Año: 2018

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, cree que existe una relación entre las personas que viven en situación de calle y el incremento de los delitos en las zonas donde residen.
Explica el aumento de personas en la calle con la cantidad de presos que obtuvieron su libertad y calculó que si el 50% de quienes no están en prisión son reincidentes, entonces “tenemos 700 personas que están en las calles robando”.
A pesar de la existencia de un ministerio y toda su estructura creada en 2005, el jerarca entiende que es fundamental la atención social de esas personas. Sin embargo, lo contradictorio es que mientras el número dos del Ministerio del Interior proclama la tolerancia cero de personas que vivan en la calle para evitar la generación de una mayor inseguridad en la sociedad, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo opina otra cosa.
Fabiana Goyeneche asegura que este fenómeno no puede abordarse desde la “prohibición” ni “criminalización” porque esas personas “tienen derecho a estar en la calle” y reconoció las contradicciones en la interna de la fuerza política en el gobierno para su abordaje.
Entre la tolerancia cero y el derecho pleno a pernoctar en la vía pública más que contradicción hay un abismo porque, por un lado, no se aclaran los instrumentos para quitar a esas personas de la calle y por el otro, refiere a la libre permanencia en cualquier espacio. Aunque no hay datos actualizados, la última estadística, que data de 2016, señalaba que más de 1.600 personas viven en esta situación. Nadie se la juega con los números, pero en Montevideo el problema es visible con la instalación de asentamientos improvisados y su crecimiento es exponencial en las principales ciudades del país.
Si bajaron los guarismos que miden la pobreza, entonces la presencia de una mayor cantidad de personas en la calle se explica por el rompimiento de vínculos familiares, el consumo de sustancias, problemas psiquiátricos y de acceso a una vivienda digna. Con todo, un gobierno no debe exponer sus argumentos en continua contradicción sin hacer algo, sino que debe habilitar las condiciones para evitar que más personas vivan en esta situación.
Porque algo similar ocurre ahora y pasaba antes en las calles de Nueva York, cuando Rudolph Giulliani era el alcalde. La única diferencia con aquella gestión que logró bajar los históricos índices de criminalidad, es que no se tornó una costumbre la mezcolanza de términos basados en la sensación de inseguridad que generan determinados hechos y las estadísticas de la realidad. Por el simple hecho de que no todos son criminales, sino que no están dadas las reglas de convivencia, que es diferente.
Paralelamente se incrementaron las medidas de seguridad en los cajeros automáticos con el entintado de billetes, que se resuelve de manera progresiva a nivel nacional. A Vázquez le “llama la atención que exploten un cajero entintado. Quizás tenga que ver con la magnitud de la explosión que habla de la poca experiencia de quienes intentaron robarlo” porque se llevan un gran botín que no servirá.
En realidad, el entintado con reducción horaria para la atención a los usuarios trajo mayores dificultades y –eso sí– “sensación de inseguridad” en diversas zonas del país, incluso en localidades pequeñas. Esta forma delictiva que comenzó a principios del siglo XXI en Europa y se extendió rápidamente en América Latina, llegó a Uruguay el año pasado a través de una banda liderada por chilenos. El gran tema es que con entintado o sin entintado, nadie puede afirmar hoy que terminarán los robos porque son bandas delictivas que cuando no puedan explotar más los cajeros, entonces tomarán para otro lado. Ahora, si hablamos de la “inexperiencia”, debemos recordar que han explotado más de 70 cajeros en el último año, por lo tanto, es imposible calcular lo que hubieran hecho con un poco más de “experiencia”. Y conste que estas personas no se encuentran en situación de calle.
Un capítulo aparte merecen las explicaciones en torno al incremento que muestran las estadísticas y las autoridades se inclinan por un aumento en las denuncias, a través de las herramientas digitales de los policías en el lugar de los hechos, sin que los afectados tengan que ir a una comisaría.
O la entidad y características de los robos. Según Vázquez, hace dos años el 38% de los robos correspondían a objetos como lentes, teléfonos, championes o bolsas del supermercado. En 2017, subió al 59% y “el primer razonamiento es que roban cosas de poco valor, por lo tanto el que roba, roba más veces”.
Tampoco todos los que roban “más veces” viven en la vía pública.
Tantos diagnósticos con enfoques raros confunden y envuelven al tema en continuas contradicciones porque la fuerza política en el gobierno lleva tres administraciones y eso se ve por encima de las consideraciones filosóficas o cálculos más o menos arriesgados que refieren al origen del delito.
El crecimiento del consumo de sustancias y, por lo tanto, una ampliación del poder del narcotráfico, una justicia benevolente con las penas y juicios abreviados para que los fiscales no se compliquen aún más, sumado a las variadas ineptitudes de quienes se encuentran en puestos de decisión junto al tiempo perdido en discusiones parlamentarias que resultaron estériles y comparaciones con el pasado que no aportan, sostienen un caldo de cultivo donde todos hablan distintos idiomas. Esta Babel es la consecuencia de que el problema se profundice y genere el temor ciudadano. Y esa sí que es una “sensación térmica” de difícil abordaje.