Opinión

El Domingo anterior finalizamos el encuentro que anualmente reúne a delegados de todas las parroquias, movimientos, servicios y pastorales de la Diócesis de Salto, me gustaría compartir algunas afirmaciones que se han destacado en estos días en que se reflexiono sobre la realidad de los jóvenes y las familias.

Los jóvenes son un regalo para la sociedad y la Iglesia. Tienen energía, creatividad y un papel crucial en la construcción del futuro. Muchos buscan un propósito y significado en sus vidas. Están llamados a ser agentes de cambio en la sociedad involucrándose en cuestiones sociales, políticas y ambientales.

La familia es fundamental en la formación de los jóvenes. Se resalta la necesidad de fortalecer los lazos familiares y brindar un ambiente de amor y apoyo.

Visualizamos dificultades para abordar con diálogo y serenidad las crisis. El ambiente familiar se ve condicionado por la falta o el exceso de trabajo. Los problemas de drogodependencia atraviesan el tejido social.

Algunos autores identifican que, a nivel de familia, estamos pasando por una “tormenta perfecta” en el que convergen factores como: la ausencia de referentes adultos, vínculos sociales debilitados, una crianza sin contención emocional, hiperconexión tecnológica y un desgaste emocional sostenido. Esto nos desafía a: Promover el diálogo sincero y fraterno. Crear instancias de encuentros comunitarios que nos motiven y animen compartiendo nuestras experiencias, alegrías y tristezas.

También a consolidar una pastoral social más fuerte e involucrada con la realidad.

Parece que ahora le toca a la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque con Donald Trump nunca se sabe. Pero eso sí, hay que estar atentos. La cuestión es que Christopher Landau, vicesecretario de Estado de los EE. UU., en plena asamblea del organismo, hace unos días, lanzó la pregunta fatal “¿por qué existe la OEA?” Resonó feo y más aún cuando el funcionario anticipó que su gobierno “está revisando” la permanencia en la organización.

Se podría retrucarle: ¿y la ONU, por qué existe? Sus últimas actuaciones han sido “claves y decisivas”: invasión Rusa a Ucrania, ataque terrorista de Hamás a Israel, bombardeos israelíes a Gaza, bombardeo de EE. UU. a centros nucleares de Irán. Difícil que haya un organismo más inservible que la ONU. Es el más grande y caro monumento a la burocracia a nivel planetario. El argumento es que sirve a veces para los tanteos previos — una mesa en torno a la cual conversar–, aunque después cada uno haga lo que se le antoja.

La cuestión es que el funcionario Landau criticó la inoperancia de la OEA frente a temas como la flagrante dictadura venezolana en reiteración real, o la crisis permanente de Haití. Ya de paso escupió una advertencia para Maduro respecto a sus balandronadas relativas a la “región de Esequibo”.
En fin, también se podrían enumerarle a Landau las veces que los EE. UU. “usaron” a la OEA como tapadera para justificar mucho de sus planificados estropicios por el continente a lo largo de décadas y décadas. A ellos les ha servido de mucho. Es cierto, a su vez, que en las últimas décadas los “otros” han jugado sus cartas y con la conducción del Foro de San Pablo y el Brasil de Lula a la cabeza, la han usado “a piacere”. Por su lado el “gramscianismo” que opera fuertemente en la región se ha aprovechado de la organización continental y organismos ligados, muchas veces a caballo de financiaciones escandinavas o alemanas. ¡Como si Europa no tuviera otras cosas de qué ocuparse!

Hoy Trump, dado su estilo, no necesita de la OEA. No le sirve de nada. Por ejemplo, su pretensión en torno al uso del Canal de Panamá, con alguna presión grosera e indebida, es cierto, lo solucionó directamente y todos los que de una forma estaban metidos aceptaron que “había que acomodar el cuerpo”: relajo pero con orden. El tema es que EE. UU. resuelva irse. El “agujero” puede implicar un golpe muy fuerte: aporta mucho al financiamiento de la organización; cientos de burócratas quedarían “en banda”. Puede pasarle lo que le pasó a la hoy “apagada” Unesco, cuando Reagan resolvió salirse cansado de que ese organismo de la ONU se dedicara a criticarlo y condenarlo, y lo mismo a Israel y que hasta pretendiera llevar adelante un mecanismo propuesto por el “bloque soviético” de censura y control por parte de los estados de los flujos informativos internacionales. ¿Qué pasó? Dejó de hacer su aporte el “imperialismo yanqui”, hubo que recoger redes y ahí está la Unesco vegetando como refugio para burócratas y para algunos acomodos de la casta política.

Decididamente si EE. UU. se retira a la OEA le va a ser duro sobrevivir. Sin duda se perderá una mesa de diálogo. Pero no es lo peor, va a alentar un carnaval de organizaciones, como ya aparecen cada tanto, con financiaciones de varias partes y muchos nuevos amigos, para lo cual la OEA hasta ahora opera como una especie de freno. Landau y los EE. UU., lo tendrían que tener en cuenta.

En Estados Unidos existen profundas desigualdades para el acceso a un derecho básico, el de la salud. Existen muchos estudios acerca de esta realidad, que para los expertos y administradores está sobrediagnosticado. Lo que falta, es decisión política para generar por lo menos unos acuerdos de mínima, como para definir ciertos estándares universales y obligatorios, lo que permitiría mejorar las condiciones de vida, fundamentalmente con foco en la niñez y para los grupos de adultos mayores, con planes preventivos y acceso a la medicación.

Los datos a la fecha son malos, especialmente si se considera que en algunos aspectos hay escasez o inexistencia de fondos, pero también son decepcionantes en aquellas que sí han contado con recursos. Las evaluaciones, las varias que existen, concluyen de manera similar, dejan al desnudo el frustrante desempeño de los sistemas de salud. En efecto, Estados Unidos no cuenta con buenos indicadores respecto al acceso, calidad y resultados. Si se compara esos datos con los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de mortalidad evitable de Estados Unidos es de 368,6 por cada 100.000 habitantes. Contrastada con 161,5 de Francia, 194,6 de Alemania, 167,8 de los Países Bajos y 361,8 en Estonia, exime de todo comentario.

Robert F. Kennedy, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés) de esta administración, ha destacado que las enfermedades crónicas constituyen uno de los desafíos de salud más importante. En el mismo nivel de preocupación, RFK resaltó algunos hábitos extendidos a nivel general: la dieta, la nutrición y el abuso de sustancias, una trilogía que redunda en obesidad, muy asociadas con la diabetes, las enfermedades cardíacas, las sobredosis y otras afecciones incapacitantes. Pero los expertos no descuidan mencionar que la demencia, el cáncer, la influenza, la neumonía y el suicidio son fuentes de mortalidad y disminución del bienestar.

Algunos cambios que se anuncian están en línea con reclamos de la academia y del sector. La reconfiguración del papel de Estados Unidos como líder mundial en el avance de la ciencia biomédica y el desarrollo de nuevos tratamientos, a través de inversiones en los Institutos Nacionales de Salud, NIH, así como de otras agencias científicas federales recogen, en principio, aspiraciones compartidas. Pero igual de cierto es que la administración Trump ha puesto en riesgo el papel del DHHS en la promoción de la salud pública: más del 95% de los nuevos medicamentos surgieron de investigaciones respaldadas por los NIH.

Primer presupuesto

Los presupuestos son la expresión real de los enunciados de campaña bajo forma política. En este caso, da pistas respecto a las aspiraciones políticas de la nueva administración con respecto a la “política de salud, salud pública y ciencias biomédicas”.
El “presupuesto discrecional” del DHHS reserva un gasto departamental de $95,4 mil millones en 2026 en comparación con $128,7 mil millones en 2024 y $127,6 mil millones en 2025. De aquí salen los recursos para apoyar las actividades de investigación y la inversión directa en capacidad y servicios de tratamiento.

Regresivo y excluyente

Los recursos para investigación 2026 se acotarán a 27.500 millones de dólares para los NIH, lo que significará un recorte de orden del 40% respecto 2025 (48.000 millones de dólares).
Será un severo revés, pero ello no es todo. Hay otros significativos recortes que se van anunciando lentamente.
Lo que se ha argumentado para semejante recorte, es que el propósito es concentrar a los NIH en la “verdadera ciencia”. Puesto en palabras de la administración, “la ciencia necesita ser sacudida porque se ha empantanado de manera ineficiente en la burocracia y los científicos parecen marchar a ciegas al unísono”. Se les califica a los NIH de demasiado conservador, que se dedica poco en ciencia innovadora, y ello por falta de audacia. Aunque algunas de estas ideas pueden ser compartidas dentro de la industria y la academia, la investigación financiada por los NIH sigue siendo la plataforma en la que se lanzan esencialmente todas las nuevas intervenciones biomédicas. Por ello, tan cierto como lo anterior es que se exagera el grado de ineficiencia. Ello se respalda en los resultados: los recursos de los NIH generan positivos retornos económicos y sociales.

La asignación de recursos fue de 40.690 millones de dólares en 2024; 40.470 millones de dólares en 2025; y se propone que sean de 24.110 millones de dólares en 2026. Las reducciones propuestas del gasto en actividades directas de investigación constituyen un recorte del 40,4%. El impacto será muy negativo: se estima que un recorte de mil millones de dólares en subvenciones de investigación de los NIH (1.340 millones de dólares en 2024), tiene como recorte ocho medicamentos menos para los próximos 3 a 10 años. Hoy el promedio es de 53 nuevos medicamentos por año. De acuerdo con esos análisis, los próximos resultados tendrán un achique de nuevos medicamentos recetados en un rango de entre 72 y 97.

También tendrán grandes recortes los tres Institutos Nacionales de la Salud que se enfocan en enfermedades crónicas identificadas como de alta prioridad. El Instituto Nacional del Cáncer (NCI), tendrá una reducción del 38,6% en las subvenciones para investigación, y del 40/45% en la financiación de los centros de investigación. Para el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, centro donde se desarrollan las investigaciones sobre la enfermedad de Alzheimer y otras afecciones crónicas en adultos mayores, una reducción del 45,5% en la financiación de subvenciones, del 24,5% en el apoyo de los centros de investigación, y del 22% en la financiación de investigación interna en comparación con 2025. Finalmente, el nuevo Instituto Nacional de Salud Conductual, resultado de fusionar los institutos de Salud Mental, del Abuso de Drogas y del Abuso de Alcohol y Alcoholismo, le reducirían un 43.8% los fondos para becas de investigación, y un 40/45% para los diferentes capítulos de investigación.
En resumen, las consecuencias de estos recortes implican importantes achiques presupuestales que se reflejaran en la calidad asistencial, tanto en infraestructura, como recursos médicos y medicamentos.

Se ve venir…

Así las cosas, el presupuesto de salud del presidente Trump y del secretario Kennedy para 2026 será duramente recortado. Serán muy escasos los recursos para enfrentar imprevistos que amenacen la salud pública. Y si bien la atención primaria está catalogada como una alta prioridad, el recorte presupuestario que se anuncia será del 20% en la financiación obligatoria de esos centros.

La formación médica continua se reduce a una mínima expresión presupuestal. Se elimina, y simboliza la filosofía de este plan nacional de salud, un programa de capacitación de atención primaria de $50 millones para médicos, y se recorta el 70% en los programas de capacitación de enfermería.
El presupuesto destinado a la salud tiene un claro propósito regresivo y excluyente. Y aunque las noticias de las agencias internacionales no informen de ello, los sectores medios comprenden la real dimensión de estos recortes pues llegan después de las reformas de Obama, cuando la voluntad era la contraria: que más sectores de la sociedad accedieran a salud de calidad y costos asequibles.

Como ciudadano y adherente al Partido Nacional, me provoca malestar profundo, cuando no se tiene en cuenta la ética de la responsabilidad en particular en la actividad política. Me entero que a tres de los cargos que debieron dar un paso al costado, por su mala actuación en el caso del narcotraficante Sebastián Marset, ya los ubicaron en distintos lugares.

Roberto Lafluf, que fue el íntimo asesor de comunicación del presidente Lacalle Pou, organizó una reunión a pedido del presidente, con los viceministros de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Interior, Carolina Ache, y Guillermo Maciel, donde no sólo le dice a la viceministra de Mrree, que borre chats sobre el peligroso narcotraficante Sebastián Marset y él mismo había destruido un testimonio protocolizado por Escribana, donde agregaba las conversaciones telefónicas con el ahora exministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo, que ahora lo incorporó a su equipo de comunicación Álvaro Delgado, precandidato a la presidencia por el Partido Nacional. El ex viceministro de Interior, Guillermo Maciel, fue sacado en Comisión y designado como asesor en tema seguridad del director de Ancap, Durand y el coordinador de División de Asuntos Jurídico del MRREE, Dr. Carlos Mata, involucrado en la investigación administrativa del caso de la ex viceministro de Mrree, Carolina Ache, que recibió por segunda vez el documento protocolizado por escribana de las grabaciones que presentó en dicha investigación y en sede judicial y lo había recibido y aceptado, lo premiaron al designarlo embajador en Ginebra.

Qué falta de ética. Así es que algunos políticos hacen descreer a la gente. Todo lo expresado, surge de las actuaciones judiciales.
El fiscal Alejandro Machado, después de la feria judicial de julio, citará a declarar a Carolina Ache, al exministro Francisco Bustillo, al exministro Dr. Luis Alberto Heber, al ex viceministro del Interior Guillermo Maciel, a Roberto Lafluf exasesor de Comunicación del expresidente LLP, Dr. Carlos Mata, exdirector de Asuntos Jurídicos del Mrree, que realizó investigación sobre el tema Marset, y al expresidente Luis Lacalle Pou, por la aparente destrucción por parte de Torre Ejecutiva de un documento fundamental en dicha investigación administrativa. Ya recibió el fiscal el expediente del Mrree que da lugar a estas futuras citaciones.

Cosme David Doti Genta

El fin de semana próximo se celebrarán en Fray Bentos, con un festival gastronómico, los diez años que han transcurrido desde que el Paisaje Industrial Fray Bentos se incorporó a la lista del Patrimonio de la Humanidad que gestiona la Unesco, la Agencia de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura. En ese contexto el ministro de Turismo, Pablo Menoni, además de destacar el importante atractor del turismo que es el antiguo Frigorífico Anglo y todo lo que se ha construido allí desde el punto de vista patrimonial, agregó que, en la visión de la cartera “también forma parte de rutas y destinos turísticos a lo largo de todo el Litoral, por lo tanto nosotros como autoridad nacional tenemos esa obligación, no solo de apoyar emprendimientos locales, sino rutas y destinos que abarquen otros lugares”. Del mismo modo comentó también sobre la oportunidad que significa la gastronomía como bandera turística para el país. “Vemos una gran oportunidad de posicionar a la gastronomía uruguaya a nivel mundial, por supuesto que tenemos muchísimo para aprender de caminos recorridos, como lo hizo Perú, como lo hizo Portugal, y estos eventos entiendo que van en esa línea, de posicionar a la gastronomía uruguaya a primer nivel mundial”.

Será interesante ir conociendo cómo serán los pasos que pretende dar el Ministerio en el rumbo anunciado, por más que fuese solo un comentario en el contexto de una conferencia de prensa. Cabe recordar que Menoni en la entrevista que concedió recientemente a EL TELEGRAFO habló de su intención de “recuperar el espíritu del Corredor (de los Pájaros Pintados)”, por más que no necesariamente esa denominación. Posiblemente esto de las rutas turísticas del litoral vayan en ese sentido. Y no cabe duda que hay mucho para aportar desde el punto de vista que se quiera elegir, porque riqueza historia abunda en esta zona. Si nos ponemos a repasar rápidamente episodios, tenemos toda la etapa de Artigas ejerciendo el gobierno desde Paysandú y Purificación, pero también con el Éxodo, la presencia en Salto de una figura como Giuseppe Garibaldi, con todo lo que significa su figura en el mundo, solo por no empezar por lo más evidente, que es el sitio y la Defensa de Paysandú y sin escarbar en todo lo que implica acercarse a la ruta internacional Camino de los Jesuitas, que ya tiene referencias en el territorio del departamento. Tenemos también un Camino de los Charrúas, que tuvo más visibilidad en algún momento, cuando el recordatorio de abril en Salsipuedes involucraba una cabalgata y campamentos, y ahora tiene un producto asociado como el Camino a Tiatucurá, que recorre esa ruta. Y todavía hay mucho por escribir y por contar sobre el denominado Paymilagro y el desarrollo industrial en nuestra ciudad, cuyas consecuencias tenemos bien presentes, y siguen doliendo en la conciencia colectiva, pero que es un capítulo que en algún momento merece ser contado con la altura de lo que significó económica, social y culturalmente. Y qué mejor lugar que las instalaciones de los talleres de AFE, donde se mantienen los talleres y maquinarias originales de la Midland, para contar la etapa de los ferrocarriles y de las demás empresas inglesas en el país.

Y la cosa no se agota en episodios históricos, porque también la región tiene mucho que aportar a un relato sobre la cultura de nuestro país, y si nos ponemos a hacer un repaso la lista es muy larga y en el área que se elija: plástica, arquitectura, música, literatura, teatro, carnaval y hasta en el deporte, si se lo quiere incluir en el repaso. Y es necesario sumar también la oferta natural de la región, con varias áreas protegidas, una de ellas, Esteros de Farrapos, involucrada además en el gran proyecto binacional Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, así como Montes del Queguay, bien en el norte Rincón de Franquía y la proyectada Islas del Queguay, acá cerquita, pero una ruta de ese tipo bien puede incluir al parque de la Meseta de Artigas y por supuesto que a los palmares de nuestro departamento en las zonas próximas a Guichón y a Quebracho.

Y de la gastronomía qué podemos decir, o qué no, si la historia de la industria cárnica uruguaya, pero también mundial, está escrita en las aguas del río Uruguay, con las explotaciones por medio de los saladeros y los posteriores desarrollos como la primera fábrica de extracto de carne, el maravilloso desarrollo alimentario de Justus Von Liebig, en la fábrica de Fray Bentos, que dio lugar a una variedad de derivados –el principal fue el corned beef, pero no fue la única preparación– que se comerciaron con éxito en el mundo y que le valieron reconocimiento internacional al nombre de la ciudad capital del vecino departamento. Pero también la historia de la cepa emblema de la vitivinicultura uruguaya se escribió en las orillas de este río, porque fue en Salto donde Pascual Harriague “domó” la uva tannat, y ya hay eventos que lo celebran y que pueden ser la cabecera para esas rutas de las que habla el ministro, salteño, por más datos, y como tal conocedor de todo esto.

Entender que es a todo esto a lo que se alude cuando se habla del “espíritu del Corredor Pájaros Pintados”, no implica desconocer el rol preponderante de los centros termales, que son en todo este panorama los principales productos turísticos de esta región. A quién se le ocurriría negarlo. Pero un desarrollo turístico integral tiene que involucrar todo lo demás, tiene que mostrar todo lo demás y tiene que encontrar los medios para que todo esto esté al alcance del visitante.

El envejecimiento poblacional, como tendencia demográfica global, obedece a diversos factores socioeconómicos y al aumento en la esperanza de vida. Sin embargo, su impacto varía según la región y sus características particulares. Mientras que en el mundo desarrollado —especialmente en Europa y Japón— se observa un notable crecimiento en la franja etaria de mayores de 60 años, en un contexto de disminución relativa de niños y jóvenes, en otras regiones este proceso avanza con menor intensidad, aunque sigue la misma dirección. Las proyecciones dependen de los parámetros socioeconómicos específicos de cada país.

Uno de los organismos que monitorea de cerca esta evolución es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuyo secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, advirtió recientemente que la región experimentará un marcado envejecimiento en los próximos 25 años. Esta transformación supondrá una presión inédita sobre las economías y los sistemas de cuidado. Para 2050, se duplicará la población mayor de 60 años y se triplicará la de mayores de 80.

Previo a la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer, que se celebrará del 12 al 15 de agosto en Ciudad de México, Salazar-Xirinachs subrayó que actualmente el 15 % de la población regional —cerca de 98 millones de personas— supera los 60 años. Para 2050, este grupo representará el 25 % del total, es decir, unos 183 millones. “Una de cada cuatro personas será adulta mayor”, alertó. En cuanto a los mayores de 80 años, se estima que alcanzarán los 37 millones, una cifra comparable a la población total de Colombia. “Vamos a tener cerca de 40 millones de mayores de 80 años, esa es la población de Colombia”, remarcó.

Este cambio demográfico estructural, según el secretario ejecutivo de la Cepal, implicará que la demanda de cuidados para personas mayores superará incluso la de menores de edad en América Latina. “Estamos frente a un fenómeno que impactará directamente en el desarrollo económico y social de nuestros países”, sostuvo.
No obstante, también podrían derivarse oportunidades. Si se realizan las inversiones necesarias en infraestructuras de cuidado, este sector podría convertirse en una de las fuentes de empleo más dinámicas del futuro, generando ocupaciones de calidad. Este aspecto resulta especialmente relevante para las mujeres, quienes actualmente asumen el 75 % del trabajo de cuidado no remunerado, situación que el funcionario calificó de “injusticia”.

Salazar-Xirinachs explicó que la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres en la región es de 22 puntos porcentuales en promedio y que, por lo general, las mujeres acceden a empleos de menor calidad. “Cerrar esa brecha significaría la incorporación de millones de mujeres al mercado laboral, lo que contribuiría al crecimiento económico, aumentando el Producto Bruto Interno (PBI) regional en varios puntos”, señaló.
Además, indicó que el fortalecimiento de los sistemas de cuidado podría integrar sectores como la salud, la educación y el trabajo social, generando empleos de calidad para enfermeras, terapeutas, educadores y otros perfiles profesionales.

En esta línea, adelantó que la Cepal mantiene conversaciones con entidades como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear líneas de crédito específicas destinadas a redes de cuidado, similares a las ya existentes para infraestructura tradicional. Sin embargo, reconoció que “los países de América Latina tienen niveles de deuda elevados y algunos gobiernos se muestran —con razón— reacios a incrementar su endeudamiento”. Añadió que “es posible avanzar en legislación y en políticas de cuidado de bajo costo, pero las redes de cuidado, que son esenciales, sí implican inversiones significativas”.

En definitiva, más allá del enfoque social de la problemática, lo cierto es que los sistemas de seguridad social llevan años enfrentando tensiones debido al aumento en la demanda de recursos y a la disminución relativa de aportantes, producto del menor porcentaje de población activa respecto a los beneficiarios. Este giro demográfico ejercerá una presión considerable sobre las economías y los sistemas de protección social, exigiendo ajustes en las políticas públicas y una planificación adecuada a mediano y largo plazo. Ya hoy se perciben señales de alerta a través de las urgencias del presente.
En paralelo a este escenario demográfico, la Cepal revisó a la baja su proyección de crecimiento económico para América Latina en 2025. Según sus estimaciones más recientes, la región crecerá en promedio un 2% este año, cuatro décimas menos que lo previsto en diciembre de 2024.
La región enfrenta un contexto internacional particularmente complejo y cargado de incertidumbre. Los anuncios arancelarios por parte de Estados Unidos afectan directamente las exportaciones latinoamericanas y, de manera indirecta, aumentan la volatilidad en los mercados financieros internacionales, con fluctuaciones importantes en los valores bursátiles y de bonos, lo que impacta el rendimiento de activos y las tasas de interés tanto en EE.UU. como en otros mercados globales.

La confrontación geoeconómica ha elevado el riesgo de disrupciones en las cadenas de producción globales y en los flujos del comercio internacional. Para América Latina, esto ha implicado una modificación significativa de las condiciones macroeconómicas contempladas en el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024, publicado en diciembre pasado. Entre otras consecuencias, se anticipa una desaceleración de la demanda externa agregada, un mayor desequilibrio en las cuentas externas, aumento de la volatilidad cambiaria y acumulación precautoria de reservas internacionales.

También se prevé una desaceleración de la demanda interna. Aunque el consumo privado seguirá siendo el principal motor del crecimiento regional, su ritmo de expansión será cada vez menor.
Más allá de los desafíos coyunturales —que, por las condiciones estructurales de la economía, tienden a ser más severos en la región que en los países desarrollados—, el desajuste entre la disponibilidad de recursos y la creciente necesidad de infraestructura para atender el envejecimiento poblacional constituye un reto permanente de gran magnitud para América Latina.
En este contexto, es fundamental implementar políticas de Estado que adapten los sistemas de salud y protección social a las necesidades específicas de las personas mayores, garantizando el acceso a servicios de calidad y atención adecuada, por encima de los vaivenes de cada economía.

Mientras la financiación del desarrollo disminuye en todos los países y aumentan la incertidumbre económica, los conflictos y las desigualdades, existe un flujo financiero que se ha mantenido prácticamente estable a nivel global: las remesas. Se trata del dinero que las comunidades en la diáspora envían a sus países de origen para apoyar a sus familias.

Actualmente, casi el 4 % de la población mundial —aproximadamente 281 millones de personas— son migrantes. Su contribución económica es significativa: en la última década han enviado cinco billones de dólares en remesas a países de renta media y baja, superando la ayuda oficial al desarrollo e igualando la inversión extranjera directa. Se estima que, para 2030, estos países recibirán 4,4 billones de dólares adicionales en remesas. Un dato relevante: gran parte de ese dinero se destina directamente a zonas rurales, donde vive el 80 % de la población en situación de pobreza y donde se enfrentan a la escasez de alimentos y a los efectos del cambio climático.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en América Latina y el Caribe la migración se ha caracterizado por una tendencia hacia el norte del continente. En 2020, más de 25 millones de latinoamericanos y caribeños residían en América del Norte, una cifra considerable si se tiene en cuenta que en 1990 eran solo 10 millones. Ese mismo año, cinco millones de migrantes de la región vivían en Europa, cuadruplicando el número registrado en 1990. Por otro lado, alrededor de 11 millones de migrantes latinoamericanos residían en países de la propia región.

En un contexto donde los déficits para alcanzar el desarrollo sostenible enfrentan mayores restricciones, las remesas desempeñan un papel muy importante como fuente fiable y directa de financiación a nivel familiar. Si bien suelen destinarse a cubrir necesidades inmediatas, una parte también se orienta a actividades generadoras de ingresos, como la mejora de la vivienda, el ahorro, la inversión, la educación y la salud.

Sin embargo, como señaló recientemente la directora general de la OIM, Amy Pope, al conmemorarse el Día Internacional de las Remesas el pasado 16 de junio, cuando los migrantes envían dinero a sus hogares hacen mucho más que ayudar a sus familias: “colaboran para que las comunidades se vuelvan más sólidas, impulsan la economía local y ayudan a regiones enteras a recuperarse y crecer. Las remesas apoyan la educación de niños y niñas, permiten que las mujeres puedan iniciar sus propios negocios y son una especie de amortiguador vital en tiempos de crisis. Cuando se invierten de manera inteligente, se convierten en una herramienta poderosa para el desarrollo que beneficia tanto a los países de origen como a los de destino”.

Además del impacto en las familias y comunidades de origen, las remesas y los migrantes también apoyan a las comunidades de acogida, ya que estimulan las economías locales y fortalecen los vínculos sociales.

Uruguay es tanto un país emisor como receptor de remesas: miles de uruguayos en la diáspora envían dinero a sus familiares en el país, al tiempo que miles de inmigrantes hacen lo propio hacia sus países de origen.

El aporte social de los inmigrantes en Uruguay tiene múltiples aristas, que comienzan a ser cada vez más visibles a medida que crece el número de extranjeros residentes en el territorio nacional.

Desde hace unos 15 años, Uruguay ha recibido un contingente significativo de personas migrantes que arriban en búsqueda de oportunidades laborales y atraídas por la estabilidad política y la calidad de vida que ofrece el país, en comparación con sus contextos de origen. A su vez, el país ha implementado una serie de políticas inclusivas dirigidas a esta población, orientadas a facilitar su acogida y asistencia.

Una de las características más destacadas de estas políticas es su enfoque en la inclusión social, el cual se distingue dentro del contexto regional. En este sentido, el Plan Nacional de Integración para Personas Migrantes, Solicitantes de Refugio y Refugiadas puede considerarse un referente, al ser el primer plan en abordar de forma integral y coordinada entre todos los organismos del Estado uruguayo la integración de esta población, y promover su contribución al desarrollo del país en el marco del enfoque de derechos humanos de las políticas nacionales de migración y refugio.

En materia de integración social, la posibilidad de insertarse en el ámbito laboral es fundamental, tanto a nivel personal y familiar como en su rol de contribución al aparato productivo y de servicios del país de acogida.

En este sentido, un informe del Banco de Previsión Social (BPS), publicado este año, analiza el proceso laboral de personas extranjeras registradas en el organismo, así como la evolución y distribución de este subgrupo de cotizantes.

De dicho informe surge un dato muy significativo: casi el 50 % del aumento total de cotizantes al BPS entre 2017 y 2023 corresponde a trabajadores migrantes, lo que destaca su creciente participación en el mercado laboral uruguayo. El estudio también señala una tendencia ascendente en el arribo de trabajadores provenientes de América Latina y el Caribe, siendo Argentina, Cuba y Venezuela los principales países de origen.

Como es sabido, Uruguay atraviesa un proceso demográfico marcado por el envejecimiento de la población y una baja natalidad, cuya repercusión sobre la seguridad social ya está en marcha y será cada vez más profunda. En ese marco, la incorporación de migrantes a la población económicamente activa constituye un “soplo de aire fresco” que contribuye a mitigar —al menos parcialmente— los efectos del desequilibrio demográfico, representando además un aporte relevante al financiamiento del sistema previsional.

En un contexto en el que persisten, en ocasiones, discursos sociales y mediáticos negativos sobre la inmigración, resulta importante visibilizar las múltiples contribuciones de este grupo poblacional: desde la dinamización de la economía mediante su actividad laboral en el país de acogida, hasta el sustento económico que brindan a sus familias en los países de origen a través del envío de remesas.

El 23 de agosto de 2005 muchas cosas cambiaron en el Uruguay. Aprendimos conceptos nuevos, como Ciclón extratropical, y lo aprendimos de la peor forma, cuando un episodio de este tipo golpeó fuertemente el área metropolitana, ocasionando severos daños y la muerte de varias personas —la cifra cambia según la fuente que se consulte entre 8 y 10, y un artículo en Wikipedia habla de 26—.

Ese día los fuertes cuestionamientos hacia la falta de capacidad de predecir este tipo de fenómenos dieron lugar a una serie de cambios tendientes a la modernización de la vieja Dirección Nacional de Meteorología, que pasó a ser el Instituto Uruguayo de Meteorología. También nació a partir de ese episodio el sistema de alertas que hoy conocemos, e incluso el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), que se había empezado a proyectar en la década de los años ‘90, tuvo en ese desastre el empujón que hacía falta para su desarrollo.

En estos 20 años los cambios han sido notorios, hoy podemos saber con muchos días de antelación el próximo episodio de lluvias y el advenimiento de condiciones extremas, como las que afectaron al país en los últimos días. Por ello es más injustificable que no se hayan tomado con antelación decisiones que a la postre se tomaron que permitieron preservar la vida de muchas personas seguramente, pero que para otras llegaron simplemente tarde.
Pero volvamos a la meteorología, que es el tema hoy de esta página, en una ceremonia efectuada el pasado 19 de junio la Organización Meteorológica Mundial entregó su reconocimiento anual, el premio IMO, al profesor alemán Gerhard Adrian, expresidente del Servicio Meteorológico Alemán (DWD) y expresidente de la OMM, en mérito “a sus destacadas contribuciones a la meteorología”.

En su discurso, al recibir el reconocimiento, el investigador afirmó que “los vastos avances de la previsión meteorológica numérica en las últimas cinco décadas han superado todas las expectativas, lo que ha llevado a mejorar las advertencias y servicios a la sociedad y sentando la base para futuros avances en una era de Inteligencia Artificial”. Adrian agregó que “la calidad de las previsiones en un rango de una semana hoy es tan buena como la previsión de un rango de un día hace 50 años” y señaló que este progreso fue inesperado para él, en la medida que cuando terminó la universidad en 1975 “la pregunta científica era si las previsiones meteorológicas más allá del segundo día eran posibles”.
El nombre del premio IMO, refiere a la predecesora Organización Meteorológica Internacional y se considera el equivalente a un premio Nobel para meteorólogos. Fue establecido en 1955 y simboliza los avances que se han hecho en meteorología a lo largo de los años.

Al frente del servicio meteorológico alemán, DWD, Adrian “fomentó la integración de la investigación y las operaciones, priorizó los servicios climáticos, y defendió la innovación”, sin perder de vista la dimensión humana de su cometido.
Ahora bien, si es que los sistemas predictivos han mejorado tanto, por qué necesitamos de un Inumet, cuando con apenas poner un dedo en la pantalla se puede tener la información que se necesita. La respuesta es que hay muchas razones para tenerlo. La primera de ellas es una cuestión de soberanía, tener datos propios y disponer de ellos para todo lo que se desee nunca va a ser lo mismo que depender de una entidad externa. Y es que no se trata solamente de pronosticar si mañana estará soleado o si habrá más o menos viento, la labor de quienes trabajan en el instituto es también investigar las características del clima y las perspectivas a mediano y largo plazo. Buen ejemplo de ellos son las jornadas meteorológicas que en los últimos años han comenzado a organizar para presentar investigaciones sobre el clima uruguayo; y sí, en el corto plazo, en caso de ser necesario, por ejemplo frente a fenómenos extremos, aportar la información necesaria para que las autoridades tomen las decisiones que haya que tomar. Pero claro, para que ese esquema funcione el instituto debe contar con los recursos necesarios para cumplir su cometido.

Uno de los actores fuertes del segmento meteorológico lo conocimos en ese mismo temporal de agosto de 2005, el observatorio brasileño Metsul, que fue el único que “acertó” al anunciar los fenómenos extremos que se produjeron aquella noche, que en el año 2013 protagonizó un cruce con el gobierno de nuestro país por algunas críticas formuladas desde el ámbito de Presidencia de la República. En ese momento se generó un debate que se podría sintetizar entre meteorólogos públicos y meteorólogos privados, que se disputaban la preferencia de la opinión pública uruguaya. Hoy hay muchos servicios a los que acudir y cada uno tiene el suyo de cabecera que considerará más infalible.

Como en tantos otros ámbitos, la meteorología está viviendo su propia revolución de Inteligencia Artificial. La misma Metsul, que está ofreciendo a sus suscriptores acceso a la información generada mediante esta tecnología, indica que mientras que los modelos tradicionales se basan en leyes físicas y simulaciones numéricas, la IA consigue identificar patrones sutiles en grandes volúmenes de datos, lo que permite que ambos métodos se complementen. Más allá de eso, la IA está siendo aplicada en áreas como la reducción de la incertidumbre, en la mejora de la precisión de previsiones en lugares con pocos datos históricos y en análisis de extremos, al identificar eventos raros e intensos, como ciclones y tempestades severas. A la postre se trata, más que de inteligencia, de la capacidad de procesar volúmenes enormes de datos, y en eso consiste la meteorología, básicamente.

Que el Estado uruguayo se toma sus tiempos, no es novedad para nadie. En el mes de setiembre del año pasado Inumet anunció con gran entusiasmo la licitación para adquirir una serie de radares meteorológicos que se van a instalar en el terreno, en concreto en las localidades de Ismael Cortinas (Flores) y Pirarajá (Lavalleja) con el objetivo de “mejorar la red de monitoreo y avanzar en la precisión de pronósticos y vigilancia meteorológica”. Al día de hoy no han surgido novedades sobre esta adquisición, que ya de por sí llevaba bastantes años de retraso. Este tipo de instrumental es el que se viene reclamando desde antes incluso de agosto de 2005, y no es que nos vayamos a poner ansiosos, pero de aquí a dos meses se van a cumplir 20 años y los radares dichosos siguen siendo una aspiración.

Con indisimulada satisfacción, los dirigentes de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), encabezados por Joselo López, anunciaron que como resultado de los contactos mantenidos en los últimos días habían logrado que el gobierno suspendiera por dos meses la vigencia del decreto reglamentario que modificó el régimen de licencias médicas para los funcionarios públicos.
El anuncio –que coincide con la llegada del invierno, temporada donde se registra la mayor cantidad de faltas por enfermedad– fue ratificado el viernes por el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro “Pacha” Sánchez, destacándose que la decisión fue adoptada por el Poder Ejecutivo luego del conflicto abierto por este tema con COFE, que incluso había denunciado la situación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El contenido festejo de los sindicalistas tiene su justificación por cuanto se trata de un privilegio que se mantiene contra viento y marea, pese a su iniquidad respecto a los trabajadores de la actividad privada, aunque esto importe poco a los beneficiarios, al fin de cuentas. Y no puede nadie sorprenderse por ello: un sindicato tiene precisamente como objetivo defender los intereses de quienes en él se nuclean, y por lo tanto, que sean los otros los que se ocupen por su lado de defender los suyos.

Ergo, en esta relación de negociaciones quien realmente no ha defendido la equidad y el interés general ha sido el Poder Ejecutivo, cuando amerita que nuevamente se recree la situación de hijos y entenados en lo que respecta a esta problemática entre los trabajadores de la actividad privada y los estatales, cuando además está sobradamente probado que lejos de cumplirse con el espíritu de la norma que establece esta prerrogativa, se ha llegado a los abusos al por mayor en el caso de las certificaciones y licencias médicas.

Sin embargo, para Sánchez “desde que se aprobó en el Parlamento, en la legislatura pasada, el nuevo régimen de funcionamiento de licencias por enfermedad ha sido motivo de mucho conflicto y de mucha controversia. En función de estas características es que nosotros tomamos la decisión de sentar una mesa de negociación al Pit Cnt y a COFE, por supuesto, y al gobierno, por otro lado”.

En este sentido se anunció que el Ejecutivo y los sindicatos acordaron abrir una negociación por 60 días, hasta el 30 de agosto; lapso durante el cual se volverá a aplicar el régimen anterior, pasados los días más crudos de la temporada, por cierto. “El movimiento sindical se ha comprometido a no iniciar demandas en el marco del Pit Cnt y el Poder Ejecutivo se ha comprometido a poner en suspenso la aplicación del decreto respecto a las licencias médicas”, detalló el jerarca.

Sánchez insistió en que el objetivo del gobierno es proteger a los trabajadores enfermos y evitar abusos. “Lo que nosotros creemos es que ningún trabajador o trabajadora tiene que trabajar enfermo. Y lo que hay que intentar también es evitar que haya abusos con respecto a esto”, aseveró.
“No se puede legislar sobre las patologías. Para eso necesitamos tener un marco jurídico que reconozca estas situaciones”, sostuvo. Además, Sánchez agregó que “nadie debería ser obligado a trabajar bajo enfermedad, y cuando uno está enfermo tiene que tener determinados sistemas de protección”, y en tal respecto indicó que “hay que ver cuáles son”. También subrayó la necesidad de controlar los casos irregulares: “El otro mecanismo es evitar a los vivos, que muchas veces mal utilizan las licencias por enfermedad”.

Por su parte, el dirigente de COFE Joselo López valoró el acuerdo como un paso significativo: “Para nosotros es un paso fundamental porque lo que acabamos de acordar con el Poder Ejecutivo es justamente negociar en igualdad de condiciones”. López aclaró que COFE buscará derogar la ley, aunque está abierto a otras salidas: “Nosotros por supuesto que vamos a plantear la posibilidad de la derogación de esta ley, pero como siempre en el marco de una negociación habrá que ver qué es lo que plantea el Ejecutivo”, amplió el dirigente sindical.
También señaló que a su juicio no existe un problema generalizado de ausentismo, pero reconoció que “han aparecido algunas situaciones que se han detectado de licencias médicas que no correspondían”, especialmente en trabajadores con doble empleo en el sector público y privado.
“Para ese tipo de situaciones nosotros estamos absolutamente en línea con lo que ha planteado el gobierno anterior y el actual gobierno: que esas cosas no pueden suceder porque no solo es una estafa al Estado, sino una estafa al propio compañero de trabajo”, aseguró el sindicalista.
A su vez, sobre la denuncia ante la OIT, el dirigente del Pit Cnt sostuvo que la decisión de COFE de volver a plantear el tema en la conferencia anual del organismo internacional “fue lo que desató un cambio en la postura” del gobierno actual.

Según López, la primera reunión formal para tratar el tema será en la primera semana de julio. “Creo que van a ser unas cuantas, porque en 60 días tenemos que resolver el tema”, adelantó.
Consultado sobre si COFE reclamará los descuentos aplicados hasta ahora, respondió: “No lo hemos pensado, pero esta (es una) señal importante que dio el Poder Ejecutivo; ojalá podamos, en definitiva, modificar esto para adelante y con eso nosotros estaríamos conformes”.
Debe tenerse presente que el reclamo cuestiona los cambios en el régimen de certificaciones médicas en el sector público, vigentes desde el 1º de abril de 2024. La norma establece que los trabajadores estatales solo podrán percibir su sueldo completo durante nueve días hábiles en todo el año si se certifican. Luego, tienen derecho a percibir el 75% de su remuneración por parte del ente que los emplee.

Los denunciantes hablan de que la ley consiste en “una medida de ajuste grave en los derechos sociales de los trabajadores públicos” y que los artículos referidos “son ostensiblemente inconstitucionales”.
Sin embargo, la norma “inconstitucional” es la que rige, incluso con mayor severidad y condiciones, para los trabajadores de la actividad privada, que no gozan a su vez de otros beneficios como sí tienen los estatales, sin que ello sea siquiera mencionado por los dirigentes de COFE.
No cabe dudas que estamos ante otro “afloje” del gobierno de Yamandú Orsi, que ha cedido ante la presión sindical, por más “verso” que se haga desde COFE y jerarcas de gobierno respecto a que si bien hay abusos como bien sabemos todos los uruguayos, de ahora en adelante se “controlará” que las cosas no sean así, mediante la búsqueda del diálogo y el acuerdo entre las partes.

Debe recordarse que la norma que estaba vigente, aprobada en el gobierno anterior, establecía modificaciones que buscaban evitar que la certificación médica resulte una licencia adicional paga, porque en el régimen tradicional de los funcionarios públicos, la certificación médica no le genera al funcionario público ninguna afectación en sus ingresos, en tanto en el caso de los privados sí que se siente en el bolsillo cuando una enfermedad los obliga a quedar al margen de sus tareas habituales, con los descuentos de los días establecidos en la norma.

Incluso las personas que se certifican en el sector privado cobran el 70% de su sueldo –salvo los primeros tres días, que los pierde– mientras está certificado; en tanto en el sector público es el 75%, pero además tiene un margen “gratis”, sin afectar su bolsillo, de nueve días por año, lo que es una forma todavía de mantener una situación privilegiada ante el trabajador del sector privado. En suma, en los hechos se vuelve a facilitar que se cometan los abusos por todos conocidos en el ámbito estatal, que se pretendía remediar por lo menos parcialmente con la normativa ahora suspendida.
Ese no es el rumbo que se debería seguir, porque se allana el camino para que nuevamente los “vivos” que menciona Sánchez, con los controles tan livianos y/o inexistentes que siempre han existido, nos tomen a todos por tontos, con la complicidad de quienes deberían actuar sin claudicar en defensa del interés general.

En un mes —y antes de comenzar el invierno— murieron cuatro personas en situación de calle: dos en Montevideo y dos en Rivera. Aunque se aclaró que algunos de esos fallecimientos no fueron causados por hipotermia, ese dato poco aporta al cuadro general. Se trata de personas que murieron en condiciones de alta vulnerabilidad, a la intemperie, sumando a la cronicidad de su situación el mal estado sanitario que ya presentaban.

Estos hombres, de entre 35 y 65 años, se negaban a asistir a refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Algunos llevaban años pernoctando en las calles; otros eran consumidores de sustancias, y al menos uno tenía antecedentes penales.
En este marco, no sorprende el reclamo de las organizaciones que nuclean a personas en situación de calle. “Él se comprometió a cortar esto”, reprochó un integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep) al ministro Gonzalo Civila.

Durante la última campaña electoral, tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional propusieron el modelo housing first o “primero la vivienda”, que plantea una solución habitacional con acompañamiento. Sin embargo, los seguimientos no son efectivos si no se sostienen en el tiempo y requieren planificación, recursos humanos, económicos y logísticos que siguen siendo escasos.
Por otro lado, la ampliación de cupos en los refugios tiene un alcance relativo. El actual gobierno aumentó plazas en casi todos los departamentos, pero aún hay personas que rechazan esa asistencia.

Tanto la administración anterior como la actual coinciden en que el modelo de centros nocturnos no es eficaz. Es apenas una respuesta a la emergencia, sin resolver el fondo del problema.
La realidad, además, varía según el territorio. En Montevideo hay municipios con mayor cantidad de personas en situación de calle, lo que genera conflictos de convivencia y exige intervenciones específicas, distintas a las del Interior. Los programas deberían enfocarse en el egreso de las personas de los sistemas de protección, objetivo que ningún gobierno ha logrado cumplir, como lo demuestra el aumento sostenido de esta población.
El Mides ha tomado contacto con la mayoría de las personas en situación de calle del país. Conoce quiénes rechazan la ayuda estatal y quiénes la aceptan.

Nitep reclama la apertura de más refugios de 24 horas en Montevideo. El gobierno afirma haber superado los 2.000 cupos nocturnos propuestos, pero esto no alcanza para quienes se niegan a ingresar, y algunos incluso denuncian haber sido víctimas de robos dentro de los refugios.
Está cerca de cumplirse un año de la ley de internación compulsiva impulsada por el gobierno anterior, que fue ampliamente criticada por el Frente Amplio, hoy en el poder. La oposición anunció que convocará a Civila al Parlamento para que brinde explicaciones por las muertes.
El ministro afirmó que el Mides ha realizado más de 150 intervenciones para evaluar internaciones involuntarias, aunque aclaró que la decisión final corresponde a las autoridades sanitarias.
Conviene recordar que, pocos días después de la entrada en vigencia de la norma, el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) expresó su preocupación porque “se promueva la internación compulsiva como la principal acción o solución a este problema”.

La gremial señaló que “los problemas de salud mental y adicción pueden estar presentes en esta población, pero no siempre implican riesgo de vida ni constituyen una emergencia médica”. También advirtió que esta ley delega en el médico de guardia la responsabilidad de tomar decisiones críticas en condiciones precarias y con escasa información.
Un año después, con otro gobierno, la definición sigue en manos del sistema sanitario.

En ese mismo comunicado, el SMU respaldó a los médicos que deban enfrentar estas situaciones bajo presión.
En este cruce de declaraciones, la salud mental sigue siendo parte del problema. Todos los programas políticos propusieron crear centros de atención en todo el país y ampliar el tratamiento de adicciones. Lo fundamental era saber de dónde saldría el presupuesto y cómo se planificaría su implementación. Porque un programa de estas características requiere infraestructura, personal capacitado, recursos logísticos e instancias de internación que aún no están disponibles, a pesar de que existe una ley de salud mental desde 2017.
Es evidente que ideas no faltan. Lo que escasean son soluciones concretas. Y más aún, voluntad política sostenida para llevarlas a la práctica.
Todo esto da una sensación de déjà vu: promesas de campaña, discursos bien intencionados, y una realidad que se repite. Porque este problema crece y se profundiza, más allá de los gobiernos.

Hace pocos días el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva había instado a su colega francés Emanuel Macron a que “abriera su corazón” para dar luz verde a la firma del tan postergado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, pero el presidente galo ha ignorado esta apelación, como era de prever, ante las fuertes presiones que está afrontando en su país de sectores que consideran que se verían seriamente perjudicados por este acuerdo, como es el caso de sus productores del agro, ya fuertemente subsidiados por fondos estatales.

Es que como animal político, no podía esperarse otra cosa de un mandatario que resiste la posibilidad de pagar costos políticos ante su electorado, y que por lo tanto evalúa las cosas en la perspectiva personal y partidaria y no en la del interés general, como suele ocurrir, lamentablemente, y que marca la diferencia entre los verdaderos estadistas y los políticos que siempre pretenden estar en la cresta de la ola, recibiendo halagos de la tribuna aún sabiendo que sus decisiones le juegan en contra.

Otra cosa no puede extraerse como análisis del hecho de que en las últimas horas representantes de Francia e Italia –las dos mayores economías agrícolas del viejo continente– se reunieron para reclamar un arreglo “justo” para sus productores agrícolas.
Las representaciones de ambos países reclamaron conjuntamente que el Acuerdo Mercosur-UE (Unión Europea) sea de “mayor equilibrio” para proteger eficazmente el sector agrícola y hacer respetar las reglas sanitarias europeas; mientras estadísticas muestran que la UE aumentó en un 25% sus compras al bloque latinoamericano.
Ambas naciones coincidieron en esa postura durante una visita del ministro delegado para Europa de Francia, Benjamin Haddad, al ministro italiano de Asuntos Europeos, Tommaso Foti, en Roma, el pasado 18 de junio, según un comunicado difundido el viernes por el equipo del representante francés.

Aunque el mensaje subraya que tanto Francia como Italia apoyan el libre intercambio justo y recíproco, así como los acuerdos comerciables sostenibles, ya que son un motor de crecimiento esencial y una puerta de acceso a nuevos mercados para las empresas nacionales, también destacan las desventajas que a su juicio tienen los agropecuarios europeos frente a los americanos.
“Italia y Francia consideran que, aunque contiene ventajas, el acuerdo de la UE no protege suficientemente a los agricultores europeos contra los riesgos de perturbación del mercado y no garantiza de forma sostenible la soberanía alimentaria del continente”, precisaron las fuentes. Es por eso que reafirmaron la necesidad de incluir cláusulas que les puedan garantizar equidad en las normas sanitarias, medioambientales y sociales, de modo que haya equilibrio entre los productores a los dos lados del Atlántico.

De acuerdo a datos publicados por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, en 2024 la UE importó por valor de 56.000 millones de euros y exportó 55.200 millones de euros en mercancías procedentes de los cuatro países fundadores del Mercosur: Uruguay, Argentina, Brasil, y Paraguay. En comparación con datos del 2023, esto supuso un aumento del 4,2% de las importaciones y una disminución del 1,3% de exportaciones.

Además, en la última década las importaciones de la UE aumentaron en 18.800 millones de euros, un 50,3% más, y las exportaciones en 11.100 millones de euros, un 25,1% más. Por su parte, los productos más importados por la UE fueron el petróleo y productos y materiales relacionados (12.100 millones de euros); piensos para animales (7.100 millones de euros); café, té, cacao y especias (5.200 millones de euros); minerales metalíferos y chatarra (4.900 millones de euros), y semillas y frutos oleaginosos (3.700 millones de euros).

A su vez los productos más exportados de la UE al Mercosur fueron los medicinales y farmacéuticos (6.800 millones de euros), maquinaria y equipo industrial en general (5.400 millones de euros), vehículos (4.800 millones de euros), maquinaria especializada para industrias concretas (3.400 millones de euros) y maquinaria, aparatos y dispositivos eléctricos (3.000 millones de euros). Surge claramente, asimismo, la dicotomía en cuanto al valor agregado que se da en uno y otro bloque a los productos que forman parte del intercambio comercial, por cuanto en el continente europeo se dota de un alto porcentaje de valor agregado a lo que vende, y en cambio desde el Mercosur se colocan producciones primarias y materias primas sin procesar, lo que se traduce en una sustancial diferencia en el reciclaje de recursos dentro de fronteras, en la calidad del empleo, en desarrollo y calidad de vida.
Quiere decir además que no son equivalentes las cifras en cuanto a los beneficios en una y otra región para la comparación de cifras, a la vez que los europeos soslayan que ya desde hace muchos años, sobre todo Francia, Italia y Alemania, subsidian a sus productores para que no sucumban ante los similares importados, habida cuenta de las ventajas comparativas para producir estos rubros en los países del Mercosur.

Pero hay notorias disidencias en ese bloque: el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, destacó como “esencial” el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), más allá de que las negociaciones del bloque europeo con Estados Unidos lleguen a buen puerto o no.

Es que sacudidos por los aranceles recíprocos impuestos por la administración republicana de Donald Trump en Estados Unidos, los países defensores del acuerdo con el Mercosur continúan presionando a los demás miembros de la UE para ratificar el acuerdo firmado en diciembre del año pasado en Montevideo.

Cuerpo entiende que “la continua ampliación” de la red de socios comerciales debe darse “independientemente de cómo termine la negociación con Estados Unidos. Mercosur juega un papel esencial”, remarcó.
En los últimos días, además, el canciller portugués Paulo Rangel afirmó que Portugal y España son “los grandes defensores” del acuerdo con el Mercosur y que juntos conformaron un “bloque extraordinario” que presionó a Europa a la apertura comercial con otros continentes.

Rangel manifestó que esta “comprensión” de Portugal y España de ir a un tratado de libre comercio con el Mercosur “no siempre fue visible en Europa”, pero que ambos países ibéricos lograron “un bloque absolutamente extraordinario sobre este tema” y lo que respecta a la cooperación con América Latina, pero también con África y Asia. El factor diferencial de los últimos meses, para que se ponga énfasis en este sentido, y mejoren las expectativas en el Mercosur, pese a las frecuentes dilaciones, está dado por las trabas que ha impuesto el presidente de Estados Unidos con sus elevados aranceles, ante sus socios europeos, y desde el Viejo Continente se han puesto las barbas en remojo y evaluado que al fin de cuentas el mal menor sería el acuerdo Mercosur-UE, para reducir dependencias ante la imprevisibilidad de Trump, que tiene otra dureza a la hora de presionar en su favor.

Es que como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, y ante este escenario, seguramente en Europa tenderá a disiparse la oposición al acuerdo, dejando para otra oportunidad las excusas sanitarias y de preservación del medio ambiente, inventadas como último recurso por los lobbies para defender sus intereses.

Culminan 5 años de gobierno departamental donde quien suscribe fue Edil de la Junta Departamental. Es este tiempo Paysandú tuvo → Leer más

Es una vergüenza que no se habilite a los convencionales a hablar en la Convención del Partido Nacional. Peor aún es que eso implica que la autocrítica, una vez más, ¡se posterga!
¿Dónde queda el Partido de los hombres libres? Los convencionales deberían oponerse a votar con esas condiciones, ya que ellos son el soberano del Partido. ¿Te imaginas a Wilson prohibiendo hablar y que se le prohíba hablar a él? Todo lo contrario a lo que enseñó Wilson.
¡La convención no debería aceptar esto y que pase por encima de quienes acordaron tal disposición!
Al menos de esa convención debería surgir una comisión que se encargara de recibir y organizar una buena autocrítica y planteos de soluciones en futura convocatoria.
Es bueno recordar lo que Wilson dijo en su discurso de la explanada sobre fortalecer nuestras organizaciones; y si éstas (ahora la Convención) no pueden hablar, ¿cómo se pretende funcione un Partido político titulado “Defensor de las Leyes”, “Somos Idea” y “La Unión nos hará fuerza”?
Pensé justamente cuando Wilson le dio tres lugares a la Secretaría de Asuntos Sociales en el Directorio. ¡Tres lugares! ¡Con voz y voto! ¡Vergüenza!

Cosme David Doti Genta

Nos ha tocado vivir un tiempo tan maravilloso de invenciones y tecnología como brutal y mezquino, concentrador ya sea económicamente como de poder, donde los desarrollos de la ciencia y la búsqueda constante de mejores condiciones para el desarrollo de una sociedad que avanza en la profundización de sus valores democráticos, nos estimulan a soñar que es posible una sociedad más integrada y equilibrada, para avanzar en derechos y en nuevos equilibrios para legar una sociedad más plena para las generaciones que nos han de suceder.

Es tiempo del “reemplazo de lo viejo por lo nuevo”, de revitalizar en sentido positivo una ley universal, eterna e ineludible. Dentro de esa realidad asoma la contradicción entre lo nuevo y lo viejo, origen de luchas sociales, de tensiones y nuevos equilibrios. Como parte de estas luchas en constante evolución, marchas y contramarchas, hay un momento en que lo nuevo logra predominar sobre lo viejo, al mismo tiempo, esa cosa vieja se trasmuta cualitativamente en otra cosa diferente, nueva, a resueltas de esa misma dialéctica transformadora. Así, se puede concluir que la naturaleza de una cosa es determinada fundamentalmente por el aspecto principal de su contradicción, el que ocupa la posición predominante. Al cambiar dicho aspecto, cambia en consecuencia la naturaleza de la cosa.

Un tiempo de violencia y de concentración

Aunque hay diferencias entre los centros de análisis y debate, se estima que en este mismo momento hay en el planeta entre 56 y 61 conflictos militares, incluidas guerras civiles. Según un reciente informe del Peace Research Institute Oslo, PRIO, se han registrado 61 conflictos en el 2024, con 129 mil muertes, lo que ha hecho del año pasado uno de los más letales desde el fin de la guerra fría. La invasión rusa de Ucrania acumuló sólo el año pasado 76 mil víctimas.
En 2024 ocurrieron la mayor cantidad de guerras entre Estados desde 1987. Además de Ucrania y Gaza, se suman los conflictos entre Irán e Israel, Reino Unido/EE.UU. y Yemen, y Pakistán y Afganistán. También hubo más países con múltiples conflictos simultáneos: nueve países han tenido tres o más frentes de lucha dentro de sus territorios.

Crisis profunda

La crisis actual, que es global tanto por su amplitud y profundidad, precisa que las diversas corrientes del pensamiento y análisis económico desplieguen todos sus mecanismos analíticos y propositivos. Emerge claramente como un problema grave el decaimiento de las capacidades soberanas, especialmente del equilibrio de los tres poderes del Estado, frente a la agresiva concentración económica y de poder, así como de la invisibilización de sus localías. En Estados Unidos, Alaska, Nevada, Tennessee, Florida, Texas, New Hampshire, Washington, Wyoming, Delaware y Dakota del Sur son paraísos fiscales. La lista de paraísos puede variar de acuerdo con algunos criterios. Por ello, las listas varían de 24 hasta más de 60 territorios, en algunos casos países o simplemente territorios definidos.

Al fin de la guerra fría, le sucedió un período de agotamiento de las partes y del todo, que como un tsunami arrastró lo que apenas hacía poco parecía firme e inconmovible.

Una catarata algo desordenada pero estratégicamente coherente, con sus decisiones y su relato fue erosionando los organismos multilaterales, una ingeniería de equilibrios cuyo propósito era formular y reformular equilibrios en las asimetrías de poder político y económico. Con el correr de los años, a medida que se consensuaban nuevas aspiraciones, se fueron creando nuevas organizaciones bajo el paraguas de Naciones Unidas. El manejo de esas construcciones, motivadas por buenos y nobles propósitos, fueron signadas por contradicciones que no pocas veces dieron lugar a frustrantes derrotas.

Paz ahora

Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha reflexionado sobre la dualidad de la paz y la guerra. El concepto de paz como contraposición a la guerra tiene sus raíces en las primeras civilizaciones, donde las comunidades buscaban establecer armonía interna frente a los conflictos externos. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, los tratados de paz reflejaban el deseo de evitar los estragos de la guerra. En las culturas grecorromanas, la paz era entendida como una condición ideal que debía conquistarse tras los conflictos bélicos.

Pensadores como Aristóteles y Cicerón comprendieron la paz no solo como la ausencia de guerra, sino como un estado activo de justicia y equilibrio social. Este enfoque evolucionaría con el tiempo, y sería la paz un principio ético fundamental y un camino hacia la plenitud del espíritu humano.

Una utopía para los muertos

I. Kant, en su escrito más oportuno para releer en estos tiempos de crisis de los Estados es el tratado de “La paz perpetua”.
Por entonces, el mundo se conmocionaba por los enunciados de la Revolución Francesa, lo que comprometía a los filósofos en sus reflexiones sobre las nuevas relaciones mundiales. La paz era casi una utopía de los muertos.
“Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y el gobierno de otro Estado”, señala Kant.
Y sigue: “La intromisión de potencias extranjeras siempre será una violación a los derechos de una nación libre que lucha con su mal interno. Inmiscuirse en sus pleitos internos sería un escándalo capaz de poner en peligro la autonomía de los demás Estados”.
Kant destacaba una constitución cuyos fundamentos eran tres: 1. principio de la “libertad” de los miembros de una sociedad (como hombres); 2. principio de la “dependencia” en que todos se hallan de una única legislación común (como súbditos); 3. principio de la “igualdad” de todos (como ciudadanos).
Es la única constitución que nace de la idea del contrato originario, sobre el cual ha de fundarse toda la legislación de un pueblo. Habla de una constitución “republicana”.
Ésta es, pues, en lo que al derecho se refiere, la que sirve de base primitiva a todas las especies de constituciones políticas. Puede preguntarse: ¿es acaso también la única que conduce a la paz perpetua?
Y para Inmanuel Kant, “la constitución republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”.

Paz ahora y global

Kant aspiraba a que todos contribuyéramos a un estado de derecho público universal, no como una fantasía vana, sino para resolver sus avances como una aproximación progresiva hacia la paz perpetua.
A pesar de que se cree que evolucionamos hacia sociedades más civilizadas, se siguen cometiendo crímenes que atentan contra los derechos humanos y el devenir de la historia lo demuestra.
Paz ahora. Es urgente. Por la construcción ética que nos trajo hasta hoy. Para honrar la vida. Lo primero, lo inmediato, es una reacción activa por la paz ya, sin demoras. Es tiempo de poner las acciones en valor, en dignidad. Como nos lo marcara José Artigas, “la causa de los pueblos no admite la menor demora”.

Hacía años que no caía. Y estoy vacunado y revacunado. A veces veo como visiones. ¿O será en serio que Trump decidirá la semana que viene o la otra si ataca a Irán? Sería algo así como lo más cercano a una Tercera Guerra Mundial o una primera gran guerra nuclear. Previamente se jugará unas partidas de golf y después verá. Pocas noticias: ¿Ucrania? ¿Qué se sabe, en qué está eso? Y de Zelensky ¿qué se sabe? ¿Circula?; ¿Gaza ya se transformó en balneario?, ¿Europa existe?, ¿Vendieron Groenlandia?, ¿Y Canadá?
Putin calladito y chinos silenciosos, ¡atentti!

Desde hace una semana guerra en Medio Oriente: misiles y drones van y vienen. No debe ser: prendo la TV y aguanto unos 30 minutos más la publicidad y solo ajustes de cuentas entre traficantes, balaceras, robos de motocicletas y en motocicletas, afane de perfumes y poca cosa más.
La guerra no nos llega; está lejos. Lo de Argentina resulta más cercano y mucho más previsible. La “sentencia histórica de la Corte Suprema” ha tomado forma de bailes callejeros, mini malambos en el balcón celda domiciliaria del centro de Buenos Aires, hasta una gran marcha a Plaza de Mayo, con discurso de la presa y todo, y para estas horas (ayer) un gran banderazo a Casa Rosada. Y todo porque condenaron a Cristina Kirchner (CFK) a 6 años de cárcel por robarse ella y sus compinches más de mil millones de dólares. Los kirchneristas en su momento más sublime: basta ver a Máximo y la Cámpora, hasta a Axel se le han bajado los humos. La izquierda se suma –¿la de Uruguay también?– y se anuncia la visita de Lula, pobre, cada vez de más triste papel. ¿Y qué hará Orsi ahora?

¿Y Milei? ¿Y Patricia? ¿Desensillando hasta que aclare? ¿No se animan? En cualquier momento se va de viaje con la hermana y ya está.
En lo que tiene que ver con nuestra interna parece que el voto del diputado Perrone abrió una grieta en la Coalición Republicana. No por inesperado supongo; en el ámbito político se estimaba de antemano que Cabildo Abierto votaría y va a votar con el Frente. Ya lo hizo en el pasado, con más razón ahora que el FA es gobierno y en que sus escasos votos resultan más valiosos. El tiempo dirá cuántas serán las “coincidencias” que van a aparecer para “el bien del país”.

“Deben ser malentendidos” ironizó Orsi, quien dijo que eso muestra que hay una línea en el país: ¿la del FA y la de CA?
La grieta la intentó generar el propio Orsi desde un principio: las dos embajadoras tuvieron claramente ese propósito. El Partido Colorado no lo aceptó, pero los blancos no tuvieron una misma postura. Al principio refunfuñaron un poco: de “París bien vale una misa”, (¿vale o no vale?) saltaron a “y si votamos a Juan Raúl”. “Eso afectó muy mucho a los blancos, pero a la coalición también”, me dijo un colorado algo “caliente”. Lo que falta ahora es que si Delgado consigue llegar a la presidencia del Partido Nacional haga un acto homenaje a la exvice, añadió.

Las idas y venidas y tejes y manejes en torno a las elecciones internas del PN generan dudas sobre cuál va a ser el futuro de la CR: es notoria la desunión y los enfrentamientos entre las distintas fuerzas nacionalistas. “Le abrimos el camino en el 19 con la coalición, no pueden pedirnos que tropecemos con la misma piedra del ‘24 y que ahora nos guíe el Mariscal de la Derrota, como ellos mismos le dicen”, advirtió mi fuente colorada.