos da sinónimos muy amplios, como disparate, estupidez, idiotez, tontería, sandez, imbecilidad, terquedad, entre otras. Incluso la necedad es una actitud impropia que adoptan algunos individuos, que son tercos e insisten en llevar a cabo un proyecto, sin medir las consecuencias ni considerar advertencias ni consejos.
Por tanto, la necedad puede desnudar poca sabiduría. Pero esta necedad precipita actitudes que podrán resultar principistas. La necedad como expresión de actos de rebeldía que, generalmente, terminan trágicamente pero lanzan a la humanidad un enorme mensaje, incluso dramático.

Volver de la necedad, o no…

Volvamos al desafío original de la necedad a la abstracción. Así, y aquí el inicio de este tramo: un concepto es más abstracto cuanto mayor es el número de fenómenos con los que se relaciona y cuanto más alejado está de referencias empíricas. En concreto, valga lo que subrayamos antes: los conceptos filosóficos son muy abstractos. Así la primera se desprende del hecho de que la libertad respecto de los datos, que son causa de las teorías, permite establecer grandes continuidades diacrónicas y sincrónicas (es decir, diacronía es un estudio histórico y evolutivo, atiende a los cambios que se suceden en la lengua a lo largo del tiempo, mientras que sincronía refiere a un estudio horizontal; que examina el estado de una lengua en un momento dado, más allá el factor temporal), allanando la comparación de épocas y contextos alejados en el tiempo, en el espacio o en cualesquiera otra características.
Junto a ello, la abstracción estimula la imaginación en la búsqueda de alternativas que serían incomprensibles si se atendiese a los requerimientos apremiantes de la realidad. Por lo que incumbe a los riesgos, pueden apelar a la gran exposición que tienen ante los contraejemplos las teorías y argumentos filosóficos. Dicho de otra manera, seguramente más contundente, de ellos siempre se puede decir que no hacen justicia a lo singular o, lo que es equivalente, que al minusvalorar múltiples datos empíricos con el propósito de constituir pretenciosas continuidades de sentido, caen inadvertidamente en cuestiones frívolas y vacías.
Un último aporte sobre esta cuestión: la palabra “necedad” proviene del hebreo “kesil”, que se traduce como “necio” o “insensato”. En el contexto bíblico, esta palabra se refiere a aquellos que actúan sin discernimiento, que desprecian la sabiduría y que se niegan a seguir las enseñanzas de Di-s.

Abstracción, y después…

Nada más abstracto, reitero, que los conceptos filosóficos. Y la primera razón, obedece a que responde a ideas universales que dan sentido y profundidad a la búsqueda de respuestas para mejor y más ampliamente comprender la realidad, desde todas las perspectivas que nos desafíen, porque cada una de ellas representan una base de interés y curiosidad. Así conceptos, fundamentalmente, como la verdad, la justicia y la libertad, son básicos para la reflexión, especialmente la filosófica, que nos da las herramientas para cuestionar nuestro tiempo, sus fundamentos para la convivencia y para el disenso. Es precisamente la abstracción un proceso mental que desafía, cuestiona, elabora y da sofisticación a todo lo que nos ayuda a formar conceptos abstractos para comprender y hallar lo central de nuestros problemas y formular alternativas que preserven lo esencial de ellos y así continuar adelante con los procesos vitales de las personas, de las organizaciones, y fundamentalmente, de las sociedades. En suma y brevemente, los conceptos filosóficos son esenciales para la comprensión de la naturaleza de la realidad y del pensamiento humano.

Política, no moral ni derecho

Zoon politikón, así definió Aristóteles al ser humano. Resumiendo, la política busca el bien común y la felicidad de los ciudadanos. El ser humano se distingue por su capacidad de razonar y participar en asuntos públicos, cosa que sucede así hasta nuestros días. Pero se ha producido una doble mutación histórica: 1- los límites de la llamada “naturaleza humana”, que parecían inmutables pero fueron avasallados por la invención de nuevos medios tecno-políticos de destrucción y reproducción de la vida; y 2- los límites de la comunidad política, cuyos límites también eran restringidos al gobierno coactivo de una pequeña élite.
La política no debe confundirse con la moral ni con el derecho, aunque tenga vínculos. Es cierto, los códigos morales se reflejan en las normas jurídicas. También en las instituciones y en la vida política. Pero las relaciones que existen entre la política y la moral o el derecho, cuando se busca identificar la singularidad que dota de autonomía el ámbito de la política, lo que es identificado y constituido es justamente lo político. Tal búsqueda es propia de la filosofía, que la emprende en un gesto que es a la vez descriptivo y prescriptivo, esto es, de identificación y de defensa de lo político frente a su colonización por otras esferas y lógicas.

Ya no hay locos…

Este “gran experimento” planetario nos reclama reflexionar sobre la condición humana, y en particular, de la definición aristotélica como “animal político”. No está de más reafirmar que la política se concibe como un medio de participación ciudadana, una forma de encarar los asuntos públicos y también la disputa pacífica por el poder. También la política es oportuna para expresar la diversidad de esa pluralidad, de los que activa una sociedad.
Paul Valéry prefirió decir que la política “es el arte de impedir que la gente se entrometa en lo que realmente le atañe”, incluso “haciéndole creer que decide algo”.

Pero la política es otra cosa distinta que la gestión del político. Sin temor a equivocarme, la más compleja, sofisticada y de asociación libre y voluntaria, que será conducida siempre con recursos limitados. Requiere estudio, motivación individual y asociativa, interpretar necesidades y proyectar alianzas y expectativas para proponer a la sociedad metas transformadoras.
Es el tiempo de la proyectar ideas y sueños, de abstracciones posibles y concretas.

El Fondo Monetario Internacional publicó la declaración resultante de la visita oficial que sus técnicos realizaron a nuestro país. El documento expresa que “la economía uruguaya sigue siendo resiliente en medio de la creciente incertidumbre mundial”, pero es interesante adentrarse en las consideraciones que se realizan, porque además de las devoluciones “positivas”, también hay algunos llamados de atención y recomendaciones que dejaron al equipo económico y a la vez sirven también como referencia de los parámetros en los que se mueve la economía del país.

La declaración final de la visita no es otra cosa que una descripción de conclusiones preliminares realizadas por el personal del organismo multilateral y forma parte de una rutina de consultas que se efectúan con los Estados miembros, en general de forma anual, que están previstas en el convenio constitutivo del mismo Fondo y para su publicación se requiere el aval de las autoridades del Estado en cuestión, en este caso nuestro país. La visita del equipo que encabezó Raphael Espinoza se produjo entre el 8 y el 19 de setiembre.

Comienza planteando el contexto y la coyuntura económica y allí destaca que “La economía uruguaya sigue siendo resiliente en medio de la creciente incertidumbre mundial. Tras una grave sequía en 2023, la producción agrícola creció significativamente en 2024, sustentando el crecimiento en torno al potencial y contribuyendo a reducir el déficit de cuenta corriente a -1 por ciento del PBI”. Valora además la incidencia del turismo argentino en la pasada temporada, a partir de la apreciación “significativa en términos reales de la moneda argentina”. También valora la disminución en la tasa de desempleo y el crecimiento en los salarios reales “en línea con la productividad”. Y aunque señala que el déficit fiscal del gobierno central con la seguridad social aumentó en 2024 a 3,2% del PBI, “lo que obligó a activar la cláusula de escape de la regla fiscal”, el país cuenta con reservas internacionales abundantes “y alcanzaron un nivel equivalente a 11 meses y medio de importaciones a fines de agosto de 2025”.

Menciona además que la inflación “se ha mantenido dentro del rango de tolerancia del Banco Central del Uruguay (BCU) durante más de dos años”, pese a que “el fortalecimiento global del dólar y la incertidumbre en torno al referéndum sobre la reforma jubilatoria contribuyeron a una depreciación del peso a fines del 2024”, lo que generó en ese momento un aumento de la inflación. “Esto motivó al BCU a subir tres veces la tasa de política monetaria” y en 2025, “tras el debilitamiento global del dólar, con la apreciación del peso y una caída de las expectativas, la inflación se redujo a 4,2% en agosto”, lo que sitúa por debajo de la meta del BCU, dando lugar a los recortes de tasas que se dispusieron en julio y agosto.
Afirmó la misión del FMI que la incertidumbre en torno a la política comercial mundial “ha tenido hasta ahora un impacto macroeconómico directo limitado”, lo que los técnicos atribuyeron “a las relaciones comerciales diversificadas de Uruguay y a su fuerte dependencia a las materias primas, cuyos precios se han mantenido estables”. Destaca asimismo que Uruguay “mantiene un acceso favorable a los mercados financieros, respaldado por calificaciones crediticias de grado de inversión y spreads soberanos en mínimos históricos, actualmente los más bajos de la región”.

Del nuevo gobierno asumido en marzo destacaron la agenda “que busca equilibrar el crecimiento inclusivo con la estabilidad macroeconómica. La agenda prioriza el crecimiento económico sostenible, impulsado por la inversión privada y la mejora de la competitividad, al tiempo que amplía la protección social y se compromete con la prudencia fiscal y la baja inflación”, a la vez que hace mención a los lineamientos que emitió para las negociaciones salariales “con el fin de impulsar los salarios de los trabajadores de ingresos bajos y contribuir a la desindexación”, un concepto que manejó durante el período de transición el actual ministro Oddone y que le valió críticas desde sectores más radicales del partido de gobierno, incluso de parte del actual secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
Un segundo apartado del informe, que refiere a las Perspectivas y Riesgos para la economía uruguaya, marca que se prevé que el crecimiento se modere en 2025. “Se espera un crecimiento de 2,5% en 2025 y 2,4% en 2026”, al impulso de la recuperación de los salarios reales tras la pandemia y una “menor incertidumbre interna”. De la misma manera espera la delegación del FMI que la inflación se consolide en torno a la meta de 4,5%, “lo que permitiría al BCU contemplar una relajación gradual de la política monetaria si el contexto interno y las expectativas inflacionarias lo permiten”. Sí se espera que el déficit de cuenta corriente “aumente levemente a 1,7% del PBI a mediano plazo, en línea con los fundamentos económicos”.

De los riesgos macroeconómicos sostiene que están equilibrados y que los escenarios negativos “se derivan del entorno internacional, que está sujeto a shocks de política comercial y de precios de materias primas, de la incertidumbre regional, y de shocks climáticos”, pero apunta que “las amplias reservas de liquidez, los largos plazos de vencimiento de la deuda, las condiciones favorables de endeudamiento y una creciente proporción de emisiones de deuda interna limitan los riesgos fiscales a corto plazo”.
El análisis completo, al que se puede acceder desde el código QR en esta página, abarca una serie de aspectos relevantes para la economía, como el sector financiero y las políticas estructurales que se llevan adelante en el país.

Al respecto advierten que “el acceso limitado al crédito en moneda local y el desarrollo modesto de los mercados de capital menoscaban la contribución del sector financiero al crecimiento”, a la vez que limitan la eficacia de la política monetaria. En ese sentido recomendaron “mejorar el acceso al crédito de empresas solventes —en especial en segmentos desatendidos como las P ymes—” aunque manteniendo normas de crédito prudentes.

Por otra parte recomendaron en los próximos años intensificar el programa de reformas “simplificando los procesos de creación de empresas, la concesión de licencias y la tributación, reforzando la política de competencia, mejorando la calidad educativa y reduciendo la deserción escolar”.https://www.imf.org/es/News/Articles/2025/09/19/cs-091925-uruguay-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission

Desde su creación, hace más de medio siglo, el Movimiento pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), fundado por don Alberto Gallinal, ha desarrollado una fecunda labor en pos de un objetivo fundamental: contribuir a que los residentes del interior profundo del país accedan a una vivienda digna. Esta labor ha marcado un antes y un después para el medio rural uruguayo, donde miles de familias han visto surgir complejos habitacionales que vienen a suplir una necesidad básica: el techo propio.

A lo largo de estos más de 50 años, Mevir ha brindado alrededor de 36.000 soluciones habitacionales. Comenzó con planes centrados exclusivamente en la construcción de viviendas, pero con el tiempo amplió su alcance, incorporando intervenciones diversas destinadas no solo a facilitar la permanencia de los habitantes en sus localidades, sino también a fomentar emprendimientos productivos familiares.

Estamos, sin duda, ante una obra de gran impacto social, que ha contado con un amplio respaldo a lo largo de los años, consolidándose como una política de Estado, más allá de los distintos partidos que han ocupado el gobierno. Los recursos que han hecho posible esta tarea provienen, en buena medida, de los aportes de los contribuyentes, especialmente del sector agropecuario, y las viviendas son construidas mediante el sistema de ayuda mutua, en el que participan activamente los propios beneficiarios.

Estas familias no solo acceden a una vivienda, sino que se integran a una comunidad con vida social e institucional, lo cual cobra un valor especial en zonas de escasa densidad poblacional. Es decir, Mevir no solo construye casas, sino que fomenta la radicación, el sentido de pertenencia y la permanencia de las familias en el medio rural.

En todo el país, los complejos habitacionales han reemplazado centenares de ranchos de barro y paja, y casas precarias, que eran reflejo de una realidad socioeconómica que nos interpelaba como sociedad.
Sin embargo, no todo es color de rosa. La naturaleza zafral u ocasional del trabajo rural obliga, en muchos casos, a que las familias deban trasladarse hacia donde se encuentren nuevas oportunidades laborales, a veces a decenas de kilómetros. Esta movilidad forzada genera un problema social de magnitud: el “techo propio” deja de serlo en la práctica, y muchas veces se produce el abandono de la vivienda, que permanece cerrada durante largos períodos.

Según declaraciones recientes del presidente de Mevir, Dr. Andrés Lima, recogidas por EL TELEGRAFO durante la escrituración de viviendas en pueblo Gallinal, aproximadamente un 4 % de las viviendas construidas por Mevir se encuentran actualmente desocupadas y en proceso de readjudicación.
En esa oportunidad, Lima expresó su expectativa de que el próximo presupuesto quinquenal —a definirse en octubre— permita incorporar nuevos recursos para continuar construyendo viviendas en el interior rural. Asimismo, anunció su intención de adjudicar unas 1.800 viviendas hoy deshabitadas, cifra que representa algo más del 4 % del total construido por el organismo.

“Actos como la escrituración de 90 viviendas en pueblo Gallinal nos llenan de alegría —afirmó Lima—, sobre todo porque corresponden a dos planes antiguos, de 1995 y 1996. Este es el cierre de un proceso que comenzó con la solicitud de los vecinos, la decisión de Mevir de construir, el levantamiento de las viviendas, el esfuerzo de cada familia que aportó 96 horas mensuales de trabajo, el pago de cuotas durante 20 años y, finalmente, la entrega del título de propiedad.”

El jerarca reafirmó que Mevir representa una verdadera política de Estado, sostenida a lo largo del tiempo por gobiernos de diferentes signos políticos. En este sentido, manifestó su esperanza de que el próximo presupuesto contemple un aumento de recursos: “Nos han adelantado que nos otorgarán un aumento, y creemos que eso es fundamental. Ojalá cada gobierno que venga mantenga esa línea. Cuanto más presupuesto tengamos, más viviendas podremos construir”.

Respecto al problema de las viviendas vacías, Lima subrayó: “Tenemos un porcentaje que oscila entre el 4 y el 5 % de unidades desocupadas. Por eso, uno de nuestros objetivos en esta gestión es la readjudicación de esas viviendas. No puede ser que haya una demanda tan grande y, al mismo tiempo, cerca de 1.800 viviendas vacías. Deben ser otorgadas a otras familias. Es una prioridad, al igual que la entrega de títulos de propiedad y la firma de convenios”.

Y justamente de eso se trata: los recursos son escasos, y mientras en diversas localidades del departamento y del país se siguen reclamando nuevos complejos, existen cerca de dos mil viviendas desocupadas. Son unidades que demandaron el esfuerzo y el aporte de toda la comunidad, y que constituyen un subsidio importante para garantizar el acceso a una vivienda.

Con el paso de los años, muchas familias han dejado de residir en esos complejos. Por eso, además del proceso de readjudicación ya en marcha, es imprescindible racionalizar los nuevos pedidos de construcción. Es necesario analizar con criterio y sentido común cada intervención, para no dilapidar recursos y, al mismo tiempo, recuperar estos activos que significan las viviendas vacías, en beneficio —también— de los contribuyentes que las hicieron posibles.

La constante sucesión de siniestros viales urbanos que mes a mes se publican en nuestras páginas nos dice algo más que la mera existencia de personas que no respetan las normas de tránsito. También revela un modelo de ciudad que históricamente ha privilegiado a los vehículos motorizados, y que, quizás, sea hora de repensar.

¿Paysandú es una ciudad pensada para las personas o para los vehículos? ¿Cómo nos movemos los sanduceros y qué obstáculos enfrentamos al circular por la ciudad? ¿Quién tiene prioridad en el espacio público? Responder estas preguntas —y otras que surgen en torno a este tema— nos enfrenta directamente con la necesidad de pensar en políticas de movilidad urbana, inclusión social e incluso calidad de vida y cohesión comunitaria.

Históricamente, el diseño urbano de Paysandú ha favorecido a los vehículos motorizados como principal medio de transporte. Se han realizado obras de infraestructura en las principales avenidas, incluso en zonas periféricas como el Bulevar Artigas hacia el norte. Sin embargo, la infraestructura destinada a peatones y ciclistas sigue siendo escasa.

A esto se suman fenómenos paralelos como el crecimiento del parque automotor y de motocicletas en la última década, la disminución del uso del transporte público, y los desafíos cotidianos para quienes se desplazan a pie o en bicicleta.

Este modelo urbano tiene consecuencias tangibles: no solo en la frecuencia de siniestros dentro de la zona urbana, sino también en términos de inclusión. Quienes no poseen vehículo propio suelen tener mayores dificultades para realizar trayectos largos o circular por zonas menos seguras. La contratación de taxis o remises es costosa, y el transporte urbano presenta frecuencias limitadas en algunos barrios.
Las veredas también presentan problemas de accesibilidad, especialmente para personas mayores o con discapacidad. En muchas zonas faltan rampas, que se concentran principalmente en el centro o en áreas de alta circulación como los centros educativos. Las ciclovías prácticamente no existen —salvo en zonas recreativas como la ciclovía de la Ruta 90, la costa del río Uruguay o algunos tramos de avenidas—. Además, los cruces peatonales no siempre están bien señalizados ni son respetados por los conductores.
Los siniestros urbanos más frecuentes que reportamos suelen involucrar colisiones entre motocicletas y vehículos livianos, con los motociclistas como principales lesionados. Los peatones accidentados, por lo general, se encuentran en zonas de alto flujo vehicular. Es común que los choques ocurran en esquinas con calles preferenciales o en rotondas, motivados por maniobras imprudentes o la falta de respeto a las prioridades de paso. En algunas zonas, los baches o la presencia de animales sueltos también generan accidentes, algunos de ellos graves.

Hay puntos críticos en la ciudad que requieren soluciones urgentes, como la instalación de semáforos en zonas de alto tránsito, por ejemplo, en la esquina de la Seccional Tercera en Avenida Italia. En barrios periféricos, también es necesario mejorar la señalización, la iluminación y el estado general de las calles.
Estas situaciones evidencian que no se trata solo de obras e infraestructura, sino también de mejoras en la planificación urbana y en lo que podríamos denominar una política del cuidado.

La siniestralidad no se resuelve únicamente con controles y sanciones. Es necesario generar conciencia sobre nuestras acciones en el tránsito y respetar las normas que todos conocemos. Pero también se puede prevenir desde el diseño urbano: en el trazado y características de las calles, la construcción de veredas, la organización de los cruces, las conexiones entre barrios, la iluminación y la accesibilidad.
Es indudable que la Intendencia cumple un rol central, ya que muchas de estas competencias son de su potestad. Sin embargo, no puede ni debería hacerlo sola. Desde la academia, las experiencias y buenas prácticas —nacionales e internacionales—, y la escucha activa a la sociedad civil, pueden contribuir a mejorar la movilidad urbana en los años venideros.

No se trata solo de tránsito, semáforos, obras viales o señalización, sino del modelo de ciudad que estamos construyendo. La accesibilidad, por ejemplo, sigue siendo una deuda pendiente: escasa señalética inclusiva, ausencia de semáforos sonoros, falta de rampas o ciclovías seguras y conectadas. Quienes se desplazan en bicicleta suelen compartir la calzada con vehículos de todo tipo, sin protección ni señalización adecuada, y con pocos espacios para estacionar sus bicicletas.

Cada accidente debería interpelarnos como una falla del sistema y una señal de alerta. Mirar la ciudad con ojos de peatón, ciclista, motociclista, niño o adulto mayor puede ayudarnos a construir un plan que combine experiencia, compromiso institucional y sensibilidad territorial. Las mejores soluciones en ciudades que han logrado avances significativos en planificación urbana se basan en pensar desde el territorio. Además, los modelos sedentarios de movilidad impactan negativamente en la salud de la población, mientras que los modelos activos —como caminar o andar en bicicleta— pueden integrarse a políticas de salud pública por sus beneficios en la salud mental y cardiovascular, entre otros.

La movilidad urbana también tiene una dimensión de equidad. Las zonas más alejadas suelen tener menos acceso al transporte. Es fundamental considerar a quienes se mueven en moto, a pie, en bicicleta o en ómnibus al momento de planificar la ciudad que queremos. Si bien en los últimos años se han ejecutado obras de pavimentación, instalación de semáforos, mejoras en señalización y controles de velocidad, sigue faltando una planificación más integral que articule todos estos elementos. Nuestra condición de ciudad de tamaño mediano nos ofrece una ventaja: una escala urbana manejable. A esto se suma la tradición sanducera de participación social, un factor clave a la hora de pensar un cambio de paradigma.

Definir una estrategia y una planificación integral, adaptada a nuestra realidad, es el camino hacia la construcción de una ciudad que cuide e incluya más y mejor.

La confirmación de que la dirección de la adaptación fílmica de la novela No robarás las botas de los muertos estará a cargo de Sebastián Bednarik es una buena noticia en sí misma. No solo por el prestigio del realizador, por supuesto, sino también por la constatación “en la cancha” de que el proyecto avanza.

La novela histórica No robarás las botas de los muertos, de Mario Delgado Aparaín, significó para generaciones recientes un reencuentro con la historia de nuestra ciudad. Pero además, implicó la recuperación para nuevos públicos de un relato sobre un evento bélico que, por sus características, ha sido narrado alrededor del mundo: “la Troya americana”, como la cantaba Gabino Ezeiza.

Esta película, basada en un libro de la popularidad del de Delgado, está llamada a convertirse en un hito importante para Paysandú: acercará a nuevos públicos, incluso más jóvenes, la historia que le valió a la ciudad el mote de “Heroica”, nada menos.
El estreno de este largometraje será, en sí mismo, un evento relevante. Pero también representará una oportunidad para que Paysandú se presente al mundo: como la ciudad que soportó aquel asedio de más de un mes en condiciones desventajosas, con los gestos heroicos que envolvieron ese episodio; pero también como la ciudad que supo reconstruirse con pujanza, levantándose de los escombros y forjando un destino de grandeza y resiliencia.

Después, claro, dependerá de la difusión y la repercusión que logre la película el que pueda convertirse en un imán para quienes, en el mundo, gustan de conocer lugares con esta carga histórica. Hay mucho que se puede hacer al respecto para acompañar e impulsar el recorrido de la película. Y será interesante ver cómo puede funcionar como catalizador de los esfuerzos que, en los últimos años, se han venido realizando para sembrar un semillero en el sector audiovisual.

Es justo reconocer que este proyecto estuvo entre las inquietudes del actual intendente, Nicolás Olivera, incluso desde antes de asumir su primer período de gobierno. Son procesos largos, lo estamos comprobando.

Por lo pronto, hay muy buenas señales en el país en lo que refiere al turismo vinculado a la cultura. Sin ir más lejos, hay un esfuerzo que se viene desarrollando junto a Unesco desde hace más de 30 años, que comenzó con la declaración del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento como Patrimonio Mundial en 1995, corolario de un trabajo de varios años.

Desde entonces, Uruguay ha obtenido otras ocho designaciones de Unesco en su territorio: tres sitios de Patrimonio Mundial —el ya mencionado Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, el Paisaje Industrial Fray Bentos y la Iglesia de Atlántida, obra de Eladio Dieste—; dos elementos de Patrimonio Cultural Inmaterial —el tango y el candombe—; dos Reservas de Biósfera —Bañados del Este y el Bioma Pampa-Quebradas del Norte—; un Geoparque Mundial —Grutas del Palacio—; y una Ciudad Creativa —Montevideo, en el campo de la Literatura—.
La semana pasada, en la ciudad de Trinidad, se llevó a cabo una instancia de intercambio: el Encuentro de Comunicación y Visibilidad de Rutas Unesco Uruguay, que tuvo por objetivo establecer una red de trabajo interinstitucional para avanzar en el fortalecimiento de las identidades locales.
Y aunque Paysandú, en este momento —tal vez cambie en el futuro—, no forme parte de estas rutas, resulta interesante seguir de cerca cómo se trabaja en estos procesos que buscan generar identidad y detectar oportunidades de desarrollo en torno a la cultura y el patrimonio, ya sea material o inmaterial.

Son procesos que, además, requieren de una amplia participación y hasta de un desprendimiento de las camisetas políticas, porque su propia complejidad implica que deban ser abordados por más de una administración. Por eso, es deseable que mantengan cierta independencia respecto de los gobiernos departamentales y locales.

Toni Puig, el célebre urbanista catalán, experto en el desarrollo de la Marca Ciudad y responsable de transformar Barcelona en una de las ciudades mejor posicionadas del mundo en su momento, estuvo en Paysandú hace ya ocho años. En aquel entonces, planteó la idea de que “una ciudad cambia en 20 años, en 15. El equipo que transformó Barcelona empezó en el 80 y tardamos 25 años. Fueron 25 años de trabajo, del 80 al 2000, de trabajo continuo, sabiendo muy bien dónde queríamos que estuviera la ciudad”, decía en una nota que publicamos en Quinto Día por aquel entonces.
Sería interesante retomar las ideas que dejó Puig en aquella visita, así como la experiencia de las designaciones que Unesco ha realizado en nuestro país, para conformar un ámbito de trabajo dedicado a difundir a Paysandú, a darla a conocer, algo similar a lo que representa Uruguay XXI a nivel nacional.
Claro que también es necesario ejercer un mayor celo a la hora de preservar los valores que pueden constituir un diferencial. No podemos permitir que ocurra lo que está sucediendo con los Talleres de AFE —donde se encuentra el equipamiento original de la empresa Midland, de 1890—, que han quedado prácticamente inactivos tras el cese de la actividad ferroviaria en la zona. Casi se le ha echado candado al último vestigio en el país de un taller como los que montaban las empresas ferroviarias inglesas en distintas partes del mundo.
Un espacio que bien podría tener, a menor escala, una relevancia similar a la del Museo de la Revolución Industrial del Anglo, en Fray Bentos.

Uno de los puntos destacados del “plan” que anunciara recientemente el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, implica promover la “desdolarización” de nuestro país, a efectos de despegar la dependencia de nuestra economía de la divisa, pero a la vez hacer frente a una cultura ciudadana arraigada desde hace ya muchos años.
El jerarca tuvo a su cargo una disertación en el evento organizado por “Somos Uruguay”, denominado “redefiniendo el equilibrio, dólar y políticas en el nuevo paradigma”, lo que incluyó una serie de elementos que volcó en defensa de la iniciativa de desdolarización, entre otros objetivos de mediano y largo plazo.
Tolosa sostuvo que a partir de del 1º de enero de 2026, es decir apenas de aquí a tres meses, comenzarán a regir algunas de las políticas para fomentar la desdolarización del Uruguay, y entre otros aspectos mencionó aplicar mayores cargos de capital a bancos para préstamos en dólares a empresas no transables (aquellas que no comercian con el exterior): “así vamos a reducir el interés de los bancos por recoger depósitos en dólares e incentivarlos a que tomen más depósitos en pesos”, dijo.

En declaraciones a El País, el presidente del Banco Central sostuvo además que el proyecto de Ley de Presupuesto establece cambios que permitirán que los uruguayos tengan acceso a cuentas rentadas en moneda nacional, para que tengan una rentabilidad similar en pesos a las de las Letras de Regulación Monetaria del BCU.

Paralelamente, el plan incluye la eliminación de incentivos fiscales para inversiones en el exterior, sobre lo que indicó que “hoy no están siendo gravados, eso también va a generar incentivos a la repatriación y por lo tanto más inducción a las inversiones en moneda nacional”. Entre las medidas en estudio se encuentran un cambio en los encajes bancarios, (porcentaje de los depósitos que los bancos tienen inmovilizados en el Banco Central), que conduzcan al uso de moneda nacional, la denominación de los precios expresados en pesos y el consentimiento expreso en apertura de cuentas en dólares a la posibilidad de pérdidas cuantiosas del poder de compra.

El titular del BCU sostuvo además que existe poca oferta de créditos en pesos porque los uruguayos no ahorran en pesos y consideró que la institución que preside evalúa la posibilidad de aplicar una moneda digital.
Asimismo, en otra parte de sus conceptos analiza que en Uruguay casi el 70 por ciento de los depósitos bancarios son en dólares, lo que lo convierte en el segundo país del mundo con mayor proporción de moneda estadounidense. “El tipo de cambio introduce ruido y volatilidad en mi capacidad de consumo local”, señaló Tolosa y agregó que por ese motivo, durante 30 años los uruguayos perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo: “así de dramático es lo que estamos dejando arriba de la mesa los uruguayos por no confiar en nuestra propia moneda”, destacó Tolosa.
Como contrapartida, debe tenerse presente que los préstamos en pesos en el circuito bancario son caros, con intereses que multiplican la inflación, y que por ende hay elementos distorsivos en el sistema financiero que es necesario evaluar en su globalidad.

Por lo pronto hay una serie de aspectos a tener en cuenta a los que no aludió en esta entrevista el jerarca de la entidad reguladora en materia financiera, y tiene que ver por un lado con un arraigo cultural que no es gratuito ni porque sí, tanto en Uruguay como en otras partes del mundo, y tiene que ver con el uso del dólar, como también del oro, como una moneda de refugio ante el riesgo de quedarse en moneda nacional, y por ende, de un eventual sacrificio de ganancias de intereses inmediatos para pensar en el largo plazo, como justificación de esa elección.
Como contrapartida, es indudable que en los últimos años nuestro país ha gozado de una inflación contenida, que se ha situado en el entorno de un cinco por ciento, y que hace dos años y tres meses que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se mantiene dentro del rango meta establecido por el propio BCU de entre el 3 y el 6 por ciento, con un 4,2 por ciento en los últimos doce meses.

El tema radica en que estos valores de inflación bajos no son gratis, es decir que no están sólidamente sustentados en una economía saludable y con equilibrio fiscal, por ejemplo, sino que se ha venido utilizando el dólar subvaluado como variable de ajuste, como un ancla para mantener los precios en determinado nivel, con un tipo de cambio atrasado que nos ha convertido y reafirmado que somos un país caro a la hora de las transacciones internacionales, con una pérdida de competitividad y valor agregado encarecido, lo que conspira contra el empleo y la dotación de valor agregado dentro de fronteras, por lo que el Uruguay sigue muy primarizado en su comercio exterior, para poder competir.

Y todo ello tiene que ver con el valor del dólar, porque por fuerza de los hechos y por costumbre el ciudadano medio, los empresarios, los inversores, el consumidor, cuando maneja moneda nacional, lo hace con la conversión mental a dólares como moneda constante y comparativa de valores reales. Es impensable que el uruguayo medio “desdolarice” su mente, se aisle del contexto de relación de valores, para supuestamente sumergirse en la realidad regional de las monedas locales, como si el dólar no marcara la real relación con el mundo que nos rodea, sobre todo en un país de economía tan dependiente y vulnerable como el nuestro.

Es cierto, se podrán sí reformular ensayos para gravar los depósitos y créditos en dólares como una forma de sostener la operativa en moneda local, pero ante la experiencia y la realidad evidentemente que seguiremos siendo dependientes y pendientes del dólar, para bien o para mal. Es que mal que nos pese seguimos teniendo dando vueltas y sosteniendo como sea a los “platitos chinos” de que hablaba el ex ministro y antecesor de Tolosa en el Banco Central, el Ec. Mario Bergara, también del Frente Amplio, que aludía así a la interrelación de tipo de cambio, inflación, competitividad, salarios, como factores de equilibrio en la economía, y que si se manipulaba uno, se irían cayendo todos los demás platitos.

Y por más que se diga que en un período de un año, por ejemplo, ha sido un mal negocio ahorrar en dólares respecto a hacerlo en moneda nacional, porque el dólar se ha depreciado, por mejor intención que se tenga de parte del actual titular del Central, el hacer desaparecer, hasta donde se pueda, la omnipresencia del dólar en la vida, la ecuación mental y evaluación de los uruguayos en sus decisiones, suena más a un deseo que se pretende hacer realidad que a una posibilidad real de lograrlo. Casi como meter la cabeza en un agujero en el suelo, pretendiendo que a nuestro alrededor, no pasa nada si no lo estamos viendo.

En Uruguay —un país con pocos habitantes y un perfil poblacional relativamente homogéneo—, cuando un usuario del sistema de salud llega a la puerta de una emergencia es porque, en general, fallaron los mecanismos de prevención.
Se han incrementado enfermedades prevenibles, como la tuberculosis o la sífilis, y en materia de salud mental hay cifras que se repiten bajo un mismo trasfondo.
De acuerdo con las estadísticas publicadas en la página del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el 15% de la población recibe asistencia de profesionales de la salud mental. La depresión afecta al 4% de los hombres, al 6% de las mujeres, y los trastornos de ansiedad son la segunda causa más frecuente de consulta. Sin embargo, menos del 20% recibe atención oportuna.
Las estimaciones indican que unas 7.000 personas al año atraviesan intentos de autoeliminación (IAE), sin contar que se registran 21,4 suicidios cada 100.000 habitantes.

En medio de estos datos estadísticos, se evidencia que los servicios están concentrados en Montevideo. Por lo tanto, falta equidad en la atención: la red de servicios está fragmentada y los costos son altos para la contratación de profesionales en el ámbito privado.
Los hechos ocurridos en los últimos meses han generado alarma pública, debates y acciones de todo tipo. Sin embargo, corresponden solo a la punta del iceberg de una problemática mucho más profunda, arraigada en la sociedad en su conjunto.
El deterioro de la salud mental es una crisis generalizada que se manifiesta en diversas conductas y en la persistencia de estereotipos. En lugar de verlo como un problema “ajeno” a cada individuo, debería comprenderse como una problemática global que no ha recibido el tratamiento adecuado.
Mientras una parte de la clase política se enfoca en la intensidad de la exposición mediática y discute asuntos que no son de interés público, hay otra que ni siquiera aborda la gravedad de estas cuestiones.
El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, superado únicamente por los accidentes de tránsito. En 2023, la Universidad de la República reveló que la población en situación de pobreza tiene un 50% más de riesgo de desarrollar trastornos mentales severos, debido a la falta de acceso a servicios especializados.

La desigualdad se hace evidente en las zonas rurales y en los sectores de bajos recursos. A esto se suma el incremento de casos de judicialización de tratamientos, lo que genera tensiones entre el sistema de salud y los pacientes.
Tanto usuarios como funcionarios de la salud denuncian el deterioro de la infraestructura de los centros de atención. Incluso cuando se decide el cierre temporal de una policlínica por problemas estructurales, pueden pasar años hasta que se logre presupuestar la obra, comenzar las refacciones y, finalmente, reabrirla al público.

La atención de los vecinos de un barrio ante el cierre de su policlínica se traslada a otras zonas cercanas, pero es importante señalar a cualquier autoridad de turno que así resulta imposible alcanzar uno de los objetivos más relevantes del sistema de salud: la prevención. Por esta razón, reaparecen guarismos preocupantes en enfermedades que podrían haberse evitado.
Y esto no es culpa de un gobierno u otro. Es la repetición constante de errores. Es la falta de mantenimiento, que no ocurre únicamente en el ámbito de la salud, sino también en el resto de la infraestructura estatal, porque es un rubro que “casi” nunca se incluye en el presupuesto.
La salud mental requiere respuestas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que sus servicios tengan la difusión necesaria. Porque no todos saben que desde hace años funciona la línea gratuita 0800-0767, con atención en todo el país. También existen organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo con voluntarios.

Son múltiples las determinantes sociales que agravan este panorama: la violencia intrafamiliar, la soledad no deseada o el desempleo. La atención sigue concentrada en el sur del país, en Montevideo y su área metropolitana. La ruralidad, en general, enfrenta carencias de acceso, y la falta de integración entre la atención primaria y la salud mental agrava el problema, ya que los equipos no siempre están capacitados para la detección y derivación oportuna.

Montevideo cuenta con 18 psicólogos por cada 10.000 habitantes, mientras que en departamentos como Rivera o Artigas hay menos de 5. Además, el 70% de sus centros de salud no cuenta con psiquiatras. Sin un abordaje integral de estas falencias en el territorio, los sistemas de salud —de cualquier administración— no llegarán a tiempo.
Las campañas masivas de sensibilización serán efectivas solo si se mantienen en el tiempo. La sostenibilidad de los mensajes es fundamental para que lleguen a quienes realmente los necesitan. Se han realizado campañas, pero solo duraron algunos meses y luego salieron del foco. Porque cada vez que cambia el gobierno, también cambia el enfoque frente a un problema que mantiene variables similares, sin importar quién gobierne.
Tampoco serán efectivas si se implementan con profesionales de la salud que denuncian condiciones laborales precarias o falta de insumos para trabajar. Ese reclamo se repite en todo el país.

Lo mismo ocurre con las listas de espera para procedimientos quirúrgicos o consultas con especialistas, que generan consecuencias directas en pacientes con enfermedades crónicas o progresivas. Esto deriva en mayores costos y en una mayor gravedad de los casos atendidos.
La Federación Médica del Interior asegura que en Montevideo hay 74 médicos cada 10.000 habitantes, mientras que en el Interior solo hay 24 por cada 10.000. Este no es un dato menor, ya que el 70% de los usuarios de ASSE residen en el Interior.
Si esta realidad no se refleja en el Presupuesto Quinquenal, mediante un cambio de paradigma en la atención, todo seguirá igual.

Hace algunas semanas se cumplieron los doscientos años de la declaratoria de la independencia de la Banda Oriental, cuando la Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Río de la Plata reunida en la villa de la Florida declaró la independencia del rey de Portugal, el emperador del Brasil y de cualquier otro del universo y, a continuación, dispuso la unión a las Provincias Unidas, por ser la “libre y espontánea” expresión de los pueblos que la componen, “manifestada con testimonios irrefragables, y esfuerzos heroicos desde el primer período de la regeneración política de dichas provincias”. Durante mucho tiempo (especialmente en el siglo pasado), políticos e historiadores han discutido sobre cuál debería ser la verdadera fecha en la cual Uruguay inició su vida como país independiente.
Para algunos, la fecha indicada debe ser el 25 de agosto de 1825 ya que ese día se proclamó la independencia en la forma antes mencionada, aunque al mismo tiempo se unió a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es importante tener en cuenta que la participación de Buenos Aires en este proyecto político resulta contrario a la idea federal impulsada por José Gervasio Artigas, cuyos enfrentamientos con los “porteños” habían desembocado en constantes e infundados ataques contra el caudillo oriental, impulsor de un federalismo entre iguales, o sea sin la presencia centralista y dominante de Buenos Aires. Artigas no soñó con una Banda Oriental que fuera independiente pero tampoco con una anexada a las Provincias Unidas del Río de la Plata, un proyecto muy lejano a la Liga Federal que había impulsado insistentemente años atrás, aunque sin éxito. Como lo han señalado algunos historiadores, resulta curioso que nuestro país festeje como día de su independencia la fecha en la cual resolvió unirse a las provincias que eran el embrión de lo que luego pasaría a ser Argentina y en la cual Buenos Aires tenía un papel central. Como ha señalado el historiador Carlos Demasi en relación con la declaratoria de independencia del 25 de Agosto de 1825, “es un proceso largo y va avanzando con vaivenes. La primera vez que se menciona que este territorio sea independiente es en las instrucciones del año 1813. (…) Desde 1813 hasta 1830 se da un proceso que termina con el Estado independiente del Uruguay. Y el 25 de Agosto es allí una fecha clave, porque por primera vez una sala de representantes, que representa la opinión de la provincia, declara la independencia de todo poder extranjero. Es una declaratoria de independencia emanada de una autoridad generada dentro del territorio. El proceso es complicado porque inmediatamente después se aprueba otra ley que dice ‘en uso de la libertad que hemos adquirido, nos reincorporamos a las Provincias Unidas del Río de la Plata’. De las cuales siempre fuimos parte, ni siquiera cuando firmamos esta ley habíamos dejarlo de serlo. Ese es uno de los múltiples debates: si uno recibe la sentencia de divorcio, y a continuación dice que a partir de este momento estoy casado con fulana, la situación de divorciado desaparece. Es estar casado en segunda nupcias”. Para otros, lo más adecuado es tener en cuenta el 4 de octubre de 1828, fecha en la cual se produjo el intercambio de ratificaciones de la Convención Preliminar de Paz entre el Emperador del Brasil y el gobierno de la República de las Provincias Unidas, firmada en Rio de Janeiro el 27 de agosto de ese mismo año, con la mediación británica. Según Frega, “aunque el texto de la Convención disponía la creación de un estado libre e independiente –‘la provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina’–, no mencionaba la voluntad del pueblo oriental en ese sentido, ni disponía la participación de esa nueva unidad política en la negociación del tratado definitivo de paz, entre otros aspectos limitantes de la soberanía”. En pocas palabras: supuestamente fuimos creados sin que nadie nos pidiera nuestra opinión ni nos hiciera partícipe del documento de nuestra creación ni de su ratificación. A pesar de ello, existen pruebas recopiladas por Pablo Blanco Acevedo que “la autoridad oriental, representada por Gobernador y General en Jefe del Ejército, don Juan Antonio Lavalleja fue consultada y prestó éste su aprobación a las negociaciones que determinarían el reconocimiento de la Independencia Nacional”. El previo apoyo de Lavalleja a la Unión de la Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1825 y su consentimiento a la creación de la Banda Oriental como país independiente en 1828, dejan en claro que sus intenciones e intereses no coincidían con el proyecto político, económico y social artiguista que fue impulsado entre los años 1811 y 1820.
Finalmente, hay quienes defienden el 18 de julio de 1830 como la fecha adecuada ya que corresponde a la Jura de la Constitución Nacional y al nacimiento del “Estado Oriental del Uruguay” como organización política soberana. Según los historiadores, se manejaron otros nombres para nuestro país, como por ejemplo Estado Nord Argentino, Estado de Solís, Estado de Montevideo o Estado Oriental del Caudaloso Río de La Plata.
Más allá de la fecha que nuestros lectores escojan como la más representativa para nuestra independencia, llama la atención que los 200 años de una fecha que más allá o más acá de opiniones tiene una importancia indiscutible, hayan sido tan ignorados por las autoridades públicas y por la sociedad civil en general. Es sabido que desde hace muchos años en Uruguay el 25 de agosto no es el “Día de la Declaratoria de la Independencia” sino el “Día del Comité de Base del Frente Amplio” y tal vez esa intención de suplantar una fecha nacional por una fecha político partidaria haya logrado su objetivo: salvo muy honrosas excepciones, las figuras del partido de gobierno han dejado esta fecha en el olvido en forma voluntaria y premeditada. Desde su llegada al poder en el año 2005 el Frente Amplio ha desarrollado una política sistemática para dejar de lado el uso e importancia de los símbolos patrios, así como la celebración de fechas patrias de relevancia. Prueba de ese espíritu de la izquierda es la propuesta reciente de las Asambleas Técnico Docentes (ATD) de eliminar la obligatoriedad de los actos patrios y de quitar la marcha “Mi bandera”, entre otros planteos.
Tal como ha señalado Carlos Demasi, “en la vida de las sociedades, la historia y la memoria son mecanismos estructurantes del pasado, así como la esperanza y la utopía le dan forma al futuro: el objeto último de todas ellas es dotar de sentido al presente. La forma como se organizan los episodios del pasado señala un ‘camino’ por donde se proyecta una visión del futuro, y así el ‘instante fugaz’ del presente puede ser comprendido como una forma de transitar desde lo que ya fue a lo que esperamos que sea”.
No existe, entonces, un manejo inocente del pasado ni de los hechos históricos que lo integran. Se trata de campos de batalla para quienes quieren cambiar la historia con delirios fundacionales. Manejar el pasado (cambiando el relato o dejando de lado la celebración de fechas importantes) es una forma de control social tal como lo expresaba George Orwell en su novela distópica “1984”: “Quien controla el presente, controla el pasado. Quien controla el pasado, controla el futuro”.

Quedan diez años para la fecha en la que el viejo continente tiene previsto prohibir la venta de vehículos con → Leer más

Suele ocurrir que determinados episodios que generan conmoción pública, además del drama que conlleva el hecho en sí, contribuyen a crear cierta confusión por los temas que involucran, con el agravante de que nunca faltan los oportunistas que distorsionan a su antojo sus connotaciones, con tal de arrimar agua hacia su molino.
Un ejemplo claro es el terrible hecho que tuvo como escenario el arroyo Don Esteban, cuando un padre mentalmente enajenado secuestró a sus dos pequeños hijos y arrojó su auto al fondo del arroyo Don Esteban, con el saldo de la muerte de los pequeños y su propio progenitor, quien tenía restricciones para acercarse a su expareja, de la que estaba separado y pretendía tener contacto con sus hijos.
Claramente, con un mínimo de sentido común, se puede inferir que estábamos ante un hecho en el que la persona directamente involucrada estaba fuera de sus cabales, y esa enajenación lo llevó a cometer el terrible crimen, tan terrible como incalificable.
Es precisamente un caso de salud mental, entre otras implicancias que pueden tener este desenlace ante la insondable imprevisibilidad de la mente humana, del estado mental del involucrado, entre una serie de consideraciones.

Pero claro, hay grupos radicales, de fanáticos que se consideran abanderados de la verdad, como es el caso de grupos feministas de izquierda que muy sueltos de cuerpo atribuyen la causa de este episodio a la Ley de Tenencia Compartida, aprobada en el gobierno anterior, y por lo tanto ya están en campaña para su derogación.
La denominada Ley de Corresponsabilidad en la Crianza es cuestionada desde su aprobación por estos grupos, porque son afines a una perspectiva de género que lejos de apuntar a la igualdad de derechos, es una forma de discriminación flagrante a partir del género, atribuyéndole al hombre todos los problemas de pareja y sus consecuencias, porque “la mujer no miente y no presenta denuncias falsas por despecho”.
Esta ley, la 20.241, no impone tenencia compartida automática, sino que establece criterios racionales, con intervención judicial, evaluaciones profesionales y con prioridad para el interés del menor involucrado. En suma, apunta a proteger derechos sin inclinar en demasía la balanza por perspectiva de género, limita la arbitrariedad parental y exige responsabilidad.
Nada que ver con el caso a que hacemos referencia, en el que el victimario tuvo un episodio agravado de problema de salud mental, tenía antecedentes, medidas cautelares, con todas las señales de alarma desplegadas, que sin embargo no fueron bien valoradas por los organismos competentes, aunque siempre está de por medio la duda de si alguna intervención igualmente hubiera podido evitar la tragedia, habida cuenta de las circunstancias.
Es decir, estamos ante un crimen abominable, y derogar la ley de tenencia compartida por respuesta a este caso, como se pretende por estos colectivos envueltos en su fanatismo, es un delirio disfrazado de argumentos rebuscados, como si la norma fuera el caldo de cultivo de tal entuerto. Pretende castigarse a la enorme mayoría de padres responsables, y se pretende vulnerar un derecho fundamental de miles de niños por actos que están muy lejos de ser la regla, sino que son la excepción, porque la ley es un pilar muy importante para situar las cosas por lo menos un poco más cerca del equilibrio que se debe tener en una problemática compleja y multicausal.
Los colectivos de feministas radicales no escuchan más razones que su verdad absoluta, sin medias tintas, y consideran que todo lo que se diga y haga que no vaya alienado con su radicalismo es producto del patriarcado y del “machismo” opresor.

Las activistas y sus secuaces, del género que sea, tienen como centro de su acción el atribuir solo a un género –en este caso los hombres– todo lo que sea maldad patológica relacionada, y poco les importa las bondades de una norma aprobada a pesar de su férrea oposición. La que aún perfectible, pretende que el niño no sea una moneda de cambio o un instrumento extorsivo de la madre, por la perspectiva de género, sino que se procura que el niño tenga el derecho de crecer con la guía y el cariño de sus progenitores, siempre que ello sea posible y no existe un riesgo comprobado. La norma no obliga a los jueces a imponerla contra viento y marea, sino que se la presenta como una alternativa valedera, como un desenlace deseable, evaluando cada caso, protegiendo los derechos del niño, en lugar de inclinarse por la progenitora sin lugar a otras consideraciones.
Tampoco es la gran solución, por supuesto, a una problemática muy compleja y en la que la generalidad aplica con todas sus salvedades, por cuanto cada hogar, cada familia, cada situación, tiene diferencias con otra, y no hay respuestas cien por ciento a medida que signifiquen una solución a prueba de fallos.
También, por mejor que sea la norma, siempre perfectible, tiene los problemas de aplicación inherentes a un Poder Judicial lento, sobredimensionado y desbordado, a la vez que muy vulnerable a engaños y manipulaciones por denuncias falsas, usadas como estrategia para extorsionar generalmente al hombre por su pareja o ex, de forma de obtener resoluciones favorables a su reclamo, del tipo que sea.

A menudo, quien queda por el camino en esta encrucijada es el hombre, a merced de un protocolo que deja a un padre fuera de la vida de sus hijos durente meses o años, basándose en “pruebas” que no siempre son tales pero que alcanza para sembrar dudas o desbalance por perspectiva de género.
Un caso paradigmático en este contexto lo hemos tenido en estos días, cuando Federico Fernández, un padre desesperado por no poder tener contacto con sus hijos, trepó a una torre de Antel en Florida y exigía poder ver a sus hijos, de lo que desistió una vez que intervino el presidente Yamandú Orsi.
Este lunes, Marcelo Silveira, amigo cercano de Hernández, defendió públicamente su accionar y aseguró que fue la consecuencia de un proceso largo y desgastante. “Llegó a un límite emocional y tomó una decisión para llamar la atención del ministro del Interior”, dijo, y sostuvo que su amigo “ha buscado la voz en la justicia” pero “lamentablemente, por distintas razones, no ha tenido respuestas claras”. Recordó que hubo “muchas audiencias, idas y vueltas con abogados” y que, a pesar de ello, “el niño reclamó estar con su padre, pero está totalmente aislado en una ciudad a más de 180 kilómetros”.
“Federico es una persona que humanamente tiene un corazón de oro, da todo por sus hijos y se desvive por ellos”, afirmó. Según agregó, atraviesa “una pesadilla” y “el peor de los temores” por la pérdida de derechos sobre su hijo.

El allegado también criticó la falta de respuesta institucional: “No ha sido escuchado. Lamentablemente, los hombres por distintas instancias no tenemos una escucha legal, estamos vulnerados”.
La visión coincide con la reflexión correspondiente a centenares de casos en la que los abogados defensores alegan una total indefensión ante la forma en que son tratados sus clientes, con clara inclinación por la denunciante, como si no hubiera un mundo distinto al del relato que ésta hace.
Y es por este lado que se debe ir en la reforma de la normativa, justo al contrario de lo que piden las radicales y sus secuaces, porque la realidad es mucho más compleja que la del padre maltratador, del patriarcado opresor, sino que hay de todo en la viña del señor, y justamente el relato y una justicia sesgada, lejos de ser la solución, contribuyen a potenciar el problema ya instalado.