Opinión

“Lamentablemente, hoy nos vamos con las manos vacías de esta negociación, y veremos ahora qué es lo que pasa en la conferencia anual de la OIT”, sintetizó el dirigente de COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado) Joselo López, tras una reciente reunión con representantes del gobierno de Yamandú Orsi respecto a la aspiración de la gremial de funcionarios estatales de mantener el régimen de licencias médicas que tenían antes de aprobarse una nueva ley durante el gobierno anterior.
Consecuentemente, la dirigencia de COFE aseguró que volverá a elevar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el reclamo sobre las modificaciones al régimen de licencias médicas planteadas en el gobierno anterior ante una instancia de diálogo insatisfactoria con el Ministerio de Trabajo (MTSS), celebrada la semana pasada.
Se indicó que a fines de marzo, el Consejo de Administración del organismo internacional “resolvió otorgar un plazo de seis meses para la conciliación en el marco de la queja presentada” por el Pit Cnt y COFE contra el Estado uruguayo.
El 29 de mayo, los trabajadores y el Poder Ejecutivo se reunieron para dialogar, pero las expectativas de los sindicalistas “en virtud de lo que se venía discutiendo no fueron colmadas”, lamentó Joselo López, dirigente del sindicato.
Consideró que “el Ejecutivo vino con una propuesta cerrada de discutir todos los temas vinculados a las licencias médicas en la próxima Ley de Presupuesto, que se va a discutir de aquí a agosto de este año. Evidentemente eso no nos conforma, no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos de discutir básicamente en igualdad de condiciones debido a que hay una ley que se está aplicando”.

Asimismo, cuestionó que el Frente Amplio “establece otro criterio ahora” que está en el gobierno, cuando el año pasado votó en contra del entonces proyecto de ley. “Eso realmente nos preocupa”, cuestionó López, lo que entiende impulsa a la gremial a llevar el tema nuevamente ante la Conferencia Anual de la OIT, que se realizará en este mes de junio.
El planteo a trasladar al organismo internacional apunta a que “se cumpla con este precepto de negociar en igualdad de condiciones y que siga el trámite que se había suspendido por la conciliación para tratar el fondo del asunto”. Los sindicalistas denuncian lo que entienden “violación por parte del Estado uruguayo de varios convenios que regulan lo que es el salario, la salud y la seguridad en el trabajo de todos los trabajadores estatales” de Uruguay.
Los sindicalistas subrayan que la ley consiste en “una medida de ajuste grave en los derechos sociales de los trabajadores públicos” y que los artículos “son ostensiblemente inconstitucionales”.
Ocurre que en febrero pasado, los gremialistas se habían reunido con el entonces designado ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, instancia en la que éste se comprometió a analizar la situación derivada del nuevo régimen de licencias médicas en el sector, y respecto a este encuentro dijo que se trata de “un tema de preocupación, porque ha llevado a muchos conflictos y muchas movilizaciones”.

Reconoció que respecto al tema “hay una discusión” y que se debe “estudiar muy a fondo. Hay una suerte de generalización que prácticamente el trabajador o trabajadora que se enferma no estaría en tales condiciones de problemas de salud. Vamos a investigar si efectivamente se están haciendo los enfermos”, manifestó.
Acotó que “hay que ver si es una mala praxis desde el punto de vista de llevar adelante un planteo para salir de los lugares de trabajo solamente. Los trabajadores entienden que es un derecho y que esto los perjudica y quieren someterse a un análisis a ver cómo ha sido el comportamiento de esta ley”.
El nuevo régimen de licencias médicas comenzó a regir en abril de 2024, y, hasta ese mes, a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por las certificaciones, pero a partir de allí cuentan con un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente.
El mismo presidente de la COFE, José Lorenzo López, dijo en rueda de prensa entonces que “algunas señales que nos dio el ministro de Trabajo y su equipo se van a completar ni bien asuma el gobierno, como la instalación de ámbitos que nos permitan comenzar a discutir, como lo planteó la OIT, todo el tema de certificaciones médicas”. “También el tema del Presupuesto nacional para nosotros es una preocupación, porque los plazos para discutirlo son muy exiguos y nosotros hicimos hincapié en tener la posibilidad de tener la mayor celeridad posible para empezar a discutirlo en el tiempo necesario, no solo en los temas salariales, sino para remarcar los temas vinculados a las condiciones de trabajo y la falta de personal en los organismos”, detalló.
Por supuesto, la llegada nada menos que al Ministerio de Trabajo de un exdirigente sindical y además puntal del Partido Comunista dio pie para que los funcionarios del Estado agremiados en COFE revitalizaran su reclamo ante la instrumentación de una ley que entienden les retacea “derechos” –que son más bien privilegios– de los que han gozado desde hace décadas.
Pero como todos los uruguayos sabemos, caen en un doble discurso y un relato para tratar de entreverar las cosas ante la opinión pública porque se pretende confundir entre derechos y abusos que la dirigencia sindical pretende ignorar y parece tenerla sin cuidado, precisamente.

Es que contrariamente a lo que ocurre en el sector privado, a los funcionarios estatales no se les descontaba dinero del salario cuando tenían una certificación médica. A partir del nuevo sistema, tienen derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente al año, los que se podrán solicitar de manera alternada o consecutiva. Desde el décimo día tendrán derecho al subsidio, que podrá ser del 75 al 100%. Con esto se puede decir que está cubierta por el 100% del salario prácticamente cualquier enfermedad “normal”, que difícilmente requiera de más de 9 días de recuperación.
Mal que pese a COFE, que es parte interesada en el tema, esta es una problemática que lamentablemente se da en todas las dependencias del Estado, donde se aplican normas que han sido creadas con la finalidad de atender la salud de los funcionarios mediante un régimen muy contemplativo, pero la flexibilidad y la ausencia de controles ha desvirtuado su esencia, al punto que el común denominador son los abusos.
Ahora con responsabilidades de gobierno, es de esperar que desde el Poder Ejecutivo –que no sólo responde al Partido Comunista– se pondere el escenario global de los trabajadores, sin hacer distingos entre los que tienen privilegios desde el Estado y los que se desempeñan en el área privada. De los funcionarios estatales que “casualmente” se enferman los lunes para estirar el asueto del fin de semana, que presentan enfermedades muy difíciles de identificar y diagnosticar, y que se mantenga una ley que por lo menos va en la dirección correcta, aunque los lobbies de los beneficiados de siempre pretendan seguir operando en defensa de sus intereses para llevar agua hacia su molino.

Durante el gobierno del expresidente José Mujica, el Poder Ejecutivo promulgó en agosto de 2013 la Ley 19.120, que modificó artículos del Código Penal referidos a faltas y estableció normativas vinculadas a la conservación y cuidado de los espacios públicos.

Conocida como la Ley de Faltas, estipula una pena de 7 a 30 días de trabajo comunitario para quienes deterioren instalaciones, monumentos o semáforos. También establece sanciones para quienes defequen u orinen en espacios públicos, así como para quienes acampen o pernocten indebidamente en ellos, una vez que hayan recibido dos intimaciones por parte de las autoridades.

La ley establece que el trabajo comunitario será de dos horas por día. Si la persona no lo cumple, deberá afrontar un día de prisión por cada jornada no realizada. Además, las faltas prescriben a los seis meses.

Más tarde, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se aprobó la ley de internación compulsiva, que comenzó a aplicarse el 25 de agosto del año pasado. Hasta entonces, la internación solo se resolvía ante riesgos de enfermedades graves o muerte.
El cambio legal habilitó a las autoridades a retirar de la vía pública a personas cuya “capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación psiquiátrica o por consumo de sustancias psicoactivas”. La medida se aplica incluso cuando existe riesgo para terceros o para la propia persona, con el fin de “proteger y salvaguardar la salud y la vida de quienes se encuentran en situación de intemperie completa”.

En resumen, distintos gobiernos han intentado legislar sobre una problemática que atraviesa todas las administraciones. Sin embargo, en cada oportunidad, las múltiples opiniones técnicas y políticas no han contribuido al debate, sino que lo han entorpecido, reforzando esa tendencia tan uruguaya de hablar mucho y resolver poco.

Las sucesivas autoridades también han constatado que no es sencillo obligar a una persona en situación de calle a concurrir a un refugio. De lo contrario, lo harían todo el tiempo.

Porque, en realidad, hay lugares disponibles en los refugios de la zona metropolitana —donde reside la mayoría de las personas en situación de calle— tal como han confirmado los actuales jerarcas.

Este año, al menos hasta ahora, se han registrado dos personas fallecidas en la vía pública. El sábado 24 de mayo, un hombre de 35 años fue encontrado sin vida bajo el puente de Paso de Castro, a pocos minutos del centro de Rivera, sin signos de violencia.

En la madrugada del 31 de mayo, murió otra persona, de 48 años, que se movilizaba en silla de ruedas a raíz de una pierna amputada. Cuidaba coches y dormía en la Estación Goes, en Montevideo. Esa noche, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, informó que había 115 cupos disponibles en el sistema.

El hombre había ingresado a refugios en algunas ocasiones y había rechazado la invitación en otras. La última vez que estuvo internado en un hospital y recibió el alta médica, ya se había retirado cuando el equipo del Mides acudió a buscarlo.

Civila afirmó que este Plan Invierno es el más grande que se haya implementado hasta ahora, con 2.085 cupos nocturnos en todo el país, y disposición a ampliarlos. Por ejemplo, en Paysandú se están llevando a cabo obras para habilitar la admisión de más personas, y se planifican remodelaciones para alojar a mujeres que, por el momento, pernoctan en pensiones.

Pero, a pesar de la amplitud del plan, algunas personas siguen muriendo a la intemperie.

Durante su conferencia de prensa, Civila exhortó a la comunidad a mantener su compromiso y alertar sobre estas situaciones. Y la comunidad responde, principalmente a través de los medios de comunicación y del 911.

No obstante, existen casos crónicos de situación de calle en todo el país. En Paysandú, son fácilmente identificables: las mismas personas, en los mismos lugares. Se trata, en muchos casos, de personas que no quieren ir a los refugios. Si duermen en un espacio público sin molestar a nadie, así se lo comunican a los equipos interinstitucionales. En consecuencia, lo único que puede hacerse es ofrecerles abrigo o una frazada.

En su mayoría, se encuentran allí para consumir sustancias, principalmente alcohol. Otros han salido del sistema carcelario y han perdido completamente sus vínculos familiares.

El gobierno anunció un nuevo programa, Comunidad a la calle, que comenzará en Montevideo en la segunda quincena de este mes. La iniciativa busca establecer vínculos con personas que habitualmente se niegan a ir a los refugios por diversas razones.

El desafío actual es convivir con una problemática que crece y que ahora muestra su parte más visible. En este contexto, surgen nuevos referentes comunitarios que exigen ir más allá.

La alcaldesa del Municipio CH de Montevideo, Matilde Antía, plantea aplicar efectivamente la Ley de Faltas para recuperar el orden y el respeto por los espacios públicos. Pero se enfrenta a una ley que, en la práctica, casi no se aplica. Además, se topa con sectores que consideran que implementar estas medidas significa criminalizar la pobreza y a las personas en situación de calle.

¿Entonces? ¿Cómo armonizar una demanda social de solución con una herramienta legal que requiere coordinación con el Ministerio del Interior y los operadores judiciales?

Puede existir voluntad política para tomar decisiones. Pero lo fundamental es lograr apoyo interinstitucional para que sean efectivas. Porque, seamos realistas: si no pueden quedarse en el CH, caminarán unas pocas cuadras y se instalarán en otro municipio cuyo alcalde, tal vez de otro signo político, actuará de forma diferente.

Así, la aplicación de la ley será desigual frente a un mismo problema y dentro del mismo departamento. Porque —también— en otras zonas del país ha quedado claro que la ley resulta impopular y difícil de instrumentar. De lo contrario, ya se estaría aplicando.

Miro y remiro la foto de Brigitte y Emmanuel –los Macron– y para mí no fue una bofetada; ¿dónde se ha visto una bofetada con las dos manos a la vez? Quizás le quiso sacar una basurita de los dientes –“m’hijo no vas a bajar con eso”– y él fastidiado le dice: “no jodas”; se le nota en la cara. Pero es más, si se afina un poco la vista para mí que le está metiendo un dedo en las nariz. No sé con qué propósito. Es foto importante, ha mantenido al planeta en vilo y distraído por varios días. “Así está el mundo, amigos” como diría el recordado Jorge Traverso. Mientras, en el barullo, Putin arreciaba con drones y bombardeos contra la castigada Ucrania. Trump, en tanto, amenazaba con enojarse al tiempo que sacaba cuentas sobre “los minerales ucranianos”, valiosos, claves y escasos, que tomarían a su cargo y explotación los EE. UU. y sus empresarios –quizás entre ellos sus propios chicos–, de lo que le quedaría a Zielinski tras “la paz”. El grueso del botín quedaría para Rusia. Maduro, a su vez, arrasaba en una nueva elección. Votaron, a lo sumo, dos de cada diez venezolanos. Sin observadores; esta vez no invitaron ni a Abdala. Nadie le preguntó a nuestro Canciller, que la tiene clara sobre Medio Oriente, qué opina sobre esta nueva demostración “democrática” del chavismo. Maduro opera sobre la base de hechos consumados y después sus amigos ideológicos hacen la vista gorda. Esto de los hechos consumados es el caballito de batalla del progresismo. Casi pasa aquí con la presidencia del INC. Era demasiado flagrante. La Constitución temblaba. Por suerte se arregló. Viera renunció. Bien por el gobierno. Lo que queda por arreglar es lo del terrenito con poblaciones, que costó 32,5 millones de dólares. ¿Se echará para atrás el negocio? ¿Alguien va a renunciar? ¿Qué dice Oddone?

Vamos por otro hecho consumado: el cierre de la Biblioteca Nacional. Se eligió el momento oportuno –el Día del Libro– parecido al elegido para anunciar la compra del “terrenito”. ¿Permanecerá cerrada? ¿Renunciará la flamante directora? Esta, me dicen que es del entorno de Oddone, de los viejos socialistas aggiornados.

Se la hacen difícil al presidente: por más ademanes, idas y vueltas, no es fácil explicarlo. Y está el caso de las futuras embajadoras –Argimón y Ache–, las que ya aceptaron.
Para el Canciller eso es “política de estado”. Mirá. Blancos y Colorados están que trinan. No fueron consultados: ni presidencia ni cancillería y ni por las correligionarias.
Conrado Hughes lo calificó en la TV –“Esta boca es mía”– de un “tacto rectal” a ambos partidos. No sé si estuvo fino, pero sí muy gráfico. ¡Qué necesidad! ¿Por qué esta “tocada de”, por qué este agravio gratuito y sin sentido del FA a los partidos tradicionales?

Que lo explique Orsi, pero que espere un poquito; se va a hablar mucho todavía. Para las venias faltan unos días. La de Unesco parece que no se necesita; estuvo calculado, se ve.
Por ahora habla la bronca y la indignación: “París bien vale una misa”, “es vengativa y sangra por la herida”, “se aseguró una linda beca”, “ella (Ache) dijo que votaba por Orsi”, “son maquinaciones de Díaz”.

¿Qué dirá Orsi?: ¿que son embajadoras políticas de particular confianza del FA? Ciertamente, los otros partidos, nada que ver. Van camino a hecho consumado. Por lo menos en un 50%. Otro dedo en la nariz. ¿Con qué propósito? El que sea, le hace un gran daño a la política y a la imagen del país también.

Hace algunos días, durante una visita organizada por el Centro de Estudios Paysandú (CEP), el director del Centro de Estudios → Leer más

La siguiente frase se extrae de una entrevista realizada por el periodista Jorge Balmelli con el actor César Troncoso —que viene de hacer el personaje del Tano Favalli en la exitosa adaptación de la historieta El Eternauta para la plataforma Netflix— en el podcast AlWeso, y permite comprender ciertas lógicas de la industria audiovisual, un sector cuyas dinámicas en general desconocemos.
“El privado internacional, como las plataformas que están llegando a estos lados a realizar sus proyectos y que nos dan tanta vida y nos dan tanto laburo, llega porque los profesionales están capacitados. No es tarea del privado que llega capacitar a la gente para que pueda trabajar con ellos, lo que esa gente hace es usar a las personas que saben hacerlo en el territorio al cual van. ¿Y eso cómo se consigue, en Argentina cómo se consigue que un director sea un director tan interesante para una plataforma como para que la plataforma lo convoque? Permitiéndole hacer películas. Y las primeras películas de repente las tiene que financiar alguien más. Y quién es que financia eso: el Estado. Vos no tenés por qué poner fábricas en no sé dónde, pero sí tenés que hacer la caminería para que el tipo se interese en poner la fábrica después. Hay parte del camino que lo hace el Estado. Y es razonable, porque hay una devolución después. No es esa cosa de yo no pongo plata. No estás poniendo plata, estás anticipando dinero para que el tipo después genere un proyecto en coproducción con vaya a saber quién y te ingrese más guita de la que pusiste. No estás regalando plata. Estás trabajando para una economía nacional”.
La pregunta del entrevistador aludía más a la situación de la República Argentina, donde el Estado ha quitado algunos de los apoyos oficiales al sector audiovisual y si bien no desapareció el Incaa, Instituto Nacional de Cine Argentino, en los hechos ha dejado de financiar realizaciones, es decir, siguiendo la lógica planteada por Troncoso, el Estado ha dejado de apostar al sector. Esto seguramente incida de alguna manera en la producción audiovisual uruguaya, porque muchas realizaciones nacionales se concretan en coproducción internacional y Argentina siempre ha sido un gran aliado, aunque tampoco ha sido el único. En contrapartida, Uruguay durante el anterior gobierno redobló la apuesta que el país hacía y además se vio favorecido por las condiciones más flexibles con que en general se afrontó la pandemia, lo que permitió que en determinado momento fuese el único país en la región en el que se estaba rodando. Pero eso es historia, y este partido no se juega en esa cancha sino mirando hacia adelante.
En Paysandú desde hace algunos períodos de gobierno se viene haciendo apuestas para incursionar en el mundo audiovisual. Lógicamente que de forma tímida y con los recursos que las condiciones permiten, pero se han logrado sostener ámbitos de formación de jóvenes que se interesan en participar en el sector. La Intendencia lleva adelante un programa de Formación Profesional Audiovisual que tiene el objetivo declarado de “Fortalecer competencias del sector audiovisual para la transformación digital a través del desarrollo de formaciones, investigaciones, relevamiento y registro de activos del sector” y que cuenta con un aporte significativo de parte del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), de cuatro millones de pesos y una contrapartida comunal que permite alcanzar los algo más de cinco en total que supone el programa.
De nuevo, apelando a la lógica implícita en la frase de Troncoso, es necesario hacer algo más que formar a los futuros profesionales en la teoría. Es necesario trabajar, salir a la cancha, sostener la apuesta para que empiece a dar frutos.
El Proyecto Paysandú Audiovisual estuvo en diciembre del año pasado en Ventana Sur, el mayor mercado audiovisual de Latinoamérica, por un convenio que se suscribió con ACAU, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay —es, junto a Montevideo y Treinta y Tres una de las tres Intendencias que lo tienen—. Allí estuvo con un estand propio en el que se presentó un video con posibles locaciones en Paysandú e información sobre eventuales realizaciones audiovisuales, según describía entonces en una entrevista con EL TELEGRAFO la responsable del proyecto, Rafaela Gómez.
Lo que hay que tener presente es que se trata de un camino largo y aunque el éxito no está garantizado de ninguna manera, la única forma de acercarse es sostener la apuesta que se ha hecho y tratar de seguir dando pasos hacia adelante. El primer año que la Intendencia de Paysandú impulsó un proyecto audiovisual se realizó un festival de cine en el Espacio Gobbi. Quizás eso fue anticiparse demasiado, porque ese esfuerzo no se pudo sostener —y se puede medir hoy como un paso atrás—. Pero hay otro trabajo, un esfuerzo de gestión que sí se puede hacer para acompañar esta formación de profesionales para el sector, no digamos que una agencia, o una oficina, pero al menos sí tener a alguien que se encargue de salir a jugar el partido, de contactar productoras para invitarles a mirar hacia Paysandú, de ofrecer si no un compromiso de inversión, al menos facilidades —alojamientos, traslados, locaciones y varias otras formas de apoyo— que no supongan un gasto directo, así como estar al pendiente de las posibilidades que surjan —si ir más lejos se abre en estos días ACAU abre un llamado para coproducciones con Brasil—.
Incursionar en un sector que es completamente nuevo implica hacer un esfuerzo muy importante sin ver resultados en el corto plazo y todo esto planteado en términos relativos, porque ya se acerca a la década desde que empezó esta apuesta y porque ese esfuerzo muy importante lo es en términos de lo que destinan las intendencias, pero en realidad son montos insignificantes para los que se maneja en la industria.
Teniendo esto claro, la apuesta hoy consiste en sostener la formación de recursos, procurar que empiecen a trabajar, confiar y tener paciencia.

A punto de cumplir 20 años desde que nuestro país, en el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, promulgara, primero un decreto y luego la ley vigente contra el tabaquismo, es pertinente dar una mirada retrospectiva a estas dos décadas en las que nuestro país ha surgido como modelo en la cruzada contra este flagelo, verdadero ejemplo para la región y el mundo en cuanto a estas acciones, que se han sustentado además en un apoyo social que ha resultado fundamental para el éxito.

Lo cierto es que contrariamente a lo que podía esperarse, dada la idiosincrasia de los uruguayos, el decreto y luego la Ley Antitabaco han sido respaldados ampliamente y cumplidos por los ciudadanos de nuestro país –siempre hay alguna excepción– porque puso las cosas en su lugar en lo que tiene que ver con priorizar la salud de la población, tanto de fumadores como de no fumadores, y se centra especialmente en la prohibición de fumar en lugares cerrados, so pena de la aplicación de multas a los responsables del local en que se cometa la infracción, a lo que cabe agregar otra serie de elementos que incluyeron estrictas normas de prohibición de publicidad y determinadas condiciones a que debe ajustarse el envasado en cajilla de los cigarrillos.

La cruzada antitabaco ha resultado exitosa todos estos años y ha contribuido a reducir significativamente –no todo lo que se podría, naturalmente– el consumo de tabaco y sus consecuencias, y uno de los elementos que se ha creído conveniente utilizar además es el agregado de ilustraciones en las cajillas dirigidas específicamente a alertar a los consumidores sobre los peligros de fumar.
Este 31 de mayo precisamente se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Aire sin Humo de Tabaco, tema en el que en Uruguay es un referente global desde la promulgación de la Ley 18.256 en 2006, por cuanto se trata de la implementación de políticas públicas que en gran medida han ido a contramano de factores culturales hondamente arraigados en nuestra sociedad, lo que sin embargo no ha sido obstáculo para la generación de un consenso social que ha persistido a lo largo de dos décadas.

Puede decirse, sin temor a equívocos, que el fallecido mandatario, oncólogo de profesión, supo interpretar el sentir de la gran mayoría de los uruguayos no fumadores, –que no tenía sin embargo eco en el sistema político hasta entonces– que veían afectados su derecho a la salud por quienes habían caído en esta adicción, por lo que solo se necesitaba que alguien asumiera y liderara con responsabilidad y firmeza esta cruzada para reducir el consumo de tabaco y proteger la salud de la población.

Al respecto, un reciente informe del Colegio Médico del Uruguay publicado en EL TELEGRAFO da cuenta de que gracias a estas políticas implementadas desde mediados de la primera década de este milenio, la prevalencia de fumadores en el país ha disminuido notablemente con el paso de los años. Así, da cuenta de que cuando se aprobaron las normas antitabaco, en 2006, fumaba aproximadamente el 33 por ciento de la población, en tanto en 2025 esta cifra ha bajado a cerca del 18 por ciento, de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública.
Lo que es también muy importante, las estadísticas indican que el descenso ha sido especialmente significativo en mujeres y en jóvenes mayores de 25 años, aunque a la vez el escenario actual plantea nuevos desafíos que prácticamente no existían o eran muy menores hace veinte años.

Tal como da cuenta el Colegio Médico del Uruguay, estamos ante un auge de dispositivos electrónicos de nicotina, como los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores –“vapos”–, que han crecido en popularidad especialmente entre adolescentes y jóvenes.
El punto es que a pesar de que Uruguay prohíbe su importación y comercialización desde 2009, su acceso no ha desaparecido, y siempre de alguna manera, por la vía informal, se cuenta con oferta y adquirentes de estos dispositivos. Sobre el tema la doctora Mariana Bentancor, médica neumóloga del Hospital de Clínicas, señala que “nos enfrentamos a una nueva generación de consumidores que no necesariamente fuman cigarrillos tradicionales, pero sí utilizan dispositivos que también generan adicción a la nicotina. La percepción de que son menos dañinos e incluso inocuos es un riesgo enorme para la salud pública”.

Es decir que como un virus que muta para evadir los antibióticos y adquiere resistencia, ante las medidas que se vienen aplicando en prácticamente todo el mundo contra este flagelo, la industria tabacalera ha adaptado su estrategia promoviendo estos productos que apelan a la tecnología y a la novedad hacia el público receptivo, que son sobre todos los adolescentes.

Ahondando en esta problemática, tenemos que se han dado a conocer ya datos sobre lesiones pulmonares y muertes relacionadas con el vapeo en los EE. UU., destacándose que los dispositivos de vapeo, también conocidos como cigarrillos electrónicos, plumas de vapeo y cachimbas electrónicas, entre otros términos, vienen en muchas formas y tamaños. La mayoría de los dispositivos funcionan de manera similar, pues la inhalación activa un dispositivo de calentamiento a batería del líquido en un cartucho, convirtiéndolo en vapores que se inhalan.
Así, el vapeo expone los pulmones a una variedad de productos químicos. Estos pueden incluir los principales productos químicos activos en el tabaco (nicotina) o marihuana (THC), saborizantes y otros ingredientes que se agregan a los líquidos de vapeo. Además, se pueden producir otros productos químicos durante el proceso de vapeo.

“Si el líquido contiene nicotina, el usuario está inhalando nicotina junto con los otros ingredientes en el líquido”, explicó recientemente el Dr. Thomas Eissenberg, experto en investigación del tabaco en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia.
“Se está inhalando propilenglicol, glicerina vegetal, saborizantes que se hicieron para comer pero no para inhalar, y nicotina. Y todos esos se calientan en un pequeño reactor, que es un cigarrillo electrónico. Cuando se calientan, esos componentes pueden convertirse en otros químicos potencialmente peligrosos”, advirtió.

Es absolutamente de recibo por lo tanto la advertencia que formula en nuestro país la neumóloga Bentancor, lo que debe evaluarse en el contexto de que a pesar de los avances, el tabaco sigue siendo responsable de la muerte de más de cuatro mil personas al año en Uruguay, lo que arroja un promedio de entre 13 y 15 muertes por enfermedades vinculadas al consumo de tabaco, incluyendo cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y afecciones respiratorias, entre las cuales una crónica y tan grave como el EPOC.
No es poca cosa, lamentablemente, aunque sí se ha avanzado sustancialmente en estos 19 años tanto para reducir el consumo en beneficio de quienes tienen este hábito, como así también para los uruguayos que respiraban aire viciado en espacios cerrados.

Nuestras reflexiones apuntan a que no puede darse la batalla por ganada en este tema, porque se trata de una lucha que se renueva día a día, ante una amenaza persistente, respecto a la cual no se debe bajar los brazos, a la vez que tampoco es el único problema de adicciones de carácter social.
Lamentablemente, éstas son un verdadero flagelo, para las que es preciso aplicar políticas diferenciales, como el caso incontrastable de las drogas, en una agenda de acechanzas que solo tienen como común denominador la inclinación por el inexplicable daño autoinfligido y sentido autodestructivo del ser humano, en una porción creciente dentro de la sociedad contemporánea.

Poder desarrollar y mantener un trabajo que permita satisfacer las necesidades de la vida diaria de la población constituye un desafío histórico. A lo largo del tiempo, han existido –y existen– una gran variedad de variables y condiciones nacionales, regionales y mundiales que facilitan o dificultan esa meta.

En la actualidad, el empleo enfrenta múltiples amenazas. Las tensiones geopolíticas, las disrupciones comerciales y la evolución tecnológica se presentan como factores de especial atención, según el informe sobre Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, divulgado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este organismo de Naciones Unidas revisó su previsión de empleo mundial para 2025, proyectando ahora la creación de 53 millones de puestos de trabajo, en lugar de los 60 millones que había estimado previamente para este año. Esta reducción —que implica unos 7 millones de puestos de trabajo que ya no existirán— se basa en las proyecciones de crecimiento económico publicadas en abril por el Fondo Monetario Internacional.

Hay factores de economía y política internacional que están incidiendo con fuerza. Por ejemplo, la OIT estima que aproximadamente 84 millones de empleos en 71 países –directamente vinculados a la demanda de consumo estadounidense– están cada vez más amenazados por las tensiones comerciales derivadas de las medidas adoptadas por el actual gobierno de Estados Unidos. El impacto se espera especialmente significativo en Canadá, México y en la región del Asia-Pacífico, donde se concentran nada menos que 56 millones de esos empleos.

“Sabemos que la economía mundial está creciendo a un ritmo más lento de lo previsto. Nuestro informe señala que, si continúan las tensiones geopolíticas y las perturbaciones del comercio, y si no abordamos cuestiones fundamentales que están reconfigurando el mundo del trabajo, es muy probable que se produzcan repercusiones negativas en los mercados laborales de todo el mundo”, advirtió el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo.

Otros aspectos preocupantes que destaca el informe tienen que ver con la distribución de los ingresos, el desplazamiento del empleo hacia trabajos de alta calificación y el impacto de la inteligencia artificial generativa.

El análisis señala que la participación de los ingresos del trabajo cayó al 52,4% en 2024, con descensos más marcados en América y África. Se trata de “una erosión de parte de la renta mundial destinada a los trabajadores”, que ejerce presión al alza sobre la desigualdad y pone en evidencia una “desconexión entre el crecimiento económico y la remuneración de los trabajadores”.
Aunque el nivel educativo continúa en ascenso a escala global, el mercado laboral se caracteriza por importantes desajustes educativos. En 2022, apenas el 47,7% de los trabajadores poseía cualificaciones acordes con los requisitos de su puesto. Esto ocurre en un contexto de desplazamiento del empleo hacia tareas de alta calificación, con nuevas tecnologías que ya inciden notablemente en el ámbito laboral.

En este sentido, la OIT advierte que casi uno de cada cuatro trabajadores podría ver transformado su empleo por efecto de la inteligencia artificial generativa. “Una mayor proporción de puestos en ocupaciones de cualificación media presenta algún grado de exposición, pero un mayor porcentaje de los trabajos en ocupaciones de alta cualificación se encuentra altamente expuesto, por lo que las tareas existentes podrían ser potencialmente automatizadas”, señala el informe.

El resultado de este detallado análisis es que el 25% del empleo mundial se encuentra en ocupaciones potencialmente expuestas a la IA generativa, porcentaje que asciende al 34% en los países de altos ingresos. Además, la exposición entre mujeres es significativamente mayor, ya que los empleos con mayor riesgo de automatización representan el 9,6% del empleo femenino, frente al 3,5% en el caso de los hombres. Entre estos empleos se incluyen tareas administrativas y trabajos cognitivos altamente digitalizados en sectores como los medios de comunicación, el desarrollo de software y las finanzas.

El estudio –realizado por la OIT en conjunto con el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK)– subraya que estas cifras reflejan una exposición potencial, no pérdidas reales de empleo. Añade que las limitaciones tecnológicas, la falta de infraestructura y las carencias de competencias harán que haya variaciones entre países y sectores.

Asimismo, el informe hace un llamado a los gobiernos, y a las organizaciones de empleadores y trabajadores, para participar en un diálogo social y diseñar estrategias proactivas e inclusivas que mejoren la productividad y la calidad del empleo, especialmente en los sectores más expuestos.

Como resulta evidente, el mapa del empleo mundial presenta grandes nubarrones, y si ya hoy es preocupante, lo será aún más cuando se incorporen los 1.200 millones de jóvenes que ingresarán a la población activa en las próximas décadas.

En muchos países, incluido el nuestro, es probable que sobre las espaldas de una población joven en franco retroceso –que en su mayoría aún no toma conciencia de los problemas que se avecinan, y que hoy transita las aulas liceales, universitarias o se desempeña como trabajador informal– recaigan no solo los desafíos del empleo, sino también el peso de los costos sociales y sanitarios del envejecimiento poblacional. Este fenómeno, enmarcado en una transición demográfica caracterizada por una mayor esperanza de vida y un aumento sostenido del porcentaje de personas mayores en la región, continuará en los próximos años.
Junto a esto, vienen también grandes desafíos vinculados a la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y pensiones –que ya muestran señales de agotamiento–, a los altos niveles de informalidad y al previsible aumento de las desigualdades de género.
Para los uruguayos, la necesidad no es solo discutir, sino gestionar y buscar soluciones efectivas para los problemas de nuestras vejeces, crear empleo decente para las nuevas generaciones y salvaguardar los derechos laborales. Estas metas deben acompañar tanto los planes de crecimiento económico como los ajustes que impongan las recesiones.

Porque es evidente que también aquí calzan perfectamente las palabras del director de la OIT: la conexión entre el empleo de calidad y la prosperidad difícilmente puede ser más evidente o más urgente.

En su tramo final este mes de mayo ha estado marcado por algunos siniestros de tránsito significativos, así como otros episodios, que deberían llamarnos a una profunda reflexión sobre cómo se están haciendo las cosas en nuestro país en materia de controles de tránsito. Por ser el más cercano debemos aludir al hecho acontecido el pasado jueves en nuestra ciudad, cuando un adolescente (17 años) protagonizó un siniestro grave en el cruce de la avenida Dr. Roldán y República de Ecuador. Seguramente identifique el lector de qué hecho se trata. El conductor circulaba “probando” velocidad mientras era filmado desde la vera, tal vez con la intención de compartir el registro en sus redes sociales –cosa que hizo otra persona– o meramente para tener un recuerdo de la tontería que cometía. Empleaba una motocicleta Baccio, sin matrícula, y al alcanzar la referida intersección, sin siquiera intentar frenar, embistió violentamente la motocicleta Zanella ZR, matrícula ICV 5341, que era conducía un hombre que circulaba por Roldán al sur y pretendía doblar hacia el Este. En el video, publicado en Facebook por un usuario anónimo, se aprecia la violencia del impacto y cómo la moto del adolescente se dio vuelta por los aires y car a unos 20 metros de la esquina. El motociclista, que recibió el impacto sin comerla ni beberla, quedó inconsciente durante algunos minutos tras el choque, tendido sobre la esquina.
Durante el fin de semana otro episodio protagonizado por conductores que hacían similar estupidez en la vía pública terminó con el homicidio de dos personas, un hombre de 66 años y una mujer de 57, que mientras paseaban en su auto Chevrolet Corsa, fueron chocados por otro auto, un BMW, en Bulevar Batlle y Ordóñez esquina Neyra, en Montevideo. La Policía constató que el auto BMW circulaba hacia el sur corriendo picadas, junto a otro de la misma marca y dos Volkswagen Vento. Cuando la pareja quiso cruzar el bulevar por la calle Neyra, fue chocada por el BMW que circulaba a alta velocidad, falleciendo ambo en el lugar, pasadas las nueve de la noche del domingo. El impacto fue tal que el Corsa quedó desintegrado. No tiene nada que ver con el siniestro, pero el conductor realizaba tareas de voluntariado en el Museo Aeronáutico, en el avión recuperado por Historias de Pluna, cuya historia contáramos tiempo atrás en el suplemento Quinto Día.

El mismo domingo el ómnibus de la empresa Copsa Este, que realiza frecuencias entre Montevideo y la costa Este del país, sufrió un despiste cuando el conductor tuvo que evitar una serie de pallets de madera que se encontraban tirados encima de la ruta. Terminó siendo poco más que una anécdota con lesionados leves, pero fácilmente pudo haber sido una tragedia ocasionada por alguien que no amarró adecuadamente elementos que transportaba y quedaron en la ruta.

Tres situaciones irresponsables. Pero apenas una muestra comparada con las decenas de acciones irresponsables que a cada momento vemos en el tránsito quienes hacemos uso de las calles. Y ojo, que nadie está libre de cometer una imprudencia y a veces un error puede tener el mismo resultado trágico que una acción deliberada. Solo que no es una u otra, sino que las irresponsabilidades se suman a los errores normales y habituales que pueden acontecer, porque al fin y al cabo somos humanos.
En los últimos día también trascendió en las redes un video en el que se aprecia a tres inspectores de Tránsito, de la Intendencia de Montevideo, sancionando a un feriante que se había detenido momentáneamente a descargar mercadería para comercializar y generar su sustento. Cosas análogas hemos visto en Paysandú y han sido motivo de quejas de parte de usuarios de la vía pública. Se entiende que es su trabajo ordenar el tránsito, prevenir, fiscalizar y eventualmente aplicar las sanciones previstas. Es solo que a veces da la impresión que hay cierta tendencia a “pescar dentro de la pecera”, y buscar con excesivo celo sancionar infracciones que a la postre no tendrán las consecuencias de los hechos mencionados y no están en los lugares donde se cometen las infracciones realmente graves, las que pueden provocar accidentes o devenir en resultados fatales. Claro, es comprensible que no se puede tener inspectores de tránsito en cada esquina, pero parece que los precisáramos para entender que al circular por las calles, caminos y rutas tenemos que comportarnos de determinada manera, ni más ni menos que de la manera que está prevista en la normativa. Ser previsibles, que el otro conductor pueda interpretar las maniobras que se realizan y no encontrarse con sorpresas —un bache, un semáforo roto o pallets en la ruta son sorpresas desagradables, por ejemplo—.

Uruguay cumplió este año su décima participación en el Mayo Amarillo, un movimiento que se inició en Brasil en 2013, al impulso de diferentes instituciones y organizaciones, públicas y civiles, y tiene el propósito de promover la seguridad vial a través de diferentes acciones de concientización. Este año el lema del movimiento apuntó a la empatía de los conductores al circular. A diez años de funcionamiento ya es tiempo de exigir resultados y, lamentablemente, no parece estarlos dando, cuando justamente en este mismo mes vemos atroces siniestros como los mencionados. Por supuesto, no podemos saber en qué medida las cosas serían diferentes, tal vez más graves, en caso que no se hubiesen realizado las acciones cumplidas. En todo caso parece que no ha sido suficiente y que hay que hacer algo más.

Hace pocas horas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó, durante su asamblea anual, una resolución con el fin de dedicar más recursos y coordinar mejor la lucha global contra las enfermedades raras, que afectan a unos 300 millones de personas en todo el planeta.

Esta resolución, pide entre otros puntos que la OMS elabore un plan de acción mundial de diez años para atender a los afectados por estas enfermedades raras, así como impulsar la cobertura sanitaria universal para las personas que padecen alguna de ellas.
Asimismo, el plan de una década, según, indica el texto, debería contener medidas para fomentar el acceso equitativo a tratamientos y diagnósticos, el establecimiento de registros nacionales y regionales para monitorear y gestionar estas enfermedades, y estrategias para recopilar datos e investigaciones.

En este contexto, a los estados miembros les pide que fortalezcan la cooperación nacional, regional e internacional en la materia, y que apoyen los esfuerzos para identificar nuevas formas de financiación de la investigación y la respuesta a estas enfermedades. Con este fin, también recomienda localizar centros de excelencia en todo el mundo donde se pueda agrupar el trabajo clínico de determinados grupos sobre enfermedades raras, y que puedan actuar como centros de intercambio de experiencias y conocimientos clínicos.

El organismo rector en materia de salud global, que aparece a la luz pública sobre todo cuando se trata de afecciones que se dan a escala masiva y por ende con peligro de transmisión en la comunidad, –un caso emblemático fue la pandemia de Covid 19, hace pocos años– aborda en este caso una problemática que evidentemente atañe a una parte muy menor de la población global, desde que las enfermedades raras, como señala la propia resolución, son aquellas que afectan a menos de una de cada 2.000 personas en la población general.

Pero naturalmente, debemos tener presente que para quienes las padecen, sus familias y su entorno, son prácticamente el 100 por ciento de sus desvelos y preocupaciones diarias, y mucho más aún porque como suele darse, muchas son de desenlace fatal o invalidantes de por vida, desde que además, suelen no tener cura y lo que es peor aún, por ser de tan poca difusión no han generado el estímulo o inquietud necesaria para captar recursos con vistas a su investigación, tratamiento y prevención, o a lo sumo, detección temprana para disponer las acciones el caso.

Hay unas 7.000 enfermedades raras identificadas, y un 70% de ellas comienzan en la infancia, en tanto muchas son crónicas y progresivas, por lo que pueden dar lugar a discapacidades graves y muerte prematura.
Asimismo, como bien establece el texto de la resolución de la OMS, las personas que viven con alguna de estas enfermedades, sus familias y cuidadores sufren a menudo discriminación, aislamiento, estigmatización y limitación en las oportunidades de inclusión social.

A ello se agrega, precisamente por su escasa difusión, el elevado precio de muchos de los medicamentos y tratamientos, o el hecho de que en muchos casos conseguir un diagnóstico correcto puede insumir años, e incluso no lograrse nunca.
Y generalmente, cuando alguna de estas enfermedades cobra trascendencia pública, se debe a que alguna celebridad de trascendencia mundial o internacional la padece, como es el caso del científico británico Stephen Hawking, fallecido hace unos años como consecuencia del ELA (Esclerososis Lateral Amiotrófica), y cuya evolución fue seguida durante años por buena parte de la comunidad científica por el grado de deterioro ligado a su enfermedad y la forma en que lo fue sobrellevando, en base a disponibilidad de recursos para accesorios tecnológicos costosos que muy pocas personas podrían costear.
Más conocida, pero no tanto como para no ser incluida en las enfermedades raras, figura la hemofilia, una patología rara hemorrágica, congénita, hereditaria y crónica, que en Uruguay afecta alrededor de 300 personas.

Es sin dudas muy importante visibilizar estas enfermedades, a la vez que se requiere invertir en los proyectos de investigación de los respectivos países, para lo que es fundamental una coordinación que permita optimizar recursos, a la vez de abrir las puertas a todo tipo de investigaciones, cuidados, tratamientos y diagnósticos.
En cuanto a la prevalencia, es pertinente formular consideraciones: aunque cada enfermedad rara afecta a un número pequeño de personas, en conjunto, afectan a una significativa proporción de la población mundial, pero las enfermedades raras suelen ser crónicas, progresivas y, a menudo, potencialmente mortales.

Además, el 72% de las enfermedades raras son genéticas, y la mayoría de las enfermedades genéticas raras comienzan en la infancia. Las personas con enfermedades raras enfrentan desafíos comunes, como el retraso en el diagnóstico, la falta de tratamiento y la falta de información. Situándonos en Uruguay, tenemos que las enfermedades raras afectan a un universo de entre 60.000 y 70.000 personas, lo que es un número muy significativo, pero ocurre que se trata de una amplia gama y que por ende requieren también dispersión de recursos y de áreas de investigación y tratamiento.

En nuestro país se creó en 2013 el Crenadecer, (Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras), que ofrece un enfoque biopsicosocial, facilitando el acceso a la atención médica especializada, y cuenta con equipos multidisciplinarios para enfermedades relacionadas con Errores Innatos del Metabolismo, Fibrosis quística, Defectos del tubo neural, Epidermólisis ampollar, Fisura labio alvéolo palatino y Otras Enfermedades Raras, con Centro de acceso a Tecnologías de apoyo y Cuidados Paliativos.

El objetivo general es dar cobertura asistencial a patologías poco frecuentes a través de los equipos interdisciplinarios de referencia, apuntando al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de dichas patologías, contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con defectos congénitos y enfermedades raras, a través de un sistema de referencia nacional para su prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral.
Asimismo, disminuir la mortalidad infantil causada por defectos congénitos y enfermedades raras mediante el diagnóstico precoz y tratamiento de la mujer embarazada, diagnóstico precoz y oportuno a través del screening del Sistema de Pesquisa Neonatal, mejorar la calidad de vida del paciente portador de un defecto congénito o enfermedad rara, a través de la atención integral con equipos multidisciplinarios.

El programa opera en los 19 departamentos, con sede física en Montevideo, donde concentra asimismo servicios como Siquiatría, Imagenología, Enfermería, Servicio Social, Psicología, entre otras, pero a su vez desde el punto de vista normativo cuenta con un sistema de derechos que aborda su atención con diversas prestaciones.
Siendo realistas, corresponde señalar que difícilmente nuestro país, con recursos propios y sus limitaciones en cuanto a contar con recursos para investigación propia para estas enfermedades pueda hacer mucha cosa en esta materia, en la comparación a escala global.

Pero sí puede y debe trabajar en la educación sobre el tema, tanto a la población como al personal médico, a efectos de incrementar los diagnósticos tempranos, y así lograr un tratamiento más oportuno y con menos secuelas, además de contribuir a aumentar la conciencia pública y profesional sobre las enfermedades raras y anomalías congénitas para reducir el estigma y mejorar la calidad de vida de los pacientes considerando el ciclo de vida.

La situación del presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, se ha constituido en un nuevo “cangrejo bajo la piedra” a los cuales nos tiene acostumbrados el gobierno asumido el 1° de marzo y que ya suman, por nombrar algunos, a la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, y a la exvicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alejandra Koch.
La situación del presidente del INC es igualmente comprometida y tan carente de sustento y validación ética y moral como las de Cairo y Koch. En primer lugar, porque el artículo 200 de la Constitución Nacional establece que “los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del Instituto de que forman parte”. Resulta particularmente llamativo que Viera no haya incluido en su currículum vitae el hecho de ser colono del mismo organismo para el cual iba a ser designado como presidente. La pobre argumentación de Viera en su propia defensa (“el hecho de que sea colono no es una actividad que tiene que ser incluida en un currículum”. “Todo el mundo sabía que soy colono”) es igualmente lamentable y autocomplaciente. ¿Es posible que se le haya olvidado un dato tan relevante? ¿Alguien puede dudar que hay un conflicto de intereses entre su calidad de presidente del INC y la de colono del mismo organismo?

Aunque hasta el más infradotado se da cuenta de esto –menos el interesado, claro–, conviene ver un poco la parte legal, sobre lo cual corresponde preguntarse en qué casos existe conflicto de intereses y cómo está definido. De acuerdo con el Cuaderno de Divulgación N°3 publicado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), “en términos generales, el conflicto de intereses puede definirse como una situación en la que el funcionario público tiene suficiente interés personal o privado tal que, en base a ello, el ejercicio de sus funciones se vea influenciado. El interés público, protegido por el Estado, se vincula con las necesidades colectivas de los integrantes de una sociedad, mientras que los intereses privados se relacionan con las utilidades particulares del funcionario”. De este texto queda claro que el presidente del INC está en una situación de conflicto de intereses.

Si bien el propio Viera ha sostenido que él no es funcionario público del INC y por tanto no existe conflicto de intereses ni incompatibilidad, el documento de la Jutep antes mencionado es claro en cuanto a que sí está comprendido en el conflicto de intereses. Al preguntarse ¿cuál es la calidad imprescindible para encontrarse en una situación de conflicto de intereses?, la respuesta de la Jutep es clara: “El sujeto activo o agente de la conducta debe, en todos los casos, ser un funcionario público, entendiendo por tal –definición amplia– todo aquel que desempeña un cargo o ejerce una función, en cualquier entidad regida por el Derecho Público e incluso en las personas públicas no estatales, a cualquier título (oneroso o gratuito), sin que sea relevante a la cuestión considerar la naturaleza jurídica del vínculo”. En resumen: la condición de colono del INC que posee Viera es incompatible con su calidad de presidente de este organismo.

En segundo lugar, según informó el diario El Observador esta semana, “Viera tiene un expediente abierto en el INC debido a que no presentó los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) ni tampoco el final de obra de una construcción que llevó a cabo en San José, tras haber solicitado un crédito por ser colono”. Ante esta noticia, podríamos preguntarnos ¿qué le hace una raya más al tigre? ya que, al parecer, los jerarcas y políticos frenteamplistas no son muy afines a pagar los impuestos que le corresponden por ley. Otra vez “los nabos de siempre” son los que pagan impuestos y cumplen con las leyes, mientras los actuales jerarcas del Frente Amplio incumplen impunemente y con total desparpajo deberes fundamentales emanados de la vida en sociedad; muchos de los cuales surgen bajo normas que ellos mismos impulsaron.

La polémica situación del presidente del INC ha generado opiniones encontradas en el propio gobierno e incluso dentro de Presidencia de la República. El prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que “el presidente de INC no debe ‘dejar de ser colono’, sino ‘no explotar’ su tambo”. Y agregó: “no debe seguir ejerciendo estando al frente de su emprendimiento productivo” para no generar una controversia entre lo que hace como presidente del instituto y colono, pero podría dejar que lo explote un familiar o un tercero mientras dure su gestión en Colonización.

Por su parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, expresó lo siguiente: “creo que el presidente de Colonización, a partir de ahora, no puede seguir más en su situación de colono”, y apuntó que “no se puede estar de los dos lados del mostrador”. Pero después no fue tan contundente, se acercó a las declaraciones de “Pacha” y propuso un “paréntesis” en su actividad productiva. Y agregó: “Es el lugar donde vive y no lo podemos tirar a la calle por esto”, señaló el mandatario sobre el campo que habita Viera, a la vez que insistió en que debe dejar de usufructuar beneficios vinculados a su rol de colono.

¿Cómo deben interpretarse estas palabras? De nuevo, cualquiera con uso de razón entiende que el propio Presidente de la República y su secretario están diciendo que lo que hay que hacer es poner como titular del predio de Viera lo que popularmente se conoce como testaferro. Simplemente, vergonzoso.

Pero el Frente Amplio y el gobierno no pueden seguir defendiendo lo indefendible: Viera es un claro ejemplo de conflicto de intereses y debe cesar en su cargo de presidente del INC; y poner testaferro no deja de ser conflicto de intereses. Si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra es perro. Cualquier otra resolución es trampearle su voluntad a quienes votaron al Frente Amplio para “que gobierne la honestidad”.

Ha sido Peter Navarro, asesor principal comercial de la Casa Blanca, quien precisó que Elon Musk “no es un fabricante de automóviles” sino “un ensamblador”, cuya producción depende de piezas importadas de Asia. Este cruce entre Navarro y Elon Musk (principal de Tesla y SpaceX), es un capítulo de la disputa interna dentro del entorno del presidente Donald Trump, que se profundizó a partir de la reciente introducción de aranceles por parte de la administración estadounidense.

Pero subió la intensidad del intercambio y molestó. “Los chicos son así” se lamentó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Lo que subyace en este cruce, es que Navarro es un defensor de las medidas proteccionistas, en tanto Musk es un impulsor de un comercio más libre. Y más recientemente, ha sugerido la creación de una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Europa.
Entre los analistas es extendida la idea de que estas disputas internas podrían afectar la definición y ejecución de las políticas comerciales de la administración Trump. Hasta ahora, estos cruces son vistos como parte del desorden estratégico de Trump y sus grupos de gobierno, poco cooperantes a no ser llegado el momento de reaccionar frente a un enemigo común, no presentan demasiados asuntos coincidentes. Quizás por ello, hasta ahora la comunidad empresarial ha observado con atención serena, y con suma discreción no ha ocultado su preocupación por el impacto potencial de los aranceles en la economía y en las relaciones comerciales internacionales. Se ha introducido a partir de esta idea incierta de los aranceles un clima de desconfianza por la inestabilidad de costos del sistema.

La administración Trump prefiere la verborragia sorpresiva, más parecido a sondeos para medir la respuesta de aliados y contrarios que si la reacción es débil es el comienzo de próximos avances, pero si fuera un rechazo contundente, optan por abandonar o postergar la cuestión. Pero todo enfrentamiento interno, para ser tal, necesita de una negación y este choque lo ha tenido. Fue Navarro quien negó que esté peleándose con Musk debido al alza de aranceles. No una sola vez: en una entrevista que le hiciera Fox News sobre los comentarios de Musk y una eventual “ruptura” entre ambos, Navarro respondió: “no hay ninguna ruptura aquí”.

Y agregó: “Elon, cuando está en su carril DOGE, es genial”; es que Musk “vende autos” y está “simplemente protegiendo sus propios intereses” al oponerse a los aranceles de Trump, “como lo haría cualquier persona de negocios”.
Inesperadamente, Trump recordó que Musk dejaría pronto su posición en el gobierno, ya que el tipo de contratación por la que se vinculó a la Casa Blanca tiene un tope de 365 días. Y para ello faltan unos 125 días.
Trump también adelantó que el Departamento de Eficiencia Gubernamental continuaría a cargo de secretarios del gabinete y, en principio, no habría un sustituto que reemplazara a Musk en tan difusa labor.

Nuevos capítulos

Ahora Trump lanzó una nueva acción: aumentar los aranceles a productos estadounidenses al 50% si no se llega un acuerdo con la Unión Europea. Es que en su concepción, la Unión Europea es una institución creada con único fin de “tomar ventaja de Estados Unidos en el comercio”. Dicho de otro modo, los países europeos que durante ocho décadas fueron sus aliados comerciales e ideológicos, ya han perdido esa condición.
Por ello, las propuestas de la Comisión Europea para una reducción mutua de aranceles es insuficiente. Es que con los aranceles Trump pretende recaudar para atacar los déficits fiscales y comercial de Estados Unidos.
Pero hay un elemento clave para dimensionar adecuadamente la importancia de los aranceles, que es esencialmente, recaudatoria. En efecto, la recaudación que se recogerá con los aranceles es imprescindible para controlar y estabilizar el precio del dólar y así equilibrar las finanzas. Es la apuesta mayor para que Estados Unidos se aleje del precipicio. La cuestión, adicionalmente, es que una crisis parecida enfrenta la Unión Europea.

Presupuesto en vías de aprobación

“Lo antes posible” es la nueva consigna de Trump. Es el grito que convoca a los senadores para que den aprobación a la Ley Presupuestaria. En su votación en una y otra cámara la ley podría sufrir algunas enmiendas. Si así fuera, el proyecto debería regresar a la cámara baja para una nueva aprobación.
Los electores de Trump tienen en la mira esta importante Ley presupuestaria pues incluye un capítulo fundamental de la propuesta electoral: una fuerte rebaja de impuestos que, obviamente habrá de aumentar el déficit y la deuda en un momento de preocupación y tensión, en el que los inversores alertan por severa crisis fiscal.
Se anuncian correctivos para lograr la aprobación: recortes sanitarios, reducción de los créditos fiscales a las energías renovables. La reducción, solamente, para el programa Medicaid será de 700 mil millones de dólares. Además, se reducen en casi 9 millones los beneficiarios y luego los estados asumirán el 5% del costo del programa y el 75% de los costos administrativos.

¿Cómo se llama esto?

Mientras la correntada trumpista intenta arrasar con todo lo que significa estado y políticas públicas, la contracara es la esencia misma de la hipocresía de los postulados del propio Trump y sus más cercanos, entre ellos, Elon Musk. Sí, el mismísimo Musk que lidera una reducción general del gasto federal y predica a favor de la desregulación de las agencias de control gubernamental. De acuerdo con una investigación del The Washington Post, como fue señalado, Musk ha recibido unos 38 mil millones de dólares, lo que en momentos de crisis dio estabilidad a sus empresas. Solamente SpaceX recibió 15 mil millones de dólares.
Musk es uno de los mayores beneficiarios de dineros públicos cuyo origen son recaudación, es decir, dinero de los contribuyentes. El origen de esos 38 mil millones de dólares son contratos gubernamentales, préstamos, subvenciones y créditos fiscales.
A Tesla y SpaceX, se suman sus otras empresas, SolarCity, la giga fábrica de baterías de Nevada. Los 52 contratos activos con la NASA, el Departamento de Defensa, la Administración de Servicios Generales. En el análisis del diario de la capital estadounidense, se agrega el comentario del profesor John Helveston, de la Universidad George Washington, que señalaba que “Tesla ha sido impulsado por subsidios y financiamiento público”, lo que “hace que la retórica de Musk contra las ayudas gubernamentales resulte, por lo menos, contradictoria”.
Así, Musk no sería solo el empresario más rico del planeta, sino uno de los mayores beneficiarios del gasto público en Estados Unidos, el mismo que ahora promociona recortar.
Un producto de la siembra de Trump, y de esta hora, con una veta inmensa tartufiana.