A comienzos del año 2018, el presidente Tabaré Vázquez anunció que iba a prohibir la continuidad en su gabinete a los ministros que desearan postularse como precandidatos presidenciales. Sin embargo, avalaría a los secretarios de Estado que hicieran campaña para el Legislativo. Por eso tenemos ministros en plena campaña electoral.
El viernes, un grupo de secretarios de Estado comenzó una recorrida similar al “gobierno de cercanía” que desplegó el mandatario, pero en esta ocasión sin la presencia de Vázquez. La agenda comenzó en Treinta y Tres, con una rendición de cuentas en distintas áreas, como viviendas, proyectos de inversión y energéticos, logística e inversiones en vialidad, entre otros aspectos.
En el Liceo Nº1 de Treinta y Tres, la mesa estuvo presidida por el titular de Economía, Danilo Astori, acompañado por Eneida de León, de Vivienda; Guillermo Moncecchi, de Industria; Victor Rossi, de Transporte y Obras Públicas y el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo.
Y mientras Astori hablaba del crecimiento económico, la inclusión y la excelencia, a pocos kilómetros de allí, en la sede de su ministerio, se daba a conocer el peor déficit fiscal de los últimos treinta años. El 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) representa casi el doble de sus propios cálculos para este último período del quinquenio. Porque la última proyección del gobierno preveía el cierre en 2,8% este año para llegar en 2020 al 2,5%, un compromiso que incluso asumió frente a los organismos internacionales crediticios y que no cumplió. Pero el ministro casi ni habló de eso.
El rojo de las cuentas públicas –a su modo de ver– es “controlable y manejable”, aunque no muy bien “calculable” porque es el peor guarismo de los últimos treinta años, cuando en 1989 estaba en 6,2%.
Y todo esto sin tomar en cuenta el denominado “efecto cincuentones”, tal como se denomina a las personas que eran menores de 40 años en 1996, cuando comenzó el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse a una AFAP. Una vez salidos del sistema mixto, producen un ingreso extra a las arcas del Estado. Sin embargo, el costo de pagar esas jubilaciones superará con creces lo que ingresaron y así empeorará el déficit fiscal. Por esa razón no se toma en cuenta al momento de presentar el cálculo.
Pero el comunicado emitido por su ministerio es elocuente y despeja cualquier duda. Allí, la secretaría de Estado refiere a un descenso en la recaudación de la DGI, que no es otra cosa que la consecuencia de la desaceleración económica que tanto han demorado en reconocer, el resultado de un descenso en el consumo y problemas con la generación de nuevos empleos.
Entonces, hay varias preguntas para hacer en este último período: ¿Por qué el gobierno permitió que el déficit llegara a estos niveles, cuando se observaba un impulso al alza en el último año? ¿No pudo controlar el gasto público, ubicado por encima de sus ingresos? ¿Lo dejó correr hasta este año electoral para argumentar que deberán postergarse las decisiones dada esa coyuntura?
Como sea, será una mochila que deberá cargar el próximo gobierno que asumirá con poca plata en la caja y un rojo en las cuentas públicas. Lo llamativo de todo esto es la postura “canchera” de un ministro que no reconoce que el ajuste no se hace sin esfuerzo. Y más sorprendente aún, es el espacio que se dispensa para criticar a la oposición por promover “discusiones vacías” y sin “ninguna orientación”, cuando la realidad “comprobable” es que pertenece a una fuerza política con quince años en el gobierno que atravesó por la denominada “década ganada”, con inmejorables niveles de recaudación para terminar en un escenario complejo. Porque cualquier ministro de Economía sabe que la contención del rojo de las cuentas públicas es una condición indispensable para mantener el grado inversor y que no todo se arregla con aumentos de impuestos, tarifazos, “consolidación fiscal” o como quieran llamarlo. De hecho, el último impuestazo tampoco arregló el asunto porque el déficit siguió incrementándose.
Y acá no sirve el argumento del déficit que generan algunos sistemas, como la denominada Caja Militar –como uno de los componentes estructurales del déficit– porque la reforma votada es, a todas luces, un “engaña pichanga”. Y ellos lo saben muy bien. Por eso, más allá de las palabras rimbombantes del “crecimiento inclusivo”, la “apuesta a la excelencia”, “apertura al mundo” y del crecimiento de “16 años consecutivos”, hoy no se ve el resultado del ahorro ni de las políticas “contracíclicas” que tanto explican los economistas y aplican las amas de casa todos los días. Porque “guardar para cuando no hay” era y es una condición sin la cual no se puede hablar de desarrollo y porque hicieron todo lo contrario al despilfarrar las mejores recaudaciones que tuvieron en años de la administración pública.
Y eso no es el resultado de una planificación austera, mucho más sabiendo cuánto dependemos aún de los avatares que ocurran en la región. Tal como ocurre hoy. De lo contrario, no nos pasaríamos mirando las pizarras, a ver qué hacen en Brasil o en Argentina, porque cualquier decisión nos complica.
Y aunque los integrantes del gobierno confundan todo el tiempo –o quieran confundir– las diferencias entre información, publicidad y proselitismo, habrá que avisarles que la contaminación electoral se ejerce desde arriba hacia abajo.
Hoy, el gobierno tiene a su alcance una ley que presionó para que se votara y la usa para promocionarse. Eso, que se nota mucho, tiene una explicación en el temor a perder un gobierno y, por si fuera poco, envía a sus ministros. Los secretarios de Estado, lejos de difundir el trabajo e informar acerca de la marcha de los reclamos de sus poblaciones, elevan la voz –tal como lo hizo el ministro Rossi– igual que un dirigente en campaña.
Cuando lleguen a estos lares, existirá una elevada expectativa para saber el estado en que se encuentran los reclamos ciudadanos presentados en oportunidad del Consejo de Ministros efectuado en Piedras Coloradas el 22 de febrero de 2016.
