(El observador)
El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, adjudicaron días atrás la licitación para gestionar distintos centros de 24 horas para personas en situación de calle. Según consta en la resolución publicada en el Diario Oficial, entre los convenios a firmar se cuenta la Fundación A Ganar, organización criticada a menudo por el Frente Amplio por ser “amiga” de los blancos.
Poco antes de pasarle la banda a Orsi, el expresidente Luis Lacalle Pou resolvió una compra directa por excepción a la Fundación A Ganar para hacer el seguimiento de 230 cupos en centros, hogares o residenciales de larga estadía habilitados por el Ministerio de Desarrollo Social.
Con la asunción del nuevo gobierno, Orsi y Civila resolvieron en marzo “continuar con el proceso de este convenio”, con “el centro de la acción” sobre “los efectos que podría tener sobre 230 personas en situación de dependencia la caída intempestiva del servicio”. El Mides afirmó también que estudiaría la “pertinencia” de la contratación, al tiempo que Civila reivindicó con frecuencia que la cartera no discriminaría entre organizaciones siempre y cuando se ofrecieran buenas condiciones para prestar el servicio.
La nueva adjudicación firmada por Orsi el 20 de enero de este año cierra un proceso licitatorio lanzado por el anterior gobierno el 16 de abril de 2024 para la gestión de hasta tres centros de calle de 24 horas y equipos itinerantes en Montevideo. El monto total del contrato asciende a casi $87 millones para convenios con cuatro organizaciones: Otras Manos, cooperativa de trabajo Sumando Opciones, Fundación A Ganar y cooperativa de trabajo Virada.
La resolución de Orsi implica también desestimar –a sugerencia de la Comisión Asesora de Adjudicaciones– las ofertas de la Asociación Civil Impulso, la Fundación K Alma para Prevención y Tratamiento de Adicciones, Hilando Vidas, y el Centro de Investigación, Información y Escucha. El largo proceso involucró descargos de una de las organizaciones y el paso del expediente al Tribunal de Cuentas.
En el caso de A Ganar, la fundación “deberá gestionar un centro mixto 24 horas en la ciudad de Montevideo con cupo para hasta 40 personas”, establece el convenio a ser firmado por Civila y el titular de la organización, Alejandro Ricco. El centro funcionará los 365 días del año, las 24 horas, aclara el texto y compromete al equipo de trabajo a “desarrollar estrategias individuales, grupales y comunitarias orientadas al cumplimiento de los objetivos, así como para el logro de la convivencia teniendo como guía para ello, la promoción de la autonomía y el ejercicio de derechos”.
El Mides deberá transferir a la Fundación A Ganar unos $26,7 millones a lo largo de 12 meses, a pagar en seis partidas.
Durante el anterior gobierno, el Frente Amplio cuestionó desde la oposición que A Ganar era una “especie de fundación amiga” de la administración nacionalista, como la llamó el diputado Daniel Caggiani (MPP). El también diputado emepepista Gabriel Tinaglini llegó a llevar ante la Junta de Transparencia y Ética Pública los vínculos entre los directivos de la organización y el Partido Nacional.
En ese entonces, el director ejecutivo de A Ganar era Alejandro Rico, titular del Instituto Nacional de la Juventud en representación del Partido Nacional entre 2000 y 2003, durante el gobierno de Jorge Batlle. La presidenta de A Ganar era María Magdalena Secco, esposa de Ignacio de Posadas, ministro de Economía entre 1992 y 1995, en el gobierno del presidente blanco Luis Alberto Lacalle. La subdirectora de la organización era Verónica Martínez, hermana del secretario privado de Lacalle Pou, y de Valentín Martínez, secretario general de la Intendencia de Rocha, con quien la oenegé tiene convenio.
La Jutep descartó que la participación de Martínez en Rocha haya incidido en la vinculación con A Ganar, por haberse aprobado por unanimidad en una comisión asesora y por no haber perjudicado a ningún otro oferente. Los blancos, por otro lado, esgrimen que la organización ya tenía contratos durante los gobiernos frenteamplistas.
BONO ESCOLAR SE PAGARÁ EN LOS PRIMEROS DÍAS DE MARZO
(SUBRAYADO)
El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, indicó este jueves que el bono escolar alcanzará a más de 170.000 alumnos de escuelas públicas de todo el país al inicio de las clases, a partir del 2 de marzo.
El beneficio se pagará los primeros días de marzo a través de asignaciones familiares y redes de pagos. Recordó que en julio del año pasado, la prestación se pagó a unos 115.000 alumnos.
Caggiani adelantó que en los próximos días se habilitará el buscador en la página web de la ANEP para que las familias puedan consultar con el número de cédula del alumno si le corresponde el cobro del bono.
“Esto es un bono de apoyo a las familias que marca la importancia del inicio de clases, la importancia de que estén los materiales, los útiles, la mochila, la túnica, los championes”, afirmó.
Caggiani explicó que el criterio fue beneficiar a los alumnos en situación de mayor vulnerabilidad, que asisten a las escuelas de los quintiles más bajos.
La proyección de la ANEP es que el bono alcance a más de 200.000 alumnos en 2027 y para 2028 que todos los escolares uruguayos estén cobrando el beneficio al inicio de clases en el mes de marzo.
PREPARAN ANULACIÓN DE CONTRATO CON CARDAMA
(ÁMBITO)
El gobierno se encuentra preparando la rescisión del contrato con el astillero español, Cardama, por 82,2 millones de euros, luego de la confirmación de varias faltas contractuales encontradas por el Poder Ejecutivo; la última decisión la tiene el presidente de la República, Yamandú Orsi, y se espera su confirmación tras su llegada de China.
El mandatario se encuentra de viaje por el gigante asiático y, a su regreso, lo espera una decisión que terminaría de cerrar la tensa relación entre el gobierno y el astillero español. De esta manera, el Poder Ejecutivo se encuentra diseñando la anulación del contrato por la construcción de dos patrullas oceánicas, firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Entre las razones, se encuentran los resultados de la auditoría que el Ministerio de Defensa (MDN) solicitó a Bureau Veritas donde cuestionan varios aspectos del proceso de construcción de las embarcaciones. Así, apuntan tanto a retrasos como a incumplimientos dentro del contrato por parte de la empresa.
En noviembre de 2024, el MDN aceptó la garantía de reembolso presentada por Cardama, emitida por Redbridge Insurance Company. Sin embargo, tras una revisión posterior, las actuales autoridades concluyeron que el documento remitido por la empresa “no constituye una garantía válida”. La semana pasada, el astillero español comunicó que continúa con los trabajos en Vigo, España, y avanza en la obra de la segunda unidad, a pesar de que el gobierno había anunciado hace ya tres meses sus intenciones de cancelar el acuerdo debido a irregularidades.