Opinión

Nos ha tocado vivir un tiempo tan maravilloso de invenciones y tecnología como brutal y mezquino, concentrador ya sea económicamente como de poder, donde los desarrollos de la ciencia y la búsqueda constante de mejores condiciones para el desarrollo de una sociedad que avanza en la profundización de sus valores democráticos, nos estimulan a soñar que es posible una sociedad más integrada y equilibrada, para avanzar en derechos y en nuevos equilibrios para legar una sociedad más plena para las generaciones que nos han de suceder.

Es tiempo del “reemplazo de lo viejo por lo nuevo”, de revitalizar en sentido positivo una ley universal, eterna e ineludible. Dentro de esa realidad asoma la contradicción entre lo nuevo y lo viejo, origen de luchas sociales, de tensiones y nuevos equilibrios. Como parte de estas luchas en constante evolución, marchas y contramarchas, hay un momento en que lo nuevo logra predominar sobre lo viejo, al mismo tiempo, esa cosa vieja se trasmuta cualitativamente en otra cosa diferente, nueva, a resueltas de esa misma dialéctica transformadora. Así, se puede concluir que la naturaleza de una cosa es determinada fundamentalmente por el aspecto principal de su contradicción, el que ocupa la posición predominante. Al cambiar dicho aspecto, cambia en consecuencia la naturaleza de la cosa.

Un tiempo de violencia y de concentración

Aunque hay diferencias entre los centros de análisis y debate, se estima que en este mismo momento hay en el planeta entre 56 y 61 conflictos militares, incluidas guerras civiles. Según un reciente informe del Peace Research Institute Oslo, PRIO, se han registrado 61 conflictos en el 2024, con 129 mil muertes, lo que ha hecho del año pasado uno de los más letales desde el fin de la guerra fría. La invasión rusa de Ucrania acumuló sólo el año pasado 76 mil víctimas.
En 2024 ocurrieron la mayor cantidad de guerras entre Estados desde 1987. Además de Ucrania y Gaza, se suman los conflictos entre Irán e Israel, Reino Unido/EE.UU. y Yemen, y Pakistán y Afganistán. También hubo más países con múltiples conflictos simultáneos: nueve países han tenido tres o más frentes de lucha dentro de sus territorios.

Crisis profunda

La crisis actual, que es global tanto por su amplitud y profundidad, precisa que las diversas corrientes del pensamiento y análisis económico desplieguen todos sus mecanismos analíticos y propositivos. Emerge claramente como un problema grave el decaimiento de las capacidades soberanas, especialmente del equilibrio de los tres poderes del Estado, frente a la agresiva concentración económica y de poder, así como de la invisibilización de sus localías. En Estados Unidos, Alaska, Nevada, Tennessee, Florida, Texas, New Hampshire, Washington, Wyoming, Delaware y Dakota del Sur son paraísos fiscales. La lista de paraísos puede variar de acuerdo con algunos criterios. Por ello, las listas varían de 24 hasta más de 60 territorios, en algunos casos países o simplemente territorios definidos.

Al fin de la guerra fría, le sucedió un período de agotamiento de las partes y del todo, que como un tsunami arrastró lo que apenas hacía poco parecía firme e inconmovible.

Una catarata algo desordenada pero estratégicamente coherente, con sus decisiones y su relato fue erosionando los organismos multilaterales, una ingeniería de equilibrios cuyo propósito era formular y reformular equilibrios en las asimetrías de poder político y económico. Con el correr de los años, a medida que se consensuaban nuevas aspiraciones, se fueron creando nuevas organizaciones bajo el paraguas de Naciones Unidas. El manejo de esas construcciones, motivadas por buenos y nobles propósitos, fueron signadas por contradicciones que no pocas veces dieron lugar a frustrantes derrotas.

Paz ahora

Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha reflexionado sobre la dualidad de la paz y la guerra. El concepto de paz como contraposición a la guerra tiene sus raíces en las primeras civilizaciones, donde las comunidades buscaban establecer armonía interna frente a los conflictos externos. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, los tratados de paz reflejaban el deseo de evitar los estragos de la guerra. En las culturas grecorromanas, la paz era entendida como una condición ideal que debía conquistarse tras los conflictos bélicos.

Pensadores como Aristóteles y Cicerón comprendieron la paz no solo como la ausencia de guerra, sino como un estado activo de justicia y equilibrio social. Este enfoque evolucionaría con el tiempo, y sería la paz un principio ético fundamental y un camino hacia la plenitud del espíritu humano.

Una utopía para los muertos

I. Kant, en su escrito más oportuno para releer en estos tiempos de crisis de los Estados es el tratado de “La paz perpetua”.
Por entonces, el mundo se conmocionaba por los enunciados de la Revolución Francesa, lo que comprometía a los filósofos en sus reflexiones sobre las nuevas relaciones mundiales. La paz era casi una utopía de los muertos.
“Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y el gobierno de otro Estado”, señala Kant.
Y sigue: “La intromisión de potencias extranjeras siempre será una violación a los derechos de una nación libre que lucha con su mal interno. Inmiscuirse en sus pleitos internos sería un escándalo capaz de poner en peligro la autonomía de los demás Estados”.
Kant destacaba una constitución cuyos fundamentos eran tres: 1. principio de la “libertad” de los miembros de una sociedad (como hombres); 2. principio de la “dependencia” en que todos se hallan de una única legislación común (como súbditos); 3. principio de la “igualdad” de todos (como ciudadanos).
Es la única constitución que nace de la idea del contrato originario, sobre el cual ha de fundarse toda la legislación de un pueblo. Habla de una constitución “republicana”.
Ésta es, pues, en lo que al derecho se refiere, la que sirve de base primitiva a todas las especies de constituciones políticas. Puede preguntarse: ¿es acaso también la única que conduce a la paz perpetua?
Y para Inmanuel Kant, “la constitución republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”.

Paz ahora y global

Kant aspiraba a que todos contribuyéramos a un estado de derecho público universal, no como una fantasía vana, sino para resolver sus avances como una aproximación progresiva hacia la paz perpetua.
A pesar de que se cree que evolucionamos hacia sociedades más civilizadas, se siguen cometiendo crímenes que atentan contra los derechos humanos y el devenir de la historia lo demuestra.
Paz ahora. Es urgente. Por la construcción ética que nos trajo hasta hoy. Para honrar la vida. Lo primero, lo inmediato, es una reacción activa por la paz ya, sin demoras. Es tiempo de poner las acciones en valor, en dignidad. Como nos lo marcara José Artigas, “la causa de los pueblos no admite la menor demora”.

Hacía años que no caía. Y estoy vacunado y revacunado. A veces veo como visiones. ¿O será en serio que Trump decidirá la semana que viene o la otra si ataca a Irán? Sería algo así como lo más cercano a una Tercera Guerra Mundial o una primera gran guerra nuclear. Previamente se jugará unas partidas de golf y después verá. Pocas noticias: ¿Ucrania? ¿Qué se sabe, en qué está eso? Y de Zelensky ¿qué se sabe? ¿Circula?; ¿Gaza ya se transformó en balneario?, ¿Europa existe?, ¿Vendieron Groenlandia?, ¿Y Canadá?
Putin calladito y chinos silenciosos, ¡atentti!

Desde hace una semana guerra en Medio Oriente: misiles y drones van y vienen. No debe ser: prendo la TV y aguanto unos 30 minutos más la publicidad y solo ajustes de cuentas entre traficantes, balaceras, robos de motocicletas y en motocicletas, afane de perfumes y poca cosa más.
La guerra no nos llega; está lejos. Lo de Argentina resulta más cercano y mucho más previsible. La “sentencia histórica de la Corte Suprema” ha tomado forma de bailes callejeros, mini malambos en el balcón celda domiciliaria del centro de Buenos Aires, hasta una gran marcha a Plaza de Mayo, con discurso de la presa y todo, y para estas horas (ayer) un gran banderazo a Casa Rosada. Y todo porque condenaron a Cristina Kirchner (CFK) a 6 años de cárcel por robarse ella y sus compinches más de mil millones de dólares. Los kirchneristas en su momento más sublime: basta ver a Máximo y la Cámpora, hasta a Axel se le han bajado los humos. La izquierda se suma –¿la de Uruguay también?– y se anuncia la visita de Lula, pobre, cada vez de más triste papel. ¿Y qué hará Orsi ahora?

¿Y Milei? ¿Y Patricia? ¿Desensillando hasta que aclare? ¿No se animan? En cualquier momento se va de viaje con la hermana y ya está.
En lo que tiene que ver con nuestra interna parece que el voto del diputado Perrone abrió una grieta en la Coalición Republicana. No por inesperado supongo; en el ámbito político se estimaba de antemano que Cabildo Abierto votaría y va a votar con el Frente. Ya lo hizo en el pasado, con más razón ahora que el FA es gobierno y en que sus escasos votos resultan más valiosos. El tiempo dirá cuántas serán las “coincidencias” que van a aparecer para “el bien del país”.

“Deben ser malentendidos” ironizó Orsi, quien dijo que eso muestra que hay una línea en el país: ¿la del FA y la de CA?
La grieta la intentó generar el propio Orsi desde un principio: las dos embajadoras tuvieron claramente ese propósito. El Partido Colorado no lo aceptó, pero los blancos no tuvieron una misma postura. Al principio refunfuñaron un poco: de “París bien vale una misa”, (¿vale o no vale?) saltaron a “y si votamos a Juan Raúl”. “Eso afectó muy mucho a los blancos, pero a la coalición también”, me dijo un colorado algo “caliente”. Lo que falta ahora es que si Delgado consigue llegar a la presidencia del Partido Nacional haga un acto homenaje a la exvice, añadió.

Las idas y venidas y tejes y manejes en torno a las elecciones internas del PN generan dudas sobre cuál va a ser el futuro de la CR: es notoria la desunión y los enfrentamientos entre las distintas fuerzas nacionalistas. “Le abrimos el camino en el 19 con la coalición, no pueden pedirnos que tropecemos con la misma piedra del ‘24 y que ahora nos guíe el Mariscal de la Derrota, como ellos mismos le dicen”, advirtió mi fuente colorada.

Asistí a la marcha por la decapitación de Juli organizada por la oenegé Amigos de los Animales que estuvo bastante concurrida y a la cual adherí porque siempre fui perrero y contrario al maltrato animal, lo cual me parece detestable, sin caer en fanatismos y búsqueda de facturar votos sensibleros.
Ahora lo que me parece lamentable y en esto voy a coincidir con el diputado David Helguera, es que esta oenegé se moviliza siempre y cuando el maltrato no involucre de alguna forma al FA. De hecho, no los vi mover un dedo cuando el edil del FA mató acribillando a tiros las mascotas de sus vecinas.
Contradicción que parece que se repite en fiscalía, ya que mientras el ministro del interior y exfiscal Carlos Negro está en campaña de retirar las armas legales a los civiles (un verdadero disparate, más cuando la población hoy es golpeada por la delincuencia armada hasta los dientes sin darle soluciones de tipo alguno), la fiscalía sanducera pasó por alto sin penalización un arma ilegal, sin tenencia, ni porte que masacró a tiros a estas mascotas en plena zona urbana. Volviendo a la oenegé, ni siquiera se presentó en la JDP cuando fue tratado este último tema expresado, después de haberle hecho terrible escrache al intendente Bentos, y a la JDP en su momento por el envenenamiento de perros, que nunca se pudo averiguar la procedencia del veneno ni de los culpables de semejante maldad, pero que sin lugar a dudas nada tuvo que ver la Intendencia.
De cualquier forma esperemos que se llegue a una legislación penal que proteja el bienestar animal, lo que no significa no defenderse ante un ataque, ni estar contra las jineteadas, o la cacería reglamentada, sino que se les trate con dignidad y evitando el sufrimiento y maltrato de todo animal, especialmente del mejor amigo del hombre como siempre lo ha sido, el perro, que si ha traído en algún momento problemas de convivencia, ha sido a causa de sus malos dueños que son quienes deben hacerse responsables legalmente. Lamentablemente será difícil de lograr con este gobierno que se queja y hasta critica que se hayan endurecido las penas a los delincuentes pesados a través de la LUC. Poca suerte le veo a los animales, pero no hay peor gestión que la que nunca se hace.

Javier Pizzorno
Edil del Partido Nacional

Días atrás publicamos en páginas de EL TELEGRAFO un artículo referido a la diferencia de precios de un lado y otro de la frontera, a partir de un informe que elabora periódicamente el Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay. El último de estos informes da cuenta de la confirmación de la tendencia de los últimos meses: la reducción sostenida en la diferencia de precios entre Uruguay y Argentina. El estudio correspondiente a mayo de 2025 mostró que los productos de consumo básico son apenas un 14,24% más caros en la ciudad uruguaya de Salto que en Concordia, de acuerdo con el observatorio, la menor disparidad desde octubre de 2017, cuando la diferencia fue de apenas un 5,3%. Sin embargo, más allá de este promedio, hay rubros donde la brecha sigue siendo muy significativa, con algunos ejemplos en los que la diferencia de precios supera el 100%.
La diferencia ha venido cayendo sostenidamente desde setiembre de 2023, cuando alcanzó al 180,2%, y era moneda corriente el cruce de los uruguayos a la otra orilla a hacer turismo y compras o pasa “un fin de semana de ricos”, como se popularizó. Un uso que no llegó a hacerse costumbre, porque progresivamente la diferencia se fue acortando. En marzo pasado fue del 24,3%, y, como se expuso, en mayo se ubicó en 14,24%.
Claramente los mayores cambios se han visto en la economía argentina. Siempre según el informe, el peso argentino se apreció un 6,6% respecto al dólar desde el último relevamiento, mientras que el peso uruguayo lo hizo en un 1,6%, por ejemplo. Efecto de esta apreciación, así como de las medidas que Argentina ha aplicado en la región pampeana, la brecha de precios, aunque no desapareció, al menos se redujo. Un fenómeno similar ya había marcado el informe de Ceres para la Cámara de Turismo, que mostraba que el Uruguay se había vuelto conveniente para las vacaciones de los argentinos, con el detalle en contra de que en el mismo lapso Brasil se volvió mucho más conveniente aun.
Ahora bien, esta reducción, sumado a la barrera que supone el costo del peaje en el puente internacional (que en el paso de Salto Grande no existe), pone a cierto resguardo al comercio sanducero, aunque no del todo. Recordemos que el algunos artículos la brecha persiste a niveles de 100% de diferencia, aunque no por ejemplo en prendas de vestir –un clásico de quienes cruzan la frontera–, donde incluso el informe muestra que es conveniente comprar en Salto en lugar de en Concordia: “Contra la percepción común, el rubro de prendas de vestir y calzado muestra una ventaja relativa para los consumidores de Salto. La brecha promedio es de -13%, lo que significa que Uruguay tiene precios más bajos en esta categoría. Los jeans para hombres, por ejemplo, cuestan un 25,7% menos en Salto que en Concordia, y el calzado deportivo para hombres tiene una diferencia favorable del 10,4%. La única excepción dentro de este grupo fue el calzado deportivo para niños, que es un 17,6% más barato en la ciudad argentina”.
Otro rubro estratégico es el del transporte, los combustibles. En este caso lo que marca el informe es que la diferencia es “apenas del 3%”, aunque hace la salvedad que esta aparente paridad obedece a la existencia del beneficio del descuento del Imesi, sin ello, la diferencia sería del 70%, lo que demuestra que en caso de desaparecer será suficiente como para justificar un cruce y, como sabemos, quien cruza a cargar combustible, aprovecha el viaje.
No podemos desconocer que en todo este tiempo se han tomado medidas que benefician a las empresas del sector comercio y servicios de este lado de la frontera como una forma de compensar el desequilibrio y ello —en parte— ha permitido que muchas empresas sigan trabajando a pesar del escenario desfavorable.
Así las cosas no ha de faltar posiblemente quien argumente que sería tiempo de ir quitando estos apoyos. Hacerlo en este momento sería rotundamente un error. No solamente porque, como se plantea en el informe, la brecha aunque se redujo, no desapareció, y además no es lineal en todos los rubros, sino que además hay empresas que además de estos beneficios han tenido que recurrir a otros apoyos, a financiamiento externo para hacer frente a sus obligaciones, por lo que aun encontrándose en un escenario de relativa paridad en ese escenario de competencia transfronteriza, todo este tiempo transitado en repecho han dejado sus secuelas y es necesario no solo encontrar terreno plano, sino que además sería oportuno extender un poco la bajada hasta recuperar.
Pero ojo, esto no es algo que sea exclusivo de las empresas fronterizas del sector comercio, sino que es una particularidad del país, como viene de comentar el flamante presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, quien habló de una necesidad de reducir el costo del crédito en pesos. Lo hizo en un encuentro organizado por la filial Uruguay de la organización de coaching para ejecutivos Vistage, donde planteó como un desafío mejorar el acceso al financiamiento, especialmente para empresas de menor porte. “Uruguay se endeuda en dólares más barato que varios países de la región, pero en pesos nos cuesta algunos puntos porcentuales más. Eso refleja un problema estructural que afecta no solo al Estado, sino a las empresas y los hogares” y en la misma línea, agregó que “las personas en Uruguay también pagan en términos reales significativamente más tasa de interés por crédito en moneda nacional en comparación con varios países de América del Sur”. Y si ya es un esfuerzo adicional para las micro y pequeñas empresas, cuánto más lo ha sido en el contexto de la diferencia cambiaria. Retirar los apoyos actuales no es una decisión que se pueda ni deba adoptar de buenas a primeras cuando el subibaja todavía no está cerca de apoyarse de este lado, más bien que recién empieza a dar muestras de equilibrarse.

El Pit Cnt ha planteado ya desde hace años “la perspectiva de que, con las nuevas tecnologías que están en movimiento con las distintas revoluciones tecnológicas, el cambio de la productividad del trabajo, y sabiendo que tenemos una ley que limita la duración del tiempo de trabajo diario y semanal, que es de 1915, es importante poner a disposición de empleadores y trabajadores una perspectiva de apuntar una semana laboral de 40 horas con pago de 48 horas”, reflexionó hace pocas horas el titular de la central sindical, Pablo Abdala, al respaldar en un cien por ciento la intervención del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en la 113ª asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Precisamente Castillo dijo en este foro que está a favor de la discusión para alcanzar la reducción de la jornada laboral en nuestro país, y Abdala recordó que esta reivindicación ha sido planteada sucesivamente por el Pit Cnt en los últimos actos por el Día Internacional de los Trabajadores en 2023, 2024 y 2025, en la relación de trabajar menos y cobrar lo mismo.

Es que según Abdala, “están todas las condiciones” para este cambio, y en este sentido manifestó que para que esto se instrumente es preciso que en primer lugar, se discuta en el ámbito de gobernanza de las relaciones laborales, en referencia al Consejo Superior Tripartito, para que a partir de allí “pueda desarrollarse un proyecto de ley que atienda el tema”. Asimismo, el presidente del Pit Cnt señaló que este tema estará en la reunión que mantendrá con el presidente de la República, Yamandú Orsi, el próximo lunes 23 de junio.

Al ser consultado sobre la postura negativa de las cámaras empresariales en cuanto a la reducción de la jornada laboral, Abdala dijo que “hay que conversar. Siempre que hay una propuesta de este tipo, en general, se despiertan algunas resistencias del sector empleador, pero, por otro lado, al contrario de eso, noté buena predisposición en el sector empleador para apuntar a un diálogo sobre el desarrollo, que es otra cosa. Creo que en función de esa discusión se irán acomodando el resto de los temas. Lo central es el diálogo y fundamentar las propuestas”.

A la vez, consultado sobre si el sector empresarial reclamará una mayor productividad en caso de que se avance en la reducción laboral, Abdala respondió que “creemos que uno de los productos de una estrategia de desarrollo que diversifique la matriz productiva es la elevación general de la capacidad productiva del trabajo. El problema de esa discusión es ser preciso”, y fundamentó que “si se tiene un país cuya economía está basada en la dotación de recursos naturales, hay un techo casi que natural para el crecimiento de la productividad. Pero si se generan las condiciones para la reindustrialización del país y para que además se desarrolle una inversión superior en ciencia y tecnología, puede mejorar en términos globales la productividad del trabajo”, concluyó Abdala.

Más allá de las vaguedades y conceptos difusos y condicionantes que expone en esta oportunidad el líder de la central sindical, es notorio que históricamente el Pit Cnt se ha opuesto siquiera a poner sobre la mesa de negociaciones el tema de la productividad, y que esta palabra es además tabú para los gremios de estatales, sector que no se pierde ningún feriado y que además es conocido por su escaso compromiso y dedicación con las funciones correspondientes a su área laboral.

La reducción de la jornada laboral es por supuesto un sueño “cumplible” en el Estado, donde ya se trabaja mucho menos horas que en la actividad privada, que si tiene competencia y hay riesgo de perder empleos. En cambio dentro del Estado de lo que se trataría simplemente es de una concesión más del gobierno, con el ciudadano una vez más como el paganini de la boda –llámese salarios– para seguir manteniendo los mismos –o peores servicios– y déficit en la atención hacia quien precisamente paga los sueldos con sus impuestos.

Es decir, los ciudadanos, las empresas, el tejido socioeconómico del país, los empleados privados que no gozan de inamovilidad, que tienen empleos pendientes de un hilo debido a empresas que luchan por subsistir y con problemas de desempleo y/o ingresos insuficientes, reciben como propuesta de la central sindical que se reduzca la jornada laboral, cuando la lógica indica que estamos en un punto en el que, si no hay un salto en la productividad, el crecimiento del empleo y del salario empiezan a volverse incompatibles.

Esta dicotomía explica lo que viene ocurriendo desde 2015, con una caída del empleo desde que se cortó el viento favorable de los precios altos de los commodities que favoreció reciclaje de riqueza en nuestra economía, y sin dudas que se soslayan en esta propuesta reglas básicas de la economía, que debería sostenerse en una mayor productividad, para abaratar los precios de bienes y servicios, mejorando la capacidad productiva y competitividad de las empresas, con la consecuente mejora de las condiciones de trabajo de las personas, todo lo que contribuye a hacer crecer la economía del país.
La productividad laboral es la relación entre los bienes o servicios producidos por un trabajador y los recursos que se han utilizado para obtener dicha producción, por lo que corresponde evaluarla como una medida para determinar la eficiencia, que puede referirse tanto a una empresa en concreto como a una economía en su conjunto. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que la productividad laboral “mide la eficiencia de un país al utilizar la materia prima en una economía para producir bienes y servicios, y ofrece una medida del crecimiento económico, la competitividad y los niveles de vida en un país”.
En su momento el exministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres reflexionó que la productividad es fundamental para posibilitar la reducción de la jornada laboral. “No es viable pensarlo sin una discusión y una mejora de la productividad. Y la mejora de la productividad es un ganar-ganar. Sin mejorar la productividad es pegarse un tiro en el pie, es el riesgo de pérdida de puestos de trabajo, es el riesgo de que haya caída de la rentabilidad”.

En suma, y observando la realidad, la productividad laboral es un concepto que a grandes rasgos divide a las naciones desarrolladas de las que están más abajo en la escala de su nivel socioeconómico, porque tiene que ver no solo con la producción para el mercado interno y la exportación, sino también con las posibilidades que se ofrecen a los ciudadanos del país que sea para acceder con mayor facilidad a bienes y servicios a través de una mejor relación entre sus ingresos y los costos de aquellos.

La productividad es un factor clave para desarrollar una economía sana y sostenible, y pretender la reducción de la jornada laboral no es solo poner la carreta delante de los bueyes, sino que en nuestro país sería simplemente pegarse un tiro en el pie, estrangulando empresas que siguen debatiéndose entre el elevado costo-país, y una actividad estancada.

Hace siete años, por primera vez en la historia de la humanidad, el número de personas mayores superó al de niños menores de cinco años a nivel mundial, marcando un hito histórico. Para 2030, se prevé que la población mundial de personas mayores supere a la de jóvenes y duplique la de niños pequeños, una transformación que se dará con mayor rapidez en los países en desarrollo.
Esta tendencia global de envejecimiento poblacional —caracterizada por el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad— es especialmente notoria en América Latina, que se ha convertido en la región que envejece más rápidamente en el mundo.

En este contexto, debemos comprender que el envejecimiento de la población —nuestro propio envejecimiento— está transformando las estructuras sociales a escala global. Y si bien es una buena noticia que la esperanza de vida al nacer supere hoy los 75 años en la mitad de los países del mundo —25 años más que en 1950—, este avance también plantea importantes desafíos para las políticas sociales, los sistemas de salud y la economía. A medida que la población envejece, ha crecido sustancialmente la demanda de servicios integrales de atención sanitaria, cuidados y apoyo social, especialmente para personas mayores que padecen enfermedades como la demencia, el Alzheimer o diversas discapacidades.
Recientemente, distintos organismos e instituciones colocaron el tema de las personas mayores en la agenda pública, al conmemorarse el pasado domingo el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Se trata de una jornada anual, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de visibilizar esta problemática social que afecta los derechos humanos de quienes transitan esta etapa de la vida.

Actualmente, se considera que el maltrato hacia las personas mayores es una forma de violencia silenciosa, ejercida mayormente por vínculos cercanos en quienes ellas depositan su confianza. A su vez, está comprobado que la discriminación y el maltrato suelen comenzar de forma sutil, muchas veces a través de actitudes o acciones que provienen de otros actores sociales o de la sociedad en su conjunto.
El investigador Leopoldo Salvareza ha propuesto el término viejismo para denominar al conjunto de representaciones sociales negativas, prejuicios, discriminaciones y estereotipos sobre el envejecimiento. Estos incluyen suposiciones y generalizaciones sobre cómo deben comportarse las personas mayores, sin tener en cuenta las diferencias individuales que definen la heterogeneidad de esta etapa natural de la vida.

Desde esta perspectiva, el viejismo se entiende como una forma de violencia social que limita la participación plena, la autonomía y los derechos de las personas mayores, generando exclusión. Por ello, su superación debe asumirse como “un compromiso colectivo de transformación de prácticas, discursos y políticas públicas, alineándonos con los principios de derechos humanos que establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, como han señalado recientemente las autoridades de Inmayores.
La edad es el principal factor de discriminación. Normalizar el maltrato y la marginación por razones etarias atenta contra derechos fundamentales, y provoca que muchas personas mayores se sientan vulneradas en su autoestima y autopercepción.
En lo que respecta al género, las mujeres mayores son las principales víctimas, lo que refleja un patrón de vulnerabilidad que exige atención y respuestas urgentes desde todos los sectores de la sociedad.

La realidad es que, aunque muchas de nuestras abuelas y abuelos a veces teman salir a la calle o incluso permanecen en alerta dentro de sus propias casas por miedo a intrusiones, en nuestro país las principales fuentes de violencia hacia las personas mayores provienen, tristemente, de su entorno más cercano.
Según informó Marianela Larzábal, directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), las mujeres son las principales víctimas de maltrato en este grupo etario, y la mayoría de los casos se produce en el ámbito familiar o en espacios destinados a su cuidado.

Los datos del Servicio de Atención a Personas Mayores en Situación de Abuso o Maltrato revelan, por un lado, la feminización del problema: el 82,8 % de los episodios tratados el año pasado correspondió a mujeres y el 17,2 % a hombres. Por otro lado, se constata que en el 57 % de los casos, las personas mayores fueron agredidas por sus propios hijos o hijas. Asimismo, un 7,5 % sufrió agresiones por parte de nietos o nietas, otro 7,5 % por sobrinos o sobrinas, y un 5,5 % por sus parejas o exparejas.
Las formas más comunes de violencia incluyen el maltrato físico —golpes, empujones o restricciones indebidas, entre otros actos que causan daño corporal—, el maltrato psicológico, emocional y verbal, que genera angustia, miedo, baja autoestima y aislamiento. También se presentan otras conductas perjudiciales, como la negligencia en la atención de las necesidades básicas y de salud, el abandono, y el abuso financiero. Este último incluye el uso indebido de los recursos económicos de la persona mayor, como fraudes, apropiación de bienes o manipulación de cuentas bancarias.
Estas acciones pueden ser puntuales o reiteradas, y producirse tanto por acción directa como por omisión. Pero en todos los casos, constituyen una grave vulneración de derechos y un atentado contra la dignidad de las personas mayores.

Se trata de una problemática compleja, que debe abordarse con urgencia desde las políticas públicas, en el marco de los importantes cambios demográficos ya en curso. Estos cambios requerirán el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración, asegurando la sostenibilidad de la protección social.
En cierta forma, estamos ante una carrera contra el tiempo para tomar decisiones que atiendan la situación social, económica y sanitaria de una población cada vez más envejecida. Esta realidad exige un enfoque holístico en el diseño de las políticas sociales, que contemple la diversidad de experiencias del envejecimiento.
El envejecimiento saludable se perfila como una necesidad urgente, porque en definitiva, lo que está en juego es la calidad de vida de una parte cada vez más importante de nuestra población, en una etapa en la que pueden enfrentar múltiples situaciones de vulnerabilidad, discriminación y pérdida de derechos.

En una entrevista en el Portal de la Universidad de la República (UdelaR), el catedrático de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social y de Teoría de las Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la UdelaR, Juan Raso Delgue, analizó las perspectivas desde el punto de vista de su materia frente a los desafíos que proponen las nuevas tecnologías y en especial la Inteligencia Artificial. La entrevista es extensa y en la puesta en contexto el experto abarca desde los inicios de la legislación laboral y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, para llegar al escenario actual, en el que plantea que un motivo de preocupación de la fuerza de trabajo debería ser la defensa de la transparencia del algoritmo, “un concepto que no está claro para los trabajadores y sin embargo ese es un punto que muy grave para el futuro, en materia de discriminación, de género, entre otros sesgos”, indicó. Como un ejemplo de ello citó los concursos laborales en las instituciones públicas. “En la actualidad cuando uno de estos organismos abre un llamado a por ejemplo veinte cargos administrativos y se presenta una enorme cantidad de personas, la primera selección no la hacen los humanos sino un programa de Inteligencia Artificial que opera en base a algoritmos”, se plantea en la nota antes de citar a Raso indicando que “se trata de una selección que nosotros no conocemos, no sabemos si cuando se construyó el algoritmo, dentro de ese proceso de inteligencia artificial no se escondieron sesgos, por ejemplo la edad de los seleccionados, género, complexión física, que no sean fumadores, etcétera” y agregó que ya hoy “hay controles que apuntan a saber lo que piensa el trabajador, si está de buen humor, si está deprimido, si está siendo productivo o no, invaden. Entonces, el camino es conocer y después actuar”, afirmó. Y aunque en Uruguay es una discusión que, al menos en la faz pública, no se está dando, sí es una preocupación en otros países de la región que incluso están desarrollando modelos propios de inteligencia artificial para cubrirse de los sesgos de los modelos más empleados del momento, como ChatGPT, al que directamente alude en su nombre: Latam-GPT.

Este modelo sudamericano se creó en Chile, donde comenzó el proyecto, al que se sumó Brasil, en una alianza que se forjó tras una visita del mandatario trasandino Gabriel Boric a su par norteño Luiz Inacio “Lula” Da Silva. “El futuro digital también debe hablar en nuestro idioma, con nuestras voces y para nuestra gente”, ha dicho el presidente chileno acerca del proyecto.

Este modelo está siendo desarrollado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), un organismo privado sin fines de lucro que tiene a cargo la coordinación del proyecto, y cuyo gerente, Rodrigo Durán, ha indicado que su espíritu “no está en entrar directamente en la competencia con otros actores internacionales, sino en mejorar el rendimiento de cualquier solución tecnológica para los países de la región”. Agregó que no se trata de concretar simplemente una plataforma, sino que “lo que queremos es promover la adopción de estos desde un punto de vista ético y responsable. Esa es nuestra meta con este proyecto, que la inteligencia artificial esté al servicio de las personas en Latinoamérica”.

En un artículo en la edición América del portal de El País de España, Durán explica que la diferencia con otros modelos es que estará entrenado con una gran proporción de datos de la región. “No será mejor en dar respuesta a temas como bioquímica, modelos de negocios –salvo que sean de Latinoamérica–, pero su gran virtud estará en el conocimiento del contexto local. Es decir, Latam-GPT sabrá más y mejor sobre América Latina que cualquier otro modelo que no haya sido entrenado con estos datos”, dice Durán. Entre este mes y el que viene se estrenará una primera versión de esta tecnología, a la que se podrá acceder de formar gratuita. Además de los dos que han sido abanderados, ya hay otros países interesados en formar parte del proyecto, como Colombia y Paraguay, así como casi una treintena de instituciones de distintas naciones de la región. El desarrollo de esta herramienta cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, así como de la Fundación Data Observatory, de Amazon Web Services (AWS) y han recurrido a centros de investigación, instituciones públicas, archivos, bibliotecas, universidades, organizaciones sociales, editoriales, productoras de cine y personas de toda la región con acceso a grandes volúmenes de datos para que colaboren en el entrenamiento de Latam-GPT. En un informe de 2023 la ya referida CAF citaba una estimación de la OCDE del año 2020 que situaba en más del 25% los empleos en América Latina que podían estar en riesgo de ser reemplazados por la automatización, una de las tasas más altas del mundo.

No se puede decir que en Uruguay no se esté haciendo nada al respecto. El pasado 6 de mayo se reunió el Comité Estratégico del Sector Público para la Inteligencia Artificial y Datos a efectos de abordar la implementación de las Estrategias Nacionales de Inteligencia Artificial y de Datos, y comenzar a trabajar en la primera hoja de ruta del período 2025 – 2030. Da la impresión que llevamos cierto retraso incluso con respecto a la región, aun considerando a algunos estudiantes universitarios que se han apropiado de su uso y de las piezas audiovisuales y gráficas que el mismo Gobierno ha utilizado para recordar las fechas patrias y algunas campañas del Ministerio de Turismo. Quizás quienes hacían antes estos trabajos hayan inaugurado la parte de ese 25% que corresponde a nuestro país.

Los datos que se dieron a conocer hace pocos días en Buenos Aires en el marco de una nueva edición de la cumbre de los ministros de Salud del Mercosur y estados asociados, en la que participó, entre otras autoridades, la ministra uruguaya Cristina Lustemberg, planteó una serie de inquietudes referidas a la situación epidemiológica de la región, desde que se ha detectado aumentos en los índices de transmisión masiva de patologías que son perfectamente prevenibles desde hace muchos años al contarse con vacunas y el conocimiento de determinadas medidas profilácticas sencillas y generales contra la mayoría de las enfermedades transmisibles.
Pero el problema radica no solo en las políticas que en nuestro país y en otras naciones tanto de la región como del mundo se desarrollan por las respectivas autoridades sanitarias, sino porque por un lado también hay sectores de la población que no se han concientizado respecto a la importancia del acto de prevenir, antes que actuar cuando la enfermedad ya está instalada y con pronóstico imprevisible o difícil de asegurar, cuando no con posibilidades desenlace fatal.
El punto es que hay además un núcleo duro –que además es muy activo en las redes sociales– que se manifiesta claramente contra las vacunas, que señalan son parte de un negociado de las grandes corporaciones multinacionales farmacéuticas, con los seres humanos como conejillos de Indias y víctimas directas de su afán de enriquecerse.
Más aún, estos “iluminados” a menudo se autoperciben como líderes de un movimiento local y hasta mundial de liberación contra estos supuestos envenenamientos masivos que se harían a través de las vacunas, y plantean teorías conspirativas que “prueban” sus afirmaciones lanzadas alegremente al vuelo, al punto de acusar a estas corporaciones de formar parte de un complot en cuyo marco han eliminado a portavoces del movimiento antivacunas que resultan creíbles al ciudadano común y por lo tanto resultan peligrosos para sus oscuros intereses.
El movimiento antivacunas data de hace mucho tiempo, pero cobró impulso fundamentalmente hace poco más de una década, a raíz de la publicación de un estudio (con doce niños) que mostraba una supuesta asociación entre la vacuna del sarampión y el autismo. Desde entonces el artículo (junto con su autor principal) fue desacreditado por distorsión de datos, y una docena de estudios a gran escala (uno de ellos con más de 90.000 niños) muestran de manera concluyente que no hay ninguna asociación entre dicha vacuna y autismo. Sin embargo, los antivacunas persisten con una serie de argumentos que carecen por completo de evidencia científica, algunos incluso ridículos y fácilmente demostrable por el absurdo que son una estupidez, pero que generan serias dudas en un número preocupante de personas, a quien el éxito de las vacunas ha hecho olvidar que no hace tantos años se moría de enfermedades como la difteria, la polio o el sarampión.
Los grupos que se oponen a estos avances científicos, promueven, con cierto grado de razón, que el cuerpo humano tiene de por sí mecanismos de protección natural que en esencia y por definición son mejores que los inducidos por la vacuna, y es cierto que, para algunos patógenos, la inmunidad natural puede ser de mayor duración que la generada por la vacuna. Sin embargo, esa protección natural no “funciona” para todas las enfermedades y tampoco en todas las circunstancias o personas, por lo que el riesgo por adquirir una infección manteniéndose “natural” es de mucha mayor gravedad que el riesgo asociado a cualquier vacuna recomendada.
Por ejemplo, el sarampión causa la muerte de dos de cada 1.000 individuos infectados en países desarrollados (en países de bajos recursos, esta cifra puede ser hasta veinte veces mayor), mientras que la vacuna combinada de sarampión, paperas y rubeola (MMR) causa una reacción alérgica grave en uno de cada millón de individuos vacunados, por lo que surge claramente que los beneficios superan ampliamente a los riesgos que conlleva una vacunación. Porque es cierto que estadísticamente siempre hay un ínfimo porcentaje de personas que tienen reacciones adversas, de distinta gravedad, a la aplicación de vacunas, por una serie de condicionantes de su organismo.
Pero en la ecuación riesgo- beneficio es absolutamente indiscutible que la investigación científica que ha dado lugar a que se crearan vacunas cada vez más eficaces ha ido el gran factor que ha permitido erradicar azotes de otrora de la humanidad, como la viruela, entre otras patologías que en otras épocas diezmaron la población mundial. Gracias a eso es que aún los antivacunas están –al menos por ahora—protegidos, porque afortunadamente hay una gran mayoría de gente responsable que sí se vacuna, generando lo que se llama “inmunidad de rebaño”. Eso es lo que no se debe perder, porque cuando eso ocurra y haya una epidemia no se van a salvar ni tomando la milagrosa “agua de Querétaro”.
Es por eso que en los lugares en que puede haber algún caso, son precisamente áreas del mundo, como el África profunda, donde no llegan todavía las vacunas, en tanto una demostración clara de la eficacia de la respuesta inmunológica por la vacuna la tuvimos en la epidemia de COVID-19, a la que los antivacunas cuestionaron diciendo que causa una diversidad de reacciones adversas e incluso la muerte. No siquiera las estadísticas que demuestran claramente el ridículo de sus afirmaciones sirve para que tomen conciencia, desde que si tuviese algo de razón, los fallecimientos por causas medicas o naturales se habrían disparado después de la pandemia, y por el contrario lo que sucedió es que actualmente muere la misma cantidad de gente por año que antes del COVID-19. Esos son datos reales y fríos, por más que se intente distorsionar la realidad citando ejemplos puntuales de muertes que consideran “dudosa”.
Los hechos ponen de relieve que el movimiento anti-vacunas tiene en esencia un cuestionamiento de la investigación y el avance científico, y el subsecuente fortalecimiento de la seudociencia, con una corriente anti-intelectual, y dentro de ella, una forma de anti-ciencia, lo que es un concepto muy antiguo y que a la vez forma parte de sembrar dudas respecto a intenciones y denunciar a “conspiraciones” por las que se engaña a la población pero no a estos supuestos paladines de la verdad, dotados de una inteligencia y poder de deducción superior.
Ello incluye también a los terraplanistas, a los que sostienen que es un gran engaño la llegada del hombre a la Luna, y una enorme pléyade de descubridores de las redes y espirituales de moda, entre los que se cuentan los “psicólogos de las constelaciones familiares”, quienes ven “chemtrails” cada vez que les pasa un avión por la cabeza, etcétera.
Es el mundo que nos ha tocado en esta época, con reductos de sentimiento anti-científico, tecnofobia y la desconfianza en las instituciones, como determinantes de la seudociencia, y que en los hechos, es una manifestación de ignorancia que se proyecta con un barniz de inteligencia para convencer a sectores permeables, que quieren creer, y lamentablemente, se genera un terreno fértil para que las teorías conspirativas se vuelvan sucedáneas al conocimiento científico y hasta el sentido común, desandando siglos de esfuerzos en investigación, prevención y tratamiento de enfermedades, entre otras consecuencias.

Cuando la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, visitó Colonia a comienzos de junio, manifestó su preocupación por el aumento de los casos de hidatidosis en ese departamento y por el crecimiento de la sífilis y la tuberculosis en todo el país.
Incluso expuso esta problemática en la última cumbre de ministros de Salud del Mercosur y Estados asociados, con la presencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El organismo internacional elabora un informe semestral dirigido a los ministros del área, donde detalla la situación epidemiológica regional. En esta ocasión, dos temas centrales fueron el incremento “emergente” de la sífilis y la tuberculosis.
Se trata de dos enfermedades distintas, que no deberían estar presentes en estos niveles, tal como lo expresó el subdirector general de Salud, Gilberto Ríos.

Pero ¿por qué lo están? La sífilis es una infección de transmisión sexual; la hidatidosis ha sido objeto de largas campañas de prevención por tratarse de una de las zoonosis más conocidas; y la tuberculosis suele estar asociada a condiciones sociales específicas.
En el último año, más del 4% de las embarazadas —unas 1.120 mujeres— dieron positivo al test de sífilis. Se trata de una enfermedad conocida desde hace siglos, que parecía estar en vías de erradicación en Uruguay: hace apenas cinco años, los casos eran la mitad. Sin embargo, con la pandemia de COVID-19 se produjo un retroceso, y desde entonces se observa un aumento sostenido.
Lo más preocupante es el contagio al feto a través del cordón umbilical y las consecuencias posteriores de una infección que, en teoría, se combate eficazmente con penicilina.

La Cátedra de Neonatología investigó las razones de esta transmisión vertical y concluyó que muchas madres y sus parejas no recibieron el tratamiento adecuado, lo que llevó a reinfecciones. El sistema público de salud no logró interrumpir la cadena de contagio.
Este dato pone en evidencia el peso de la inequidad social: en el subsector privado, los casos son menos de la mitad. Este contraste invita a reflexionar sobre otras variables, como las conductas individuales. Al menos en el Interior, los mismos profesionales suelen atender en ambos sectores, y la accesibilidad a los análisis es similar. Por tanto, la diferencia no parece estar en los recursos humanos ni técnicos, sino en el comportamiento social y en la continuidad del seguimiento.En Paysandú, se reportaron 165 casos de sífilis en 2024 y 120 en lo que va de 2025, según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, correspondiente a la semana 22.

Lo incierto sigue siendo la respuesta de la población objetivo a las campañas de prevención y tratamiento, orientadas a modificar conductas de riesgo, como el uso del preservativo. A esto se suma el aumento de casos de gonorrea.
¿Pero qué sucede cuando también se disparan los diagnósticos en Colonia, uno de los departamentos con menor índice de pobreza (menos del 9%) y altos niveles de desarrollo? Este panorama motivó un pedido de informes por parte del diputado nacionalista del departamento, Napoleón Gardiol, quien solicitó precisiones sobre el alcance de estas afirmaciones, aunque sin detallar las localidades afectadas ni la magnitud del problema.
Allí también se registró un incremento significativo de hidatidosis. Aunque no se diagnosticaron casos en humanos, los resultados generaron alarma: se relevaron 57 establecimientos rurales y el 26% dio positivo.
El tema fue abordado por el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, durante la apertura de las 52ª Jornadas Uruguayas de Buiatría, en Paysandú.
Veterinario de profesión, Fratti recordó que años atrás se entregaban antiparasitarios a los perros en zonas rurales, práctica que ha dejado de realizarse. En ese entonces, las campañas de prevención del quiste hidático eran conocidas por su intensidad, e incluso se hablaba del tema en las aulas de Primaria.

Pero, como señaló el ministro, “eso se perdió y hemos bajado la guardia”, reemplazando la estrategia territorial por una “logística de escritorio”.
La ministra Lustemberg también abogó por articular acciones con el sistema educativo, para generar conciencia y conocimiento, reconociendo que hasta ahora no se tenía una verdadera dimensión del problema.

En Uruguay, cuando hay descuidos, las enfermedades reaparecen. Y hay zonas específicas donde el aumento es particularmente llamativo.
En cuanto a la tuberculosis, el país registra 36 casos cada 100.000 habitantes, una cifra superior al promedio de las Américas, según el Instituto Pasteur de Montevideo. “La falta de diagnóstico oportuno, el abandono del tratamiento y factores socioeconómicos, como la desnutrición, dificultan su erradicación”, señala esta prestigiosa institución.

Este año, por primera vez, Uruguay será sede de la XII Reunión de la Sociedad Latinoamericana de Tuberculosis y otras Micobacteriosis. Participarán referentes internacionales en diagnóstico, tratamiento e investigación. Será una oportunidad para visibilizar esta problemática y, al mismo tiempo, conocer el trabajo de los científicos uruguayos. Porque una cosa es lo que se hace desde la academia, y otra —que parece bastante diferente— son las políticas públicas que aplican los sucesivos gobiernos.

El verdadero desafío es volver al territorio, comunicar con claridad, y mejorar un sistema de salud que necesita una profunda revisión de sus modelos de atención, gestión y seguimiento. Hoy por hoy, aún no constituye una política de Estado.

Todos podemos comprender que estas enfermedades se multiplicaran en tiempos en que no se conocían sus causas, o no existían antibióticos ni tratamientos eficaces. Lo que resulta más difícil de entender es que resurjan en un país con acceso universal a la salud. Como advirtió la ministra: “Lo peor es seguir adelante sin identificar los problemas”.

Soy Legítimo Usuario Responsable de armas de fuego, teniendo el carné que habilita la compra y tenencia de Armas de Fuego llamado T.H.A.T.A (Título Habilitación Adquisición Tenencia Armas) que lo emite el Ministerio del Interior.
Las utilizo para caza, tiro deportivo al blanco y defensa, desde hace 43 años.
Desde hace algunos años y, se han ido modificando los plazos de vigencia del carné T.H.A.T.A., primero la vigencia era de 10 años, luego fue de 5 años, luego fue de 3 años, luego se volvió a 5 años y ahora se está presentando un nuevo proyecto que se pretende volver a 3 años.
La cantidad de armas permitida antes era de 3 armas por usuario, luego pasó a 8 armas y ahora se quiere volver a un número menor, con la diferencia de quien tiene carné de coleccionista que si tiene más de 8 armas es necesario tenerlo, con muchísimos requisitos de seguridad para su obtención.
Las personas que tenemos armas, mayoritariamente son para utilizar en la caza (armas largas, rifles y escopetas) o tiro deportivo (armas cortas, pistolas y revólveres y rifles) o eventual uso como defensa.

Según algún medio de prensa informan que hay 1 millón de armas en el Uruguay; 600.000 Registradas y 400.000 sin registrar (no sé si esos números son correctos).
Desconozco cuántos usuarios titulares de armas hay, ya que hay personas que tiene un arma, otras 3, otras 8 y otras más de 8 armas.
Si estimamos un cálculo estimativo promedio de 4 armas por usuario, serían alrededor de 150.000 usuarios.
Los usuarios de armas, siempre tratan de estar con la documentación al día, porque es lo que se pide en los locales comerciales para la compra de armas y/o de munición de armas de fuego, THATA y guía del arma vigentes, documento de identidad, constancia de domicilio.
De lo contario no se pueden adquirir, sin esa documentación o si la misma están vencidos.
Las armerías deben informar al Ministerio del Interior dos veces por semana los movimientos de venta de armas y municiones, y al SMA – Ministerio de Defensa Nacional, en forma una vez al mes y semestralmente se debe de pasar los stocks reales.
Estoy de acuerdo que se controle, es normal, necesario y obligatorio.
Considero que los controles son más que suficientes, no se le puede seguir ajustando a los legítimos usuarios de armas más controles y requisitos, y a los locales comerciales armerías, porque el problema está seguramente en las armas que no hay registro y en las municiones que no se venden en las armerías.
Seguramente los organismos relacionados con las armas de fuego y su seguridad tengan datos estadísticos de las armas utilizadas en los delitos.

1) ¿Qué arma es la utilizada en los delitos? ¿Arma corta o larga? (Supongo que mayoritariamente arma corta, porque es más fácil de ocultar, etcéra. Un rifle o una escopeta por su tamaño ya no es fácil de ocultar).
2) ¿Si es arma corta que tipo se utiliz? Pistola o revólver. (Supongo pistola por la capacidad de cantidad de disparos y su acción semiautomática).
3) ¿Qué calibre? (Supongo que será calibre 9 mm mayoritariamente, la mayoría de las pistolas son de ese calibre, aunque hay otros calibres también).
4) Marca de las armas utilizadas.
5) Origen: Si son armas registradas en el SMA (por ende ingresadas o importadas al país legalmente) que han sido hurtadas o sustraídas a sus usuarios, o si son armas no registradas, que ingresaron en forma ilegal al país, porque en Uruguay no hay fabricación de armas de fuego.
Todo esos datos tienen que ser cuantificables, para realizar un análisis objetivo y tomar decisiones correctas, eficaces y eficientes.
De lo contario se toman decisiones incorrectas, basados en análisis subjetivos, no eficaces ni eficientes, basados en supuestos.
Mucho más allá del número de usuarios de armas, hay detrás mucha gente vinculada en el negocio de comercialización e importación legal de armas y municiones y los comercios que venden en todos los departamentos del país, habilitados por el SMA empleando personal, dando trabajo a mucha gente.
El proyecto que se está presentando ajusta más aún a los usuarios que quieren tener la documentación en regla, al día, y que no quieren ningún tipo de problemas legales, que quieren realizar una actividad que les gusta, apasiona, dentro de la ley, y a las armerías con sistemas muy costosos de implementar y de funcionamiento.
Me parece, a mi modo de ver y entender que no pasa sólo por ahí la solución, ése no es el único camino correcto…

Legítimo Usuario de Armas

Muchas tradiciones, y por cierto, muchas religiones, han concebido la vida humana como una guerra entre el bien y el mal. Muchas de ellas han dado por bueno que esa lucha se prolongaría eternamente. Por ejemplo, en la mitología egipcia, esa alternancia interminable es entre luz y oscuridad. También ha habido, dentro de esta diversidad, quienes temerosos o no, asumieron que el conflicto se resolviera con el triunfo del mal.
Hesíodo, poeta griego del siglo VIII a.C. entendía la historia humana como un proceso de declive desde una edad de oro primigenia hasta una edad de hierro en la que la edad sería destruida. Quizás, si hubiera conocido o imaginado el futuro habría cambiado eso de la edad de hierro por los tiempos de la tecnología. De todos modos, hay algo bastante común entre esas tradiciones: si alguna vez hubo algo parecido a una sociedad perfecta, ésta tuvo que estar situada en el pasado. No resultaba posible que esa pugna cósmica pudiera terminar en una victoria de la luz. Posiblemente por ello, la convicción de que el bien podría triunfar constituía una novedad en el pensamiento humano.
Vendría después, mucho después, la idea de que dualidad entre la luz y las tinieblas es una condición permanente del mundo. Algo que Martin Luther King supo expresar de este modo: “en un determinado aspecto, la historia del hombre es el relato de la lucha entre el bien y el mal”.

Mala escuela

Quizás por esta idea, la educadora María Montessori fue tan radical en su concepción: “la primera idea que el niño debe adquirir es la diferencia entre el bien y el mal”. Entendía que es básico que los niños, los educandos, tempranamente aprendan a discernir entre el bien y el mal, pues esa conceptualización alumbraría sus propios criterios el día de mañana.
Matthew Woodring Stover, novelista estadounidense autor de la saga de novelas Star Wars, lo aterrizó de manera muy terrenal: “el bien y el mal no tienen nada que ver con los dioses. Tiene que ver con nosotros”.

El 7 de octubre…

En una web francesa, www.moroccomail.fr, aparece una columna de Hamás que se titula “Hamás explica por qué atacó el 7 de octubre”. Luego de un largo relato intemporal, resumen en el último párrafo el motivo: “la operación Diluvio de Al-Aqsa del 7 de octubre fue un paso necesario y una respuesta normal para enfrentar las conspiraciones israelíes contra el pueblo palestino y su causa. Fue un acto defensivo en el marco de la eliminación de la ocupación israelí, la reclamación de los derechos de los palestinos y la liberación e independencia, como lo han hecho todos los pueblos del mundo”. El 7 de octubre fueron asesinadas unas 1.300 a 1.400 personas incluyendo ancianos, mujeres y niños, además de 252 secuestrados, buena parte de ellos asesinados cruelmente y otros aún en cautiverio. Esa web fue publicada el 24 de enero de 2024, apenas ha tenido 6 visitas, y una ha sido la de mi lectura.
Ese fue el inicio de un derramamiento de sangre que desgarra el corazón. Las personas no son números, son vidas, sueños y esperanzas. Y en sentido amplio, la cantidad de víctimas comprime el corazón.

Miguel Hernández lo escribió tan sencillo y tan profundo:
“Vientos del pueblo me llevan,/ vientos del pueblo me arrastran,/ me esparcen el corazón/ y me aventan la garganta…”
También Jorge Drexler escribió y canta, sobre este drama y sobre su corazón dolido.
“No hay muerto que no me duela/ No hay un bando ganador/ No hay nada más que dolor/ Y otra vida que se vuela/ La guerra es muy mala escuela”.

Ubicar responsables

Para Lutero el rol del individuo en la historia puede resumirse en “her stehe ich, ich Kann nicht anders”, “así soy y así seré”, y gracias a la cual los “hombres revelan la energía más indomable y realizan las hazañas más prodigiosas”.
Francois Mignet, en su Historia de la Revolución Francesa (tomos V y VI, 1824), afirmaba que “el hombre puede, por una decisión súbita de su voluntad, introducir en la marcha de los acontecimientos una fuerza nueva, inesperada y variable, capaz de imprimirle otra dirección, pero que, no obstante, sola no se presta a ser medida a causa de su variabilidad”. Podría agregarse que las “cualidades intelectuales y morales del hombre que desempeña un papel más o menos importante en la vida social, su talento, sus conocimientos, su decisión o indecisión, su valor, o cobardía, etcétera, no podían dejar de ejercer una influencia notable sobre el curso y el desenlace de los acontecimientos, y sin embargo, estas cualidades no se explican solamente por las leyes generales del desenvolvimiento de los pueblos, sino que se forman, siempre y en alto grado, bajo la influencia de lo que podríamos llamar casualidades de la vida privada” (Charles Sainte-Beuve).
Destacada la importancia del rol de los individuos en la historia, importa recordarnos que en una revisión de los hechos lo que importa es recordarnos la importancia de precisar responsabilidades, algo particular, basado en hechos concretos.

Paz ya, ahora

Quizás una de las pocas formas de avanzar en un proceso de paz entre Israel y la ANP sea, para empezar, una declaración breve y sencilla, que exprese que estos pueblos ya han hecho un enorme sacrificio. No se puede ni debe seguir sumando muertes en las tierras de nuestros dioses y patriarcas. Ya está bien. Hay que encontrar otro enfoque, sumar aliados nuevos, comprometidos. Fundamentalmente, sumar ciudadanos, sociedad civil.
Ha llegado la hora de acordar una paz, la posible, y a medida que se gane en experiencia y confianza, el acuerdo habrá de crecer en sofisticación y alcance.
Lo primero, lo inmediato, instrumentar una fuerza multinacional de paz, numerosa y equipada, asentada en ambas jurisdicciones, como observadores activos y custodios de la estabilidad e integrada por no menos de seis países, diversos y equilibrados. En esa etapa, generar protocolos de intervención y gestión de las fuerzas de seguridad. Fuerzas de garantías presentes en el territorio, con trabajo de campo.
Por último y no menos importante: serán necesarios fondos para reconstruir las infraestructuras y el tejido productivo, para generar recursos y dignidad laboral. Esta es la prueba definitiva para saber si realmente hay compromiso con la paz. Pasemos de las palabras a las acciones concretas.

El martes 10 la Corte Suprema Argentina confirmó la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a seis años de cárcel e inhabilitación política de por vida por “administración fraudulenta”. Se calcula que se embolsó unos mil millones de dólares: ella y sus compinches, cuatro de los cuales también fueron condenados.Era una condena muy anunciada pero que no llegaba a concretarse y muchos descreían que ocurriera. Pero ocurrió. La denuncia data del 2008 –17 años– y CFK fue procesada en el 2016. En todos estos años contó con las máximas garantías: transparencia al grado de show, actuaron más de veinte magistrados –jueces y fiscales–, en su casi totalidad designados por gobiernos kirchneristas; se repetía en el ámbito político, además, que contó con algunas “manitas”, tanto del presidentes Mauricio Macri ( 2015-2019) como del actual Javier Milei. Ambos jugando la carta de preservarla para que compitiera contra ellos, teniendo en cuenta el alto nivel de rechazo de la líder progreperonista.El fiscal había pedido 12 años inicialmente. CFK además de esta condena, tiene por lo menos otros tres juicios pendientes, dos más por corrupción y uno por encubrimiento y abuso de autoridad.Y colorín colorado este cuento se ha acabado. Pero no. La fiesta recién comienza. Y aparecen cosas extrañas: el juez encargado de hacer cumplir la pena en el acto según los códigos, le dio 8 días –5 hábiles y 3 feriados– de “relage”. CFK se instaló en el apartamento de su millonaria hija, en pleno centro de Buenos Aires y con un amplio balcón a la calle y desde ahí comenzó de inmediato a soliviantar sus huestes, que son menos pero no pocas, y recibir asesores y dirigentes, para “encarar”. La calle llena, los pobres vecinos de CFK invadidos por la turba, y autopistas cortadas, universidades ocupadas, anuncios de paros y mucha declaración violentista a cara descubierta. Atentados contra estaciones de TV, anuncio de que irán a la Comisión Interamericana de DDHH y todos los eslóganes del Manual del Foro de San Pablo: persecución política y “law fare”, cepo electoral y el manejo y hasta desafío a Milei para que la indulte. Falta el mártir, al que notoriamente buscan. Saben que ha servido de mucho en casos anteriores.¿Y Milei que dice? ¿Qué hará para imponer la paz social? ¿A qué cárcel irá CFK?, ¿o será prisión domiciliaria con balcón incluido?De viaje por “las europas” e Israel, añadió combustible a la hoguera: “Justicia. Fin. PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad”, publicó en X. ¡Qué necesidad! Lo hizo más o menos cuando la turba progrekirchnerista invadía estaciones de TV. ¿Cuál es la diferencia? Que la inflación baje es buen dato, pero cambiarlo por las libertades, no cabe. Es criminal.Todo es muy dinámico. Kirchneristas, progres, peronistas, comunistas y trostkistas, prometen resistencia. El Foro de SP da línea preocupado por la caída de una baluarte más, aunque sea corrupta. Petro a los tropezones, el correísmo perdió, Lula cae en su país y es ninguneado a nivel internacional, Venezuela, Nicaragua y Cuba impresentables y ahora ésta “caída” o “tropezón” de la viuda de Kirchner. Más Milei y más Trump, aunque con este nunca se sabe; solo le queda a favor Uruguay, gobernado por una alianza entre extupamaros y comunistas.

Con mucha frecuencia la palabra “impunidad” es utilizada para hacer referencia a las violaciones de los derechos humanos cometidos por las dictaduras latinoamericanas durante la década de los años setenta y a la imposibilidad de juzgar y condenar a quienes la cometieron. A pesar de ello, en el caso de Argentina la dupla de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández y de su antecesor Carlos Menem dieron un nuevo contexto a esa expresión. Desde los atentados a la Embajada de Israel en Buenos Aires acaecida en el año 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el año 1994, incluyendo el asesinato del fiscal Alberto Nissman en el año 2015, en Argentina de esos años y en la actual todo es posible gracias a sus increíbles niveles de corrupción.

Argentina es hoy, sin duda alguna, uno de los tristes ejemplos latinoamericanos de corrupción política, pero hay otros ejemplos encabezados por Perú cuyos expresidentes Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo fueron objeto de denuncias o investigaciones por corrupción y están en prisión cumpliendo sus condenas o esperando sentencia. A esta lista se suman Ricardo Martinelli (Panamá), Lula da Silva (Brasil) Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa y Abdalá Bucaram (Ecuador), Nicolás Maduro (Venezuela), Carlos Menem (Argentina), Daniel Ortega (Nicaragua) y ahora la propia Cristina Fernández, entre tantos otros. Mal que les pese a muchos, América Latina está muy lejos de ser esa “Patria Grande” y deambula por la Historia gobernada por corruptos de izquierda, de centro y de derecha porque la realidad no acompaña el famoso dicho del exvicepresidente Raúl Sendic “Si es de izquierda no es corrupto, si es corrupto no es de izquierda”, el cual enunció con mucho orgullo.
El caso de Cristina Fernández es paradigmático porque su esposo accedió al poder en las elecciones presidenciales de 2003 encabezando la lista del Frente para la Victoria. Kirchner obtuvo el segundo lugar con el 21,65% de los votos, pero accedió a la presidencia luego de que su oponente, el también peronista Carlos Menem, renunciara a la segunda vuelta electoral. A partir de ese magro 21,65% Kirchner y su esposa, quien fue presidenta entre los años 2007 y 2015 y vicepresidenta entre el 2019 y el 2023, construyeron un imperio de poder político y una red de corrupción de distintos niveles de la cual existen aún muchos responsables por identificar y penalizar.

De acuerdo con el diario El País (Madrid) “el fallo de la Corte Suprema de Argentina contra la expresidenta Cristina Fernández impide que la líder peronista sea candidata a diputada en las elecciones de la provincia de Buenos Aires del próximo 7 de setiembre”. A pesar de ese fallo de la SCJ, Fernández podría llevar el caso ante organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas (ONU). La expresidenta fue condenada por la causa conocida como “Vialidad”, que investigó hechos de corrupción durante la presidencia de Fernández (2007-2015). La Justicia concluyó que pagó sobreprecios en adjudicaciones de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Las reacciones de este lado del Río de la Plata no se hicieron esperar. En el caso de la oposición la actitud fue de apoyo a la resolución judicial, mientras que en el gobierno y en el Frente Amplio hubo diferentes matices. De acuerdo con lo informado por el diario El Observador, “Durante la noche del miércoles el presidente de la República, Yamandú Orsi, también fue consultado por la condena a Fernández de Kirchner, pero prefirió no contestar. ‘No, no. Estamos para Uruguay’, dijo Orsi cuando le consultaron por la confirmación de la condena a la expresidenta argentina de parte de la Corte Suprema. ‘Hoy estamos para Uruguay, vamo’ arriba’. Hoy estamos para la celeste”, contestó el presidente de la República.

Afortunadamente para Orsi la selección uruguaya de fútbol jugaba esa noche contra Venezuela y el resultado fue favorable para los “charrúas”. La eterna cortina de humo que el fútbol ha representado para los políticos funcionó otra vez como pretendió hacerlo en el campeonato mundial de Argentina en 1978 y en el “Mundialito” celebrado en Uruguay en 1980; una fórmula que hace dos mil años los gobernantes de Roma practicaban sin ningún pudor, pero con gran eficacia y que se resumía en una frase que ha llegado hasta nuestros días, donde muchos políticos uruguayos la aplican con frecuencia: “Pan y Circo”.
El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, por su parte, fue más claro y decidido que el presidente Orsi (para lo cual no se necesita mucho) tal como lo consagra también el diario La República: “‘No me gusta nada’, comentó sobre la inhabilitación. ‘A mí me gusta que la Justicia no se meta en los asuntos electorales’, agregó el senador en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12”. Sin embargo, quien se llevó el primer premio al apoyo a la expresidenta Cristina Fernández fue el Partido Comunista del Uruguay (PCU) quien a través de un comunicado manifestó su solidaridad con la exmandataria expresando “nuestro rechazo a la utilización de la justicia como arma política. Las denuncias de que el proceso contra la expresidenta argentina estuvo viciado de nulidad y obedeció a una clara y explícita intención política de proscribirla, indican que estamos ante un nuevo caso de lawfare judicial, que tiene varios y graves antecedentes en nuestro continente. Sectores políticos y populares argentinos están movilizados en defensa de la democracia que consideran en peligro, les manifestamos nuestra solidaridad”. El apoyo comunista no es nuevo y mucho menos sorprendente: a lo largo de su fundación, en el año 1921, el PCU siempre ha estado del lado de los tiranos y en contra de la democracia, algo lógico en un partido político que quiere imponer una dictadura: la dictadura del proletariado. Como satélite primero de la Unión Soviética y hoy en día de Cuba, Venezuela y Nicaragua, no resulta extraño que el PCU apoye a la expresidenta argentina, ya que como expresa el dicho “favor con favor se paga”, aun cuando la investigación de la posible financiación del PCU con fondos para viviendas del Sunca está dejando bien en claro que, al decir de Shakespeare, “algo huele a podrido en Dinamarca”. Que por cierto, a pesar de las pruebas que presentadas en ese proceso, seguramente el expediente será archivado y el PCU saldrá airoso, porque los “compañeros” del Comité “Fiscalía” y del Comité “Poder Judicial” no van a “dejar tirado” a sus hermanos frenteamplistas.

A pesar de todos los esfuerzos de la expresidenta Fernández, la SCJ argentina castigó el accionar desbocado y corrupto de la “patria choriplanera” fundada en el siglo pasado por Juan Domingo Perón y su esposa Evita Perón, de la cual el “matrimonio K” ha sido un fiel ejecutor (mejorando incluso varios aspectos de ese mecanismo prebendario y destructor de los valores democráticos y republicanos). Sería bueno que este fuerte y necesario fallo judicial sea confirmado en los organismos internacionales mencionados, si los abogados de la otrora mandataria se animan a recurrir a los mismos. Es hora que se termine la impunidad de los políticos corruptos en nuestro continente.

En la solicitada que nos publicó EL TELEGRAFO en su edición del domingo 8 de junio, calificamos de pésimo el lugar seleccionado por el gobierno departamental para construir la residencia para estudiantes, a 2,5 kilómetros de los centros de estudio y en una zona inundable, que tuvieron que rellenar para tratar que no sea inundado por las crecientes. A eso hay que agregarle que es inadmisible el costo aceptado de $ 262.711.832,93 = U$S 6,5 millones de dólares, para una construcción de “estilo industrial, con pisos de hormigón lustrado en la mayoría de los espacios, a excepción de baños y cocina, donde se colocará porcelanato. En paralelo, las obras en el antiguo galpón de Vialidad también avanzan. Allí se eleva el piso a cota 10, mientras se reparan tanto las paredes como el techo. Contará con una residencia que podrá albergar a 140 estudiantes y docentes. La inversión total asciende a 6,5 millones de dólares, financiados por el fideicomiso Paysandú Financiero II. La zona será elevada a cota 10, lo que implica la compactación de 5.500 m3 de áridos como tosca y otros materiales”. Entre comillas lo que dice la Arq. Romina Paggi, página 3 diario EL TELEGRAFO 4 octubre 2024.

Contando con la manzana completa donde la Intendecia tenía el corralón municipal y que se concedió a la UdelaR para construir un Campus Universitario, ¿qué mejor lugar para construir allí la residencia estudiantil a menos de 100 metros del Hospital Escuela, donde la gran mayoría son estudiantes de Medicina y reciben sus cursos y casi enfrente de la antigua terminal de ómnibus donde se dictan los cursos de los que estudian disciplinas del deporte?

En esos lugares contiguos a la plaza de deportes, los estudiantes tienen todo lo que necesitan para los ejercicios físicos: Pista sintética, cancha de fútbol, de básquetbol, piscina, etcétera. ¡Es inadmisible que se ignoren todas esas ventajas y se seleccione un área en una zona tan distante de los centros de estudio, que solamente para venir a las clases y regresar a la residencia los estudiantes deberán recorrer 5 kilómetros diariamente!
Y el precio es disparatado, porque U$S 5.500.000 para un edificio construido en ese pésimo lugar, a un costo por metro cuadrado de U$S 5.500.000/2.100m2= U$S 2.619/m2, que es el doble que el costo del metro cuadrado de la Torre de la Defensa, U$S 1.363/m2, un edificio de alta gama construido en el corazón de la ciudad. No hay manera de justificar esos excesos y atrasos en la inauguración de esta obra tan necesaria para que los estudiantes de los estratos económicos inferiores puedan acceder a estudiar en la Universidad. ¡Es falso que el gobierno departamental esté ayudando a los estudiantes que tienen dificultades económicas!

Ing. Ricardo Brasesco