Policiales

Un incidente ocurrido en la ciudad de Fray Bentos generó fuerte repercusión en redes sociales y derivó en un cruce de denuncias que ahora es investigado por la Policía y la Fiscalía.

El episodio involucra a un inspector de tránsito y a un motociclista de 22 años, y es analizado además por la Intendencia de Río Negro.

Una vez estacionado el vehículo, descienden el inspector y su pareja. En el registro audiovisual se oye a la mujer preguntar: “¿Qué querés grabar?”, mientras que el funcionario se acerca al joven portando lo que aparenta ser un hierro o palo de madera. Antes de golpear el celular, se lo escucha proferir un agravio. El teléfono cae al suelo, aunque la grabación continúa.

El denunciante sostuvo que, además de romperle el celular, el inspector lo golpeó con el objeto contundente y ocasionó daños en su moto. Estos extremos forman parte de la investigación en curso.

LA VERSIÓN DEL INSPECTOR

Consultado sobre lo sucedido, el inspector –identificado como Julio Bazán– reconoció haber reaccionado de manera incorrecta, aunque aseguró que actuó en un contexto de provocaciones previas.
“En realidad defendiéndome más que nada porque no es la primera vez que me pasa algo así, ya viene de muchos meses atrás que esta persona provoca, pasa provocando, grita cosas. Anteriormente al video, el muchacho me tiró un finito en el auto, escupiendo e insultando y señalándome la chapa de su moto, no sé qué intenciones tuvo”, manifestó.

Bazán admitió: “Reaccioné mal sí, cometí las infracciones, las reconozco sí, estuve mal en hacer marcha atrás y demás, pero no va al caso”. Asimismo, planteó que el joven “se metió en un procedimiento en el cual puso en riesgo la salud de un menor”, en referencia a un adolescente de 13 años que —según indicó— circulaba en moto realizando mandados para su madre en la zona del Anglo.

El funcionario agregó que en el último mes sufrió otros episodios, como pinchazos en su automóvil y una agresión contra su esposa por parte de individuos en moto.

Desde la comuna departamental señalaron a Montevideo Portal que no sería la primera vez que el funcionario enfrenta denuncias de este tipo y que las imágenes están siendo analizadas para determinar eventuales medidas administrativas, sin descartarse la apertura de una investigación interna.

INTERVENCIÓN POLICIAL Y FISCALÍA

Por su parte, la Policía de Río Negro confirmó que el episodio fue denunciado en la Seccional Primera y que existe un cruce de denuncias entre las partes.

De acuerdo a la información oficial, el motociclista declaró haber sido víctima de lesiones personales tras el altercado ocurrido en la zona de Camino Lynch. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Letrada, que dispuso la coordinación de una evaluación por parte del médico forense.

En forma paralela, una mujer de 31 años –pareja del inspector– radicó una denuncia por amenazas en vía pública contra el joven. Según su declaración, cuando concurrieron a la dependencia policial por la denuncia inicial, el motociclista le habría dirigido expresiones amenazantes en voz baja.

Ambos hechos fueron informados a Fiscalía y las actuaciones continúan en curso, mientras la investigación procura esclarecer con precisión la secuencia de los acontecimientos y las responsabilidades correspondientes.

Un joven de 18 años sufrió lesiones en un accidente de tránsito ocurrido próximo a las 11.30 de la víspera de avenida San Martín y Zorrilla de San Martín.

Al llegar a la intersección con la avenida, la camioneta atinó a cruzar, no advirtiendo la presencia del motociclista, que impactó contra el lado trasero izquierdo del rodado.

A raíz del impacto, el joven recibió asistencia de particulares así como de un médico de Comepa que acertaba a pasar por el lugar. Por su parte, al arribar efectivos de la Comisaría Primera pidieron una ambulancia, recibiendo asimismo la colaboración de inspectores de Movilidad Urbana. Examinado por un facultativo de UCEM, fue diagnosticado con traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento.

Una joven de 23 años resultó lesionada en un siniestro de tránsito registrado pasadas las 19.30 de la víspera.

Según datos recabados por EL TELEGRAFO, la mujer circulaba en la motocicleta Yumbo Max, matrícula ICV 5856, por Ayacucho al Este.

Al llegar a la intersección con Dr. Luis Alberto de Herrera colisionó con la camioneta Effa, patente SAL 4210, que se dirigía hacia el sur conducida por un hombre. A raíz del hecho, la motociclista experimentó lesiones y el birrodado quedó parcialmente debajo del frente de la camioneta. Efectivos del Área de Respuesta Policial constataron la situación y pidieron una ambulancia.

Una vez examinada, la joven fue diagnosticada con politraumatismos y probable fractura, por lo que fue trasladada hacia el servicio de emergencias de Comepa.

A raíz del choque, evidenciado en el lado izquierdo del automóvil, el motociclista golpeó con su cuerpo contra el parabrisas y cayó, lesionado.
Al arribar efectivos de la Brigada Departamental de Tránsito, fue pedida una ambulancia. Una vez examinado por un médico de UCEM, el hombre fue diagnosticado con politraumatismos y derivado para una mejor atención al servicio de emergencias de Comepa. En la escena colaboraron inspectores de Movilidad Urbana con el corte del tránsito.

La Justicia condenó a un hombre de 25 años al hallarlo responsable de tres delitos de hurto especialmente agravado, tras una investigación desarrollada por personal de la Comisaría Segunda que permitió esclarecer hechos ocurridos en 2025 y 2026 en esa jurisdicción.
De acuerdo al parte emitido por Jefatura, uno de los ilícitos tuvo lugar el 23 de setiembre de 2025 y consistió en un hurto en casa de familia. En esa ocasión, el o los autores ingresaron por una puerta lateral de la finca y se apoderaron de electrodomésticos, teléfonos celulares, instrumentos musicales, documentación y dinero en efectivo. El perjuicio fue avaluado en 66.000 pesos.

Otro episodio se registró el 5 de diciembre de 2025 en la zona de Ayacucho y Berres, donde se perpetró un hurto desde el interior de un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública. Del rodado fueron sustraídas prendas de vestir por un valor estimado en 15.000 pesos.
En tanto, el 27 de enero de 2026 se denunció un nuevo hurto en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Independencia y Tacuarembó. En ese caso, tras dañar el vidrio de una puerta balcón, el autor ingresó al inmueble y se llevó diversos efectos personales y electrodomésticos, cuyo valor fue estimado en 40.000 pesos.

A partir de las actuaciones practicadas por la seccional –que incluyeron relevamientos de Policía Científica, análisis de indicios y tareas de información e inteligencia– se logró vincular a los hechos a Brian Nahuel Garín Pereira, poseedor de antecedentes penales.
Enterada la Fiscalía Letrada competente, se gestionó la correspondiente orden de detención. El imputado fue ubicado y detenido el día 18 del corriente por efectivos del Grupo de Respuesta Táctica (G.R.T.), en el marco de un patrullaje preventivo.
Celebrada la audiencia en el Juzgado Letrado correspondiente, se dispuso la formalización de la investigación y posterior juicio abreviado. Finalmente, Garín Pereira fue condenado como autor penalmente responsable de tres delitos de hurto especialmente agravado en régimen de reiteración real, imponiéndosele la pena de doce meses de prisión efectiva.

La Justicia de Córdoba imputó por abuso sexual infantil al doble femicida Pablo Laurta, detenido por matar a su expareja, su exsuegra y al remisero Martín Palacio, a quien utilizó para concretar su macabro crimen en octubre del año pasado en Argentina.

La acusación la hizo la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique. Según indicaron fuentes judiciales, resolvió imputar a Pablo Laurta por “tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.
El hombre, de nacionalidad uruguaya, está además acusado de tres crímenes. En Córdoba irá a juicio por el doble femicidio de su expareja, Giardina Luna, y de su exsuegra, Mariel Zamudio. Mientras que en Concordia está procesado por el crimen de Palacio, el chofer de Buenos Aires que contrató para ir hasta la provincia mediterránea.

Al ser detenido en Gualeguaychú, la Justicia de Concordia le dictó a Laurta prisión preventiva por 120 días. Ese plazo caducó en los últimos días, pero la semana pasada las autoridades decidieron extenderla por 90 días más.
Antes de la decisión de la jueza Gabriela Seró, que resolvió su situación procesal en Entre Ríos, el acusado gritó ante la prensa: “La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad”.

LA RUTA DEL CRIMEN

El trayecto que recorrió Pablo Laurta en Entre Ríos tras haber subido al Toyota Corolla del remisero Martín Sebastián Palacio, quien luego fue asesinado, no fue producto del azar. Se trata de un prolijo trazado para no ser detenido por controles de las fuerzas de seguridad apostadas a la vera de las rutas principales. Así lo entienden los investigadores del caso.
En la causa se manejan datos concretos de cómo fue su raid delictivo para culminar con los femicidios en Córdoba de su ex Luna Giardina y la madre de la mujer, Mariel Zamudio; y así llevarse a su hijo de 5 años.
Laurta comenzó su raid con el viaje en canoa desde Uruguay a Entre Ríos. Así logró que el ingreso a la Argentina no quede registrado en la Dirección de Migraciones. Luego, el 7 de octubre de 2025, a las 19:53, se subió al Toyota Corolla del remisero Palacio. Lo había contratado para viajar a la ciudad santafesina de Rafaela. El destino, sin embargo, fue otro.

Su cuerpo, sin brazos ni cabeza, apareció seis días después en un paraje rural cerca de Concordia, localidad ribereña al río Uruguay. Los otros restos se encontraron después en inmediaciones de la ciudad de Tala, en el centro de la provincia. El auto de Palacio fue encontrado incinerado en Córdoba. En esa ciudad, Laurta habría asesinado a las dos mujeres y secuestrado al menor.

Días después, la Policía detuvo a Laurta en un hotel de Gualeguaychú, en el sur de Entre Ríos. Planeaba regresar a Uruguay con su hijo, a quien pretendía sacar de Argentina a través del río Uruguay. En la habitación que ocupaba con el niño se encontraron pertenencias del remisero.

En esa oportunidad, un vecino se presentó ante la dependencia policial y manifestó que próximo a la hora 6 advirtió la faltante de una llave de su vehículo y de una bordeadora eléctrica marca Tramontina, objetos que se encontraban en el interior de una camioneta estacionada frente a su domicilio. El damnificado valuó lo sustraído en aproximadamente 17.000 pesos.
A partir de las actuaciones practicadas –relevamiento de información, análisis de indicios y demás diligencias– los efectivos lograron vincular en la maniobra delictiva a Cristian Daniel Valentín Piriotti, poseedor de antecedentes penales, como presunto autor de los hechos.

Una vez reunidos los elementos probatorios y concretada la detención del sospechoso, se dio intervención a la Fiscalía Letrada de Segundo Turno, que dispuso las actuaciones correspondientes y elevó el caso ante la Justicia.
Celebrada la audiencia en el Juzgado Letrado de Octavo Turno, se resolvió la formalización de la investigación y posterior juicio abreviado respecto de Valentín Piriotti. Finalmente, el imputado fue condenado como autor penalmente responsable de “dos delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, en régimen de reiteración real”, imponiéndosele la pena de cuatro meses de prisión efectiva.

Un caso que estremeció a la comunidad y que dejó al descubierto un escenario de violencia prolongada contra dos bebés indefensas avanza ahora hacia su etapa definitoria en sede judicial. La Fiscalía de Tacuarembó solicitó una condena de 45 años de penitenciaría para la madre de las gemelas de nueve meses que fueron brutalmente agredidas, hecho que derivó en la muerte de una de ellas y dejó a su hermana internada varios días en CTI pediátrico.

La investigación reconstruye un escenario alarmante. Las bebés habrían vivido en un ambiente signado por agresiones físicas constantes, con golpes, bofetadas y otras formas de maltrato. Se describe además que padecían “extensos períodos de llanto sin atención” y que eran dejadas solas durante horas, incluso durante la noche.
Estas situaciones, siempre según la acusación fiscal, habrían sido advertidas tanto por familiares como por una persona que brindó alojamiento a la mujer cuando se alejó del hogar familiar. El informe sostiene que existían señales evidentes de deterioro y desprotección.
El punto más dramático se registró el 21 de junio del año pasado. De acuerdo a la reconstrucción del Ministerio Público, tras una noche de violencia extrema, la mujer habría golpeado brutalmente a ambas niñas.

Cámaras de seguridad captaron el trayecto hasta el centro asistencial, al que arribó sobre las 9 de la mañana. El personal médico constató múltiples lesiones de diferente data, lo que evidenciaría un patrón reiterado de maltrato.
Una de las gemelas ingresó prácticamente sin signos vitales, con fracturas craneales y hematomas generalizados. Pese a los esfuerzos médicos, falleció. Su hermana presentaba erosiones, golpes, arañazos y sangrado en nariz y boca, por lo que fue derivada de inmediato a CTI pediátrico, donde permaneció internada varios días.

EL PEDIDO DE PENA MÁXIMA

La Fiscalía imputó dos delitos de homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado por infanticidio y el uso de violencia extrema “uno de ellos en grado de tentativa” además de delitos continuados de violencia doméstica.
En el juicio se prevé la incorporación de nuevas declaraciones y pericias técnicas que apuntalarán la acusación. El Ministerio Público solicitará la pena máxima prevista para estos casos: 45 años de penitenciaría, es decir 30 años privada de libertad (máxima pena que se aplica en nuestro país) y 15 años más con medidas limitativas.

Por su parte, la defensa adelantó que pedirá la inimputabilidad de la acusada al momento de los hechos, argumentando la existencia de trastornos de salud mental y consumo problemático de sustancias. Asimismo, sostendrá que distintas instituciones habrían tenido conocimiento previo del contexto de violencia.
El caso continúa su curso en el ámbito judicial. Será el Tribunal competente el que, tras valorar la prueba y los argumentos de ambas partes, determine las responsabilidades penales correspondientes en un expediente que, por la crudeza de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas, ha generado profunda conmoción social.

En el marco de su política de apoyo social, el Sindicato Policial Nacional (Sipolna) realizó una nueva entrega de útiles escolares para hijos de afiliados, previo al inicio de clases.

La iniciativa contempla kits diferenciados para niveles preescolar, escolar y liceal. En Paysandú, más de 120 hijos de funcionarios policiales recibieron materiales, en un período del año de mayores gastos. A nivel nacional, el beneficio alcanzó a unos 5.000 estudiantes.

El próximo lunes se realizará la ceremonia de cambio de autoridades de la Prefectura de Puerto de Paysandú que quedará en manos del teniente de navío (CP) Matías Pan, quien hasta ahora se desempeñaba como subprefecto. En tanto, el capitán de corbeta (CP) Luis Zinno, –recientemente ascendido– y quien estaba al frente desde el 11 de marzo de 2022, pasará a ocupar un cargo superior bajo la órbita directa del Prefecto Nacional con sede en Fray Bentos.
Zinno, de 39 años, desarrolló una prolífica carrera que lo ha llevado a estar durante varios años en la División de Investigaciones de la Armada Nacional en Montevideo, entre otros cargos de relevancia hasta llegar a ser el titular de Prefectura en nuestro departamento.
Aunque nació en Montevideo, se describe cien por ciento sanducero, ya que su familia siempre estuvo radicada en nuestro departamento –es hijo de Alberto Zinno, recordado médico, forense y director del Hospital– y él vivió toda su vida en la ciudad. Inició su carrera en la Escuela Naval en 2005, donde tres años después se recibió y al egresar embarcó en el Capitán Miranda.
Posteriormente estuvo tres años en la Prefectura de Fray Bentos, uno en la Prefectura de Trouville en Montevideo, para pasar de 2013 a 2014 a ser oficial instrucción en la Escuela Naval. De 2014 a 2017 formó parte de la División Investigaciones de Prefectura Montevideo; volvió a embarcar en el velero escuela Capitán Miranda en su reparación mayor y como oficial de Relaciones Públicas.
De 2018 a 2021 retornó a la División Investigaciones de Prefectura en Montevideo como jefe de Operaciones. En abril de 2021 llegó a Prefectura de Puerto de Paysandú donde el 10 de marzo de 2022 asumió como Prefecto. Además realizó dos misiones antárticas en 2007 y 2017.